El mártir oculto
Texto
Camilo Alzate
Ilustración
María José Porras
Agosto 23 de 2024
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El mártir oculto
El 18 de agosto de 1989 fue asesinado el entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán durante un acto público en la plaza de Soacha, Cundinamarca. Su caso condensa la trama común de los magnicidios que marcaron la violencia política del país en los últimos cuarenta años. Quizás esto explique por qué la sociedad olvidó a otro mártir de aquella noche: Julio César Peñaloza, concejal de su municipio, líder indiscutible de su comunidad, activista de izquierda, esposo y padre. Esta es su historia.
Los recuerdos que Marcela Peñaloza tiene de su papá son todos ajenos. No hay una sola imagen en su memoria que pueda describir como propia, salvo la de la ausencia incomprensible para la niña que siempre se preguntó por qué sus compañeras de colegio tenían papá y ella no. En su mente Julio César Peñaloza vuelve como un hombre carismático y deportista, con un don innato para animar multitudes, declamador, diestro bailarín.
En las reseñas históricas, Marcela ha leído lo básico sobre la vida de su papá: líder indiscutible de su comunidad, personero del Colegio Bolívar, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y profesor de educación física en el Colegio Boston, joven edil de izquierda en los barrios de Soacha, su municipio natal, luego concejal y candidato a la alcaldía. Julio César, esposo de Gloria Mercedes Rojas, el padre de Sandra Paola y Gloria Marcela.
Baudó AP
Julio César Peñaloza con su hija mayor Sandra Paola Peñaloza.
Es normal que en las calles de Soacha Marcela sea interpelada por gente que no conoce y nunca ha visto en la vida, pero que guarda alguno de esos recuerdos ajenos que luego ella conservará como un tesoro: “Su papá fue el que me enseñó a bailar”, le dijo una vez una señora. “Decidí correr porque tú papá me enseñó”, le contó un muchacho de apellido Pinto que representó a Soacha en unos Juegos Nacionales de Atletismo. “Yo estudié educación física por su papá”, le dijo otro.
La respuesta a la pregunta por esa ausencia vino temprano, cuando ella tenía 5 o 6 años, y sin ambigüedades de boca de su mamá, Gloria Mercedes Rojas: “A su papá lo mataron con Galán”.
Las implicaciones de esa respuesta las ha ido decantando con el tiempo, en el ejercicio de ir conociendo a su padre de manera póstuma, descifrando los azares de una danza de circunstancias que empieza a mediados de la década del setenta, cuando Julio César Peñaloza se comprometió con un temprano activismo político en la Unión Patriótica y en la Fuerza de Unidad Popular en Soacha: “No entendía la dimensión de lo que era mi papá para el municipio de Soacha, ni lo que significaba que hubiera sido asesinado al lado de un presidenciable”, dice.
Los movimientos de esa danza se confunden en las sombras de la noche del 18 de agosto de 1989. Queda para la historia un video del momento en donde se ve a Luis Carlos Galán Sarmiento, entonces candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, penetrar la plaza de Soacha arrastrado por una marea humana que lo vitorea y lo empuja con un torbellino de vértigo y entusiasmo que nada más parece predestinar la victoria.
Tres semanas antes el candidato y muy probable próximo presidente del país había confirmado su asistencia al evento del cierre de campaña con un escueto telegrama dirigido al propio Julio César Peñaloza, joven concejal de 33 años, quien le había insistido por su presencia en el municipio.
“Agradézcole amable invitación a presidir foro liberal [en] ese municipio y discúlpeme por aplazamiento [para la] realización de dicho evento” dice el papel arrugado por el trajín de las décadas: “infórmoles [que el] próximo viernes 18 de agosto, hora 7 P.M. visitaré Soacha. Cordial abrazo. Luis Carlos Galán, Senador de la República”.
Baudó AP
Este es el telegrama con el que Luis Carlos Galán le confirmó a Julio César Peñaloza su asistencia a Soacha para el 18 de agosto de 1989 a las 7 de la noche. Ese fue el lugar, la hora y la fecha del atentado.
El video continua tembloroso y permite adivinar el desconcierto de la multitud ante el retumbe de los primeros rafagazos que dejan un cuerpo tendido en la tarima. Segundos después se oirá otra voz desconocida que grita “corra que le dieron” y luego “hirieron a Julio César y al doctor Galán”.
Lo que sigue son las imágenes de unos cuerpos vencidos e inconscientes, como muñecos de utilería, que un tumulto trata de subir con atropellos a unos carros. Aquellos pocos minutos bastaron para truncar el resultado de la elección presidencial de 1990.
No obstante, los movimientos fueron más complejos y no caben todos dentro del video de aquella noche. Marcela Peñaloza ha rastreado bien esos movimientos, puede ofrecer detalles poco obvios de lo que antecede y lo que sigue tras el atentado.
Por ejemplo, la tentativa fraguada por la mafia en cabeza de Pablo Escobar para consumar el asesinato fallido contra Galán pocos días atrás en Medellín, ambientada con el cambio y debilitamiento de sus escoltas, maniobra ordenada por el general Miguel Maza Márquez, entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy condenado por el crimen.
Por ejemplo, el caminar lerdo de los nuevos escoltas, recién llegados a cuidar al candidato, que retrasaron su ingreso a la plaza con el propósito evidente de dejar a Galán sólo, a merced de sus asesinos, contrastando con la reacción heroica del único hombre de su viejo esquema de seguridad que aún lo acompañaba y entregó la vida por él: Santiago Cuervo, quien recibió con su cuerpo inerte sobre las tablas del escenario buena parte de las balas destinadas para Galán.
Por ejemplo, las derivas de la investigación judicial, aún más lenta que el paso de los escoltas, un proceso extraviado en memoriales y condenados inocentes que garantiza la impunidad estructural 35 años después del magnicidio. Julio César Peñaloza pasó a ser un asterisco en ese expediente, como si su muerte fuera el producto accidental de aquella noche y no el resultado obvio del mismo atentado que mató al posible ganador de las elecciones.
Julio César, que había “saltado de la Unión Patriótica al Nuevo Liberalismo para conservar la vida y poder seguir haciendo política”, según palabras de su hija, no logró ni siquiera así esquivar las balas. Su entierro en Soacha fue uno de los más multitudinarios de los que se tenga memoria en la localidad, sin embargo, se convirtió desde entonces en un mártir invisible.
Fue sólo en 2008 que Marcela Peñaloza comprendió que la muerte de su padre era un crimen de Estado. Ese año conoció en una marcha en el Cauca a Carlos Pedraza, un activista estudiantil e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, quien durante una charla con otros jóvenes universitarios preguntó quién conocía algún caso cercano de victimización. “A mí papá lo mataron con Galán”, respondió ella.
Pedraza tendría después su propia historia como víctima: fue desaparecido el 19 de enero de 2015 y hallado dos días más tarde sin vida. Su rastro se esfumó cuando iba rumbo al centro de Bogotá a una reunión con una cooperativa relacionada con movimientos sociales del oriente colombiano y los informes forenses confirmaron que su muerte fue producto de un hecho violento. El crimen ocurrió en el marco de las negociaciones de paz con las extintas FARC. Su desaparición y asesinato siguen impunes, sin ninguna certeza sobre los responsables.
“Desde 2008 me mandé a hacer mi cartelito con el rostro de mi papá y siempre salgo a marchar el nueve de abril, día de las víctimas”, dice Marcela.
Aunque la opinión pública y los fallos judiciales reconocen a Luis Carlos Galán como una víctima indiscutible de la violencia política desatada por las mafias, pues está probada la responsabilidad del Estado en su muerte, no ha ocurrido lo mismo con el exconcejal Julio César Peñaloza.
La familia de Peñaloza ha librado una lucha jurídica estéril durante las últimas dos décadas para que la justicia acredite su condición de víctimas del magnicidio en un proceso revictimizante que aún está por resolverse.
De acuerdo con una abogada de la Comisión Colombiana de Juristas que ha seguido el caso y pidió reserva de su nombre, el asunto podría resumirse en “un tema de clasismo: se le da importancia a un personaje que viene de una familia importante [Luis Carlos Galán]” pero se olvida por completo a las otras dos víctimas, el escolta y el concejal.
La demanda administrativa por el asesinato de Julio César Peñaloza, que buscaba que se declarara al Estado como responsable por omitir sus obligaciones en la protección del concejal, resultó con un fallo en contra de la familia proferido por el Concejo de Estado, el máximo tribunal administrativo del país.
Los argumentos de la magistrada Martha Nubia Velásquez, quien redactó el fallo, tuvieron que ver con que la familia no demandó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad a la que pertenecía el condenado general retirado Maza Márquez y que fue disuelta por el presidente Juan Manuel Santos, ni se había vinculado a la Fiduprevisora en el proceso, encargada de responder por el DAS ante posibles demandas administrativas después de su disolución. Una leguleyada, en palabras de los abogados.
Lo más injusto es que el Consejo de Estado terminó condenando a la familia a pagar las costas del proceso, que suponían más de 178 millones de pesos en 2019. “Les matan al papá, lo hace el Estado, y encima salen a deberle al Estado 178 millones” dice con ironía la abogada de la Comisión Colombiana de Juristas que habló con Baudó Agencia Pública.
Fue por ello que la familia interpuso una tutela alegando la violación al debido proceso, que tuvo que agotar dos instancias hasta ser seleccionada por la Corte Constitucional en 2023 para su revisión, y finalmente obtuvo una sentencia favorable: la Corte le ordenó en abril de este año al Consejo de Estado repetir el fallo pero con un sentido distinto, reconociendo que la familia de Julio César Peñaloza en efecto es víctima de los hechos de violencia ocurridos el 18 de agosto de 1989 en la plaza de Soacha.
Aunque es una victoria para la familia, aún guardan prevención pues en palabras de los abogados “nos estamos enfrentando al mismo despacho que nos condenó”. El Consejo de Estado aún no ha corregido la sentencia que reconocerá, por fin, el carácter de víctima de Estado de Julio César Peñaloza, de quien se conmemoran los 35 años de su asesinato este 23 de agosto, pues su muerte en un hospital después de una tortuosa agonía en medio del coma tuvo lugar cuando habían transcurrido cinco días del atentado.
“Mi papá esa noche dijo ‘yo voy a ser el maestro de ceremonias, yo voy a presentar el programa, voy a recibir a Galán’”, cuenta Marcela apelando a un recuerdo que no es recuerdo, sino relato y testimonio, legado de las personas que vieron y escucharon por ella para contarle más tarde: “Él fue el que tuvo por primera vez el micrófono en la tarima”.
Una voz alcanza a escucharse nítida por el micrófono: “Doctor Luis Carlos Galán”, un par de segundos antes de la ráfaga de ametralladora.
