El gamonal                         
Nelson Fernández vuelve a esos sucesos que hoy percibe borrosos, cuando era un joven militante de la corriente holguinista del Partido Conservador en Trujillo, un pueblo —el suyo— recostado a las montañas que encierran el Valle del Cauca por el occidente. Eran los años setenta y aún no tenía esas arrugas finas que le cruzan las sienes y la frente sobre los ojos claros, casi trasparentes, y aún no lucía el cabello gris. “Yo fui concejal a título honorario, en esa época no pagaban” dice, encajando los detalles de una noche en la que no llegó a su casa después de las sesiones del Concejo Municipal, según era su costumbre, porque asistió con varios amigos a una fiesta en Ríofrío, el pueblo vecino.
       Cree que eso le salvó la vida.
       En mitad de la fiesta un hombre se acercó para hablarle. “Me pagaron por matarlo a usted” cuenta que le dijo enseñando un revólver en el bolsillo. “Perdóneme, usted no me ha hecho nada”. El hombre desapareció, pero Nelson supo de inmediato quién andaba ofreciendo plata por su vida: Leonardo Espinosa, un acaudalado negociante y cacique político conservador, que ya bordeaba los setenta años de edad sin que se le hubiera conocido mujer ni descendencia que pudiera heredar una fortuna estimada en miles de cabezas de ganado, más de treinta fincas, varias bodegas y compraventas de café, almacenes, locales y hasta un prostíbulo, fortuna que había acumulado en los años cincuenta durante la violencia bipartidista entre conservadores y liberales, cuando Espinosa aprovechó para adquirir propiedades de sus adversarios políticos a precios irrisorios. Eran tiempos en que las fincas no se negociaban con el dueño sino con la viuda. Leonardo Espinosa fue uno de los protectores y financiadores de León María Lozano “El Cóndor”, un célebre asesino a órdenes del Partido Conservador que sembró de terror el Valle del Cauca y el Eje Cafetero en aquella época.

El dominio de Espinosa sobre Trujillo fue omnímodo y absoluto desde los años cincuenta hasta su muerte en 1980.

       El escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal conoció en persona al viejo cacique. Sobre esa vida escribió una novela, El último gamonal (Plaza y Janés, 1987) que ciertos comentaristas muy osados emparejaron con Pedro Páramo de Juan Rulfo. En alguna reseña publicada en revista Semana el libro fue calificado como una “intrascendente” colección de rumores de alcoba, ideal para lectores “morbosos” tras el “rastro de sábanas manchadas”, un relato repleto de aberraciones “homosexuales”, porque a don Leonardo le gustaban los hombres, igual que a Gustavo Álvarez Gardeazabal.
       Con su dinero y su poder, Leonardo Espinosa consiguió poner un senador de la República. Aún se oye en el pueblo que bajo su mando tenía subordinados al alcalde, a la mayoría de los inspectores de policía y a nueve concejales, incluyendo dos del Partido Liberal —contrario al suyo—, pero no al cura, que siempre se mantuvo independiente e incluso se le enfrentó. El dominio de Espinosa sobre Trujillo fue omnímodo y absoluto desde los años cincuenta hasta su muerte en 1980, cuando el Loco Arenas, uno de sus lugartenientes, lo asesinó para vaciarle la caja fuerte donde decían que guardaba la plata por costalados.
        “Don Leonardo no dejaba vender una casa en el pueblo si él no quería” recuerda Nelson Fernández, “ya había matado a tres concejales antes porque se oponían a su voluntad”. Estas anécdotas, que parecen ligeras, contienen la clave para entender la espiral de violencia demencial que ha castigado a este pueblo.
        La historia me la narra Nelson una tarde de 2017 en el Parque Monumento a las Víctimas, construido en homenaje a las 342 personas que fueron asesinadas o desaparecidas en el marco de una segunda oleada de crímenes —denominada “Masacre de Trujillo”— desatada en los años ochenta y noventa, cuando Espinosa ya había fallecido y su dominio absoluto había sido reemplazado casi sin transición por otro tan brutal como efectivo: el de los narcotraficantes aliados con miembros de la fuerza pública.

Trujillo fue un laboratorio para ensayar aquella alianza entre narcos, militares y sectores completos de la institucionalidad que buscaban combatir a las guerrillas utilizando tácticas de la guerra irregular.

La masacre
La “masacre de Trujillo” es el nombre genérico con el que se conoce una andanada de violencia por la que fue condenado el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los hechos incluyen matanzas, desapariciones, torturas, secuestros y asesinatos cometidos entre 1986 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolívar, Riofrío y Tuluá, hechos enmarcados en una política sistemática de exterminio de las organizaciones sociales y campesinas de la región.
       Los narcotraficantes Henry Loaiza más conocido como “El Alacrán” y Diego Montoya alias “Don Diego”, se aliaron con el mayor del ejército Alirio Urueña para imponer en el pueblo un régimen de terror que incluyó algunos de los primeros casos conocidos de descuartizamiento con motosierra ocurridos en el país, torturas con sopletes de gasolina, la desaparición forzada como práctica rutinaria, el despojo de tierras y las matanzas grupales. Siempre bajo la complicidad y el apoyo logístico del ejército y la policía.
        Su pretexto declarado era contener el incipiente avance guerrillero, más puntualmente el arraigo de un frente del Ejército de Liberación Nacional que ganaba terreno en los cañones de la cordillera sobre la vertiente del Pacífico. Pero, detrás del discurso antisubversivo se camuflaban viejas disputas sectarias por el poder político heredadas de los tiempos de Leonardo Espinoza, y el deseo de venganza de narcos y militares, los primeros ofendidos por continuos robos de ganado y extorsiones a manos de la guerrilla, los segundos por una emboscada en la que murieron siete soldados.
        Las organizaciones sociales lideradas por el sacerdote del pueblo, Tiberio Fernández, eran percibidas como una fachada de la insurgencia. El viernes santo de 1990 el sacerdote también fue secuestrado, torturado y asesinado en una de las fincas de Henry Loaiza. Su cuerpo mutilado fue recuperado del río Cauca días después. Los tres acompañantes que iban con él nunca aparecieron.
        Trujillo fue un laboratorio para ensayar aquella alianza entre narcos, militares y sectores completos de la institucionalidad que buscaban combatir a las guerrillas utilizando tácticas de la guerra irregular. Y con ellas cualquier brote de organización y resistencia popular en Colombia.
        Por los hechos de Trujillo el Estado colombiano se ha visto obligado a pedir perdón dos veces. Una en cabeza del presidente Ernesto Samper en 1995 y otra durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el entonces ministro de justicia Yesid Reyes fue a poner la cara el 23 de abril 2016.
        De esa última fecha, en la que estuve presente, se me grabaron las palabras de Orlando Arboleda, hijo de una campesina asesinada en un caserío llamado La Sonora, mientras exponía al resto de víctimas y familiares que atendían al discurso del ministro Reyes: “queda a decisión de cada uno de ustedes si aceptan o no dar ese perdón, porque sólo ustedes saben lo que nos hicieron vivir”.
       Y luego las palabras de doña Ludivia Vanegas, a la que le mataron un hijo adolescente. “Es muy fácil venir a hablar acá” decía empuñando el micrófono con la mirada imperturbable detrás de las gafas empañadas, el cuerpo firme pero pequeño, como doblegado por los años o el sufrimiento o el abatimiento de ese momento tan esperado y decepcionante para ella y los demás familiares, un momento que llegaba veintitantos años tarde, convertido en feria publicitaria para las cámaras. “Pero lo difícil era esperar que llegara esa gente a levantar los colchones de las camas, a revolcar la casa, a llevarse a nuestros seres queridos y no tener nosotros a quién acudir”.
       Gustavo Álvarez Gardeazabal descifró bien la lógica del poder en estos pueblos, donde el control se logra “cuando la vida y la muerte llegan a valer lo mismo”. El gamonal, esa figura que acapara control económico y político al mismo tiempo, suele administrar ambos valores, el de la vida y el de la muerte. “Con ellas se juega, con ellas se disfruta, con ellas se abusa, con ellas se avanza” apunta el escritor en su novela. Los relatos de Trujillo le dan contorno a esa perversidad bestial y cristalina. Son horror auténtico que no admite términos medios ni atenuantes.
        Testimonios como el de Daniel Arcila —un campesino informante del ejército—, que declaró en contra de Urueña, cuyo relato fue publicado por la revista Semana el 3 de julio de 1995: “cuando amaneció, por ahí como a las siete de la mañana, llegó el mayor y le dijeron que había que torturarlos de una vez. Pero el ‘Tío’ dijo ‘no, desayunemos primero porque si no después nos da fastidio’. Les vendaron los ojos y los sacaron uno a uno de la bodega y se los llevaron para una cosa que llaman la peladora (…) Entonces les mocharon la cabeza con la motosierra para dejarlos desangrando para tirarlos al Cauca por la noche. A todos los mataron así y luego los cortaron en pedazos. Las cabezas las metieron en un costal y el resto de los cuerpos en otros costales. Eran como 12 costalados. En la noche del domingo primero de abril fueron y los botaron en la camioneta Ford 56”.
        O relatos como el de Porfidio Antonio Galeano, un hombre flaco y de rostro hundido a un paso de desbarrancarse en la vejez, al que yo escuchaba contar su recorrido a pie por más de cien kilómetros de orilla del Cauca —desde Marsella hasta Bolombolo—, una travesía desesperada buscando el cadáver de su hermano Norbey, quien en las fotos se ve idéntico de lo flaco, el rostro igual de hundido, con las mismas facciones de Porfidio, como si fueran dos versiones del mismo hombre pero una mucho más joven, mucho más lejana, extraviada de modo irremediable. Norbey Galeano era el capellán de la iglesia y fue desaparecido con el sacerdote Tiberio Fernández. Porfidio Antonio jamás encontró su cadáver. “Es tanto el desespero que todavía estamos en estas” me dijo.
        Pero también hay escenas de inmensa valentía, entre ellas las que propició la monja dominica Maritzé Trigos cuando reunió a las mujeres del pueblo desafiando el poder de los narcos para desenterrar de las fosas comunes a sus parientes desaparecidos. “Fueron las mujeres, viudas y mamás, las que corrieron ese riesgo” me explicó la hermana Maritzé, con un acento que es una mezcla del Santander dónde nació y la cadencia de los conventos franceses en los que se formó siendo joven, un canturreo golpeado y meloso, “teníamos que buscar quién nos ayudara a remover la tierra… ya sabiendo dónde estaban los muertos, pues íbamos y los traíamos”.
        A la hermana Maritzé la conocí el 21 de mayo de 2018 en el cementerio de Marsella, Risaralda, junto a un corredor de tumbas rústicas y lápidas con nombres o números pintados a mano en una caligrafía de niño de cuatro años, donde los familiares habían puesto las fotografías de las víctimas formando una galería; la exposición de un holocausto.
       La hermana Maritzé no se viste ni se comporta como religiosa. Sorprende el contraste que provoca su figura —tan canosa y menuda, tan cara de ancianita enternecedora— con la energía arrolladora de sus gestos, con la grandilocuencia de su lucha, con el ventarrón que le sale cada que habla aunque sólo tenga un interlocutor al frente.
        Aquella tarde en que entrevisté a la hermana la Fiscalía realizaba las primeras exhumaciones de cuerpos no identificados que habían sido rescatados de las aguas del río Cauca. Los técnicos abrían fosas, cavaban huecos, recogían huesos envueltos en retazos de ropa desecha. Atrás de las cintas de seguridad lloraba un grupo de parientes y una entre ellos recordaba que la noche a finales de los ochenta en que el papá salió de la casa y nunca volvió llevaba una camisa a cuadros, entonces no podía ser el mismo que acababan de desenterrar.
        Se presume que muchos de los cuerpos no identificados que reposan en el cementerio de Marsella podrían corresponder a los desaparecidos de Trujillo. Tres décadas después de las primeras desapariciones y asesinatos, la hermana Maritzé Trigos seguía ahí con los parientes de las víctimas, removiendo la tierra, como a ella le gusta decir.

“Cuál es la relación de todo esto con la política, con la economía, con la cultura” se pregunta el padre Francisco de Roux.

Los vestigios
El Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo posee una belleza tranquila que no compagina con el dolor contenido en él. Edificado en las faldas de una colina que domina todo el pueblo, allí se emplaza un ágora con forma de anfiteatro entre una ebullición de jardineras, de heliconias, de naranjos y palos de aguacate, de enredaderas resplandecientes que Essaú Betancur se ha esmerado en cuidar con sus manos de montañero ásperas, salpicadas de pecas.
       Essaú, quien también perdió un hermano durante la masacre, optó por el destierro muchos años. Essaú conoce la persecución y las amenazas. Sus ojos sin fondo, atrincherados en unas cejas azabaches igual de profusas e intrincadas que las enredaderas que riega cada mañana, han visto la guerra por dentro y por fuera. Sus ojos han mirado con odio y lo han visto también. Ahora Essaú cuida las flores del Parque. Es probable que nunca leyera estos versos de José Martí: “y para el cruel que me arranca/el corazón con que vivo/cardo ni ortigas cultivo;/cultivo la rosa blanca”, no obstante, los pone en práctica a diario.
       ¿Dentro de varios siglos que dirán las ruinas de este lugar? ¿Quién podrá descifrar las figuras talladas en bajo relieve? Son imágenes toscas, similares al rastro de una civilización antigua ya desaparecida. La lápida de Francy Adela Mejía Chilito lleva la siguiente inscripción: “Asesinato. 27 de agosto de 1991”. Las formas revelan a Francy Adela cruzada de brazos, mirando al frente, los ojos grandes, un vestido enterizo de señora de finca. A su lado Nohelia Mejía, asesinada el mismo día. Nohelia aparece de perfil, inclinada para regar o cuidar un espeso ramo de flores, atrás suyo se abre el botón inmenso que podría ser de girasol o de San Joaquín. Varios pasos adelante Reinaldo y Diego González. ¿Eran hermanos? ¿Primos? La escultura los muestra recolectando café. En otra escalinata está Gloria Estela Vascos moviendo algo que se asemeja a un trapiche, adelante Juan de Jesús Restrepo empuñando una pala, más allá José Bernardo Gutiérrez sosteniendo en su mano una manguera de la gasolinera donde trabajaba y Antonio José Alvear levanta su azadón, una leyenda indica que murió de la pena moral que le causó perder a sus familiares.
       “Cuál es la relación de todo esto con la política, con la economía, con la cultura” se pregunta el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad que tiene la espinosa tarea de sentar un veredicto sobre el conflicto armado, un consenso sobre lo que ocurrió para que no se repita. Es el mediodía sofocante del 18 de agosto de 2018, ha terminado la peregrinación que hacen cada año los familiares de las víctimas de Trujillo. El padre está bajo la sombra frondosa de los árboles que coronan el promontorio del Parque Monumento y yo estoy tratando de hacerle una entrevista decente antes que caigan encima las cámaras de la televisión a disparar preguntas atosigantes. “En todas partes hay Trujillos, hay monumentos a los mártires, hay recuerdos de memoria, para que el país le pierda el miedo a la verdad y comprenda que la verdad nos libera”.
        ¿La verdad nos libera? Y sobre todo ¿hay consensos en torno a la verdad del conflicto? Aquella misma jornada de 2018 me topé con el sacerdote jesuita Javier Giraldo, un veterano activista por los derechos humanos que ha acompañado movimientos de víctimas y comunidades de paz en varias regiones del país. Le pregunté por los acuerdos de paz y las posibilidades de cerrar por fin el ciclo de la barbarie. “Soy escéptico porque participé de una comisión en La Habana” confesó Giraldo, que ya no tenía puesta la sotana y había recuperado su aspecto cotidiano más parecido al de un profesor jubilado que al de un cura.
        La pasividad de su voz sin sobresaltos ni énfasis impedía captar lo terrible de unas predicciones que hoy se materializan. “La expectativa que había frente a las negociaciones era que llegaran a reformas que tocaran las raíces de la violencia” continuó hablándome Javier Giraldo, “dos principales, la tierra y el sistema político, lo que podríamos llamar la democracia. Eso no se tocó, se hizo de una manera ficticia: los acuerdos sobre la tierra fueron muy decepcionantes, los acuerdos sobre participación también. Esas raíces de la violencia siguen vivas”.
        Gustavo Álvarez Gardeazabal ya había escrito en un aparte de su novela que Trujillo era un pueblo “que se resistía a vestirse de etiqueta, a bajarse de la mula, a dejar de usar el revólver o la pistola como instrumento de justicia”.
        Trujillo como si fuera la miniatura de este país.

El gamonal                         
Nelson Fernández vuelve a esos sucesos que hoy percibe borrosos, cuando era un joven militante de la corriente holguinista del Partido Conservador en Trujillo, un pueblo —el suyo— recostado a las montañas que encierran el Valle del Cauca por el occidente. Eran los años setenta y aún no tenía esas arrugas finas que le cruzan las sienes y la frente sobre los ojos claros, casi trasparentes, y aún no lucía el cabello gris. “Yo fui concejal a título honorario, en esa época no pagaban” dice, encajando los detalles de una noche en la que no llegó a su casa después de las sesiones del Concejo Municipal, según era su costumbre, porque asistió con varios amigos a una fiesta en Ríofrío, el pueblo vecino.
       Cree que eso le salvó la vida.
       En mitad de la fiesta un hombre se acercó para hablarle. “Me pagaron por matarlo a usted” cuenta que le dijo enseñando un revólver en el bolsillo. “Perdóneme, usted no me ha hecho nada”. El hombre desapareció, pero Nelson supo de inmediato quién andaba ofreciendo plata por su vida: Leonardo Espinosa, un acaudalado negociante y cacique político conservador, que ya bordeaba los setenta años de edad sin que se le hubiera conocido mujer ni descendencia que pudiera heredar una fortuna estimada en miles de cabezas de ganado, más de treinta fincas, varias bodegas y compraventas de café, almacenes, locales y hasta un prostíbulo, fortuna que había acumulado en los años cincuenta durante la violencia bipartidista entre conservadores y liberales, cuando Espinosa aprovechó para adquirir propiedades de sus adversarios políticos a precios irrisorios. Eran tiempos en que las fincas no se negociaban con el dueño sino con la viuda. Leonardo Espinosa fue uno de los protectores y financiadores de León María Lozano “El Cóndor”, un célebre asesino a órdenes del Partido Conservador que sembró de terror el Valle del Cauca y el Eje Cafetero en aquella época.

El dominio de Espinosa sobre Trujillo fue omnímodo y absoluto desde los años cincuenta hasta su muerte en 1980.

       El escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal conoció en persona al viejo cacique. Sobre esa vida escribió una novela, El último gamonal (Plaza y Janés, 1987) que ciertos comentaristas muy osados emparejaron con Pedro Páramo de Juan Rulfo. En alguna reseña publicada en revista Semana el libro fue calificado como una “intrascendente” colección de rumores de alcoba, ideal para lectores “morbosos” tras el “rastro de sábanas manchadas”, un relato repleto de aberraciones “homosexuales”, porque a don Leonardo le gustaban los hombres, igual que a Gustavo Álvarez Gardeazabal.
       Con su dinero y su poder, Leonardo Espinosa consiguió poner un senador de la República. Aún se oye en el pueblo que bajo su mando tenía subordinados al alcalde, a la mayoría de los inspectores de policía y a nueve concejales, incluyendo dos del Partido Liberal —contrario al suyo—, pero no al cura, que siempre se mantuvo independiente e incluso se le enfrentó. El dominio de Espinosa sobre Trujillo fue omnímodo y absoluto desde los años cincuenta hasta su muerte en 1980, cuando el Loco Arenas, uno de sus lugartenientes, lo asesinó para vaciarle la caja fuerte donde decían que guardaba la plata por costalados.
        “Don Leonardo no dejaba vender una casa en el pueblo si él no quería” recuerda Nelson Fernández, “ya había matado a tres concejales antes porque se oponían a su voluntad”. Estas anécdotas, que parecen ligeras, contienen la clave para entender la espiral de violencia demencial que ha castigado a este pueblo.
        La historia me la narra Nelson una tarde de 2017 en el Parque Monumento a las Víctimas, construido en homenaje a las 342 personas que fueron asesinadas o desaparecidas en el marco de una segunda oleada de crímenes —denominada “Masacre de Trujillo”— desatada en los años ochenta y noventa, cuando Espinosa ya había fallecido y su dominio absoluto había sido reemplazado casi sin transición por otro tan brutal como efectivo: el de los narcotraficantes aliados con miembros de la fuerza pública.

Trujillo fue un laboratorio para ensayar aquella alianza entre narcos, militares y sectores completos de la institucionalidad que buscaban combatir a las guerrillas utilizando tácticas de la guerra irregular.

La masacre
La “masacre de Trujillo” es el nombre genérico con el que se conoce una andanada de violencia por la que fue condenado el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los hechos incluyen matanzas, desapariciones, torturas, secuestros y asesinatos cometidos entre 1986 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolívar, Riofrío y Tuluá, hechos enmarcados en una política sistemática de exterminio de las organizaciones sociales y campesinas de la región.
       Los narcotraficantes Henry Loaiza más conocido como “El Alacrán” y Diego Montoya alias “Don Diego”, se aliaron con el mayor del ejército Alirio Urueña para imponer en el pueblo un régimen de terror que incluyó algunos de los primeros casos conocidos de descuartizamiento con motosierra ocurridos en el país, torturas con sopletes de gasolina, la desaparición forzada como práctica rutinaria, el despojo de tierras y las matanzas grupales. Siempre bajo la complicidad y el apoyo logístico del ejército y la policía.
        Su pretexto declarado era contener el incipiente avance guerrillero, más puntualmente el arraigo de un frente del Ejército de Liberación Nacional que ganaba terreno en los cañones de la cordillera sobre la vertiente del Pacífico. Pero, detrás del discurso antisubversivo se camuflaban viejas disputas sectarias por el poder político heredadas de los tiempos de Leonardo Espinoza, y el deseo de venganza de narcos y militares, los primeros ofendidos por continuos robos de ganado y extorsiones a manos de la guerrilla, los segundos por una emboscada en la que murieron siete soldados.
        Las organizaciones sociales lideradas por el sacerdote del pueblo, Tiberio Fernández, eran percibidas como una fachada de la insurgencia. El viernes santo de 1990 el sacerdote también fue secuestrado, torturado y asesinado en una de las fincas de Henry Loaiza. Su cuerpo mutilado fue recuperado del río Cauca días después. Los tres acompañantes que iban con él nunca aparecieron.
        Trujillo fue un laboratorio para ensayar aquella alianza entre narcos, militares y sectores completos de la institucionalidad que buscaban combatir a las guerrillas utilizando tácticas de la guerra irregular. Y con ellas cualquier brote de organización y resistencia popular en Colombia.
        Por los hechos de Trujillo el Estado colombiano se ha visto obligado a pedir perdón dos veces. Una en cabeza del presidente Ernesto Samper en 1995 y otra durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el entonces ministro de justicia Yesid Reyes fue a poner la cara el 23 de abril 2016.
        De esa última fecha, en la que estuve presente, se me grabaron las palabras de Orlando Arboleda, hijo de una campesina asesinada en un caserío llamado La Sonora, mientras exponía al resto de víctimas y familiares que atendían al discurso del ministro Reyes: “queda a decisión de cada uno de ustedes si aceptan o no dar ese perdón, porque sólo ustedes saben lo que nos hicieron vivir”.
       Y luego las palabras de doña Ludivia Vanegas, a la que le mataron un hijo adolescente. “Es muy fácil venir a hablar acá” decía empuñando el micrófono con la mirada imperturbable detrás de las gafas empañadas, el cuerpo firme pero pequeño, como doblegado por los años o el sufrimiento o el abatimiento de ese momento tan esperado y decepcionante para ella y los demás familiares, un momento que llegaba veintitantos años tarde, convertido en feria publicitaria para las cámaras. “Pero lo difícil era esperar que llegara esa gente a levantar los colchones de las camas, a revolcar la casa, a llevarse a nuestros seres queridos y no tener nosotros a quién acudir”.
       Gustavo Álvarez Gardeazabal descifró bien la lógica del poder en estos pueblos, donde el control se logra “cuando la vida y la muerte llegan a valer lo mismo”. El gamonal, esa figura que acapara control económico y político al mismo tiempo, suele administrar ambos valores, el de la vida y el de la muerte. “Con ellas se juega, con ellas se disfruta, con ellas se abusa, con ellas se avanza” apunta el escritor en su novela. Los relatos de Trujillo le dan contorno a esa perversidad bestial y cristalina. Son horror auténtico que no admite términos medios ni atenuantes.
        Testimonios como el de Daniel Arcila —un campesino informante del ejército—, que declaró en contra de Urueña, cuyo relato fue publicado por la revista Semana el 3 de julio de 1995: “cuando amaneció, por ahí como a las siete de la mañana, llegó el mayor y le dijeron que había que torturarlos de una vez. Pero el ‘Tío’ dijo ‘no, desayunemos primero porque si no después nos da fastidio’. Les vendaron los ojos y los sacaron uno a uno de la bodega y se los llevaron para una cosa que llaman la peladora (…) Entonces les mocharon la cabeza con la motosierra para dejarlos desangrando para tirarlos al Cauca por la noche. A todos los mataron así y luego los cortaron en pedazos. Las cabezas las metieron en un costal y el resto de los cuerpos en otros costales. Eran como 12 costalados. En la noche del domingo primero de abril fueron y los botaron en la camioneta Ford 56”.
        O relatos como el de Porfidio Antonio Galeano, un hombre flaco y de rostro hundido a un paso de desbarrancarse en la vejez, al que yo escuchaba contar su recorrido a pie por más de cien kilómetros de orilla del Cauca —desde Marsella hasta Bolombolo—, una travesía desesperada buscando el cadáver de su hermano Norbey, quien en las fotos se ve idéntico de lo flaco, el rostro igual de hundido, con las mismas facciones de Porfidio, como si fueran dos versiones del mismo hombre pero una mucho más joven, mucho más lejana, extraviada de modo irremediable. Norbey Galeano era el capellán de la iglesia y fue desaparecido con el sacerdote Tiberio Fernández. Porfidio Antonio jamás encontró su cadáver. “Es tanto el desespero que todavía estamos en estas” me dijo.
        Pero también hay escenas de inmensa valentía, entre ellas las que propició la monja dominica Maritzé Trigos cuando reunió a las mujeres del pueblo desafiando el poder de los narcos para desenterrar de las fosas comunes a sus parientes desaparecidos. “Fueron las mujeres, viudas y mamás, las que corrieron ese riesgo” me explicó la hermana Maritzé, con un acento que es una mezcla del Santander dónde nació y la cadencia de los conventos franceses en los que se formó siendo joven, un canturreo golpeado y meloso, “teníamos que buscar quién nos ayudara a remover la tierra… ya sabiendo dónde estaban los muertos, pues íbamos y los traíamos”.
        A la hermana Maritzé la conocí el 21 de mayo de 2018 en el cementerio de Marsella, Risaralda, junto a un corredor de tumbas rústicas y lápidas con nombres o números pintados a mano en una caligrafía de niño de cuatro años, donde los familiares habían puesto las fotografías de las víctimas formando una galería; la exposición de un holocausto.
       La hermana Maritzé no se viste ni se comporta como religiosa. Sorprende el contraste que provoca su figura —tan canosa y menuda, tan cara de ancianita enternecedora— con la energía arrolladora de sus gestos, con la grandilocuencia de su lucha, con el ventarrón que le sale cada que habla aunque sólo tenga un interlocutor al frente.
        Aquella tarde en que entrevisté a la hermana la Fiscalía realizaba las primeras exhumaciones de cuerpos no identificados que habían sido rescatados de las aguas del río Cauca. Los técnicos abrían fosas, cavaban huecos, recogían huesos envueltos en retazos de ropa desecha. Atrás de las cintas de seguridad lloraba un grupo de parientes y una entre ellos recordaba que la noche a finales de los ochenta en que el papá salió de la casa y nunca volvió llevaba una camisa a cuadros, entonces no podía ser el mismo que acababan de desenterrar.
        Se presume que muchos de los cuerpos no identificados que reposan en el cementerio de Marsella podrían corresponder a los desaparecidos de Trujillo. Tres décadas después de las primeras desapariciones y asesinatos, la hermana Maritzé Trigos seguía ahí con los parientes de las víctimas, removiendo la tierra, como a ella le gusta decir.

“Cuál es la relación de todo esto con la política, con la economía, con la cultura” se pregunta el padre Francisco de Roux.

Los vestigios
El Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo posee una belleza tranquila que no compagina con el dolor contenido en él. Edificado en las faldas de una colina que domina todo el pueblo, allí se emplaza un ágora con forma de anfiteatro entre una ebullición de jardineras, de heliconias, de naranjos y palos de aguacate, de enredaderas resplandecientes que Essaú Betancur se ha esmerado en cuidar con sus manos de montañero ásperas, salpicadas de pecas.
       Essaú, quien también perdió un hermano durante la masacre, optó por el destierro muchos años. Essaú conoce la persecución y las amenazas. Sus ojos sin fondo, atrincherados en unas cejas azabaches igual de profusas e intrincadas que las enredaderas que riega cada mañana, han visto la guerra por dentro y por fuera. Sus ojos han mirado con odio y lo han visto también. Ahora Essaú cuida las flores del Parque. Es probable que nunca leyera estos versos de José Martí: “y para el cruel que me arranca/el corazón con que vivo/cardo ni ortigas cultivo;/cultivo la rosa blanca”, no obstante, los pone en práctica a diario.
       ¿Dentro de varios siglos que dirán las ruinas de este lugar? ¿Quién podrá descifrar las figuras talladas en bajo relieve? Son imágenes toscas, similares al rastro de una civilización antigua ya desaparecida. La lápida de Francy Adela Mejía Chilito lleva la siguiente inscripción: “Asesinato. 27 de agosto de 1991”. Las formas revelan a Francy Adela cruzada de brazos, mirando al frente, los ojos grandes, un vestido enterizo de señora de finca. A su lado Nohelia Mejía, asesinada el mismo día. Nohelia aparece de perfil, inclinada para regar o cuidar un espeso ramo de flores, atrás suyo se abre el botón inmenso que podría ser de girasol o de San Joaquín. Varios pasos adelante Reinaldo y Diego González. ¿Eran hermanos? ¿Primos? La escultura los muestra recolectando café. En otra escalinata está Gloria Estela Vascos moviendo algo que se asemeja a un trapiche, adelante Juan de Jesús Restrepo empuñando una pala, más allá José Bernardo Gutiérrez sosteniendo en su mano una manguera de la gasolinera donde trabajaba y Antonio José Alvear levanta su azadón, una leyenda indica que murió de la pena moral que le causó perder a sus familiares.
       “Cuál es la relación de todo esto con la política, con la economía, con la cultura” se pregunta el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad que tiene la espinosa tarea de sentar un veredicto sobre el conflicto armado, un consenso sobre lo que ocurrió para que no se repita. Es el mediodía sofocante del 18 de agosto de 2018, ha terminado la peregrinación que hacen cada año los familiares de las víctimas de Trujillo. El padre está bajo la sombra frondosa de los árboles que coronan el promontorio del Parque Monumento y yo estoy tratando de hacerle una entrevista decente antes que caigan encima las cámaras de la televisión a disparar preguntas atosigantes. “En todas partes hay Trujillos, hay monumentos a los mártires, hay recuerdos de memoria, para que el país le pierda el miedo a la verdad y comprenda que la verdad nos libera”.
        ¿La verdad nos libera? Y sobre todo ¿hay consensos en torno a la verdad del conflicto? Aquella misma jornada de 2018 me topé con el sacerdote jesuita Javier Giraldo, un veterano activista por los derechos humanos que ha acompañado movimientos de víctimas y comunidades de paz en varias regiones del país. Le pregunté por los acuerdos de paz y las posibilidades de cerrar por fin el ciclo de la barbarie. “Soy escéptico porque participé de una comisión en La Habana” confesó Giraldo, que ya no tenía puesta la sotana y había recuperado su aspecto cotidiano más parecido al de un profesor jubilado que al de un cura.
        La pasividad de su voz sin sobresaltos ni énfasis impedía captar lo terrible de unas predicciones que hoy se materializan. “La expectativa que había frente a las negociaciones era que llegaran a reformas que tocaran las raíces de la violencia” continuó hablándome Javier Giraldo, “dos principales, la tierra y el sistema político, lo que podríamos llamar la democracia. Eso no se tocó, se hizo de una manera ficticia: los acuerdos sobre la tierra fueron muy decepcionantes, los acuerdos sobre participación también. Esas raíces de la violencia siguen vivas”.
        Gustavo Álvarez Gardeazabal ya había escrito en un aparte de su novela que Trujillo era un pueblo “que se resistía a vestirse de etiqueta, a bajarse de la mula, a dejar de usar el revólver o la pistola como instrumento de justicia”.
        Trujillo como si fuera la miniatura de este país.

Las ciudades latinoamericanas están detenidas en el tiempo. Por estos días, los 629 millones de habitantes de la región creemos estar amenazados por el covid-19. Las ciudades empezaron a diluirse.
       Por culpa de un virus, las sociedades se transformaron: en la avenida 9 de julio, en Buenos Aires, no hay nadie que disparara el flash por delante del obelisco. En las calles de Santiago de Chile el fuego de las protestas ciudadanas se extinguió. En La Paz las elecciones presidenciales se aplazaron. En Bogotá, el tráfico dejó de ser lo que era: pitos y cornetas, apiñamientos y bullicios, alaridos y lamentos, obstáculos y líos.

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Dos mujeres caminan por el andén angosto. Los tacones repican contra el concreto mientras se acomodan las caretas de acrílico: un auxilio en tiempos de pandemia.
        —Qué Dios nos tenga en su misericordia —dice Estela. Treintaytantos. Asistente administrativa de una aseguradora. Me cuenta que todo el mundo se mira, se evita, que son otros tiempos, que mire nomás “el problema está aquí afuera, en el mundo”, que cuidado alguien tose, que hay mucho miedo, mucha incertidumbre, que esto va a empeorar si no se toma en serio. Y repite—: Muy en serio.
        Desde que entramos en cuarentena los viernes se extraviaron. No son, como tiempo atrás, el día más esperado de la semana. Sin importar qué diga el calendario, todos los días parecen iguales, salvo algunos vivos que aseguran la parranda cada viernes sin que les preocupe el contagio.
       Son tiempos donde nos piden #Quédatencasa, pero para muchos no es fácil. Rosa tiene una cara gruesa, algunos dientes y el resto es pura saliva en su encía. Rosa tiene un carricoche de dulces con que se gana la vida sobre un andén que ahora nadie lo desfila. Me pregunta:
       —¿Cómo voy a salir con ese tal virus que nos vienen pegando? ¿Ah? Rosa se lamenta.

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Según cifras del Dane, hay 5,7 millones de colombianos en trabajos informales, que vienen a ser el 47 por ciento de la población trabajadora del país. En Bogotá el 41,7 por ciento de la gente que trabaja es informal. Es decir, no salir de casa les representa pérdidas diarias, en promedio, de 50.000 pesos. Para épocas de confinamiento no comprar la alimentación básica y los implementos de aseo en tiempos de estornudos confirma la desigualdad en su máxima expresión.
       No tienen la manera, no hay cómo saciar las necesidades.
       Dicho de otro modo: hay 6,3 millones de personas con ocupación formal en Colombia. En América Latina hay 140 millones de trabajadores informales y de cada dos ciudadanos con trabajo formal hay una Rosa. Se calcula que al final del año 11,5 millones de personas estarán desempleadas, según el último informe elaborado por la CEPAL junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
       Decía, la desigualdad en ascenso sobre gripes capitalistas.

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La ciudad va tomando formas desiertas mientras los conserjes deforman las palabras del crucigrama. O se la pasan, en su turno, limpiando las puertas con la bayetilla roja y alcohol. Hay persianas abajo, hay cortinas cerradas: el síntoma de no acercarse al “otro”, el miedo a la muerte; cuerpos amenazados por fenómenos que ponen en emergencia a la especie humana.
        —Cuatro horas me tienen aquí sin hacer nada, mi hermano —me dice Andrés, quien maneja un bus de servicio público hace dos años, mientras se pone a limpiarle el polvo a la palanca. Lleva horas parqueado. No sabe qué hacer—. Nos tienen esperando, los horarios se modificaron por todo esto del Covid.
        El sol insiste. Los locales comerciales con sus rejas abajo.

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Al norte de Bogotá la autopista nunca es tan visible —sábado, mediodía— como ahora sin la marcha infinita de vehículos. Antes de la cuarentena, en el mundo se movilizaban más de mil millones de vehículos. En Bogotá, casi dos millones y medio: por cada tres habitantes hay un carro y por cada moto, cuatro carros.

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       —No hemos vendido ni 100.000 pesos —me cuenta Oscar. La escena es rara: Oscar y Alfredo son los encargados de vender gasolina en una estación desolada. Tienen las manos dentro del overol. El guarda, muy tranquilo, pasea el rottweiler.
       —¿Qué hora es? —me pregunta Oscar.
       —Diez para las cuatro.
       —A esta hora ya hemos vendido más de un millón de pesos.
       Alfredo, cuarentón, me cuenta que apenas ha tanqueado a cuatro camiones “cuando normalmente, ya llevaría más cien”.
       —En mi turno yo vendo por ahí unos 1.500 galones. Un promedio de doce millones de pesos. En el día se venden unos cuatro mil, cinco mil galones. Pero hoy solo he vendido unos treinta galones. Ha estado malo, muy malo.
        De repente llega un tractor de 28 llantas. Alfredo me dice que es el primer camión de esta tarde de abril y no da espera. Hay que atenderlo de inmediato “porque un carro de esos consume unos 200 galones”, que lo disculpe y corre a tanquearlo.
       El motor de la bestia ruge en plena estación de servicio.
       A principios de la pandemia, la venta de gasolina en el país cayó un 70%.

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Una pandemia pone en la misma escena a ricos y pobres. Nos iguala. Son tiempos donde nos entregamos a la información de los gobernantes, les obedecemos más o menos, los escuchamos con miedo, les discutimos detrás de la pantalla, nos desesperamos de nosotros mismos. Y nosotros mismos —hoy en día— somos una sospecha.

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       —Hay que orar mucho Carmencita, mucho mija —habla una señora por celular mientras se asoma en pijama por el balcón de su casa.
       El barrio Santa Fe es el infierno sin el fuego entre sus calles: conflictos y amoríos comprados. Los cuerpos de las putas refugiados. Uno que otro travesti se ofrece con temor. Sobre este barrio se levantan casas grandes y chicas, garajes vacíos, fachadas descascaradas, ventanas rotas con trapos color pastel que no cubren casi nada. Solo la sombra fantasmal del hombre sin zapatos y costales a su espalda recorriendo las calles al borde de la dosis.
       Y Chapinero es un hervidero de celdas sin música.

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Gabriel es un viejo canoso. Cumple 22 años en el gremio de taxistas. Me cuenta que hace un año se compró un Hyundai y ahora no sabe cómo pagar la siguiente cuota.
        —Esto del virus me ha jodido. Nomás un sábado me hago 150 mil pesos, por mal que me vaya. Y hoy llevo apenas dos carreras mínimas. —Dos mínimas significan 10.000 pesos—. Apenas Putin se enteró de esta joda, cerró la Rusia, pero fíjese lo que se demoró este pig —dice.
       Lo que produce la información difundida por los medios de comunicación es espanto: lávate las manos frecuentemente, tose con el codo, no te toques la cara, mantén el distanciamiento.
       Hay cien mil contagiados.
       Ahora somos extraños. Podemos llegar a ser, incluso, más extraños.
       Las filas en los supermercados doblan la esquina.
       Las pymes pequeñas, medianas, entregaron sus locales, congelaron sus servicios y suspendieron contratos. La fibra óptica en las casas colapsa, no es suficiente para el teletrabajo, y todos se desesperan por las megas que no alcanzan y por las que alguien, seguro, grita. Confirmamos que, en tiempos de crisis, navegar internet en algún artefacto es nuestra nueva normalidad plana.

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La Línea Púrpura se desborda. Según Medicina Legal, en lo que va de cuarentena, han sido violentadas más de nueve mil mujeres en el país. Eso demuestra que el riesgo que corre una mujer colombiana permaneciendo en su casa es más alto que allá afuera por el Covid-19.
       ¿Eso somos?

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       Sobre la autopista hay policías de tránsito. Hay rostros de jóvenes hundidos en sus manos porque les remolcaron el auto. Hay palomas que salieron de sus nidos y bajaron a la Plaza de Bolívar a paso lento. Hay un mendigo que ruega por una moneda detrás de una reja; al fondo una pareja se besa, indiferente. Hay EPS sin un alma en la sala de espera. O eso veo. Hay un hombre que acomoda las sandías en la plaza. Hay una mujer que recoge el excremento de su perro salchicha. Hay uno, dos, policías que se frotan las manos con gel antibacterial. Hay domiciliarios que no paran de correr, aunque no los dejan ingresar a los conjuntos residenciales. Hay un equipo de un operador de telecomunicaciones bajo una alcantarilla. Hay varios Mcdonalds con aviso cerrado.
       Hay gente haciendo fila en puntos corresponsales para pagar los recibos de luz, teléfono y gas, como la señora Aurora que me dice que no le cree a la alcaldía eso del plazo de diferir el consumo de los servicios públicos; que cómo se me ocurre creer en tal cosa que decretó esa loca. Aurora hace fila para pagar el recibo del gas porque no quiere que se lo corten “porque luego cómo voy a cocinar”. Hay buses de Transmilenio atestados de pasajeros. Hay pupitres vacíos. Hay canchas de fútbol sin juego. Hay columpios que nadie los mece. Hay señores y señoras con tapabocas. Hay señoras y señores sin tapabocas. Hay silencio.
       Hay incertidumbre, miedo, desespero, preguntas, ocio, más preguntas. Hay, sobre todo, bombillos encendidos en todos los edificios. Hay una mamá que le grita a su hijo que se entre; que hace mucho frío; que cierre la puerta con seguro.

       Un día de semana a mediados de mayo, Marcelino Atama recibió una llamada a su celular entradas las seis de la tarde. Era un paisano enfermo, sentía fiebre y necesitaba de su ayuda. Marcelino se encontraba en su casa, a las afueras de la ciudad de Leticia, extremo sur del trapecio amazónico, y como médico tradicional del pueblo Uitoto salió a socorrerlo. En el camino fue detenido por un policía que le ordenó devolverse; el gobierno local había decretado toque de queda después de las seis. Marcelino explicó que era médico y que debía ir a curar a un miembro de su comunidad. “Si un compañero está enfermo, pase lo que pase yo voy a salir a ayudarlo, no voy a dejarlo morir, tengo que darle los remedios”. Pero el policía no lo dejó continuar y Atama debió volver a su casa, indignado.
        Cuando el virus entró a Colombia, el pasado 6 de marzo, a Marcelino lo empezaron a buscar sus paisanos preocupados por lo que veían en las noticias: una infección viral que estaba matando a mucha gente en el mundo y para la que no había cura. Él, sin afanarse, buscó una solución en la medicina heredada de sus mayores. “Aquí está la cura. La Madre Tierra nos entregó todo”, se dijo.
        Desde entonces, viene atendiendo pacientes con síntomas gripales sospechosos del Covid-19 y lo primero que les recomienda es que se abstengan de acudir al hospital o a los centros de salud, porque para la cosmovisión del pueblo Uitoto los hospitales son centros de muerte, no de vida. Y a los que se presentan con fiebre, Marcelino les receta una taza de aguapanela caliente con el jugo de un limón y dos pastillas de acetaminofen. Si el enfermo no tiene a la mano el acetaminofén, debe machacar una orquídea y echarla en la aguapanela con limón. Después de consumir esta bebida, este médico tradicional indígena asegura que la fiebre baja totalmente y que en tres días no hay rastro de la enfermedad ni quedan síntomas. A partir del cuarto día, la persona dormida debería soñar en la noche como reflejo de buena salud.

       Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, (ONIC), hasta hasta el 16 de de junio se habían registrado 273 casos de indígenas infectados por Covid-19 en once pueblos amazónicos.
        Para la cultura tradicional indígena la pandemia tiene un claro origen: es el resultado de la relación nociva que los blancos tienen con la naturaleza. Además, esta enfermedad ha llegado a sus comunidades porque algunos de sus miembros no han obedecido la ‘ley de origen’, es decir, abandonaron la vida en sus pueblos para ir a mezclarse con los blancos y otra gente distinta en los cascos urbanos. En palabras de Pablo Martínez, médico y antropólogo que ha trabajado durante dos décadas con los indígenas del Amazonas: ‘‘Para ellos, esta enfermedad es un dardo invisible que lanzaron los blancos. Y les está pegando duro porque están incumpliendo las pautas de protección y la ley de origen que es la que les garantiza el estar bien’’. De ahí que la receta de Marcelino contenga pastillas analgésicas: como los blancos trajeron la enfermedad, la solución debe incorporar algo de la medicina de los blancos. 

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1
La vecina le preguntó a Fáber: “¿Qué significan las bandereas rojas?”. Fue una expresión lanzada en el tono más inocente posible. No cargaba ironía ni buscaba una respuesta erudita. Habían transcurrido dos semanas desde que el Gobierno nacional hubiera encerrado a la gente como medida imperiosa para detener la expansión del coronavirus, y la vecina no se había enterado de que un trapo rojo puesto en un lugar visible de las fachadas quería decir “tenemos hambre”. Sorprendido por la pregunta o por lo que deparara la pregunta, Fáber contestó: “¡Cómo así! ¿Dónde las vio?”. La vecina le dijo: “Baje y mire”. Fáber bajó las escaleras que separan su casa del andén, se paró en la mitad de la autovía y miró hacia la parte alta de la calle: toda la cuadra, a izquierda y derecha, tenía trapos rojos pendidos como banderines en las ventanas, en las puertas, en las cornisas de los techos. Fáber exhaló todo el aire, como si el cuadro de carencias que estaba atestiguando le hubiera exprimido los pulmones.

2
Fáber López Amariles es un tipo de 45 años, vocalista y fundador en 1988 de una banda de punk llamada KDH (Kaso De Homicidio). Es ancho, no muy alto, de ojos hundidos y sombreados. Skinhead absoluto. Vive en París, un barrio levantado como frontera entre Medellín y Bello, esquina noroccidental del conurbano. Como ya parece obvio —a estas alturas de la historia contada y vuelta a contar de la guerra en tiempos de Pablo Escobar— KDH fue una reacción barrial y contracultural ante el aciago folclor de sicarios y traquetos en Colombia. En aquel tiempo, el París era un suburbio que apenas estaba siendo construido a fuerza de lidia obrera y campesina. Hoy es fácil ver el contraste: muchas de las primeras casas lucen fachadas de terminaciones pulidas —enchape y barandas forjadas— que se riegan sobre andenes delimitados por autovías de pavimento y asfalto. Pero las erguidas en años recientes apenas se muestran como junturas desiguales de ladrillo roto y cemento burdo, sobre vías de tierra pantanosa. Así como existen la tendera, el taxista, la enfermera, el maestro de obra, que han logrado una vida de mínimas posesiones dignas, existen el desplazado, el desarraigado, la violentada, la abandonada que acaso logran conseguir la plata del arriendo de una habitación.

3
Luego de haber descubierto los trapos rojos en las fachadas, Fáber pidió ayuda. Habló con amigos, conocidos, gente que tuviera alguna capacidad económica y quisiera ayudar. Hizo correr la urgencia por redes sociales. Las donaciones fueron llegando y se fueron convirtiendo en paquetes de alimentos, mercados para la contingencia de una semana o dos. Fáber se impuso la tarea de hallar a las familias que se encontraban en estados de hambre y soledad extrema. Esas serían las primeras en recibir los paquetes. Después iría avanzando con familias ligeramente menos urgidas hasta llegar a todas las necesitadas. Antes, caminó el barrio, las cuadras más despedazadas por la pobreza y fue tropezándose con relatos de vidas opacadas que lo hacían llorar: la hija de la vecina que de 13 años ya estaba en embarazo, el viudo encanecido con su cambuche de latas debajo del puente, el técnico electricista desempleado y sin plata para pagar el arriendo, la joven mamá diabética que por la enfermedad y poca comida no le salía leche para amamantar a su bebé, la… (ponga aquí la tragedia que quiera). Una vez configuró el mapa de hambre en la cabeza, Fáber recibió apoyo de dos vecinas, Alejandra Soto (27) y Dayana Madrid (20), para cargar y repartir.

4
En París todo es resistencia. Los fundadores y los hijos de los fundadores que hoy están vivos han visto y padecido y protagonizado la violencia más cruda. Tras la muerte de Pablo Escobar y la caída del Cartel, esta frontera entre Medellín y Bello fue un botín en disputa. Primero, una organización de sicarios conocida como la Banda de Frank sometió a la comunidad —tiendas y buses de transporte público— a pagar extorsiones diarias o semanales o mensuales. Nadie se salvaba. Todo el que tuviera un pequeño negocio, una fuente de ingreso, estaba obligado a tributarle a la banda o a irse o a morirse. Después, aparecieron los hombres de las Milicias Populares, que eran unas avanzadas de supuesto origen guerrillero, con el afán de sacar a la Banda de Frank y quedarse con el control territorial de esta frontera. Los combates con armas de asalto en las calles de París se volvieron comunes. Un día, Fáber quedó en medio del fuego cruzado. Iba caminando y se encontraba a menos diez metros de alcanzar la puerta de su casa cuando, desde un filo del barrio, los milicianos rafaguearon la calle con tiros de ametralladora. Uno de los proyectiles rebotó en una superficie y atravesó la rodilla derecha de Fáber. Doblado en el piso por el dolor y la sorpresa y el miedo, Fáber sintió que un miliciano se le acercó y le puso el cañón de una pistola en la cabeza. Lo iban a ultimar, pero a lo lejos escuchó que gritaron “Él es el punk, ese no es”.

5
La mamá de Fáber murió no hace mucho. Fue una vecina querida y respetada. Devota del catolicismo. Una novicia que prefirió ser madre antes que monja. A su hijo le infundió el valor de la solidaridad, el sentido de compasión por el oprimido, la virtud de la generosidad a riesgo de despojarse de lo propio. Las amigas que dejó en el barrio ahora ven pasar a Fáber poniendo en práctica lo aprendido. Lo saludan desde las ventanas, le dicen palabras de cariño y gratitud, le sonríen. Algunas lo quieren como si fuera su sobrino. Fáber devuelve ternuras y sonrisas. Y apenas le llegan donaciones, reparte alimentos y provisiones —a las familias que tienen perros les ha donado paquetes de concentrado—. Hasta hoy, 31 de mayo de 2020, ha entregado 236 mercados. Uno de los vecinos más agradecidos con Fáber es un vendedor de dulces en el centro de Medellín, que desde la cuarentena quedó de brazos cruzados. Un día Fáber lo vio decidido a violar la restricción y salir de rebusque. El vendedor le dijo: “A mí me toca escoger: que me mate el virus o que me mate el hambre. Y yo creo que es más duro que me mate el hambre”. Una de las canciones que Fáber compuso hace unos años para KDH se llama “Nuestra humanidad”. No se le pasaba por la cabeza cómo podía ser una pandemia ni lo que una cuarentena hacía sufrir a la gente más pobre. Pero ya tenía claro que el hambre es la condición palpable de la injusticia. Y escribió:

Hambre en Etiopía, hambre en Pakistán,
hambre en las calles de nuestra ciudad.
Las madres y sus niños muriendo de dolor.
Mis ojos no resisten, se destrozan de dolor.
Las madres y sus niños muriendo de desnutrición.

Desde hace más de 20 años, Henry se levanta todos los días a las 5:45 de la mañana. Vive en un barrio popular y debe meterse en un bus durante una hora para llegar a los barrios estrato seis de la ciudad y esperar pacientemente a que le abran las puertas de edificios lujosos. En el apartamento que trabajará hoy, una mujer en levantadora lo saluda sonriente.
       —Hay que cambiar sábanas y lavar baños, en la taza del sanitario hay una mancha desde la última vez. Tiene que comprarse gafas. Ya estamos viejitos y no vemos —le dice en broma la mujer—.  La cafetera está llena. No se le olvide tomar su cafecito antes de empezar.
       Henry entra al baño, se cambia y sale vestido con camiseta blanca, pantaloneta azul oscura y Crocs grises. Va a la cocina, toma el café y enciende la radio. Suenan baladas añejas. La mujer comienza a alistarse para salir a hacer las vueltas del día de una viuda pensionada. Él se apura, empieza a limpiar y a organizar. Ambos tienen una coreografía llena de gentileza, silencios, por favores y un sí señora con mucho gusto. A lo largo del día, Henry cambiará las sábanas, lavará los baños, quitará el polvo de las mesas y las estanterías, barrerá, trapeará, almorzará, planchará y terminará su jornada a las seis de la tarde. Se meterá a un bus con sobrecupo otra hora y media, y llegará a su casa a descansar.
       La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que existen al menos 67 millones de personas trabajadoras del servicio doméstico en el mundo. El 20 por ciento —unos 30 millones— son hombres, como Henry. En Colombia, según la Escuela Nacional Sindical (ENS), son apenas el 4 por ciento. Para la OIT, este oficio se sitúa en el extremo inferior de los trabajadores dedicados a la economía del cuidado porque las jornadas de trabajo son muy largas y los salarios muy bajos.

***

Hace 40 años una partera recibió al último de los seis hijos de Flor de María, a las ocho de la noche en una finca productora de café del municipio de Balboa —pueblo situado a una hora larga al occidente de Pereira—. Fue bautizado como Henry Nelson y en el espacio de los apellidos su mamá solo puso el suyo: Villa.
        A sus escasos ocho años el chiquitito se levantaba antes de las cinco de la mañana para ayudarle a su mamá a moler maíz y entrar la leña. Le seguía media hora de camino a pie por una carretera destapada hasta la escuelita más cercana. A veces no iba; otras veces perdía la ida porque la escuelita era muy retirada incluso para los profesores. Al regresar, limpiaba las marraneras y le llevaba el refrigerio a los trabajadores que su mamá alimentaba. En medio del poco contacto que tenía con personas distintas a su familia, Henry sentía algo diferente dentro suyo pero la mayoría del tiempo se la pasaba jugando entre las montañas, los cafetales, los árboles frutales y las matas de plátano que le servían de deslizadero, así que no le prestaba mucha atención a ello.
        Fue un día, a sus 8 años, justo después de terminar su sesión como explorador de cafetales —un juego que se inventó en donde se perdía con un costal lleno de frutas entre los sembrados para estudiar granos de café—, cuando Henry escuchó por primera vez que se tendría que ir de la finca: el dueño de la tierra le había dicho a su madre que la guerrilla de las Farc lo estaba extorsionando a él y a otros finqueros de la vereda.
       —Hasta que el patrón abandonó la tierra y a nosotros nos tocó salir para La Virginia con lo poquito que teníamos. Mi mamá sabía trabajar en finca y no en ciudad, fueron días duros —dice, mientras hace el mismo oficio que le permitió a su madre sobrevivir después de que se acabaron los ahorros: asear casas de familia.
        Fue ahí, en ese pequeño municipio al occidente de Pereira, con pocas montañas y mucha gente alrededor, donde Henry confirmó su homosexualidad.
       —Había un niño como de dos años mayor que yo, con el que jugaba a construir chocitas de guaduas y esterilla, detrás de una mata de estropajo.

Las paredes de las chozas las llenaban de pétalos amarillos, violetas, palos de madera y pedazos de estropajo. Desde afuera no se podía ver lo que pasaba adentro.
        —Ahí nos dimos el primer beso —me dice—. Es lo que ha definido muchísimo eso. —“Eso” es su homosexualidad—. Me acuerdo de la atracción que tuvimos en ese instante. La inocencia. Todavía no sabíamos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero yo me sentía agradado por él, me levantaba para verlo llegar del colegio, porque él sí estudiaba, y nos íbamos a jugar. Ese niño era la imagen paterna que nunca tuve, mi protección.
        Después de que a su mamá se le terminaron los ahorros y el trabajo en La Virginia, se mudaron a Pereira a la casa de una tía. Henry creció, se hizo adolescente y obtuvo sus primeros empleos formales. A partir de entonces, empezó a padecer las consecuencias más livianas de la discriminación.
         Alguna vez, mientras se desempeñaba como vendedor de zapatos, su jefe lo puso a cargar un bulto enorme. Henry perdió el equilibrio, cayó al suelo y se pegó en una ceja con el filo de un andén. La cortada le abrió la ceja en dos. Una de sus compañeras de ventas, indignada, le reveló que ella se había dado cuenta de que el jefe lo había puesto a cargar ese bulto dizque para que “aprendiera a ser hombre”. A la semana siguiente, Henry renunció. No quiso darle explicaciones a su jefe cuando le preguntó el por qué. Pero él ataba cabos, escuchaba a la gente hablar, zurcía ideas y letricas: ho-mo-fo-bia.

***

Un día, su hermana mayor llamada Olga Lucía, que trabajaba en el servicio doméstico en casas de familia, amaneció con un dolor insoportable en la espalda. Ya había faltado mucho a su trabajo por asistir a citas médicas y, como no quería seguir incumpliendo, le pidió a Henry que la reemplazara. Henry aceptó y le fue tan bien en este trabajo que pronto fue recomendado en otras casas de familia. Tenía 23 años. Y fue desempeñando este oficio que debió soportar las consecuencias más pesadas de la discriminación.
        —Yo le trabajaba a una señora que tenía un almacén en la casa, le hacía aseo y le ayudaba a atender el negocio. La señora se consiguió un novio menor que ella, que estaba como loco. Le decía que me echara, yo no le gustaba. Hasta que un día, en un ataque de rabia, el muchacho cogió un cuchillo y me lo enterró en el brazo. Me lo cruzó de lado a lado. Afortunadamente, pasó por entre los músculos. Aunque me los lastimó, no me cogió ningún nervio. Pero para recuperarme de eso fue muy difícil.
       Henry cuenta la historia con la mano sobre la encimera de la cocina, con la espalda derechita y sin rabia. Se la pasa así: bien erguido y atento a lo que se le diga, como si en cualquier momento fuera a ser llamado a prestar servicio militar.
       —¿Qué sentiste?
       —No, no me dolió, yo solo vi el chorrero de sangre y me asusté mucho.
       —¿Te enojaste?
       —También.
       —¿Seguiste yendo a trabajar?
       —Sí. Después de que él se fue, pude volver a trabajar con más paz.
       En casas en las que trabajó después fue víctima de otras formas de discriminación. En una no lo dejaban sentarse en ninguna de las sillas de la casa y le obligaban a que se sirviera en platos de plástico y comiera con cubiertos de plástico, nunca en la vajilla. Además, le pedían que se hiciera en la zona de ropas. En otra casa le prohibieron usar los baños, entonces él debía pedir prestado el de la portería del edificio para cambiarse de ropa y hacer sus necesidades. Sin darle importancia a esto, siguió yendo a cumplir con su trabajo a pesar de que la señora de la casa le hizo recoger la basura con las manos y luego le pidió que se las limpiara con alcohol para que le ayudara a cambiar el colchón de lado. Y así, como si ninguno de estos actos discriminatorios fuera suficiente para apagar su voluntad de trabajo, Henry sigue yendo hasta hoy, a sus 40 años, a donde le den una oportunidad.

***

       —Cuando empecé a salir a las discotecas gais un muchacho me invitó a bailar, me preguntó en qué trabajaba y le dije que haciendo aseo. Hizo “¡Aah!” y se retiró. Pensé que físicamente no le había atraído.
       Henry agarra el palo de la escoba para descansar el brazo y continúa:
       —Luego, otro me sacó a bailar y me preguntó: “Cuéntame, ¿a qué te dedicas?”. Le respondí lo mismo y otra vez se rompió el tema. Con el tercero decidí ser más abierto, me preguntó lo mismo y le dije clarito “trabajo haciendo aseo en casas de familia y no tengo sueldo fijo”. “¿Eso es un trabajo?”, me dijo. “Lógico, es un trabajo común y corriente”, respondí. Luego me preguntó que por qué no me valoraba y buscaba trabajo en otra cosita, y se fue.
       —¿Qué sentiste?
       —Eso sí me dolió.
       Henry mira al suelo y aprieta la escoba. Luego me regala una sonrisa melancólica y dice que para evitar volver a sentir ese dolor cambió la explicación. Al que se lo preguntaba le decía que trabajaba en un almacén de zapatos, “porque como yo ya había trabajado en eso, no me dejaba corchar”.
       De a poco lo fue entendiendo.
       —¿Por qué cuando yo decía que limpiaba casas me decían cosas odiosas, pero cuando decía que era vendedor de zapatos ahí sí todos me querían y hasta me pedían descuentos? —me pregunta y él mismo se responde—: Estaba siendo discriminado por mi propia comunidad.
       Según Carolina Herrera, psicóloga clínica de Liberarte, un consultorio psicológico especializado en personas sexualmente diversas, discriminar “es el acto, intencionado o no, que pretende rechazar, humillar, agredir o marginar a otro ser humano por muchos motivos, entre ellos de género y orientación sexual”.
       Prohibirle a un empleado del servicio doméstico que se siente en las sillas de uso común, que coma en los platos en los que todos comen o que utilice los baños del lugar en donde trabaja es discriminación. Pero hay otro tipo de marginación de la que poco se habla, la endodiscriminación, que Herrera describe como “la discriminación que se presenta al interior de un mismo grupo poblacional o comunidad”. Un ejemplo es lo que le ocurrió a Henry en la discoteca donde él creyó que encontraría aceptación, pero encontró rechazo.
       Las consecuencias de este tipo de discriminación pueden ser devastadoras: “Se automarginan, sienten que ni siquiera con otros seres sexualmente diversos pueden tener un espacio seguro, y esto trae problemas como la incapacidad de construir redes de apoyo adecuadas. Si a eso le sumamos que la persona ya ha sido discriminada o rechazada por su familia de origen, el resultado es un proceso de mucha soledad que en algunos casos puede terminar en episodios depresivos y de ansiedad”, explica Herrera.
       En algunos casos, la soledad, la depresión y la ansiedad terminan en suicidio. El Instituto Colombiano de Medicina Legal documentó nueve casos —3 mujeres y 6 hombres, entre ellos un menor de edad— de personas sexualmente diversas que se quitaron la vida durante el 2019 en el país. Pero ignoramos más de lo que sabemos. “Hay estudios sobre el suicidio que, mediante encuestas, han podido revelar que una de las limitaciones para definir este dato —haciendo referencia a la orientación sexual del suicida— es su elusión por causa de la estigmatización de la homosexualidad”, escribió Anderson Rocha, doctor en Salud Pública.
       Para llenar estos vacíos de información, The Williams Institute at UCLA School of Law y Ser Feliz Is Free International Foundation llevaron a cabo una encuesta titulada “Angustia psicológica y personas LGBTI”, que ha sido la más amplia hasta este momento en Colombia. Los resultados: una de cada cuatro personas aseguró haber querido quitarse la vida, el 72 por ciento de los encuestados reportó haber vivido angustia psicológica moderada, tres de cada cuatro personas fueron objeto de matoneo al menos una vez antes de cumplir 18 años y el 25 por ciento fueron despedidos de sus trabajos, o se les negó alguno debido a su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, sobre endodiscrminación apenas si se habla o se investiga.

***

Muy cerca del apartamento que asea Henry, trabaja un exitoso empresario y contador reconocido en Pereira llamado Jairo. Los grupos sociales en los que se mueve saben de su homosexualidad y que lleva más de 20 años con su pareja. Su madre también conoce su orientación sexual, pero con su padre jamás ha hablado del tema. Es un acuerdo tácito entre ambos, su papá siempre les advirtió a sus hijos que detestaba a las “putas” y a los “maricas”.
       Vestido con camiseta de algodón azul y luciendo una modesta cadena de oro en el cuello, Jairo trata de explicarme la situación:
       —Entre nosotros también hay estratos sociales, no estamos exentos. Hay una élite gay que se ha procurado superación. Es verdad, te discriminan por lo que haces. Y escúchame esto —me dice con los dedos entrelazados sobre el respaldo de una silla frente a él—: dentro de los gais, si te van a tratar mal te llaman “peluquera”. Es la forma de ofender agrestemente al otro. Jamás me he enamorado de una persona así, tan femenina, porque, voy a ser explícito, son muy maricas y eso se sale del contorno de lo que los gais queremos respetar para que no nos estigmaticen.
       Le pregunto si es una coraza, una forma de protección.
       —No sé, solo queremos demostrarle a la gente que como somos exitosos, tenemos capacidad económica y nos gusta lo mejor, no nos pueden discriminar por el tema de ser gais. Me ha funcionado, vivo en el estrato socioeconómico que quiero y quepo en todos los círculos sociales. Jamás me he sentido discriminado.
       Luego habla sobre uno de los logros políticos más grande que ha tenido la población LGBTI en Colombia, y probablemente en Latinoamérica.
       —Claudia López es una mujer digna de admirar, pero que no tiene respeto por la sociedad. Ella quiere transgredir, imponer, como quien dice “venga mi comunidad LGTBI que ustedes van conmigo y nos tienen que respetar como sea”.
       Y habla sobre el triunfo.
       —Para que no te discriminen, el éxito es ser respetuoso, que no rompás con esos cánones de la sociedad. En mi apartamento se rompen porque es mi casa, mi espacio, donde mis amigos y yo nos podemos desinhibir.
       Y luego veo a Jairo, un hombre masculino, de voz gruesa y formas fuertes y atractivas, confesarse.
       —Todos nos esmeramos por ser los mejores, para ganarnos el respeto; puede servir como coraza, pero esa coraza nos ha dado el coraje de ser los mejores, quizá para protegernos de que nos digan “esa loca no sirvió”.
       Según la psicóloga Herrera hay lastres más profundos que cargamos en sociedad. “Las personas sexualmente diversas no son inmunes a las prácticas sociales y creencias que se manejan en una cultura. Ellos, al ser discriminados, intentan pertenecer a un grupo privilegiado dentro de la población LGBTI, a través de la marginación a otro segmento menos privilegiado de la misma población”.
       En mayo de 2019, la Personería de Pereira, a través del Observatorio de Derechos Humanos Carlos Gaviria Díaz, realizó una mesa de trabajo con la población LGBTI de la ciudad en la que se descubrió endodiscriminación en varios sentidos. Hacia los jóvenes seropositivos que eran burlados y aislados dentro de la misma población. Hacia los jóvenes que no habían hecho pública su sexualidad y eran tachados de “enclosetados” y poco valientes. Y, por último, hacia personas que presentaban conductas afeminadas visibles y eran evitados por sus compañeros para no ser relacionados abiertamente por la sociedad como personas sexualmente diversas.
       En la capital risaraldense, los 45 casos de discriminación en contra de la población LGBTI que han sido reportados a la administración municipal en los últimos cuatro años dejan más preguntas que respuestas: ¿cuántos de estos actos discriminatorios han sido ejercidos por miembros de la misma población?, ¿cuántas de las víctimas han preferido callar?

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       —¿Qué clase de comunidad es esa a la que pertenezco si realmente discriminan en rangos y hasta en el rol? ¿Eres pasivo [femenino] o activo [masculino]? Si dos activos se encuentran no pasa nada, son relajados, pueden hablar. Pero, el decir es que si un pasivo se encuentra con otro pasivo se miran por encima del hombro, reparan cómo están vestidos y terminan en problemas porque están conectados a lo femenino. Somos unas locas, un alboroto. El juego es ¿quién tiene mejor cuerpo y ropa? Nos odioseamos porque la discriminación, más que afuera, está adentro, en nosotros —reclama Henry mientras regresa la alfombra a su lugar luego de trapear.
       Uno de los significados que la Real Academia de la Lengua Española (RAE) le da a la palabra comunidad es: “congregación de personas que viven unidas bajo ciertas constituciones y reglas”. Henry no pertenece a ninguna comunidad. En realidad, nadie que tenga una sexualidad o género diverso hace parte de una comunidad —a menos que lo busque activamente—, como sí de una población. Tampoco es verdad que limpiarse las manos con agua, jabón y alcohol disminuya el riesgo de transmisión de infecciones asociadas a la población LGBTI, como lo creyó alguna vez una jefa de Henry. Tampoco debería ser cierto que si una persona sexualmente diversa anula expresiones femeninas tiene más opciones de ser exitosa.
       Todos son convencionalismos, ideas generalizadas que se tienen por verdaderas debido a la comodidad o conveniencia social, y cualquiera puede caer en ellos. La mejor forma de contrarrestarlos es reconociéndolos, plantea la psicología Herrera, porque “todos tenemos prejuicios de distinta índole y el preguntarnos de dónde salieron, si son vigentes o no, y a quiénes puedo lastimar con ellos es un buen primer paso”.
       —¿Qué más haces para que no te duela, para cuidarte? —le pregunto a Henry.
       —Si oigo un chiste discriminatorio entre mi familia o amigos comento que eso no está bien. Y ahora evito lugares donde me hacen sentir mal y trabajo en esta casa, donde la señora me hace café en las mañanas y a la hora del almuerzo me pide que me siente junto a ella para que le haga compañía.

¡Brrrum, brrrum! ¡Traca, traca, traca! La moto traquetea, salta, se embarra y, por momentos, creo que estamos a punto de caernos encima del pantano rojo. Es época de lluvias y la humedad se siente hasta en la punta del pelo. El mototaxista esquiva zanjas y estiércol de cebú, pasa por encima de ramas atravesadas, sube por tramos de placa huella y supera arroyos que le dan nombre a las veredas.
      En contravía pasan otros mototaxis con pasajeros y carga: yuca, ñame, azadones y palas. Cuando sacudo la cabeza saludando, ninguno contesta. Todos rehuyen a mi mirada y a la de cualquiera. Y el mototaxista me explica la razón: pocos foráneos visitan El Bagre por esos días. Cuando lo hacen, los vecinos se dan cuenta de inmediato y desconfían: piensan que son mineros, empresarios de quién sabe qué mercancía o, peor, periodistas que buscan lo que no se les ha perdido.
       Después de media hora de camino, nos toca hacer una parada. Un camión se enterró en el pantano y está obstruyendo el paso. Mientras el conductor lucha con la cabrilla y la palanca de cambios, los vecinos salvan la valiosa carga: una nevera nueva.
       Voy hacia el resguardo zenú de Los Almendros y el camino está trazado por carteles blancos: “Un atentado contra la Misión Médica es un atentado contra usted”, “El Bagre, territorio de paz”, “La Defensoría del Pueblo pide respetar la vida de los civiles en medio de las confrontaciones armadas”. Estos carteles se dejan ver cada diez minutos y en los intermedios encuentro casas de madera tosca, a medio pintar, con techos reforzados con plástico negro. Casi ninguna, habitada.
       Ya nos habían advertido. Anoche Pablo David, el fotógrafo que me acompaña, llamó a un colega suyo de la Agencia Francesa de Noticias (AFP) pidiéndole recomendaciones de seguridad. “¿Está en el pueblo fantasma? —le dijo—. Hace como dos meses se fueron unas 700 u 800 personas de allá. El editor no nos dejó ir, por la inseguridad”.

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El resguardo zenú de Los Almendros se encuentra a una hora del centro de El Bagre, en la región del Bajo Cauca antioqueño. Es una zona que en los últimos años ha padecido un aumento de los homicidios y, en general, el agravamiento de la violencia. Según datos de la Policía Nacional, citados por la Defensoría del Pueblo, en el 2018 hubo 45 asesinatos en El Bagre, mientras que en 2017 hubo 11. Para 2019 la cifra fue de 37.
       El Bagre es un municipio de unos 1.500 kilómetros cuadrados —la misma superficie de Bogotá— pero con apenas 51.862 habitantes. Su economía está basada en la minería de oro. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Minería, entre enero y septiembre de 2019 se extrajeron legalmente casi 58.000 onzas, que junto con las 225.000 producidas en los municipios vecinos de Segovia y Remedios, completaron un tercio de la producción total nacional.
       Después de que la guerrilla de las Farc saliera de la región en 2017, El Bagre se convirtió en área de disputa entre los neoparamilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —“Clan del Golfo”, para el Gobierno— y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Más tarde, a mediados de 2018, también entró a esta guerra una disidencia de las AGC conocida como el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), denominados por el Gobierno como “Los Caparros”- 

       El interés de estos grupos por El Bagre se debe a que su ubicación es clave para el tráfico de cocaína, pues está conectado con el Urabá, con el sur de Bolívar, con la costa norte colombiana, y tiene rutas que conectan con la frontera venezolana.

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Luego de dos horas en la mototaxi, llegamos a la escuela del resguardo: una casa blanca de símbolos patrios desdibujados, excepto un sombrero vueltiao, el máximo ícono de las comunidades zenúes, que está a todo color. La escuela está custodiada por una cerca de alambre, tres gallinas, un matarratón y cuatro vacas. Robinson Benitez, el cacique del resguardo, nos recibe con una sonrisa que achica sus ojos, haciéndolos parecer chinos.
       —Bueeenos días —dice, lentamente, con acento sabanero.
       Nos conduce a su casa y nos invita a una taza de café bajo la sombra de un algarrobo. La taza hierve, pero el café alivia la insolación.
       —¿Ustedes vienen de Bogotá? —pregunta—. Eso es muy lejos, ¿verdad? Aquí vienen funcionarios de un lado y otro a llevarse nuestras inquietudes, a escuchar las necesidades. Pero se van y si uno no está llame y llame, se olvidan de nosotros.
       Un par de minutos después se nos une una mujer, que puede tener unos 60 años. Recarga energía con el tinto. Dice que ha caminado una hora a pleno sol por entre el monte. Y nos pregunta que si venimos de Bogotá.
       —¿Ustedes son los de la reunión?
       Creo que la reunión es la entrevista que había acordado con el cacique Benitez días antes, cuando lo conocí en Medellín y le prometí venir hasta aquí. Él mismo nos ayudó a coordinar el transporte, que se le debía encargar a alguien de su entera confianza por la situación de seguridad en la zona.
        Pero parece que no. Mientras recorremos el resguardo, más me confundo. La gente nos ve —al fotógrafo y a mí— y le repite al cacique lo mismo: ¿Ellos son los que van a hacer la reunión? ¿Ellos son los que vienen de Bogotá? Cuando Robinson lo niega, nos miran decepcionados. Ocurre con Ana, una mujer de ojos grandes, de ascendencia zenú y embera eyabida. También con otro miembro de la gobernanza del resguardo y con un par de ancianos que se protegen del sol en un ranchó de tablones.
        Solo hasta que pasamos el puente de tablas que atraviesa la quebrada Las Negritas, Robinson nos cuenta lo que ocurre.
        —Anoche, y es la tercera vez que pasa, el veterinario del SENA que tiene que hacernos la capacitación del ganado me llamó para decir que no venía. Eso es lo único que nos falta para empezar el proyecto productivo que nos dieron porque nosotros perdimos mucho en el conflicto. Desde el año pasado estamos en las mismas, con la plata en la cuenta, pero no podemos invertirla si no viene. Y ese ganado sirve para que podamos permanecer en el territorio.
       Pero este incumplimiento es solo el más reciente de una centenaria cadena de abusos y explotaciones que se remontan a la conquista española.

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—Los viejos de nosotros se movilizaron como en 1955 para Antioquia. Venimos nacidos de Sotavento, pero nos acabamos de criar por aquí. Estuvimos unos años en Caucasia y luego nos vinimos pa’quí. Entonces mi papá se ubicó en este territorio, que era tierra baldía. Compró un pedazo de monte que él había tumbado —dice José Montalvo, casi 70 años, uno de los mayores del resguardo.
        —¿Por qué se vinieron para acá?
        —Ellos cuentan que mi papá no tenía tierra en donde trabajar. Aquí la tierra producía plátano y eso le gustó. En cambio, allá tenía poquita y no daba para sostenernos a todos, que estábamos pequeños. Así que se quedó aquí y aquí nos dejó. Éramos nueve hermanos.
        —¿Y los nueve se quedaron?
        —Al principio sí, pero después con la vaina de la violencia se fueron unos para el pueblo. Pero nosotros preferimos quedarnos. Si arrancamos pal pueblo vamos a sufrir más. Al menos aquí tenemos un poquitico de acción, pero afuera no —responde con la cabeza gacha.

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Como cuenta Rubén Hernández, cacique del resguardo El Noventa, el pueblo indígena zenú nació en el territorio bañado por los ríos Sinú, San Jorge, Magdalena, Cauca y Nechí, una región hermosa, plana y fértil. Fueron tan importantes en la época precolombina que, doscientos años antes de Cristo, empezaron a construir un sistema de canales y drenaje que les permitía controlar las inundaciones y adecuar la tierra para cultivos y vivienda. Pero por estar situados en una zona plana, fueron fácilmente sometidos y esclavizados por los conquistadores españoles. A diferencia del pueblo embera que sí pudo huir hacia las partes altas de las montañas.
       En 1773 la Corona Española les escrituró un terreno de 83.000 hectáreas entre lo que hoy son los departamentos de Córdoba y Sucre. Allí constituyeron el resguardo San Andrés de Sotavento. A principios del siglo XX, el Estado disolvió algunos resguardos coloniales en toda Colombia entre los que estaba el zenú, con el argumento de que ya no había ‘indios’, porque habían perdido su lengua. Hacia los años cincuenta, en medio de la violencia partidista, “los terratenientes empezaron a arrinconarlos y a quitarles esas tierras. Muchos salieron huyendo y se dispersaron porque los habían expropiado”, dice Hernández.
        No se sabe cuántos llegaron a las zonas apartadas del Bajo Cauca, pero lo cierto es que al dispersarse y no expresarse en lengua propia, empezaron a ser reconocidos con una identidad campesina, no indígena. La comunidad de Los Almendros nació en ese desplazamiento. Hasta este lugar llegaron siete familias que, con el paso del tiempo, se fueron reconociendo a sí mismas como zenúes y se unieron para gestionar su gobernabilidad, recuperar sus costumbres, rituales y adquirir herramientas que les permitieran conservar el territorio. Hacia 2005, estas familias juntaron sus tierras y las donaron a la comunidad para darle vida a su propio resguardo. En 2009 lograron la titulación colectiva por parte del Estado. Hoy suman más de 280 personas.

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Petronia Montalvo es hermana de José. Pero no llegó al resguardo con él, sino años después cuando una tía la sacó de San Andrés de Sotavento. Tiene 76 años, pero pocos surcos en las manos y solo un par de canas se asoman en su cabello negro. Está sentada con su hermana, Antonia, en una esquina observándome con curiosidad mientras converso con los demás. Entonces me le acerco y me dice:
        —Sí, es verdad que uno en el campo está como más bien. Las veces que se metió la violencia esa, nos fuimos toiticos a pie pa’l Bagre, con todos esos pelaos apenas con la mera ropa en el cuerpo. Y allá, todas las veces que hemos ido nos ha tocado aguantar hambre. Por eso siempre volvemos cuando está bueno. Uno por acá se crio, siembra yuca, plátano, cría a sus marranitos y sus pollos para la liga. A veces le he dicho a mi marido: “ay, construye un cambuche en otro lado. Yo no vengo más por acá”. Pero luego me arrepiento porque ¿cómo vamos a dejar la casita?, ¿cómo vamos a dejar que se la coma el comején?
        Cuando ella termina de hablar, José me susurra algo:
        —Hasta ahorita ha estado quieto porque los demás grupos armados no han llegado todavía. Pero hay muchos rumores de que van a entrar.
        Además de hacer parte de un municipio priorizado dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el resguardo Los Almendros fue declarado por la Unidad de Víctimas como sujeto de reparación colectiva. Sin embargo, de las cuarenta medidas de reparación que, según Robinson, fueron concertadas con el Estado solo se ha cumplido una: volver a celebrar el “Festival del bollo”, que había dejado de realizarse, como muchas otras reuniones, por miedo a los enfrentamientos armados, y que es un evento que los conecta con sus raíces y reivindica su identidad indígena.
        Las demás —entre las que se cuentan, por ejemplo, la reactivación económica de las mujeres a través de la artesanía, el reconocimiento y la siembra de sus semillas tradicionales y la construcción de un puente y una placa huella— están en veremos, mientras que las necesidades de la comunidad apremian.
        El mayor deseo de Robinson y de los zenúes de Los Almendros es que la próxima moto que llegue, que atraviese el camino de barro y arroyos, sea la que traiga el veterinario que les va dar capacitación. Han pasado más de seis meses y nada que viene.

A comienzos de abril, hace apenas unos diez días, circuló un video en redes sociales que mostraba lo que estaba sucediendo en la plaza de mercado de la ciudad de Quibdó. Una cantidad incontable de embarcaciones pequeñas —entre las que había canoas, botes y lanchas— se encontraba descargando pescado y plátano en la plaza de mercado a orillas del río Atrato. Mientras unos bajaban estos alimentos, otros se dedicaban a limpiar el pescado, a desescamarlo y a repartir el plátano. La gente subía y bajaba, se saludaba, sonreía, conversaba. El lugar se encontraba atiborrado de campesinos que recién habían llegado de sus comunidades para vender estos productos. Era el primer día de subienda y el bocachico aleteaba abundante entre los canastos de los pescadores.
       No era una escena exótica o irreconocible, salvo por el detalle de que ya regía la orden presidencial de cuarentena en todo el país. Ninguno de los rostros del video —que era un clip casero tomado con celular— estaba protegido con mascarilla o tapaboca, ni nadie se distanciaba de nadie los dos metros recomendados. En esta plaza de mercado, al menos durante ese primer día de la subienda, parecía no existir el temor a contagiarse del virus Covid-19. “Han sido días normales en el mercado”, me confirmó ‘El Murcy’, un joven fotógrafo raizal llamado Jeison Riascos. “Se ve lleno de gente porque aquí se vive de lo que se produce en el día a día. Muy pocos se pueden quedar en su casa sin hacer nada”.
       A unas cuantas cuadras de allí, en una calle peatonal conocida popularmente como la Alameda, sucede algo parecido. Los vendedores estacionales y ambulantes que habitualmente llenan este sector con sus puestos de trabajo no han dejado de hacerlo a pesar del decreto de aislamiento social. “Tenemos que ser flexibles”, me dijo Javier Moreno, el secretario de gobierno municipal. “Sabemos las condiciones de pobreza de estas personas y por más ayudas humanitarias que entreguemos no damos abasto para suplir todas las necesidades de la gente”.

       Quibdó está habitado por unas 130.000 personas y es la capital del departamento del Chocó. Territorio selvático cruzado por ríos largos y caudalosos. La región colombiana más extensa sobre la costa del oceáno Pacífico. En varias oportunidades, las mediciones han permitido concluir que este es el lugar con el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas del país; en otras palabras, el más pobre. También es uno de los más afectados por el conflicto armado y hoy, luego de tres años de firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, sigue siendo escenario de enfrentamientos armados, combates, bombardeos y desplazamientos forzados masivos. Según Moreno, al menos el 30% de la población de Quibdó es víctima del conflicto armado.
       A estas cifras se suman la de desempleo y la de ocupación informal. En una ciudad sin industria y sin fuentes de trabajo numeroso, en la que el mayor empleador es el Estado, la cantidad de gente desempleada ha rondado el 19% desde hace dos décadas. El indicador de 2019 fue 18.9%. Cifras que representan casi el doble del porcentaje consolidado nacional, cuyo registro más reciente fue del 10.5%.
       Y luego, las cuotas de informalidad: de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Gobierno de Quibdó cerca del 65% de la población vive del rebusque diario. Esto quiere decir que unas 70.000 personas pisan la calle todos los días persiguiendo el sustento cotidiano. Los tres sectores más representativos de este rebusque son: uno, la minería informal y la madera que son los campesinos que hasta antes de este encierro llegaban a Quibdó, provenientes de zonas apartadas, a vender oro y madera en las compraventas; dos, los campesinos cultivadores y pescadores, que así como se ha visto en estos días de subienda, arriban a la plaza de mercado a dejar lo que cosechan en la semana; y tres, los conductores de moto que transportan gente por la ciudad y que son conocidos como ‘rapimoteros’.
       Tras la cuarentena, los mineros y madereros no han vuelto a vender nada porque las compraventas permanecen cerradas. Los cultivadores y pescadores han vendido mucho menos que siempre porque la demanda se ha reducido a menos de la mitad. Y los rapimoteros, prácticamente, tienen sus motos quietas.

       Jaminton Robledo es un líder social de los barrios del norte de Quibdó. Esta zona de la ciudad se ha ido levantando desde hace unos 25 años para reubicar a las familias víctimas del conflicto armado que debieron desplazarse de sus comunidades lejanas y venirse para la capital. A juicio de Robledo esta zona puede estar habitada por unos 40.000 chocoanos que antes de haber sido violentados por la guerra se dedicaban a las labores del campo. En promedio, cada casa puede estar habitada por siete personas: papá, mamá, hijos y algún nieto.
       “Los trabajadores más afectados del norte de Quibdó son los rapimoteros y los peluqueros”, me dijo. “En general, población joven”. Hay familias que dependen exclusivamente de lo que produzcan sus hijos peluqueros o rapimoteros. Es difícil encontrar familias con hijos en carreras universitarias o desempeñándose en puestos de trabajo formales en oficinas. El ejemplo usual podría ser que el papá, si no es muy viejo, trata de ganar algo de dinero —unos 10.000 pesos diarios— como vendedor ambulante; la mamá, si no está enferma, se encarga de los trabajos domésticos y recibe ayuda de sus hijas menores; los hijos mayores, si tienen moto, voltean todo el día y parte de la noche transportando gente y pueden ganarse unos 20.000 pesos en total. Pero si no tienen moto, siguen los pasos del papá ofreciendo alimentos o cachivaches en las calles del centro de Quibdó. En conclusión: hasta antes de la cuarentena una de estas familias vivía con unos 30.000 pesos diarios.
      “Y ahora nada”, agregó Jaminton. “Los rapimoteros llegan hasta el puente de Huapango, que es la división del norte con el centro de la ciudad. Ahí miran si les sale una carrera, si no hay policía haciendo controles, si pueden seguir trabajando. Se arriesgan a que las autoridades les quiten la moto y les impongan un comparendo por violar la cuarentena”.
       No hace mucho, Jaminton acompañó la repartición de 200 mercados que la Secretaría de Inclusión Social del municipio distribuyó entre los adultos mayores del norte de Quibdó. “Cada mercado era un pollo, unos pescados y unos plátanos. Comida para el día de una familia”. Alrededor del punto de entrega se aglomeraron personas jóvenes que no iban a recibir esta ayuda. Uno de ellos que es rapimotero le dijo a Jaminton: “Profe, deme un mercadito a mí. Estoy llevado. No tengo nada en mi casa y mi familia depende de mí”. Jaminton no pudo ayudarlo. Los funcionarios de la Secretaría le contestaron al muchacho que más adelante habría ayudas humanitarias para otros sectores de la población.
       “Aquí al norte de Quibdó no ha llegado ninguna otra ayuda humanitaria más que esos 200 mercados”, me dijo Jaminton. “El Gobierno Nacional los ha anunciado, la gente los escucha, pero no se han visto. Tenga en cuenta la cifra: 200 mercados para una zona que tiene 40.000 habitantes”.

       Uno de los barrios más representativos del norte de Quibdó es El Reposo. Tiene tres etapas, la última de las cuales se llama ‘Dos de mayo’ y surgió como solución de vivienda para los desplazados de la masacre de Bojayá —ocurrida el 2 de mayo de 2002—. Uno de los líderes más queridos por los jóvenes es Jonathan Martínez. Hace unos meses que lo conocí me dio una de las definiciones más esclarecedoras y sencillas de lo que significa ser líder social en un suburbio marginal: “Ponerle siempre la cara a los problemas que uno puede ayudar a resolver”.
       En este barrio, Martínez creó una escuela y grupo de baile llamado Black Boys Chocó que hoy agrupa a más de 200 niños. Durante esta cuarentena, este grupo ha querido suavizar el encierro compartiendo videos de baile que pueden ser tutoriales para un aprendiz —veánlos y sigan la cuenta aquí —. “Queremos que los niños se queden en la casa y se cuiden, que no tengan que salir a la calle a rebuscarse el sustento de sus familias. Pero para eso necesitamos que el Gobierno Local ayude, que la Presidencia ayude”.
       Jonathan me dijo que en El Reposo la gente está cumpliendo la cuarentena a medias. Y que es entendible. Solo unas pocas familias pueden quedarse en sus casas y seguir aguantando. Pero la mayoría, no. Él teme que en medio de esta crisis algunos de los jóvenes que se sientan inútiles, olvidados por el Estado y hambrientos se pasen a la delincuencia. “Es lo que aquí puede suceder. Las bandas delincuenciales están ahí, son una opción y los jóvenes no van a dejar morir de hambre a sus familias ni a ellos mismos. Todo el trabajo de paz y tejido social que hemos construido en estos años en El Reposo se puede dañar en esta crisis”. Agregó que con el anuncio de la extensión de la cuarentena las familias del norte de Quibdó quedaron en vilo porque ya están en el último momento de resistencia. “Si el Gobierno no le da de comer a la gente, la gente se va hacer sentir. No solo van a violar la cuarentena, sino que nadie evitará que saqueen los supermercados. El día de la quema se verá el humo”.

El día en que la Organización Mundial de la Salud le recomendó a los países del mundo que la mejor estrategia para empezar a mitigar el contagio del Covid-19 era el aislamiento social —el encierro de los infectados, la cuarentena y el cierre completo de ciudades— los países pobres contestaron que es una medida funcional para países ricos o sin graves carencias de empleo, sin hambre y con el sustento asegurado. Pero en los pobres, donde la comida diaria depende de lo que sea capaz de producir cada persona en el día, el aislamiento social solo agrava el problema porque pone a la gente entre dos opciones: el hambre o el virus.
       “No nos ha llegado nada de las ayudas humanitarias por parte del Gobierno Nacional”, me dijo Javier Moreno, el secretario de gobierno municipal. “En el hospital de Quibdó solo hay 28 camas de cuidados intensivos y el departamento tiene más de 500.000 habitantes. Al personal médico que labora allí se le deben más de seis meses de salarios. No tenemos cómo defendernos de la epidemia. Ayúdemos con esta publicación, que el Gobierno Nacional sepa que estamos a merced del virus”.
       “Aquí la gente sabe que si no trabaja no come”, me dijo El Murcy. “Mientras deban seguir yendo a la plaza de mercado a ver qué consiguen, seguirán yendo. Nadie se va a quedar quieto”.
       “La gente ya está desesperada. Yo calculo que pueden aguantar tres o cuatro días más, pero si no reciben ayuda nadie va a esperar a que termine la cuarentena el 27 de abril. Se la van a jugar: ‘o me mata el virus o me mata el hambre’”, me dijo Jaminton.
       Y Jonathan cerró: “Yo le digo al Presidente: póngase la mano en el corazón y ayude al Chocó”.