Fotografía: Fabiola Ferrero
Uno de cada tres venezolanos —cerca de 9 millones de personas— no puede acceder a una cantidad de alimentos suficiente para calmar el hambre debido a la hiperinflación, según informe de la Onu en 2020.
Fotografía: Fabiola Ferrero
Calma y odio, vía Twitter
Texto: Juliana Cardona
ilustración: Maria José Porras Sepúlveda
Cada vez que alguien se expresa en redes sociales a favor o en contra de las fuerzas políticas que controlan nuestro país, recibe una cascada de reacciones virulentas que solo revelan el veneno que habita en esta sociedad.
Cauca, una apuesta militar ineficaz
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Julio 10 de 2020
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La liga contra el silencio
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Cauca,
una apuesta militar ineficaz
Aunque el pie de fuerza aumentó este año en ese departamento, la violencia produjo 13 masacres y 94 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos. Organizaciones sociales y voceros comunitarios, a pesar del miedo, denuncian una supuesta connivencia entre la fuerza pública y los grupos ilegales.
A principios de este año el presidente Iván Duque anunció desde Popayán nuevos contingentes militares, unos 2.500 efectivos más, para combatir las “amenazas” de seguridad que azotan el Cauca. Ahora el año termina y los cuestionamientos a la fuerza pública continúan. Según las autoridades hay cifras “inéditas” de resultados en las operaciones, pero persiste un gran número de masacres y asesinatos selectivos.
Después de Antioquia, Cauca es el departamento que registra más masacres este año: 13 con 50 víctimas. Es también el lugar con más líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. De las 292 víctimas nacionales, 94 fueron ejecutadas allí, según el registro del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
La situación es tan dramática que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a Colombia proteger a la población frente el aumento de la violencia en zonas rurales. Aunque aludió a la situación general del país, remarcó la situación del pueblo Nasa en el Norte del Cauca, “uno de los grupos indígenas más afectados” en 2020.
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Pero no son los únicos. En todo el departamento hay víctimas. En la vereda La Consolata del municipio de Piamonte, muy cerca de Putumayo, ocurrió la primera masacre de este año. Hamilton Gasca, junto a sus hijos Kevin, de 14 años, y Rober, de 11, fueron asesinados en su casa. Su esposa María José Arroyo y su hijo Eliécer, de 7 años, sobrevivieron en un caso lleno de contradicciones.
Una fuente que pidió ocultar su nombre contó a La Liga una versión que no apareció ni en los medios ni ha sido considerada por las autoridades.
“Somos del Gaula del Ejército Nacional. Si se mueven, los matamos”, amenazaron los hombres armados al llegar, según la fuente. Varios medios y organizaciones sociales reportaron esta masacre y mencionaron entre los posibles responsables a carteles mexicanos y grupos como ‘La Constru’, ‘Los Cobra’, ‘Los Escorpiones’, ‘La Mafia’, ‘Los Sinaloa’ y el disidente Frente 48 de las Farc. También dijeron que Hamilton era supuestamente alias ‘Chiki’, del también disidente Frente Primero, donde pertenecía a la comisión de ‘Macury’, el cabecilla en la zona.
Aquella tarde, según la fuente, Hamilton Gasca estaba en casa junto a su esposa y su hijo menor, mientras esperaban a los otros dos, quienes venían desde un caserío cercano. Antes del anochecer escucharon un motor en el río Caquetá, al pie de la casa, y alcanzaron a ver un bote con hombres armados que se acercaba. Al llegar se fueron contra los niños que llegaban en ese momento.
En medio de la confusión, Gasca corrió hacia donde estaban los hombres armados y sus hijos mayores. Su esposa y el niño quisieron seguirlo, pero fueron detenidos por los fusiles, y una voz que identificó al grupo como miembros del Gaula. Los hombres pidieron ir hacia una antena de internet que la pareja había instalado al inicio de la cuarentena. La tumbaron, y atrás empezaron los balazos. Hamilton y sus dos hijos mayores habían sido asesinados. Los supuestos militares corrieron al río y se fueron.
La fuente asegura que Hamilton Gasca no tenía vínculos con ningún grupo armado, y que el alias de ‘Chiki’ se lo puso su familia, pues era el menor de 11 hermanos. La Fiscalía General de la Nación consideró esclarecida la masacre el 10 de abril, con la captura de alias ‘Azul’, supuesto autor material, “integrante del Frente 48, La Mafia o Sinaloa”, según indicó a La Liga la Unidad Especial de Investigación en noviembre. La Fiscalía no respondió si investigaba la participación del Ejército.
En la cercana vereda Yapurá, también en Piamonte, el 13 de octubre, la misma fuente presenció otro asesinato. Hombres armados llegaron vestidos de negro, reunieron a la comunidad y dijeron unas palabras que no recuerda. Se llevaron al líder campesino Nelson Ramos, un vecino, mientras sus padres y algunos pobladores trataban de evitarlo. Después lo asesinaron.
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La Asociación Municipal de Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca (Asimtracampic) denunció el hecho en un comunicado, y añadió que durante el asesinato de Ramos un helicóptero sobrevoló la zona “sin ninguna acción disuasiva de los integrantes del grupo armado ilegal”. Esto lo confirmó la fuente, quien recuerda haber visto otras aeronaves. “Cuando asesinaron a Nelson, pensamos que estaban aliados con el Ejército”, dice.
Las masacres ocurren en zonas donde los grupos armados ilegales se multiplicaron desde el acuerdo de la paz. En el norte dominan las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, disidentes de la Farc; en el sur, la estructura Carlos Patiño; al suroriente (frontera con Putumayo) otra disidencia, el Frente 48, y otros grupos. A ellos se suman el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia o Clan del Golfo, y narcotraficantes internacionales que buscan sacar la droga por corredores estratégicos hacia el Pacífico. La fuerza pública es otro actor armado al que la población teme y desafía.
Integrantes de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos, y otras fuentes en la región dicen que allí las estructuras armadas que se presentan como ‘La Constru’, ‘Sinaloa’, ‘Los Bonitos’ y el disidente ‘Frente 48’, se aliaron bajo el nombre de ‘Comandos de la Frontera’ para disputarle el territorio y las rutas de narcotráfico al Frente Primero ‘Carolina Ramírez’.
Maidany Salcedo, lideresa de Asimtracampic, asegura que muchos saben quiénes son los violentos. Suelen verlos armados, pero no denuncian por miedo. En Piamonte, según ella, hay negligencia oficial. “Pregúnteselo al Ejército, a la Policía. Ellos hacen consejos de seguridad, y por donde sea fácil salirse, por ahí se salen”, dice.
La Liga consultó a la secretaria de Gobierno de Piamonte, Carolina Muñoz. Tras cinco minutos de conversación telefónica, la funcionaria detuvo la entrevista para pedir una presentación formal de esta alianza y un cuestionario enviado a su correo institucional. Las exigencias se cumplieron, pero no hubo respuesta. También se buscó al general Jorge Herrera Díaz, comandante de la Sexta División del Ejército, que tiene incidencia en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas y parte del Cauca, pero tampoco hubo respuesta.
En otra parte del departamento -la que limita con el Pacífico, Valle del Cauca y Nariño-, tiene jurisdicción la Tercera División del Ejército, encargada de la seguridad en esas regiones. Cuenta con cerca de 20.000 uniformados a los que se sumaron tres unidades militares, activadas por Duque en enero: el Comando Específico del Cauca, la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) No. 4 y la Brigada Liviana de Caballería.
Pero el contingente militar no ha desactivado las amenazas. “Cauca sigue teniendo los niveles más altos de violencia contra líderes sociales, a pesar del despliegue de la fuerza pública, que casi se ha duplicado desde el comienzo del año”, alertó la ONU en un informe de junio. Para Camilo González Posso, presidente de Indepaz, los grupos armados son solo la parte visible de una estructura mayor, y en la estrategia militar “hay un desenfoque”. “¿A quiénes están combatiendo? A ‘Guacho’, a ‘Mayimbú’. Bandiditos que son reciclables y no el centro del problema”, dice a La Liga.
Dos fuentes con 20 años en conflicto armado e investigación judicial estiman que el Ejército podría acabar con las estructuras ilegales del Cauca en poco tiempo. Dicen que al activarse los grupos disidentes después del acuerdo de paz, cada uno contaba con 20 o 30 miembros. Su estrategia, explican, es una guerra de posiciones donde un grupo se apropia del territorio y desde ahí desarrolla su acción armada. “Con solo ese hecho (…) es más que suficiente para saber dónde están y actuar”.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha analizado el comportamiento de las facciones reacias al acuerdo de paz. En un informe realizado entre junio de 2016 y marzo de 2018 dice que en el país existían 18 estructuras disidentes, de las cuales cuatro estaban en el Cauca. Para ese momento, añade, los grupos aún no tenían gran capacidad bélica y sumaban entre 700 y 1.500 hombres.
Para la FIP las estrategias desarrolladas por las autoridades “han sido insuficientes” frente a las disidencias. Aunque los operativos permitían capturas e incautaciones, estos grupos crecían y lograban nuevas áreas de control. Esa organización considera que las estrategias militares ‘Plan Orus’, ‘Operación Perseo’, ‘Operación Éxodo’ y la Directiva 037 del Ministerio de Defensa tuvieron alcances limitados, pues se enfocaban en desarticular las estructuras de mando, pero ignoraban otros factores de las organizaciones. “En el caso de la Directiva 037 (…) da prioridad a la neutralización de los cabecillas, medida que en el pasado resultó ineficaz en el desmonte de las Farc y otros grupos”, dice el informe.
¿Pactos de connivencia?
En el Cauca, y en los departamentos aledaños de Nariño y Putumayo, los cultivos de coca se han incrementado en los últimos años. Quienes defienden el Plan de Sustitución de Cultivos de Coca lidian con los incumplimientos del gobierno y las amenazas de los grupos armados. Los cultivos en el Cauca pasaron de casi 6.000 hectáreas en 2010 a 12.595 en 2016, y para 2019 sumaron 17.356 hectáreas, según un informe de monitoreo de territorios realizado por la ONU y el gobierno colombiano.
El documento identifica entre los “enclaves productivos” a Argelia y El Tambo, donde han ocurrido cuatro de las 13 masacres de este año en Cauca. Nariño, segundo departamento con más coca después de Norte Santander, tiene 36.964 hectáreas. Putumayo, tercero en la lista, suma 24.973.
En Argelia distintas voces han denunciado supuestos “pactos” entre las estructuras criminales y la fuerza pública. El representante a la Cámara por el Partido de la U, John Jairo Cárdenas, ha respaldado esta acusación. “Lo que me afirma la gente es que el Ejército no realiza ninguna acción ofensiva contra estos grupos. Cada uno circula por su lado y se respeta mutuamente (…) Entre tanto, se presentan masacres de manera continua”, dijo en un medio local.
“Nadie entiende que en unos territorios tan militarizados estén ocurriendo este tipo de hechos”, dice la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, en un comunicado donde denuncia “un plan macabro” entre “fuerzas oscuras” y la fuerza pública. Guido Albán Rivera, integrante de la organización, explica que hay intereses en la ejecución de proyectos que enfrentan resistencia de la comunidad: la minería, la vía al mar, y la construcción de hidroeléctricas en El Patía y el Cañón del Micay y la llegada de multinacionales. “Hay una estrecha connivencia para sacar a la población donde hay estos intereses”, dice.
Las comunidades además denuncian “una estrecha convivencia del Ejército” con la estructura Carlos Patiño, que actúa en Argelia y zonas aledañas, según recoge el documento ‘Contexto de derechos humanos de los municipios de Argelia Tambo (Cañón del Micay)’, presentado por líderes de la comunidad en noviembre durante la Mesa Territorial de Garantías a miembros del Gobierno nacional, departamental, municipal, Fuerzas Militares. “La fuerza pública se ha ubicado a pocos metros sin realizar ninguna acción de confrontación militar; se dice que en las veredas de Agua Clara y la Hacienda mercan en la misma tienda y en horarios similares”, añade el documento.
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El brigadier general Marco Vinicio Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, en una respuesta a La Liga dice que la estructura Carlos Patiño es de las más golpeadas por sus tropas este año. Dieron de baja a 40 de sus integrantes. “No veo dónde hay pactos de no agresión. En este momento los resultados se triplican, quintuplican”, en comparación al año anterior, dice.
Mayorga se refiere a las “inéditas” cifras de resultados en 2020: 87 combates contra grupos ilegales, en los cuales se incautaron 501 armas y 40.782 municiones; también 18,8 toneladas de coca, 89 toneladas de marihuana creepy, destrucción de 292 laboratorios, cristalizaderos y cocinas, e incautación de 265 toneladas de insumos para el narcotráfico. Mayorga dice que en el Cauca hay aproximadamente 1.400 hombres en armas que pertenecen a diferentes estructuras, y que 317 fueron neutralizados este año. “Casi el 26 % de la totalidad en el departamento”, añade.
El general pide a las organizaciones sociales revisar las cifras. “Hay que ser menos furibundos, y como corresponde a profesionales, buscar datos”, dice, e insiste en que la seguridad en el Cauca no se ha deteriorado. “Una cosa es la sensación y otra es la cifra que está documentada”, afirma. Mayorga habla de las cifras de resultados operacionales, no de las de masacres y los asesinatos.
Pero más hechos cuestionan a la fuerza pública. En octubre, en el corregimiento El Plateado, de Argelia, fue asesinado el líder comunitario Pompilio Narváez. Las cámaras muestran a dos hombres armados, de camuflado y con brazaletes de las Farc, entrando a una edificación. Se ve que buscan a alguien. En las imágenes aparece luego Narváez. Uno de los armados le habla y le da una palmada en el hombro izquierdo. Al parecer por orden del sujeto, Narváez, que era invidente, busca las escaleras para salir. Después se conoció su asesinato.
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Habitantes de la zona que pidieron ocultar sus nombres no entienden cómo los asesinos se movieron en camionetas y motos cerca del Ejército, llegaron a la cabecera del corregimiento y mataron a Narváez sin una reacción.
Las masacres del 9 y 21 de noviembre en Argelia también plantean dudas para sus habitantes. En la primera, registrada en el casco urbano, mataron a tres personas. Un líder político de la región dice que resulta extraño que todo pasara a una cuadra del puesto policial. “Algo está pasando”, afirma. Otra fuente añade: “Curioso que dos asesinatos se dieran cerca a la base de la Policía y el Ejército; y otro en un barrio periférico, donde se supone también hay seguridad”.
La segunda masacre ocurrió en el corregimiento de El Mango y dejó cinco víctimas. “Ellos (los militares) estaban en Argelia, a 20 minutos de El Mango”, dice una fuente. En un documento oficial que conoció La Liga, un líder del corregimiento cuestionó la reacción de los uniformados, quienes habrían llegado al día siguiente. También le generó suspicacias la captura de un supuesto integrante del ELN, que habría participado en los hechos. Se trata de Reneider Juzpián, alias ‘Brayan’, capturado solo 24 horas después por el Grupo Especial Itinerante con apoyo del CTI, la Sijín de la Policía y el Ejército. “Cuando capturan a la persona que perpetró la masacre, sabían cuál era su apodo, como si se conocieran de antes. En ningún momento lo esposan y llega un helicóptero a recoger al capturado para sacarlo del lugar”, cita el documento.
El hombre fue procesado por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. No aceptó cargos y está detenido.
Los hechos que se presentaron después de la masacre de El Mango también muestran otro lado de la relación entre las autoridades y las comunidades, de desconfianza y reproches mutuos.
En diligencias posteriores, la Fiscalía allanó tres inmuebles donde fueron incautados elementos “que tendrían relación con el homicidio”, junto a 300 millones de pesos en efectivo y dos armas. También dijo que durante esas tareas algunas personas se acercaron “en masa” y evitaron la captura en flagrancia de quienes tenían en su poder estos objetos.
“Querían hacer un falso positivo”, dice Libardo Muñoz, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Mango, en un video publicado por varios medios. Según él, ante la falta de una orden de allanamiento de la Fiscalía, reunieron a la comunidad para evitar las capturas de personas que no tienen relación con lo sucedido.
“Piden seguridad, se quejan de que están habiendo masacres, capturamos a los autores de la masacre y la misma comunidad nos los quita”, se queja el comandante Mayorga, quien califica estos incidentes como “la nueva arma de la guerra en el Cauca”. El General admite que la relación entre sus tropas y las comunidades “se ha vuelto complicada”.
Otros roces se han registrado: habitantes de una vereda de El Tambo expulsaron a militares; también indígenas destruyeron el arma de un militar en Corinto.
Pero la fuerza pública tiene una larga tradición de abusos en el Cauca. De los 43 casos registrados como “ejecuciones extrajudiciales” en el Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos Noche y Niebla, del CINEP, donde están involucrados escuadrones del ESMAD desde 1999 hasta junio de 2019, 21 se dieron en el Cauca, la mayoría en movilizaciones y protestas. En agosto el periodista indígena Abelardo Liz fue asesinado cuando cubría una manifestación reprimida por la fuerza pública. Las denuncias dicen que las balas eran del Ejército.
¿Un ejército aliado con criminales?
Según las dos fuentes con experiencia en conflicto armado e investigación judicial, existen omisiones, alianzas y narcotráfico detrás de esta violencia estructural. Los militares, dicen, dejan que los grupos armados ilegales se expandan por el territorio y atemoricen para generar la idea de que son estructuras fuertes.
Existen antecedentes de alianzas similares. Hay registro de colaboraciones con los paramilitares del Bloque Calima, que actuó en Cauca y Valle del Cauca. Sobre este caso, la Fiscalía detalló en 2014 -como cita Verdad Abierta– que “en un 49 % de los hechos (de ese grupo), que se pudieron verificar, hubo participación de la fuerza pública”.
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En mayo pasado, Semana reveló detalles de la ‘Operación Bastión’, del Ejército, que descubrió casos de corrupción, como el de un general y 12 oficiales que protegían y trabajaban con grupos de minería ilegal y narcotraficantes del Clan del Golfo en el Valle, Cauca y Nariño. También han sido noticias las capturas de militares involucrados en negocios de droga que han salido de territorio caucano.“Son sobornados o llevan parte del negocio”, dice una de las fuentes.
A mediados de mayo, en el conversatorio ‘¿Por qué continúa la guerra en el Cauca?’, liderado por la Comisión de la Verdad, se habló de la alianza entre la fuerza pública, el narcotráfico y la minería ilegal. La versión de un oficial del Ejército evidenció los posibles nexos de algunos militares con carteles mexicanos, o con el robo de municiones para grupos paramilitares en el norte del Cauca.
Un testimonio al sur del departamento, citado por la Comisión de la Verdad, sostiene que un policía quiso entrar a Balboa o Argelia para comprar pasta de coca. Otra persona citada por la Comisión dijo que en las zonas donde hay narcotráfico siempre han coexistido grupos armados y el Ejército. “Ellos están ahí, porque de eso viven, de eso han vivido”, aseguró.
En estas comunidades, donde cada vez es más difícil que la prensa llegue porque existen amenazas, la zozobra, la confusión y la incertidumbre siguen latentes. La Liga habló con cinco personas cercanas a víctimas de las masacres en Mercaderes, El Tambo y Buenos Aires, junto a otras personas que prefirieron no involucrarse. A todas las une un miedo que paraliza. La única forma de sobrevivir, esa es su esperanza, consiste en guardar silencio para mantenerse alejadas de la sangre.
Este texto hace parte del especial Masacres: un horror que no cesa de La Liga Contra el Silencio puedes hacer clic en el especial o en los otros dos textos: Una guerra entre ilegales desangra a Norte de Santander y Antioquia y Córdoba, otra vez tierra de sangre
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Una guerra entre ilegales desangra a Norte de Santander
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Julio 10 de 2020
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Una guerra entre ilegales
desangra a Norte de Santander
La pugna que enfrenta al grupo narcoparamilitar Los Rastrojos con la guerrilla del ELN ha dejado una estela de muerte en esta zona fronteriza. El tráfico de drogas y el control territorial son las principales causas de la violencia.
Juan José* trata de darle forma a un pedazo de madera con las cuchillas de una guadaña, mientras recuerda con lágrimas y la voz quebrada cómo se salvó de una masacre en la vereda Totumito, en Tibú, Norte de Santander, el 18 de julio pasado. Seis personas tuvieron menos suerte ese día.
“Sabíamos que nos iban a matar. Un día antes la guerrilla (ELN) pasó diciéndonos que nos fuéramos porque Los Rastrojos se iban a meter. Yo salí ese mismo día, pero a los que se quedaron, como eran venezolanos y no tenían para dónde irse, los mataron a todos”, cuenta Juan José.
Esa madrugada un grupo de hombres armados llegó hasta la finca El Limonar, entre Totumito y Vigilancia (Cúcuta), y mató a los seis hombres que encontró durmiendo. Entre ellos se encontraban los venezolanos Mauricio García, Yunior Manuel Yanes González y Yorbert Enrique Flórez Ortega.
Ese día, en redes sociales, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció este hecho, y otro homicidio que ocurrió muy cerca: el de Ernesto Aguilar, miembro de la Junta de Acción Comunal de Vigilancia, quien apareció muerto y torturado en un matorral. Horas más tarde se conoció un nuevo homicidio en esa zona. Los ocho muertos, según las autoridades, fueron víctimas del mismo grupo. Cuatro de ellos siguen sin identificar.
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Según el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el 11 de diciembre se han registrado 293 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, entre ellos dirigentes de las juntas de acción comunal como Ernesto Aguilar. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en noviembre de 2016, hasta agosto de este año la cifra total era de mil asesinatos; 51 de ellos en Norte de Santander.
“Hasta hace un año aquí se podía trabajar con coca sin problemas. Los que sembramos sabíamos que los patrones eran Los Rastrojos y a ellos se les vendía. Pero desde que apareció la guerrilla (ELN) nos tocó venderle. A Los Rastrojos los sacaron corriendo y no podíamos quedarnos con esa mercancía guardada”, dice Juan José.
En esta zona, donde convergen Cúcuta, Tibú, Puerto Santander y Venezuela, Los Rastrojos (grupo que se originó por pugnas en el Cartel del Norte del Valle) se habían aliado con Los Pelusos, que venían del Catatumbo y buscaban un escape de la guerra que libran con el ELN tras la muerte de Víctor Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, ocurrida en octubre de 2015. Este grupo, último reducto de la guerrilla del EPL, se ha dedicado solo al narcotráfico en Norte de Santander, donde amplió su injerencia desde Ocaña hasta la frontera con Venezuela.
“El ELN le declaró la guerra a esa alianza, y eso fue más gasolina para un conflicto que llegó de un momento a otro. Nos acostamos vendiéndole la pasta base a Los Rastrojos y Los Pelusos, y nos despertamos vendiéndole al ELN”, cuenta Juan José.
Pero esta guerrilla permitió en algunas zonas que los campesinos, sobre todo quienes cultivan en la zona rural de Cúcuta, siguieran vendiendo parte de la producción a Los Rastrojos. Todo cambió tras la publicación de un video donde un comandante ‘rastrojo’, conocido como ‘Mario’, dijo que no estaban vencidos y declaró su victoria en los enfrentamientos que sostenían con el ELN.
“Ese video lo enviaron Los Rastrojos con unos periodistas que retuvieron (del diario La Opinión, de Cúcuta). Después los guerrilleros se ‘arrecharon’ y dijeron que ni un gramo más de coca para Los Rastrojos, y amenazaron a los que se atrevieran a venderles”, dice Juan José desde el lugar donde se esconde tras la masacre.
Tras el hallazgo de los ocho cuerpos, 414 personas —entre ellas 23 ancianos, 132 niños, cinco personas con discapacidades y 47 migrantes venezolanos— salieron desplazadas de las veredas Totumito y Vigilancia, para instalarse en el colegio Rafael García Herreros del corregimiento Banco de Arena. Allí estuvieron hasta el 5 de agosto, cuando volvieron acompañados por la institucionalidad y la fuerza pública.
“A todas las familias se les garantizó su alimentación por tres meses. A los niños se les dieron kits escolares y se les brindará acompañamiento para que puedan superar este difícil episodio”, dice Elisa Montoya, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz de la Alcaldía de Cúcuta.
El único cultivo viable
En los últimos diez años, la zona rural de Cúcuta pasó de 15 hectáreas de coca sembradas a más de 300, según el último censo entregado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). En el vecino Tibú, el municipio con más coca en todo el país, los cultivos suman 16.096 hectáreas. Muchos campesinos allí están migrando hacia la zona rural de Cúcuta en busca de más tierra para sembrar; y también en procura de una ruta cercana a la frontera que les permita conseguir los químicos y procesar pasta base.
“Nosotros sembrábamos una semilla que llaman la peruana, pero hace un tiempo nos pasamos a otra que le dicen ‘injerto’, que da raspa (cosecha) cada dos meses. Ahora le sacamos cuatro kilos de pasta a una hectárea; y por allá el que menos tiene, alcanza las cinco. Eso es mucha plata”, explica Juan José. Gracias a la coca, dice, sus hijos son profesionales y no tienen que ‘joderse’ en el campo como él.
La coca ‘injerto’ ha disparado los ingresos de los campesinos en esta zona de Cúcuta, y ha desestimulado la siembra de otros productos o incluso la ganadería. Según las cuentas de Juan José, un campesino puede producir 10 millones de pesos cada dos meses por una hectárea cultivada.
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“Póngase a pensar qué otra cosa puede uno hacer por aquí que le sea medianamente rentable. No hay nada. Algunos intentaron con el limón, les llegó una plaga y lo perdieron todo. La ganadería está mermada por el contrabando. ¿Qué nos queda?”, se pregunta Juan José, y reconoce que ve pocas probabilidades de volver a la zona donde tiene sus cultivos.
Detrás de este negocio están el ELN, Los Pelusos y Los Rastrojos. Y es el combustible millonario que ha incrementado las masacres este año en la zona rural de Cúcuta.
Las autoridades estaban advertidas
El pasado 13 de marzo, cuatro días después de que hallaron ocho cuerpos en el corregimiento de Palmarito, en Cúcuta, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana N°011-2020 debido al riesgo que enfrentaban miles de habitantes en la zona rural. En julio, tres nuevas masacres y otros asesinatos sacudieron la zona.
Hasta el 13 de diciembre, en Norte de Santander se han registrado seis masacres que han dejado 28 víctimas, de acuerdo con el registro que lleva Indepaz.
Los hechos que motivaron la alerta de la Defensoría se conocieron el 8 de marzo, cuando habitantes de Palmarito descubrieron ocho cuerpos en la vereda Santa María, junto a un cultivo de palma. Allí, en una carretera polvorienta y bajo el sol, las autoridades encontraron los cadáveres de Víctor Batista Páez, de 16 años; Víctor Masson González; Pedro Nel Paternina; Jerry Guillén Hernández; Saúl Barbosa Molina y Gustavo Adolfo Mosquera. Los otros dos cuerpos no fueron identificados, pero se presume que pueden ser de dos jóvenes desaparecidos que, junto a Jerry Guillén, salieron desde Saloa, Cesar, para trabajar en la frontera con Venezuela.
La Policía Metropolitana de Cúcuta dijo que las ocho víctimas hacían parte de Los Rastrojos y habían caído en un combate con el ELN ese día. Otros cinco fueron asesinados del lado venezolano. Pero este sería solo el preámbulo de tres masacres que aún mantienen a la zona rural de Cúcuta en zozobra y son el resultado de la guerra que libran hace un año el ELN y Los Rastrojos. Estos últimos llegaron a Cúcuta en 2007 de la mano de Wilber Varela, alias ‘Jabón’, un narcotraficante del Cartel del Norte del Valle que buscó refugio en Venezuela tras iniciar una guerra con los hombres de Diego León Montoya, ‘Don Diego’, conocidos como Los Machos.
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Los elenos, respaldados por la Guardia Nacional venezolana, que en el pasado trabajó con Los Rastrojos, han ganado terreno en la frontera gracias a que se han unido en dos bloques para asfixiar a quienes controlan el municipio de Puerto Santander desde 2007. Un grupo, al mando de alias ‘Julián’ o ‘el Rolo’, avanza por la línea fronteriza desde los municipios de Herrán y Ragonvalia; mientras el otro lo hace desde Tibú. En el medio, y con los suministros cortados a ambos lados de la frontera, han quedado Los Rastrojos al mando de José Gregorio López Carvajal, alias ‘Becerro’, un criminal que ha sobrevivido a varios operativos y a una guerra interna que lo llevó a refugiarse en Venezuela.
Julio, el mes más cruel
Durante el confinamiento por la covid-19, Cúcuta luchaba contra una violencia que solo en julio dejó 14 víctimas en masacres. La primera se registró en el corregimiento Banco de Arena, bajo el puente que atraviesa el río Zulia, donde aparecieron los cuerpos desmembrados de Joimar Lindarte Rodríguez y Jorge Sánchez Pacheco. Ambos habían salido el 5 de julio desde Cúcuta con Juan Andrés, hermano de Jorge, y una amiga, Yadira Herrera Aguilar, rumbo a Tibú; donde se reencontrarían con su papá luego de tres años.
En dos motos quisieron llegar por la antigua vía que atraviesa los corregimientos de Banco de Arena y Palmarito. Así evitaron el corregimiento de Astilleros, donde temían que las autoridades les detendrían debido al confinamiento. En algún punto fueron abordados por hombres armados. Los asesinaron, los desmembraron y los arrojaron al río. Solo se han encontrado los restos de dos de ellos.
Una fuente de Inteligencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta dijo que la masacre había sido perpetrada por Los Rastrojos, adueñados de esta zona para evitar el acecho del ELN, que los despojó de su dominio sobre el cercano municipio de Puerto Santander.
La segunda masacre de julio fue en Totumito, de la que se salvó Juan José, y que parece haberse resuelto al menos en parte, con la captura del autor material: Andrés Felipe Berrío, alias ‘Brayan’, tercer cabecilla de Los Rastrojos. Señalado por la Policía y la Fiscalía, Berrío fue capturado a mediados de agosto en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, junto a su hermano Carlos Olvany Berrío, alias ‘Piraña’, cabecilla en este municipio, y otros tres hombres que lo escoltaban: Jonathan Fierro Vera, ‘Tatuaje’; Johandry Orozco Wilches, y Jonathan Wilches Vera, ‘Curruca’.
Una fuente judicial que pidió no ser identificada dijo a La Opinión que la captura de ‘Brayan’ había sido un golpe a Los Rastrojos, pues con ella perdieron “a su cabecilla militar y quien sería el encargado de todos los asesinatos en Puerto Santander y el área rural de Cúcuta”. La Fiscalía agregó que todos tenían órdenes de captura por concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En el allanamiento encontraron dos fusiles, dos proveedores, 50 balas y cuatro celulares.
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La captura de ‘Brayan’ puede significar para las autoridades el cierre de este caso, pero las familias de las víctimas solo tienen preguntas sin resolver.
El mes de julio cerró con otro episodio violento. Cuatro cuerpos fueron encontrados en una trocha de El Paraíso, corregimiento de Agua Clara, zona rural de Cúcuta. Las primeras investigaciones indicaron que entre ellos estaba el supuesto jefe de una oficina de sicarios de la región.
Vendrán más
Aunque el narcotráfico es la principal razón detrás de las masacres, no es la única. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, dijo a France 24 que los motivos varían según el contexto. Unas fueron por ajustes de cuentas entre grupos que se disputan el territorio y la droga, como en Norte de Santander. En otros casos, explicó, ha sido por asesinar a migrantes venezolanos. “Y en otras ocasiones se ha tratado de obligar a los habitantes de ciertos lugares a que cumplan los toques de queda impuestos por los grupos ilegales durante la pandemia”, reseña el medio sobre lo dicho por González.
Pero existe una razón que se repite: la fallida implementación del Acuerdo de Paz. Según González, el Estado sigue ausente en muchos territorios, y varios grupos ilegales están tratando de llegar a las zonas que antes dominaban las Farc para imponer allí su dominio.
Jorge Mantilla, criminólogo e investigador del Great Cities Institute de Chicago, describe las masacres como una forma de violencia ejemplarizante en un contexto de degradación política. “Son grupos armados que, tras la desmovilización de las Farc, obedecen a estructuras más localizadas, carentes de estrategias a nivel nacional y ancladas a economías locales no solo mediadas por el narcotráfico”, explica.
Esto, según Mantilla, debería alejarnos de narrativas como el vacío de poder, la ausencia de Estado o la anarquía criminal. “Lo que tenemos es la emergencia de guerras regionales con economías ilícitas altamente diversificadas y grupos armados cada vez más desestructurados. En el caso del ELN, prima su carácter federativo en la medida en que, así como combate con grupos opuestos ideológicamente en algunas zonas, en otras hay arreglos transitorios que dependen del contexto operacional y de las rentas ilícitas”, dice.
Por eso es improbable prever que estos crímenes cesen. Kenny Sanguino, docente e investigador de la Universidad Libre de Cúcuta, sostiene que las masacres le dan tal control del territorio a los grupos, que los levantamientos de los cuerpos los hacen empresas funerarias, y no las autoridades encargadas de esos procedimientos. “Estos grupos mantienen en una constante zozobra a la población. Esto les garantiza el silencio que ya tenían asegurado por el estado de indefensión ante la ausencia de respuestas oficiales y el consecuente desplazamiento”, explica Sanguino a La Liga.
Este silencio es ley en las zonas donde la guerra se recrudeció este año. Esto lo sabe Juan José y lo repite como un mantra. “No puedo volver por mis tierras. Apenas me vean, van a creer que hablé con las autoridades. Prefiero perderlo todo, pero salvar mi vida y la de mi familia. Así no sepa ni siquiera cuándo volveré a ver”, dice.
* Nombre cambiado por razones de seguridad.
Este texto hace parte del especial Masacres: un horror que no cesa de La Liga Contra el Silencio puedes hacer clic en el especial o en los otros dos textos: Antioquia y Córdoba, otra vez tierra de sangre y
Cauca, una apuesta militar insuficiente
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Antioquia y Córdoba, otra vez tierra de sangre
Julio 10 de 2020
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La liga contra el silencio
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Antioquia y Córdoba,
otra vez tierra de sangre
El Nudo del Paramillo, frontera natural entre los dos departamentos, es hoy un corredor que ocho grupos se disputan tras la salida de las Farc. Allí empobrecen, desplazan, masacran y desaparecen a la población. Recorrer la geografía de esta región es percibir el horror que viven las comunidades sometidas por la violencia.
Durante la pandemia se instaló una nueva normalidad en las 112 veredas de Ituango, Antioquia. Entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde los grupos armados restringieron la movilidad de los habitantes en la zona rural. La cédula no es válida, pero sí un carné con el que ellos deciden quién entra y quién sale de esos territorios.
Sin ese documento es imposible moverse por El Cedral, El Inglés, El Amparo, La Miranda, San Isidro, El Quindío, El Chuscal y Santa Lucía; veredas bajo el dominio de las disidencias de las Farc. Allí operó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Excombatientes (ETCR). Tampoco es posible moverse a las veredas Florida, Guacharaqueros, El Tinto, Palo Blanco y El Naranjo, porque allí mandan los paramilitares. “Yo pedí permiso para ir a Birrí. Me mandaron a decir que entrara, que ellos me decían cuándo iba a salir. Es decir, cuando a ellos les diera la gana”, cuenta un campesino*.
En el Paramillo, del lado cordobés, la orden es directa: ‘Si se quiere mover, tiene que pedir permiso verbal antes’. “En la zona rural de San José de Uré, nadie quiere ser presidente de una junta comunal, porque los líderes no quieren llamarse líderes. Tienen miedo. Y en el alto San Jorge, en Puerto Libertador, en límites con Antioquia, la gente vive arrinconada y asustada”, dice un representante de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba.
En este departamento, entre julio y noviembre de este año, se han cometido tres masacres, con nueve víctimas en Montelíbano, San José de Uré y Tierralta. Además 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Antioquia, con 20 masacres durante 2020, hasta el 13 de diciembre, registra el mayor número de estos crímenes. Allí 27 líderes y defensores fueron ejecutados.
Dueños de la vida y de la muerte
De noche se escuchan disparos en el casco urbano de Ituango. Policías y delincuentes intercambian balazos. Los valientes que estaban en La Peatonal, la zona rosa del municipio, corrieron a sus casas. Tres heridos leves y uno de gravedad, del que nunca se supo si sobrevivió, fue el saldo de un enfrentamiento el 8 de noviembre, a 200 metros de las sedes de la Policía, el Ejército y la Alcaldía. Todo ocurrió mientras se hacía la reportería para esta historia y demuestra que en esa región el posconflicto es una quimera.
En esto coinciden los líderes sociales de Antioquia y Córdoba, que accedieron a hablar sin incluir sus nombres. Dicen que los conflictos hoy son más enrevesados, pues de fondo están las disputas por la tierra, bien sea para narcotráfico o minería, con su reguero de muertos.
La vida y la muerte en el Paramillo están en manos de distintos grupos: las disidencias de los frentes 36 y 18 de las extintas Farc; las estructuras narcoparamilitares Virgilio Peralta Arenas o Los Caparros; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo; Los Pachelly; Los Mesa; Jalisco Nueva Generación; Sinaloa; y la delincuencia común.
Por su parte el Estado, a través de la Séptima División del Ejército Nacional, la Policía y la Sijín, dice que hace contención; pero los líderes aseguran que “ellos miran para otro lado”. En ese polvorín las Empresas Públicas Municipales (EPM) operan la cuestionada hidroeléctrica Hidroituango, y en Ituango hay siete empresas con títulos mineros y 45 solicitudes para explotar oro, arena, plata, níquel, gravas naturales y silíceas, según el mapa minero de la Gobernación de Antioquia.
Del lado cordobés hay 43 títulos mineros que ha otorgado la Agencia Nacional de Minería (ANM); diez de ellos suspendidos pero aún vigentes, según datos de 2019. Los intereses están en los yacimientos de oro y cobre, y en los jugosos dividendos que puede generar la compraventa de tierras, como contó La Liga en una investigación publicada en abril.
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“En el San Jorge existe un interés de explotar la mina de cobre que hay. Los mandos medios de los gaitanistas están acaparando tierra y la pagan enseguida. Lo único que piden es un papel que diga que el dueño tiene tiempo ahí. De lo demás ellos se encargan”, explica el líder cordobés.
Según la corporación Lazos de Humanidad, la nueva guerra en Ituango y otros municipios del norte de Antioquia, responde a intereses mineros y energéticos. “Se necesita un territorio sin gente para ejecutar esos proyectos. Si cruzamos la cantidad de tierras que están solicitando las mineras con la cantidad que tiene Ituango, menos el 52 % que hay en el Paramillo y el 8 % que tiene Hidroituango, solo queda el casco urbano. Si se siguen aprobando estas solicitudes, no tendremos dónde sembrar”, advierte el líder de Ituango, quien le reclama al alcalde Mauricio Mira haber incumplido su promesa de proteger el territorio ante la ‘avalancha’ minera.
En entrevista con La Liga, Mira admite que no sabe cuántos títulos mineros hay en Ituango. “Tratamos de que la minería ilegal no entre, pero ha ingresado con los grupos armados por la zona boscosa aledaña a Córdoba. Son temas que no controla el Municipio, sino el Gobierno nacional”, dice.
Las organizaciones campesinas pagan su permanencia y la defensa del territorio. “¿Cómo se resuelve este sancocho? Con muertos”, dice el líder de la red campesina de Ituango.
Quienes viven en estas veredas deben someterse al manual de restricciones, según el cual las familias no pueden salir en grupo. En casa debe quedar alguien. Incluso, durante la pandemia, ordenaron que una sola persona por vereda está autorizada para comprar víveres. Grupos delictivos le ordenan al conductor del bus escalera que lleve los mercados. Eso lo convierte en objetivo militar de un bando o de otro.
William Pérez, chofer de la empresa de transporte Coonorte, fue asesinado junto a su ayudante Juan Carlos Barrera, de 17 años, el 6 de junio pasado en la vereda Quebrada del Medio. A pocos metros mataron a Camilo Sucerquia Durango, de 15 años, hijo de una exguerrillera en proceso de reincorporación. El Ejército atribuyó esta masacre al Clan del Golfo. Antes, entre enero y junio, fueron asesinados Carlos Andrés Cardona, Dubiel Espinosa Zapata, Anderson Marín Chanci, César Darío Herrera, Robinson Carvajal, Jeison Taborda Gómez, Fabián Oquendo y otras personas que no han sido identificadas por las asociaciones campesinas. Estos hechos no se han esclarecido.
La Red de Asociaciones Campesinas del Norte y Bajo Cauca considera que las comunidades de El Cedral y las veredas en la frontera occidental del Nudo Paramillo son las más propensas a una nueva masacre. “Las que se han dado aquí ocurren en el momento en que un actor se ve obligado a retirarse porque va perdiendo la guerra. La masacre de Quebrada del Medio se dio tras la salida de los gaitanistas”, explica uno de los líderes de la organización.
Una nueva incursión armada ocurrió el 7 de diciembre. Una campesina de El Cedral informó que en la vereda no hubo ‘noche de velitas’ porque los paras asesinaron a Diego Piedrahita, tendero de la zona. Esta muerte no salió en los medios, pero fue corroborada por la Asociación Campesina de Ituango.
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Esta zona sigue entre los viejos planes del paramilitarismo. Está latente el recuerdo de los tiempos cuando las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, a través del Bloque Mineros, intentaron apoderarse de Ituango y del Nudo del Paramillo y fueron contenidos por el bloque José María Córdoba de las Farc. “El Paramillo es apetecido porque hay intereses económicos y militares. El que gane este territorio, ganará la hegemonía militar en Antioquia y Córdoba. En esta carrera la muerte de campesinos acecha”, advierte un miembro de la red campesina.
Según el Observatorio de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, el perfil de las víctimas corresponde a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, líderes del PNIS (del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), de las juntas de acción comunal, excombatientes y sus familias. Pero también están matando a quienes se involucran en las dinámicas sociales del territorio: conductores de buses, mototaxistas y comerciantes.
La zozobra va en aumento. Cuando la comunidad acude a la fuerza pública, esta no actúa de inmediato. Recientemente un líder comunal avisó a la Policía que el Clan del Golfo lo había citado a una reunión con varios vecinos. “¿Sabe cuándo fue la Policía allá? Al día siguiente de haberse dado el encuentro”, denuncia el comunero.
En medio de todos los males
Gustavo López, conocido en la guerra como ‘Agustín Rivera’, antiguo comandante del frente 18 de las Farc, dice que las muertes que salen a la luz corresponden a personas que desempeñaban unos roles visibles en sus comunidades. “El gobierno trata de justificar estas muertes con la confrontación en los territorios. Esto que está ocurriendo es la continuidad de lo que pasaba cuando estábamos en armas, solo que ahora es más continuo. Sabemos que además de esta disputa, hay otros intereses”.
Después del acuerdo, las comunidades de Ituango quedaron fraccionadas. Con la desmontada del ETCR salieron desplazados a Mutatá 46 firmantes con sus familias. En Ituango se quedaron sin protección 67 exmilitantes. “Nos dejó una comunidad dividida y mamada con el sobrediagnóstico. Las juntas comunales fueron utilizadas para obtener la información y para asuntos técnicos; y los comunales de Ituango hoy tienen un contrato enorme con Hidroituango. ¿Cómo vamos a pretender una postura crítica?”, admite el líder de Lazos de Humanidad.
Esta organización no cree que las masacres ocurran sin la anuencia del Estado. “Aquí hay un batallón del Ejército; es imposible que no vean pasar una camioneta llena de paramilitares. Esto que ocurre en nuestro territorio hace de la institucionalidad un actor más del conflicto”, dice un miembro de la corporación.
Yesid Zapata Fernández, vocero del Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos para el departamento de Antioquia, coincide. “Las masacres tienen que ver con la instauración de un orden social donde los paramilitares se mueven con la permisividad de las autoridades”, advierte.
Estas evidencias han sido analizadas por la Corporación Jurídica Libertad (CJL) en su reciente investigación “¡Paz, ni en el horizonte!”, que refiere las capturas del comandante de la Policía de Caucasia, Yermail Torres, y del patrullero Carlos José Rúa, registradas el año pasado, por vínculos con estructuras criminales; el relevo de todos los miembros de la Policía, y la denuncia en el corregimiento de Guaimaró (Tarazá) de que el Ejército Nacional fue informado de la ubicación de alias ‘Caín’ y alias ‘Flechas’, comandantes paramilitares de Los Caparros, y no los detuvo.
A Zapata Fernández le sorprende que el Gobierno no haya puesto a funcionar la comisión nacional de garantías compuesta por la sociedad civil, el Estado y firmantes de la paz. “Pareciera ser que hay una intención del gobierno Duque por no utilizar una estrategia clara y contundente para desmantelar unas prácticas parainstitucionales. El paramilitarismo es intocable, lo que hacen en este momento es darle golpes a medianos y bajos rangos dentro de la estructura”.
El Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba están bajo jurisdicción de la Séptima División del Ejército. Desde el 4 de enero de 2019 se activó en esta región la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, una unidad táctica de poco más de 2.000 hombres, pero su efectividad es cuestionada por la comunidad, como lo relató Verdad Abierta.
El olvido y la negación
Al norte de Antioquia y a dos horas y veinte minutos de Ituango está el corregimiento La Loma, municipio de Yarumal, junto al cañón del río San Andrés. Allí opera el comando antiparamilitar de las disidencias del Frente 36 de las Farc, que ocupa toda la frontera occidental y busca expulsar a mil hombres del Clan del Golfo, quienes entraron por Ituango en junio de este año en la llamada “Operación mil”. El Clan quiere controlar el Paramillo y el Urabá para transportar la coca hasta el Golfo de Morrosquillo.
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Para llegar a La Loma hay que caminar tres kilómetros desde el cañón y atravesar el río San Andrés en una polea artesanal; recorrer a pie o en moto los ocho kilómetros de vía que construyeron los hombres de la comunidad con dinero recaudado mediante rifas. Al otro lado hay un teleférico construido por la Gobernación de Antioquia, que costó 4.000 millones de pesos y funcionó un año y medio. Se dañó, nunca lo repararon y los habitantes de la vereda dicen que los gobiernos no quieren invertir en un pueblo señalado de auxiliar a las guerrillas.
La guerra enseñó a la gente de La Loma que cuanto menos sepan y hablen, más vivirán. Nadie comenta lo ocurrido en los años rudos del conflicto armado, a menos que surja la pregunta: “¿Por qué hay casas abandonadas, como esa en la esquina frente a la iglesia?”. Quienes vivían ahí fueron desplazados tras las amenazas de los grupos armados. En La Loma todo parece estar bien, a no ser que el cura del pueblo, quien llega cada 15 días, proteste porque el Gobierno no les ha cumplido a estas víctimas de masacres, desplazamientos, extorsiones y desapariciones.
Cuando se habla de La Loma se suele recordar el asesinato de los geólogos de la Continental Gold, a manos de disidentes del Frente 36 de las Farc en septiembre de 2018, en la zona vecina de Ochoalí. Pero casi nadie menciona el asesinato de Jaider Villa Vélez el 16 de junio de este año, a manos del comando antiparamilitar. Aquí todos acatan el letrero que está en la entrada del pueblo: “Bienvenido, pero sin chismes”.
Los que resisten
A siete horas de La Loma está el pueblo El Doce, municipio de Tarazá, una de las líneas calientes del Bajo Cauca. Allí operan Los Caparros y hay que pedirles permiso para movilizarse. A Sandra, una madre soltera, le costó la vida montar su negocio de ropa durante la pandemia sin el aval del grupo. Los criminales se la llevaron y días después circuló por WhatsApp el video de su decapitación.
De líneas imaginarias está lleno el Bajo Cauca, así como de restricciones impuestas por los actores armados. Si alguien desaparece, dicen los pobladores que se lo llevan a un sector conocido como el “Triángulo de las Bermudas”, un trayecto de 45 kilómetros entre el río Cauca y la troncal de occidente, desde Valdivia hasta Caucasia. Jóvenes motociclistas que viajaban desde Medellín o pueblos antioqueños fueron retenidos y desaparecidos. Los afortunados aparecen muertos a balazos, con las manos atadas y flotando en el río Cauca. Otros siguen desaparecidos.
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Desde Valdivia hasta Tarazá las casas a orilla de la troncal de occidente son también territorios de los grupos armados. Todas llevan el sello de las AGC, pintado en los paros armados de este año. Marcas similares hay en casas de los pueblos La Rica y Juan José, en Puerto Libertador; y en la zona rural de Tierralta, en el alto Sinú, departamento de Córdoba.
El paro armado más reciente duró tres días y la fuerza pública no lo contradijo. Un día antes, el 19 de noviembre, 40 asociaciones agromineras de Cáceres protestaron para exigir el cumplimiento del acuerdo de paz. La marcha fue breve porque se acercaba el toque de queda decretado en un panfleto.
El Bajo Cauca, tras la salida de las Farc, es disputado por Los Caparros y la disidencia del Frente 18. Al norte, entre el corregimiento Barro Blanco (Tarazá) y Cáceres, opera una alianza del ELN y las disidencias del 36 y el 18. En Puerto Libertador hay AGC, disidencias de Farc y Los Caparros. “Por estos lados del alto San Jorge había tres bases del Ejército. Las levantaron después de la firma del acuerdo. Hace dos años las AGC llegaron con el discurso de que venían a cuidar a la comunidad. Cuidarnos de quién si ellos son los que están haciendo daño”, dice el líder cordobés.
En Tarazá, un líder de las asociaciones campesinas levanta la voz: “¿Qué hacen los del Ejército aquí si no nos están cuidando? Lo pactado con nosotros en el acuerdo de paz se incumplió. Los grupos aprovecharon estos incumplimientos para llegar y quedarse. Son tantos ahora que no sabemos a quién obedecer”.
Según el IPC, a la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) le han asesinado 23 miembros, de los cuales 14 lideraban procesos comunitarios; les han desplazado a 99 y han recibido amenazas colectivas. “Este año se han presentado ocho desplazamientos masivos en esta subregión antioqueña. Aunque fueron cinco menos que en 2019, generaron gran impacto social porque aumentó el número de desplazados, de 1.410 a 2.160”, señaló Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, durante la rendición del informe ‘Derechos Humanos en tiempos de pandemia’, presentado el pasado 10 de diciembre.
De las 21 masacres registradas en Antioquia este año, según Indepaz, 11 ocurrieron en el Bajo Cauca. Las tres últimas se dieron en la misma semana: el 11 de diciembre, en la vereda Bamba Arriba, del municipio de El Bagre; el 13, en el corregimiento Cuturú, y el 15, en la vereda La Uribe, ambas poblaciones de Caucasia. En el primer ataque fueron asesinadas cuatro personas que no han sido identificadas. En el segundo mataron a Julio César Díaz, Diego Armando Sánchez, Danilo Rojas y Duván Flórez. Otras cinco personas resultaron heridas. Hombres armados y con uniformes de las fuerzas militares llegaron en lanchas por el río Nechí y dispararon contra quienes celebraban en una fiesta de grado. En el tercero ejecutaron a Anuar Mora, Alfredo Velásquez y Diego Castro.
Pero en Antioquia asesinan a gente que no figura en las estadísticas oficiales. “A sus parientes les dicen que si abren la boca los matan. Esas personas sepultan a su pariente y guardan silencio, o se van. Otras ni salen en las noticias, pues en el Paramillo está prohibido hacer periodismo”, sostiene el líder de Asociación Campesina de Tarazá.
Por ello no se conocen noticias como la orden impartida por Los Caparros en Popales, El Guaimaro, Urales, La Ilusión, El Cañón de Iglesias y Caracolí, que prohibió recoger los cadáveres de las confrontaciones, según denunció la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac), cuando el pasado 15 de junio fue asesinado Eder Adán Lopera, cuyo cuerpo estuvo a la intemperie más de 10 días.
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Lo mismo ocurrió en la vereda Santa Rosa, en Juan José, Córdoba. El primero de junio pasado mataron a Arcángel de Jesús Pantoja delante de su esposa e hijos. La familia fue obligada a salir de la parcela y solo cuatro días después recuperaron el cadáver para sepultarlo. “Estas disputas territoriales entre Grupos Armados Organizados Residuales se dan por el control de las rutas y economías subterráneas, que han desencadenado esta serie de hechos criminales”, señala Luis Degiovanny Behaine, secretario de Gobierno de Córdoba.
En el Bajo Cauca diariamente salen desplazadas cuatro familias; a los niños, a partir de los 10 años, les venden drogas; a los jóvenes les ofrecen 1,5 millones de pesos, un celular y una moto a cambio de unirse a los grupos delictivos, y a las mujeres las negocian sexualmente. Quien se opone, muere, y su cuerpo lo tiran al río. “Hace varios meses se nos perdió un compañero, fuimos a reclamarlo a Caucasia y nos dijeron: ‘Ustedes deben estar pendientes porque los cuerpos se los lleva la corriente. Si no lo recuperamos, no ingresa a las estadísticas. Así hay incontables casos”, lamenta otro líder del Bajo Cauca.
*Protegemos la identidad de varios entrevistados en este reportaje por motivos de seguridad.
Este texto hace parte del especial Masacres: un horror que no cesa de La Liga Contra el Silencio puedes hacer clic en el especial o en los otros dos textos: Cauca, una apuesta militar insuficiente y Una guerra entre ilegales desangra a Norte de Santander
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ilustración: Rowena Neme
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El ABC de una vida: Armero, Bronx y Corona
Texto
Stephan Kroener
Ilustración
Ángel Balanta
Julio 10 de 2020
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El ABC de una vida:
Armero, Bronx y Corona
¿Cuántas tragedias conforman una vida? ¿Cuántos mundos construyen el mundo interior de una persona? La historia que sigue es la de Orly, un hombre que puede decir que conoce todos los dolores y todas las ausencias.
Conocí a Orly en la calle. No me acuerdo quién me lo presentó ni cuándo exactamente. No le di mucha importancia al principio. Era uno de esos transeúntes efímeros del centro de Bogotá. Un exhabitante de calle que se te acerca un día, aparece y desaparece. Tenía una piel como de pergamino, lisa, casi brillante y una cara prematuramente envejecida por las tragedias. Con rasgos criollos, casi indígenas. Luego de un tiempo, empecé a interesarme por él, por su nombre europeo —Wilhelm Orly Schneider— por sus cuentos fantásticos y su vida trágica. Poco a poco me sumergí en una historia y en una investigación de la que me gustaría emergiera un libro sobre la memoria de Colombia.
Armero
Es la memoria de la tragedia de un niño huérfano tras el desastre de Armero. Un pueblo en el departamento del Tolima, a unas cuatro horas en carro desde la capital colombiana, que fue próspero hasta el 13 de noviembre de 1985 cuando fuera arrasado por una avalancha apocalíptica. Se estima que murieron unas 23.000 personas. Ha sido el peor desastre natural en la historia de Colombia y fue provocado por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, un sistema montañoso situado a unos 60 kilómetros de Armero, en el centro occidente del mapa colombiano. Según estudios científicos, el lahar o avalancha de lodo producida por la erupción descendió por el cauce del río Lagunilla a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora y alcanzó una altura promedio de 20 metros.
Orly dice que tenía 6 años de edad cuando se salvó de morir en esa avalancha; según su cédula habría tenido 9, pero según su cara trajinada podría tener muchos más. “Había gente corriendo de aquí para allá, otros volviéndose, había gente detrás de nosotros, era el despelote total”, me contó cuando estuvimos a las ruinas de Armero, que hoy son un camposanto. Habíamos ido allá, luego de un año de habernos conocido, para que él se reencontrara con su memoria y recordara su pasado. El “pueblo” —como se refieren los sobrevivientes a su municipio— nunca fue reconstruido después de la catástrofe y muchos de los sobrevivientes se trasladaron a los municipios vecinos. Lo que fue Armero hoy solo existe en la memoria de los sobrevivientes y es un lugar perdido, desaparecido.
Habitantes de la zona y varios expertos en vulcanología concuerdan en que la tragedia natural fue causada por errores humanos y por la negligencia de un Estado incapaz de manejar la situación. Otros le echan la culpa al ministro de minas en aquel año, Iván Duque Escobar, padre del presidente actual Iván Duque Márquez. Solo unos meses antes de la tragedia, la situación de Armero y la posible erupción del volcán fueron discutidas en el Congreso de la República, pero el ministro Duque descartó las advertencias del alcalde y de un congresista de la zona, y tildó aquella intervención como “llena de dramatismo y un poco de Apocalipsis”.
Orly se salvó resguardándose en una de las lomas que había alrededor del pueblo. Según él, un rescatista lo encontró, le dio ropa nueva y lo llevó en autobús a Bogotá. Solo “los que sacaron del lodo fueron llevados en helicóptero”, me explicó con voz de niño, a pesar de que él ya debía tener alrededor de 40 o 50 años.
Los huérfanos de Armero
Ya en Bogotá, Orly no fue registrado como sobreviviente ni buscado por nadie. Sus familiares más cercanos habían muerto y quienes lo habían conocido quizá pensaron que él tampoco se había salvado. En el caos de los primeros días del desastre se perdieron muchos niños que hoy en día son conocidos como los huérfanos de Armero. La Fundación Armando Armero los busca desde hace más de 10 años. Hasta ahora tiene en su base de datos más de 480 menores de edad reportados como desaparecidos y casi 70 huérfanos adoptados que siguen esperando encontrar a sus seres queridos y raíces.
Muchos fueron entregados a supuestos familiares o dados en adopción en procesos precipitados y descontrolados. Sin averiguar si había familiares vivos o parientes cercanos en otro lado, sin investigar a los padres y madres adoptivos y sus intenciones. Muchas veces estos huérfanos fueron llevados a Europa, Estados Unidos o países latinoamericanos. Fue una segunda tragedia para las víctimas de Armero, que así como la tragedia misma de la avalancha, fue causada por un Estado que se vio afectado por el creciente narcotráfico y la amenaza guerrillera. Solo ocho días antes de la tragedia de Armero un comando guerrillero del M-19 atacó el Palacio de Justicia en Bogotá. La recuperación violenta por parte del ejército se quedó como una herida abierta en la memoria nacional. Fue una muestra de un Estado al borde de fallar, un Estado incapaz de proteger sus ciudadanos.
El Bronx
La cédula de ciudadanía que me muestra Orly para comprobar sus apellidos franco-alemanes lleva la firma de Duque Escobar, del ex ministro de minas, quien fue inculpado públicamente aunque nunca investigado penalmente ni menos condenado por su negligencia en Armero y pudo seguir su paso por las instituciones hasta llegar a ser Registrador Nacional en diciembre de 1999.
Con la cédula, Orly comenzó a existir para el Estado colombiano. Antes había compartido un tiempo bajo el mismo techo con su “rescatista”. Este personaje pronto perdió el interés en el niño, así como la gente perdió el interés en Armero. Orly siguió creciendo sin hogar. Quince años vivió reciclando y de pedir favores. En la calle, tocó fondo y conoció el mundo de las drogas en El Cartucho y en El Bronx.
En los años 90, estos dos sectores del centro de Bogotá eran manzanas enteras de indigencia y exclusión invadidas por la droga y controladas por el crimen organizado. El Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) confirmó a finales de los años 90 “que la calle del Cartucho presentaba tasas de homicidios superiores a los 1.000 muertos por 100.000 habitantes”. Por esta razón la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió El Cartucho entre 1997 y 1998 como uno de los lugares más peligrosos en el Planeta que no se encontraba en guerra.
La “resocialización” de Orly empezó cuando el alcalde de aquel entonces, Enrique Peñalosa, ejecutó el plan de desarrollo llamado “La Bogotá que queremos” que consistía, entre otros, en demoler la zona de El Cartucho —esa “vergüenza nacional”— para construir encima de sus ruinas el parque Tercer Milenio. Por eso, hay gente que lo llama el cementerio del barrio El Cartucho, porque fue construido encima de la memoria a muchos muertos.
Orly hizo parte del problema del que Peñalosa se quería liberar. El alcalde, presionado por la opinión pública, apoyó diferentes programas de “resocialización” para disminuir el efecto de su plan de renovación urbana. Con ayuda de un programa del gobierno, Orly salió de El Cartucho y de las drogas.
El parque Tercer Milenio queda a solo unas cuadras del palacio presidencial donde hoy reside Duque hijo. De la ayuda estatal que este Duque promueve —o no— para la población vulnerable depende Orly hoy en tiempos de pandemia.
Corona
La pandemia del Covid-19 es otra tragedia que cambió la vida de Orly, después de la de Armero, que este noviembre cumple su aniversario 35, y la de las drogas, que dejó atrás hace ya 20 años. Pero Orly sigue siendo víctima de una sociedad indiferente y de un país amnésico.
Hace dos años emprendí con Orly una reconstrucción del edificio de su memoria. Un edificio que constituye su identidad. Con la búsqueda en archivos, peticiones a instituciones estatales en Alemania y Colombia, y conversando con testigos de su vida logramos comprobar partes de su historia y desmentir otras. Al final, Orly se quedó como un colombiano cualquiera, como un sobreviviente del conflicto armado, como un ejemplo de resistencia.
Pero la vida en El Cartucho y en El Bronx deja cicatrices. La cara de Orly es la de un hombre envejecido, aunque en su cuero cabelludo no hay indicios de una cana. Siempre está cuidando su físico en la manera que puede, bien afeitado y con un corte de moda que le regalan en las escuelas de peluqueros. Por falta de recursos a veces no se puede duchar, pero lo oculta con varias capas de ropa. La nariz de Orly se ve dañada, por golpes o por el consumo de drogas. Hace poco otro golpazo le rompió su sonrisa y le dejó una masacre dental. Pero sus ojos dejan ver la entrada a su ser. Si me preguntaran por una palabra que lo caracteriza sería “suave”. Su tono de voz, su movimiento y sus ojos son de una suavidad que contrasta con su historia.
Ahora esta persona y su historia están en peligro de caer de nuevo en el olvido. Una editorial internacional estaba evaluando la posibilidad de publicar un libro sobre la vida de Orly, en el marco del aniversario de Armero. De haber salido al mercado, este libro hubiera puesto a Orly, por lo menos por un momento, fuera del anonimato. Pero la editorial tuvo que congelar el proyecto a causa de la crisis mundial por causa del Covid-19.
La pandemia también lo afectó económicamente. Ya desde antes de la crisis, Orly estaba al borde de la miseria y ahora se quedó sin ingresos. No volvieron los turistas que lo acompañaban en sus Toures de Sobrevivientes sobre Arte y Memoria, en los cuales Orly mostraba los barrios marginalizados de Bogotá mientras contaba de su vida, guiado por el antropólogo social José Hernando Bandera. Tampoco ha encontrado trabajo como empleado doméstico ni como cuidador de niños y ancianos. Las casas de amigos donde antes recibió ayuda o abrazos fueron cerrados por miedo al coronavirus.
Orly vive en Las Cruces, un barrio en el centro de Bogotá. Paga 5.000 pesos diarios por un cuarto en un inquilinato, en el que veinte personas comparten dos baños precarios. Sin ingresos, se le fueron acumulando las deudas de los días no pagados hasta que su arrendador le puso un candado en su puerta. A partir de ese momento, Orly deambula por las calles vacías del centro ayudando voluntariamente en el comedor comunitario de su barrio o llevando la comida a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad. Desde que se alejó de las drogas está apoyando a otros. Con esta crisis desatada por la pandemia, su proceso de “resocialización” se ha visto menguado por una sociedad que asimismo se encuentra en un proceso peligroso de perder su solidaridad con los más débiles.
La indiferencia social como otra epidemia
Colombia no salvó a Orly después de Armero, lo perdió y lo olvidó en El Cartucho y en El Bronx. Entre la comunidad de vecinos buscamos pagarle el arriendo, pero no sabemos cuántos meses seguirá esta cuarentena, cuántos meses faltarán para el regreso de los turistas y cuántos meses Orly seguirá sin ingresos.
Hay muchos como él deambulando en el centro de Bogotá. Víctimas del conflicto, desplazados por la violencia, engañados por las drogas. Son los olvidados del Estado y la sociedad. Pero hacen parte de nosotros y de la memoria colectiva de Colombia, son fuentes de historias y hasta protagonistas de libros. No olvidemos las tragedias que sufrieron y no dejemos que esta crisis se vuelva otra más para ellos. La indiferencia social es peor que cualquier virus. Es una epidemia que ha dejado heridas profundas en la historia de Colombia.
En abril pasado logramos publicar un artículo en El Espectador y conseguimos algunas ayudas para pagarle el arriendo. Hay bastante solidaridad entre los vecinos cercanos. Pero es difícil conseguir dinero en un pueblo que está afectado profundamente por las restricciones económicas de la pandemia. Por eso queremos de nuevo buscar ayudas entre los lectores de esta crónica para que Orly y su historia no desaparezcan de nuevo entre las tragedias de Colombia.
* Historiador alemán y periodista independiente radicado en Colombia. La crónica “Orly, como el aeropuerto de París” fue su tesis de maestría en la Universidad de los Andes en Bogotá.
*Muchas publicaciones hablan sobre el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero ninguna se refiere a una fuente directa. Por ejemplo, María Ángela Robledo y Patricia Rodríguez Santana: Emergencia del sujeto excluido. Aproximación genealógica a la no-ciudad en Bogotá. Bogotá, 2008, pág. 173.
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