Ludibia Vanegas

Marzo de 2010. Ludibia es la primera persona que conozco en el Parque Monumento, mi primera entrevista formal. Tiene 58 años y una mirada vigorosa, un tanto desafiante, y una actitud siempre vital y servicial. Desde hace unos meses reside en un aula lateral de La Galería y se encarga del aseo general, de estar pendiente del mantenimiento y de preparar alimentos para atender visitas y reuniones. No tardo mucho en notar que otro rol de Ludibia, uno que quizás ella se ha impuesto, es contarle su épica a los visitantes que le entablan conversación o reflejan interés. Si todo el parque es un engranado artefacto narrativo, lo normal es que la única persona que lo habita día y noche actúe en consecuencia: la voz de Ludibia como una inopinada fuente de relato.

          Su historia es de dos partes y en su conjunto resulta ser un caso típico de asesinato, despojo e impunidad. La primera parte ocurre durante los años de la masacre, más exactamente en 1989. Junto con su esposo y sus hijos vivía en una parcela de su propiedad a unos cincuenta minutos de la cabecera municipal de Trujillo, en la región de La Sonora, sector del bajo río Cáceres. La vivienda estaba situada en la margen izquierda del río, corredor que la guerrilla del ELN frecuentaba para salir de la alta montaña y llegar a las comunidades campesinas de las que tomaba abusivamente alimentos y animales de corral, y a las que les reclutaba por la fuerza a sus hijos en edad adolescente. Un día se llevaron al hijo de una vecina de Ludibia y ella sabía que era cuestión de tiempo para que hicieran lo mismo con su hijo mayor.

          Para no dar la oportunidad, la familia se mudó a varias horas de distancia intercambiando por otra su parcela de café y frutales. Pasados tres años, en 1992, el hijo de Ludibia llamado Franklyn regresó a esas veredas de La Sonora para emplearse como jornalero en la finca de un conocido y buscar a la chica que había sido su novia. A los tres meses de haberse ido el muchacho apareció muerto a la vera de una trocha y con señales de tortura. A Ludibia la llamaron para enterarla, pero nadie le daba razones del crimen. Lo único que escuchó decir a alguien del camino fue que lo habían matado por guerrillero. Ludivia sintió que ese hombre no había dicho esa frase con la certeza de haber visto a su hijo armado y en camuflado. La había soltado como habladuría y salvamento, como diciendo: “Eso no nos pasa a nosotros porque nosotros no somos guerrilleros”. Esta manera de encochinar a un muerto era usual en zonas de operativos militares contrainsurgentes. Ante la imposibilidad de dar de baja en combate a guerrilleros entrenados, el ejército asesinaba a cualquier joven campesino, preferiblemente, a ojos de nadie en un descampado y dejaban el cuerpo tirado mientras orquestaban con las autoridades judiciales la pantomima del levantamiento. En el acta inventaban la constancia de que “el occiso” se había enfrentado a tiros con “la tropa”. En la revisión forense, los médicos se limitaban a describir las heridas. Y como nunca aparecía un investigador judicial solicitando interpretación de esas heridas —por decir algo, que los tiros en la cabeza fueran tiros de gracia dado el tatuaje de pólvora en el cuero cabelludo—, el cuerpo terminaba en un cajón listo para ser inhumado. Si nadie se acercaba a hacer el reconocimiento, ese cuerpo era marcado con la sigla NN dentro de una fosa común de un cementerio cercano. Para las familias quedaba como desaparecido y para los habitantes de la zona quedaba como guerrillero.

          “Mi hijo no era ningún guerrillero”, me dice Ludibia, en un tono que deja escapar alguna tristeza y que siento como un palabreo con el que ella refuerza su convencimiento. “Era un joven sano, con la necesidad del trabajo”. El dato que para algunos podía sembrar la duda sobre la honestidad del hijo de Ludibia era la tortura. No faltaba quien dijera que si ese muchacho no hubiera sido guerrillero los asesinos no lo hubiesen torturado porque no habrían esperado obtener nada de él. Este razonamiento, en apariencia coherente, desconocía la manera en que la fuerza pública entendía las áreas rurales de Trujillo: para soldados y policías las veredas por las cuales transitaba la guerrilla eran sus bastiones solo posibles por el respaldo campesino, en especial el caserío de La Sonora y sus fincas alejadas. Sin afanarse por comprobar una verdadera experiencia miliciana o combatiente de tal o cual habitante, el ejército asumía que todos en esas veredas eran guerrilleros o guardaban información relevante sobre los movimientos guerrilleros, por lo cual se convertían en un potencial enemigo del Estado que merecía la muerte no sin antes flagelarlos para extraerles información. En el caso del hijo de Ludibia, este prejuicio militarista estaba reforzado por el hecho de que ella y su familia habían vivido en la margen izquierda del río Cáceres, como dije, corredor del ELN. En la margen derecha y a una distancia relativamente cercana a la que había sido la casa de Ludibia, una avanzada del ejército acostumbraba a levantar sus tiendas de campaña. Siempre que una escuadra de soldados cruzaba el río, entraban donde Ludibia para preguntar por la guerrilla.

          “Pero nosotros no éramos informantes de nadie”, me dice Ludibia. “Si iba la guerrilla, nos teníamos que quedar callados. Si iba el ejército, también”. Al no recibir mayor respuesta, los soldados daban por cierto que en esa casa todos eran colaboradores del ELN. Y a todos, entonces, les cabía la bala. “No importaba nada, los militares decían que todos los campesinos éramos guerrilleros”. Es muy probable que esa avanzada del ejército sobre el río Cáceres hubiera tenido entre ojos al hijo de Ludibia y apenas lo volvieron a ver lo mataron como castigo, por no haber dicho nada de importancia en el interrogatorio, y como precaución, por no dejar viva una voz que más adelante hubiese podido hacer la denuncia de la retención arbitraria y las torturas. Quizás, también lo mataron porque podían maquillar el homicidio como una baja de la guerrilla, un resultado positivo para la fuerza pública.

          Ahí en frente, sentados en unas sillas de plástico a las afueras de la cocineta que gobierna, Ludibia se interna en la segunda parte de su historia, un tema que le descompone el ánimo. De esa melancolía trabajada y soportada desde la muerte de Franklyn, Ludibia pasa a hablarme con cierta ira contenida, con el hartazgo de la indignación. Desde el día de ese asesinato, ningún investigador judicial se ha tomado en serio el trabajo de adelantar la diligencia. Nada en veinte años. Como si ese muchacho no hubiera existido y no hubiese habido homicidio. En las pocas veces que ella como mamá se ha acercado a un fiscal terminan despachándola luego de endosarle una responsabilidad de perito criminalista: “A mí me dicen que traiga pruebas. ¿Qué más pruebas quieren que el cráneo con los orificios? Mi hijo apareció torturado y con tiros en la cabeza. Las manos tenían marcas de que había sido amarrado y el rostro lleno de moretones. ¿Qué más evidencia quieren?”.

          Sin haber cumplido 20 años, Franklyn era el mayor de los hermanos. Su pérdida terminó desagrupando a la familia. El papá y esposo de Ludivia se fue enfermando lentamente de cosas que ella le achacaba a la depresión que le siguió al crimen, hasta que lo encontró la muerte. Sin la cabeza del hogar, los dos hijos hombres que le seguían a Franklyn optaron por irse para Bogotá. Con Ludivia quedó la hija menor, pero sin hombres que la ayudaran debió vender a menos precio la parcela. Como ya había transcurrido un tiempo prudencial desde la época de la masacre y no había vuelto a suceder nada parecido, Ludivia regresó a la zona rural de Trujillo, a las veredas del río Cáceres porque allá quedaban algunas familias conocidas con las cuales podría contar en caso de necesidad, además de que no había otro lugar por el que sintiera arraigo.

          Yomara, su hija, ingresó al colegio para culminar el bachillerato. Tenía menos de 18 años y le faltaba grado once. En mayo de 2009, tras una temporada de quietud, la guerrilla del ELN volvió a repuntar por toda esa zona y le hizo saber a los campesinos que se encontraba urgida de agrandar su pie de fuerza reclutando jóvenes. A la secretaria del colegio de Yomara le envió una nota en la que pedía cinco estudiantes, los más grandes, para entrenarlos y “volverlos berraquitos”. Que organizara un paseo escolar para que le quedara fácil entregarlos. Las directivas cancelaron clases dos meses y enteraron a las autoridades. La respuesta del ejército fue que estuvieran tranquilos, que retomaran las clases, que ellos iban a montar un campamento en la zona para que los estudiantes pudieran ir al colegio. No pasó una semana de vuelta al aula cuando el ELN envió una segunda nota, esta vez en un tono agresivo: que si el colegio no pensaba cumplir las órdenes, la guerrilla las haría cumplir. Y que ya no servía lo del paseo, que debía ser el conductor del jeep de transporte público de la vereda quien debía entregar a los jóvenes; y que ya no eran solo cinco, que también necesitaban mujeres y que en el colegio había varias en capacidad de cargar el fusil y tener sexo con hombres mayores.

          La comunidad del Bajo Cáceres se sintió muy amenazada y no fueron pocas las familias que alejaron a sus hijos. Al conductor del jeep le tocó huir de la región con esposa e hijos porque no estaba dispuesto a servir de cómplice de la guerrilla. Ludivia mandó a Yomara con sus hermanos en Bogotá. Fue el acto final de su despojo. Al mirar hacia atrás, Ludivia resumió todo diciéndose: “La violencia me quitó la familia, todo lo que tenía”. Entristecida y desangelada, la recibieron en el Parque Monumento y al otro día estaba mudándose para una sala de reuniones de La Galería. Con la voz amilanada, me dice: “Solo las personas que han pasado por lo mismo saben lo que se siente. La vida en el campo es muy dura. Uno en esa impotencia de que alguien entre a su casa y haga lo que quiera con la familia de uno y uno sin poder defenderla, sin poder llamar a nadie, sin poder hacer nada… es una cosa muy triste”.

          No deja sorprender o de aterrar que todo esto le haya sucedido hace menos de un año. Como si en La Sonora y en otros parajes rurales de Trujillo poco o nada haya cambiado en veinte años. “Por allá todo sigue igual”, me dice Ludibia. “No es como dicen que no hay grupos armados. Sigue lo mismo, pero uno no puede decir nada. Es más, yo estoy acá en el parque y me da nervios por lo que pueda suceder. Ellos vienen aquí y se hacen los que visitan las tumbas, como queriendo conocer, pero lo cierto es que están vigilando. Por eso le digo que hay cosas que no se pueden decir, que lo mejor es quedarse callada”.