Periodismo independiente en Nicaragua: una herramienta contra el poder de un régimen autoritario
Texto
Natalia Barriga
Ilustración
Angélica Correa Osorio
Abril 11 del 2023
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Periodismo independiente en Nicaragua:
una herramienta contra el poder de un régimen autoritario
Manifestar públicamente posiciones opuestas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua se ha vuelto casi imposible. Hacerlo ha significado para miles de personas ser víctimas de graves violaciones de derechos humanos y hasta crímenes de lesa humanidad. En este riesgoso contexto, el periodismo independiente no solo desarrolla un rol vital contra poder, también acompaña a la sociedad y es una apuesta para aportar y transformar un país atravesado por grandes heridas sociales.
En abril de 2018 tuvieron lugar las manifestaciones en contra de la negligencia estatal y de una reforma inconsulta a la seguridad social que hizo el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Fue un momento crucial para la historia del país que 43 años antes había logrado derribar —con la participación de Ortega— la dictadura somocista que duró más de cuatro décadas.
La protesta ciudadana era el estallido de una crisis sociopolítica que reunía distintas inconformidades del pueblo, muchas de ellas aún vigentes. Para ese momento, Daniel Ortega ya llevaba diez de los más de quince años que suma actualmente como presidente de Nicaragua.
Aspectos como “la concentración del poder, la corrupción generalizada, la ausencia de un Estado de Derecho, la nula credibilidad en los procesos electorales debido a los reiterados fraudes, la alianza con el gran capital, las políticas asistencialistas que beneficiaban a pocos sectores de la población, el modelo de desarrollo extractivista y la agresiva destrucción de la naturaleza, fueron factores coadyuvantes de la rebelión ciudadanía”, explica el informe La brutal demolición de la libertad de asociación en Nicaragua, firmado por varias organizaciones de derechos humanos.
La violencia y represión contra los manifestantes por parte de fuerzas armadas gubernamentales y paramilitares tuvo como resultado, hasta julio de 2019, el asesinato de al menos 355 personas, entre ellas, 27 niños, niñas y adolescentes. Y la violación de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles o degradantes que el Grupo de Derechos Humanos experto en Nicaragua (GHREN, por su sigla en inglés), avalado por la ONU, encontró que “constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles por razones políticas”.
En noviembre de 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pareja de esposos, reafirmaron su régimen autoritario cuando se tomaron el poder —presidencia y vicepresidencia— tras unas elecciones viciadas y sin candidatos opositores. Quienes habían intentado ser sus rivales electorales terminaron apresados meses antes de las votaciones. Desde entonces y a pesar de la aparente normalidad que parece reflejar el país, la vida en Nicaragua se ha vuelto casi imposible: quien se manifieste y actúe distinto al régimen, puede terminar golpeado, encarcelado, exiliado, desaparecido o asesinado.
En 2023, 317 personas fueron despojadas de su nacionalidad y sus derechos ciudadanos en menos de una semana.
El 9 de febrero de 2023 el régimen despojó de la nacionalidad y expatrió hacia Estados Unidos a más de 200 personas que eran presas políticas, muchas de las cuales fueron víctimas de tortura. Esta masiva expatriación tuvo lugar el mismo día que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que avaló el despojo de la nacionalidad nicaragüense y de los derechos ciudadanos a quienes fueran acusados de “traidores de la patria”.
Seis días después, el Gobierno hizo lo mismo con otras 94 personas críticas y opositoras del régimen. Periodistas, obispos, sacerdotes, exfuncionarios públicos, líderes campesinas, defensoras de derechos humanos fueron víctimas de esta medida. Se les inculpó de ser “traidoras” y del supuesto delito de “atentar” contra la soberanía, la paz, la independencia y autodeterminación del país; fueron declaradas “prófugas de la justicia” y se les despojó de sus bienes inmuebles, además de que se les inhabilitó a perpetuidad para ejercer cargos públicos y de elección por voto popular.
Jimmy Guevara, periodista independiente nicaragüense, se encuentra exiliado hace 5 años por la persecución a su labor periodística y liderazgo social. Es cofundador y director del medio independiente Criterios, y fue una de las 94 personas víctimas del despojo de su nacionalidad en febrero pasado. Jimmy dice que le dio mucha rabia la noticia, pero ve el ataque en su contra como una reacción del régimen contra el periodismo de Criterios, que por cierto no genera remuneración económica: “Somos un medio muy pequeño; sin embargo, le incomoda mucho a la dictadura y a los grupos de poder. Por eso me quitaron la nacionalidad. Porque realmente yo no ando con los grupos políticos. El medio es independiente y el trabajo es voluntario”.
Demolición de las libertades
La estrategia de demoler la libertad de asociación, explica el informe antes citado, fue intensa durante el 2022, pues 3.038 organizaciones fueron suspendidas, canceladas, despojadas de su personería jurídica y perseguidas por el Estado nicaragüense. Cerraron oenegés locales e internacionales, universidades privadas, asociaciones culturales, religiosas, de personal médico, medios de comunicación, organizaciones de mujeres, medioambientales y de defensa de derechos humanos.
El impacto de esta arremetida recayó, primero, sobre un millón de nicaragüenses —alrededor del 15% de la población— que se beneficiaban de los programas y servicios brindados por las organizaciones sociales y comunitarias. Es decir, que aumentó la desprotección a la ciudadanía, en especial la que se encuentra en mayores condiciones de vulneración y abandono estatal. Y segundo, sobre el empleo formal pues más de dos mil puestos de trabajo fueron cerrados, de acuerdo con una investigación de Diálogo Interamericano.
Datos de un reciente estudio del PCIN señalan, además, que de 116 periodistas encuestados el 34% no estaba ejerciendo la profesión y se dedicaba a otras labores para sobrevivir. De ese porcentaje, el 31% estaban desempleados.
Víctor Manuel Pérez, director de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) y cofundador de Intertextual —medio de comunicación independiente— hace énfasis en que los ataques contra la prensa no solo limitan el ejercicio periodístico, sino que también atentan y atacan a la ciudadanía, “y su derecho a informarse libremente, como quiera y con quien quiera, de forma veraz y objetiva”. Aspecto que, recuerda Víctor, está contemplado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La cancelación de iniciativas periodísticas y el despojo de su personería jurídica es una persecución que se viene dando desde el 2007 —año en que Ortega llegó a la Presidencia—, y que a 2022 ya sumaba unos 54 medios (impresos, digitales, tv y radio) cerrados. De hecho, ese 2022 fue el más violento contra el derecho a la libre asociación tras el cierre de 29 medios.
Similar al fenómeno de las organizaciones sociales, los medios de comunicación cerrados eran en muchos municipios del país “los únicos espacios que respaldaban proyectos sociales, además eran los principales promotores de iniciativas comunitarias en ejercicios de participación e incidencia ciudadana”, indica la organización Voces del Sur.
Maryorit Guevara, periodista nicaragüense, feminista y cofundadora de La Lupa, medio con enfoque de género, explica que la ausencia de las más de tres mil organizaciones ha implicado un gran vacío para la ciudadanía y el país, y un incremento en las brechas de desigualdad:
“Nicaragua está abandonada totalmente en el tema social. El trabajo más a profundidad para que las desigualdades cambien, para que las realidades de las mujeres y la niñez cambien no se está trabajando como política de Estado. Por eso mismo está esta necesidad tan grande de cubrir estos temas, porque en lo profundo de esta sociedad no se está tratando de hacer tambalear las bases de esa desigualdad. Más bien, se están reforzando porque cada vez hay más impunidad, hay menos recursos a los que la población pueda acceder para la defensa de sus derechos y para el ejercicio de una vida digna”.
Exilio
Jimmy cuenta que al salir exiliado de su país, hace cerca de cinco años, tuvo que empezar de nuevo y vivir condiciones de precariedad en las que el alimento no estaba asegurado. Cuenta que el exilio no es nada fácil, pero trae cierta paz al dormir porque puede descansar, porque ya no tiene que permanecer alerta todo el tiempo. Aunque, advierte, la total tranquilidad no es posible:
“Creemos que en tres meses nos podemos devolver, que vamos a organizar las cosas, que nos vamos a poner activos de alguna forma y que nos van a apoyar internacionalmente y que entienden nuestra situación. Creemos, sobre todo, que el mundo está pendiente de nosotros y que Nicaragua es un problema que la gente quiere ayudarnos a resolver. Después te das cuenta de que no, que hay que aceptar que esto va a llevar muchos años. Y es algo que tenés que transitar mucho para llegar a ese punto”.
Jimmy también es músico y antes de estar exiliado había escrito una canción sobre el exilio, sobre cómo la sociedad nicaragüense carga las secuelas del pasado, de la guerra que no se sanó y cómo eso la convirtió en una sociedad alcohólica, violenta, machista. Una sociedad dañada y fragmentada. “Eso lo resumí en una canción y le llamé ‘La mochila’, y resulta que años después vengo cargando con esa mochila en el exilio”.
En 2022, al menos 93 periodistas nicaragüenses tuvieron que exiliarse, producto del hostigamiento, persecución y falta de espacios de trabajo en el país. Desde el 2018, van 178 periodistas exiliados, algunos de ellos con sus familias, según registró Voces del Sur.
Jenny, periodista independiente nicaragüense que prefiere proteger su identidad, también tuvo que salir de Nicaragua en diciembre de 2022 por el encarcelamiento de colegas suyos. Desde el exilio dice que irse de la tierra natal es un duelo que no termina de superar, pero que lo acompaña de fuerza y compromiso para continuar en esa labor fundamental. Convencimiento que también resaltaron, de distintas formas, las y los demás periodistas entrevistados para este reportaje.
“En el bolso que traemos —dice Jenny— no traemos los zapatos y la ropa, traemos un dolor. Venimos cargando la patria, venimos cargando Nicaragua, venimos cargando un compromiso enorme de aportar a la democracia, a la libertad, de aportar para que haya justicia también. Porque todo lo que ha sucedido está impune. Uno trae una sed grandísima de seguir trabajando, de seguirse formando, de seguir aportando”.
Periodismo contrapoder, una profesión de alto riesgo
Jenny afirma con orgullo que los periodistas independientes son quienes más han logrado encarar a Ortega y han puesto el cuerpo y la vida por denunciar y reflejar la realidad del país. Para ella, la represión contra este sector del periodismo pone de manifiesto el odio que hay contra la prensa independiente y expone un choque “que no causamos nosotros por decir la verdad. Es un choque que el régimen causa por cometer tantas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.
Como no han sido pocos los periodistas y los medios que se han unido al régimen sirviendo como órganos de comunicación del Gobierno y omitiendo la violencia de Estado contra la ciudadanía, el periodismo independiente se ha vuelto una herramienta de contrapoder: como un ojo que hace veeduría, dice Juan Francisco Meléndez, coordinador del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por su sigla en inglés) en El Salvador.
Durante el 2022, Voces del Sur registró 703 casos de violaciones a la libertad de prensa, siendo el uso abusivo del poder estatal la principal forma de violencia. Los 703 ataques recayeron sobre 63 personas jurídicas y 86 periodistas (48 hombres, 37 mujeres y una persona LGBTIQ+).
En un contexto tan adverso, el trabajo de muchos periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua es doble: de un lado, investigar e informar sobre las realidades del país, denunciar los vejámenes del régimen y educar sobre distintos temas; del otro, realizar tareas de cuidado para y con la ciudadanía que lo necesita. Así lo resaltó enfáticamente Jimmy en la entrevista: “Que el mundo sepa que la mayoría de comunicadores de Nicaragua está haciendo una labor más allá de comunicar, una labor de acompañamiento a la sociedad”.
Además, esa labor de documentar y reflejar la realidad del país también puede aportar en otros procesos, agrega Jenny, que espera que “puedan proceder para que haya restablecimiento, reparación, justicia y que aporte verdaderamente a la democracia”.
Ejercer esas labores implica más violencia y riesgos en contra de comunicadoras, periodistas y sus familias, porque el gobierno las interpreta como actividades “del enemigo”. Juan Francisco explica que en contextos así y ante de la debilidad de la oposición, los periodistas independientes son vistos como si fueran políticos adversarios que pretenden imponer un modelo político, haciéndoles blanco de ataques por parte del régimen.
Periodismo y violencia de género: machismo que pulula
“Hay violencias que sufrimos las mujeres que los hombres no”, dice Maryorit. “Primero nos atacan por ser mujeres y laborar, y luego por nuestro color de piel, por nuestros rasgos físicos, indígenas… Si fuera un hombre no lo atacarían, por mucho que se parezca a mí no recibe los mismos ataques sobre su cabello, su color de piel, e incluso sobre la forma en la que se gana la vida”.
Maryorit con su hijo está en el exilio en España. Las amenazas que recibió en 2018 por su cubrimiento crítico la hizo ir del país. Le dijeron que la iban a violar y a quemar dentro de su casa con su hijo. “Mi hijo tenía cuatro años, era una criaturita. En ese momento esas cosas se estaban dando, con más frecuencia por venganza política, por castigar a quienes estábamos informando o a quienes se mostraban disidentes de la dictadura de Daniel Ortega. Ahora no creo que pase menos, creo que se denuncia menos porque la gente tiene miedo”.
A pesar de que en el país la labor periodística es ejercida en su mayoría por hombres, las mujeres periodistas se ven mayormente afectadas por ejercer su profesión y el riesgo es más alto para ellas que para los hombres, señala con preocupación Voces del Sur. Tres mujeres periodistas de la Costa Caribe Sur de Nicaragua fueron quienes reportaron más agresiones durante el 2022: Kalúa Salazar denunció doce ataques en su contra, Yahaciela Barrera, ocho, y Tania López de León, cinco.
Para Jenny, el mayor miedo de continuar ejerciendo la labor periodística en Nicaragua también está relacionado con la violencia sexual: temía ir a la cárcel porque sabía que “estando ahí me podían o me iban a violar. Yo pensaba en eso y pasaba noches sin dormir”.
Estos tipos de agresiones en los que se ejercen mayores niveles de crueldad también son contra periodistas LGBTIQ+, agrega Víctor Manuel, quien cada día recibe amenazas en su Whatsapp o en el de Intertextual, que señalan su orientación sexual.
Víctor explica que esas violencias son ejercidas por el gobierno de Ortega, funcionarios públicos —en su mayoría de alcaldías y comunas—, y simpatizantes del gobierno Sandinista. Sin embargo, señala junto a la mayoría de entrevistadas, que la sociedad nicaragüense en general tiene características muy machistas y conservadoras. Prueba de esto es que las mujeres y personas LGBTIQ+ también son víctimas, en menores grados, de violencias ejercidas por políticos de la oposición, y también por otros medios y periodistas, tanto del gobierno como independientes.
En 2021 en precampaña presidencial, cuenta Víctor, dos partidos políticos de oposición le negaron la entrada a una mujer periodista y a un reportero no binario que supuestamente iba mal vestido o no estaba dentro de los estándares que al partido le parecían “adecuados”. En otro momento, otro colega miembro de la diversidad sexual denunció que fue despedido de un medio “independiente” —dice Víctor haciendo énfasis en las comillas— porque subió a redes sociales una foto besándose con su pareja. Actos que, señala Víctor, son el reflejo del nivel de violencia que sufren en Nicaragua las personas LGBTIQ+.
Además, algo similar sucede con el cubrimiento de temas de derechos de mujeres y personas LGBTIQ+. Dice Víctor:
“Cuando nació Intertextual vimos la necesidad de hablar de estos temas que no se están hablando, y sabíamos —las dos personas que empezamos— que íbamos a ser atacados, no solo por la sociedad nicaragüense que es machista, retrógrada, patriarcal, y muchos otros temas que podríamos decir, sino también por otros colegas que nos han catalogado como medios progresistas. Y sí, lo somos”.
Maryorit agrega que no solo hay contexto político que les marca por su labor, sino también que los temas que cubren relacionados con los derechos de las mujeres y la niñez no son los que la gente ansía leer: “La gente no quiere darse cuenta de todas las violencias a los derechos de las mujeres que se cometen a diario. No quieren hablar de estos temas (…) La misma clase política de oposición que está acuerpando toda esta dictadura te dice ‘no es el momento de hablar de eso’, cuando hablas de derechos de las mujeres y diversidades. Dicen ‘eso no es lo importante, ahora lo importante es salir de la dictadura, eso no es tema para ahora’».
Dicen que no es tema para ahora. Mientras tanto, cada año entre 50 y 70 mujeres son víctimas de feminicidio en un país que apenas tiene cerca de 7 millones de habitantes, en el que las niñas entre los 0 y 12 años son las principales víctimas de abuso sexual, y en el que el régimen autoritario deja libres a femicidas y abusadores que no han cumplido sus condenas. Por nombrar solo unos cuantos ejemplos.
La censura, la represión y el miedo crecen y obstaculizan el ejercicio periodístico
La intensificación de la violencia y la represión contra periodistas independientes y la ciudadanía dificulta cada vez más el ejercicio de esta labor e intensifica también la censura y la autocensura tanto de la ciudadanía, como de comunicadores y periodistas.
Evidencia de esto es la drástica disminución de las denuncias de violencias contra periodistas en 2022, que pasaron de 114 en enero a 2 denuncias en diciembre. «Lo que no significa que la hostilidad en contra de la prensa independiente haya disminuido, sino que las víctimas prefieren callar para mitigar los riesgos», explica Voces del Sur. Y agrega que esto se debe al “recrudecimiento de la violencia y la amenaza que el gobierno de Daniel Ortega junto a sus fuerzas de choque ha implementado en el país para intentar que cesen las denuncias de las violaciones a las libertades fundamentales que se registran”.
A esto se añade que cada vez hay menos acceso a información gubernamental que antes estaba pública, por lo que se han acrecentado las barreras para poder seguir fiscalizando, como cuenta Maryorit:
“Cuando comenzamos el medio todavía teníamos dónde escudriñar, pero cada vez es más difícil. Nosotras ahora tenemos seis casos de femicidas y abusadores sexuales que han sido beneficiados con el supuesto perdón presidencial y fueron liberados por el régimen de Convivencia Familiar Ordinaria. Son reos que no han cumplido las penas. Entonces estamos buscando cómo documentarlo bien para poder presentar el trabajo. Porque la familia no quiere hablar, la familia está llena de miedo, aun cuando muchas de esas mujeres son víctimas de femicidio frustrado y esos femicidas andan libres”.
Tanta represión, censura y vigilancia tienen como consecuencia que las personas tengan mucho miedo a ser entrevistadas y grabadas. La gente ya no denuncia violaciones de derechos humanos por temor a ser víctimas de más represión. Incluso, esta censura ha trascendido las libertades religiosas, pues con los ataques a la iglesia católica y algunos de sus miembros, la ciudadanía teme publicar en redes sociales fotos de líderes religiosos y sus fieles.
Esto, en parte, es resultado de la Ley Especial de Ciberdelitos, creada en 2021. Ley que también ha sido utilizada para cercenar la libre expresión de la ciudadanía y el ejercicio de periodismo independiente en Nicaragua. Uno de los primeros ciudadanos castigados por esta ley fue Santos Camilo Bellorín, campesino de 56 años sentenciado a 11 años de prisión, a pesar de que familiares alegaron que no tenía acceso a internet ni a redes sociales ni dispositivos inteligentes.
Grandes heridas sociales
“Uno no sale loco de Nicaragua porque el compromiso es mucho más grande que cualquier otra situación. Pero el tema de salud mental es muy difícil”, cuenta Jenny, quien sufrió de crisis de ansiedad y depresión antes de irse exiliada.
El contexto de crisis social y represión durante tantos años, las heridas de la dictadura del pasado, la crueldad de la violencia, los altos niveles de impunidad y la remarcación de las desigualdades e injusticias de las poblaciones más vulneradas, como las indígenas y afro, dejan profundas consecuencias en la sociedad nicaragüense.
Ruth Quirós, psicóloga costarricense del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, identifica que hay una gran fisura social, un trauma colectivo “porque son prácticamente cuatro décadas en las que se ha vivido violencia. Y la violencia en ningún contexto puede pasar desapercibida. Nosotros la introyectamos de una u otra forma, la volvemos parte de nuestra vida y luego se reproduce en muchos otros espacios. Y después de tantos años se empiezan a hacer visibles las consecuencias: la sociedad tiene pensamientos muy violentos, pensamientos que te dicen que, bajo ese mismo sistema violento se va a arreglar todo. Ese es uno de los principales pensamientos que debemos desestructurar”.
Ruth ha acompañado a nicaragüenses refugiados desde que empezó la crisis en 2018. De hecho, la organización atendía a personas de todas las nacionalidades, pero con la crisis y el reconocimiento de las necesidades de las víctimas, varias de ellas torturadas y excarceladas luego, fortalecieron el área de salud mental y atención psicológica, y focalizaron su trabajo exclusivamente en nicaragüenses en condición de exilio.
Somos una historia completa que necesita tiempo
En el caso de los periodistas, dice Ruth, hay un factor agravante además del riesgo al que están expuestos, y es que la labor implica perseguir, cubrir, ver, presenciar, escuchar eventos terribles. “Además, se sienten responsables porque son voz. El compromiso es ser voz, saben que su trabajo es llevar esa información a todo lugar. Es una carga personal demasiado grande, muy fuerte que te pone en peligro constantemente y que lleva tus niveles de estrés y tensión al máximo”.
Vivir en estado de alerta constante lleva al cuerpo al colapso, añade la psicóloga. Lo que hace el cuerpo es dar señales de que ya no da más, de que requiere tiempo y espacio para tramitar lo que le sucede, pero muchas veces en medio de las urgentes necesidades del contexto y el deseo de aportar, las y los periodistas se presionan a aguantar, se exponen a situaciones muy riesgosas que además pueden dejarles traumatizados, por lo que Ruth suele preguntarles: ¿quién cuida a los cuidadores?
Los eventos traumáticos dejan en nuestros cuerpos “ciertos fragmentos que permanecen congelados. Y puede ser que yo los cargue toda la vida”, explica Ruth, y añade que hay algunas formas y síntomas en los que se pueden manifestar. Pueden aparecer de forma inesperada, son pensamientos irracionales, negativos que pueden conllevar emociones fuertes e incontrolables y derivar en conductas autolesivas y autodestructivas —como arrancarse el cabello, o beber mucho alcohol—; también pueden aparecer imágenes mentales negativas, sensaciones físicas producto de la somatización —como sufrir de gastritis, alergias—, y las afectaciones pueden trasladarse al plano de lo social, de las relaciones familiares, amorosas, laborales e íntimas.
Con el acompañamiento psicológico, el Colectivo busca brindarles a las personas la posibilidad de reestructurar su personalidad, reconocer sus capacidades y conectar con sus recursos interiores, “porque muchas veces no han tenido acceso a conectar con ellos (…) Es un proceso lento, por eso prestamos un servicio distinto, con la profundidad del evento traumático. Y nosotros somos muchos eventos traumáticos. No es solo lo que pasó a partir del 2018, sino que hay una historia de vida que está marcada por la violencia también. Sí o sí debemos vincular la parte de la violencia sociopolítica, porque está en mí, está en mi sistema y me ha afectado. Entonces, somos una historia completa que necesita tiempo”, explica Ruth.
El Colectivo de Derechos Humanos le apuesta a encontrar otras formas de justicia, verdad y reparación. Una de ellas es por medio de la salud mental y el cambio individual para lograr la transformación colectiva: “¿qué es lo que debo transformar en mí para poder proyectarlo a la sociedad? Los cambios son personales siempre, nosotros juntos construimos una sociedad, pero si todos estamos dañados, ¿qué es lo que le vamos a aportar? La reproducción de la violencia es algo que tiene que salir del sistema”, reflexiona la psicóloga.
Víctor y Jimmy destacan la educación y la responsabilidad social y educativa del periodismo como otra vía para la transformación social: “La democratización de la formación y la educación es algo que no se da fácilmente. Queremos transformar la sociedad, salir de la pantalla. Queremos abrir mentalidades, pensamientos y formar y transformar”, dice Jimmy.
Otra reflexión que han hecho desde La Lupa, Intertextual y el PCIN, es que el periodismo resiste y está cambiando, se está transformando. “Tenemos un periodismo en el que nos estamos cuestionando el cómo hacemos comunicación. Si revisamos el periodismo que hacíamos en 2018 comparado con el que hacemos hoy 2023, ya estamos dejando ese lenguaje de odio, de transmitir esa violencia interiorizada que tenemos, ese machismo interiorizado que tenemos, y eso significa que nos estamos deconstruyendo, que nos estamos cuestionando y transformando”, dice Víctor Manuel. Y finaliza: “Porque si el periodismo se transforma tenemos la oportunidad de poder transformar nuestras audiencias”.
