Texto
Baudó AP
Ilustración
Felipe Rivera
Octubre 17 de 2024
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El peligroso oficio de informar
sobre los conflictos ambientales
Aunque no hay datos consolidados, el periodismo que cubre conflictos ambientales se ha convertido en una actividad cada vez más amenazada. Colombia tiene ya el deshonroso record de ser el lugar del mundo donde más líderes medioambientales son asesinados. En la antesala de la COP16 contrastamos cifras, alertas y testimonios.
El 13 de diciembre del 2023 un grupo de campesinos de Jericó, Antioquia, desmontaron las plataformas de perforación que la empresa minera Quebradona había instalado en la vereda La Soledad. Los labriegos, en medio de una protesta pacífica que fue cubierta por medios locales, desmantelaron la infraestructura de perforación y luego la entregaron a la Policía Nacional.
Este fue apenas uno de los últimos episodios de un viejo conflicto ambiental en el suroeste antioqueño, donde muchas comunidades se oponen al desarrollo de megaproyectos mineros en sus territorios, en particular los campesinos del corregimiento de Palocabildo que rechazan de manera frontal la presencia de operarios y contratistas de la multinacional Anglo Gold Ashanti a través de su filial Quebradona, poseedora de un título minero para explotar cobre en la zona.
Lo insólito es que el inspector de policía local interpuso una querella contra el periodista Juan Fernando Puerta, quien acompañaba la caravana para registrar la protesta e informar sobre ella. Otros 61 campesinos de la zona también terminaron empapelados. En una columna de opinión, Puerta no vacila en afirmar que la querella es una persecución debido a su labor de contar “la verdad” sobre la minería en la región.
Fernando Jaramillo, habitante de Jericó y director del periódico impreso Despierta Jericó explicó a Baudó AP que “el inspector de Policía trata de desconocer que se trata de una reacción de protesta por parte de una comunidad y lo quiere llevar a una sindicación de delito que debería ser tramitado penalmente”.
Jaramillo lleva once años informando sobre el conflicto minero provocado por la presencia de la multinacional y ha sufrido por ello múltiples demandas, acoso judicial e incluso un proceso penal de seis años donde afrontó cargos por supuesta injuria y calumnia agravada, que fueron finalmente desestimados en un juzgado de segunda instancia que ratificó su derecho como periodista a ejercer la libertad de expresión.
El periódico Despierta Jericó lleva una década denunciando los efectos nocivos de la gran minería en el suroeste de Antioquia.
El “delito” que la Fiscalía le imputó a Jaramillo fue haber publicado en su periódico reportes de los malos manejos ambientales de la multinacional Anglo Gold Ashanti y un facsímil del certificado de tradición de una de las propiedades relacionadas con la empresa en donde constaba que dicha finca está inmersa en un proceso de extinción de dominio porque perteneció al clan narcotraficante de la familia Ochoa, fundadores del Cartel de Medellín.
Pero al acoso judicial y policivo se ha sumado la presión de actores armados que han amenazado una y otra vez a los reporteros del suroeste antioqueño que cubren el conflicto con la minera, intimidaciones que al menos en una ocasión se han traducido en violencia, pues Jaramillo fue víctima de un atentado el 4 de mayo de 2021, en el marco del Paro Nacional, cuando un sujeto con antecedentes penales que, según él, ha mostrado en público simpatía por el proyecto minero, lo atacó en la plaza del pueblo apuñalándolo por la espalda dejándole una herida de doce centímetros. Jaramillo cuenta que tuvo suerte, porque la hoja del cuchillo chocó con el omoplato y no penetró a los pulmones u otros órganos.
Casos como estos son sintomáticos de lo que el politólogo Daniel Chaparro Díaz, asesor de la dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), califica como “un oficio de altísimo riesgo: el periodismo ambiental está en la mira”.
Aunque la FLIP no cuenta con datos discriminados de cuántos reporteros han sufrido amenazas y agresiones específicamente por su labor relacionada con el cubrimiento de conflictos medioambientales, Chaparro asegura que en diferentes zonas del país es cada vez más normal que los periodistas hagan una comparación “difícil y compleja”: ser hoy un reportero que cubre medio ambiente es equiparable en riesgo a la labor de los periodistas que cubrieron derechos humanos a finales de los noventa, durante el peor momento de degradación del conflicto armado colombiano.
Y agrega un elemento adicional que ya había sido alertado por Reporteros Sin Fronteras y la misma FLIP: “hemos visto que la agenda censurada en muchas zonas del país tiene que ver con medio ambiente; maderables, minería ilegal, es decir, los periodistas prefieren cubrir otros temas, incluso conflicto armado”.
Un caso puntual y reciente es el de María, a quien la columnista Ana Cristina Restrepo y también integrante de la FLIP llamó “la reportera invisible”. Obviaremos su nombre verdadero y su apellido para proteger su seguridad, pues María lleva años ejerciendo el periodismo y dirigiendo tres medios locales en una región minera de Antioquia donde delinquen cinco grupos armados ilegales distintos, todos merodeando alrededor de las extorsiones a las multinacionales y los mineros informales que extraen oro de la región.
La disputa por el oro, que es claramente un conflicto social y medioambiental, sirve como telón de fondo para las doce amenazas que ha sufrido María, varias atribuidas al Clan del Golfo, actor predominante en la zona, que la han obligado a abandonar su pueblo varias veces desde el 2018. María contó a Baudó AP que la última intimidación ocurrió a mediados de este año y la reportera tuvo que ser evacuada de su municipio por tropas del Ejército.
Los datos de la ONG Global Witness publicados en 2023 indican que los países en dónde más se asesina a líderes defensores del medio ambiente son Colombia y Brasil. Por ejemplo, en 2022 hubo 177 homicidios contra líderes medioambientales registrados por esa ONG, más de la mitad ocurrieron en estos dos países: 60 en Colombia y 34 en Brasil.
En el caso puntual de Brasil, Reporteros Sin Fronteras ha documentado cifras de agresiones a la prensa en el marco del cubrimiento de la deforestación ilegal de la Amazonía. De acuerdo con esa organización, entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2023 hubo 66 episodios de ataques a la prensa en la Amazonía brasileña, y al menos en 16 de estos casos se pudo documentar que las agresiones tuvieron relación con el cubrimiento de “temas como el agronegocio, la minería, los pueblos indígenas y las violaciones de los derechos humanos”.
Un informe de investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa que comparó los casos de coberturas periodísticas en la Amazonía de Brasil y Colombia concluyó además que los lugares donde ocurren los conflictos ambientales suelen ser desiertos informativos o regiones en las que por las mismas circunstancias de abandono, aislamiento y pobreza general es muy difícil mantener medios de comunicación, pues hay un coctel de “condiciones precarias que ponen en peligro su continuidad y existencia”. La violencia es apenas uno de esos factores.
De acuerdo con el informe, la FLIP “ha documentado 81 agresiones a periodistas en departamentos amazónicos (1 en Amazonas, 1 en Guainía, 3 en Vaupés, 18 en Guaviare, 21 en Caquetá y 37 en Putumayo), entre las que se destacan situaciones de acoso, amenazas, desplazamientos forzados, obstrucciones al trabajo periodístico e incluso ciberataques”. Entre estas agresiones se cuentan 10 asesinatos ocurridos entre 1986 y 2023, el último de ellos fue el de Luis Peralta en 2015, dueño de Linda Stéreo en Doncello, Caquetá, aunque se atribuye el crimen a denuncias por corrupción que hizo en su emisora.
Daniel Chaparro admite que “este fenómeno de censura y violencia contra quienes están informando de temas medioambientales está más documentado en otros países y no tanto en Colombia. Acá nos falta tener más certeza de cómo opera la violencia contra los periodistas que están informando sobre estos temas”.
Rafael Moreno, periodista asesinado en octubre de 2022 en Montelíbano, Córdoba.
Por ejemplo, el asesinato del periodista Rafael Moreno en octubre de 2022 en Montelíbano, Córdoba, se asocia con sus permanentes denuncias de corrupción, pero entre ellas había varios casos de minería ilegal y daños a los ríos provocados por políticos de su región.
Parte del problema es que la violencia o las agresiones contra periodistas terminan siendo asociadas al conflicto armado o a las denuncias por corrupción o a los cubrimientos de temas judiciales como el narcotráfico y las gobernanzas criminales.
Y este enfoque obvia un hecho clave: muchas veces los conflictos medioambientales tienen estrecha relación con estos mismos escenarios delictivos: “la agenda criminal cada vez está más ajustada a delitos contra el medio ambiente”, concluye Chaparro.
Este es el caso de un curtido reportero en temas judiciales al que llamaremos Felipe para proteger su seguridad. Felipe lleva más de una década cubriendo importantes casos criminales en uno de los medios de comunicación más grandes del país.
Nadie calificaría a Felipe como un periodista ambiental, aunque entre sus revelaciones más importantes se cuentan los expedientes y pruebas contra los empresarios que han deforestado el arco amazónico en Meta y Guaviare, también investigaciones sobre cómo las mafias e importantes compañías blanquean y legalizan el oro que se extrae de manera ilegal contaminando y devastando los ríos de buena parte del territorio nacional, y además, sus reportes le han granjeado procesos jurídicos y demandas por injuria y calumnia tras denunciar como antiguos paramilitares terminaron asociados con grandes multinacionales extractivistas en una región minera del centro del país.
El último episodio de acoso judicial se produjo hace pocos días cuando lo llamó la abogada de unos empresarios y contratistas vinculados a un escándalo de inmensas proporciones que tiene cruces entre un poderoso actor armado ilegal, irregularidades en millonarias contrataciones públicas y la destrucción ya comprobada de la selva de un Parque Natural del país. Las intimidaciones fueron claras: “me dijo que me iba a denunciar penalmente por haber revelado información confidencial, hasta ahora se quedó sólo en una llamada, no hay denuncias ni demandas”.
Este es, según él, un asunto que a la Fiscalía “se le sale de las manos”: “blanquear la madera ilegal es muy fácil, hay corrupción interna de las Corporaciones Autónomas, falsificar las guías de comercialización es muy fácil y al que le llega la madera le vale cinco de dónde viene”.
Felipe acaba de ganar un litigio en un tribunal administrativo del país para que la Unidad Nacional de Protección le brinde un esquema de seguridad, que le había negado en un primer momento, con carro blindado, chaleco antibalas y escoltas.
El origen del riesgo proviene de que un reconocido mafioso con millonarios negocios mineros lo incluyó en una lista de personas que “quería matar”, según se lee en la providencia judicial conocida por Baudó AP, donde constan como pruebas varios testimonios, chats de WhatsApp e incluso el audio de un testigo cercano a una de las estructuras criminales sobre la cual Felipe ha investigado y publicado numerosos reportes en el medio donde trabaja.
Detalles de la sentencia judicial que ordenó a la Unidad Nacional de Protección a brindarle un esquema de seguridad a Felipe.
Pese a ello, las amenazas contra Felipe no se vinculan a su labor cubriendo la estrecha relación entre criminales y conflictos medioambientales, sino que se lo considera un reportero en riesgo por su labor de periodismo judicial a secas.
Cuando se le pregunta por qué cree que los conflictos medioambientales son silenciados de la agenda pública su respuesta es clara y apunta, una vez más, a las múltiples gobernanzas criminales que se mezclan con la destrucción de la naturaleza: “se trata de lugares tan inhóspitos, donde no hay control estatal, por eso son territorios donde la gente calla muchas cosas; a nivel urbano son más visibles este tipo de cosas que allá, donde no manda nadie”.
