El Fracking fue uno de los principales caballos de batalla en las discusiones presidenciales alrededor del tema ambiental en Colombia y, sin duda, ayudó a definir los votos de una gran cantidad de la población que apoyó a Iván Cepeda por su oposición al uso de esta técnica en el país, por otro lado Abelardo de la Espriella prometió “Fracking a lo que dé” y eso no solo es una propuesta para el sector energético sino la visión de desarrollo del nuevo presidente de Colombia.
Extractivismo
«El mundo está en una carrera por recursos estratégicos, y Colombia está en el centro de la disputa», declaró recientemente el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Rodrigo Botero.
De manera abierta países como Estados Unidos han mostrado sus intenciones de extraer minerales y combustibles fósiles de Dinamarca, México, Irán y Colombia, incluso por la fuerza, como ya lo están haciendo en Venezuela. Este escenario aumenta los conflictos socioambientales que, en Colombia, suelen traducirse en una intensificación de la violencia ejercida por los grupos armados que controlan los territorios donde se extraen o se pretende extraer recursos.
Abelardo de la Espriella ha propuesto “agilizar, destrabar y flexibilizar” las licencias ambientales, y estas presiones tienen profundas repercusiones ambientales y sociales. Un caso crítico es el Proyecto Mocoa (propiedad de Copper Giant Resources Corp, antes LiberoCobre), un megaproyecto que planea una mina de cobre y molibdeno a cielo abierto en el Macizo Colombiano, ecosistema vital de la región andino-amazónica.
Aunque la compañía logró protocolizar la consulta previa mediante un acuerdo con el Cabildo Inga Condagua, el Consejo Comunitario de Puerto Limón y otros resguardos de Mocoa, Villagarzón y San Francisco, sostienen que el impacto ambiental trascenderá esas fronteras afectando a todo el territorio. La resolución de este conflicto estará marcada por la visión administrativa que trae el nuevo gobierno y su enfoque: priorizar los intereses del capital económico sobre los intereses de las comunidades involucradas e ignorando el impacto sobre el ambiente.
Crisis climática
Todas las mediciones y proyecciones de los expertos apuntan a una intensa temporada de sequías asociada al fenómeno de ‘superniño’. Las temperaturas podrían alcanzar niveles sin precedentes, con impactos significativos sobre las fuentes hídricas. Sin medidas de prevención y una gestión adecuada del agua, el país podría enfrentar nuevamente racionamientos en las principales ciudades y el aislamiento de numerosas comunidades debido a la disminución de los caudales de los ríos que las conectan.
Colombia debe jugar su papel en la reducción del calentamiento global. Un ejemplo de ello es que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la deforestación en departamentos como Caquetá, Meta y Putumayo ya superan la capacidad de sus bosques para capturar CO 2. Según el informe Tendencias y dinámicas de la deforestación en la Amazonía colombiana, de FCDS, este proceso responde a un modelo de ocupación territorial y apropiación ilegal de tierras. A su vez, las investigaciones de Amazon Underworld e InfoAmazonia han rastreado los flujos financieros que sostienen las economías criminales responsables de impulsar esta deforestación en las zonas de frontera entre Colombia, Brasil y Venezuela.
Defensores ambientales
Colombia es el país más violento del mundo para los defensores del medio ambiente: más de 700 líderes con enfoque estrictamente ecológico o territorial han sido asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz (2016).
Según Global Withness e Indepaz sólo en el último año se registran 178 asesinatos a líderes sociales de los cuales entre el 25 y 40% pueden ser líderes enfocados en temas ambientales.
Los ataques, entre los que hay además de asesinatos un alto número de amenazas y desplazamientos, se concentran principalmente en líderes indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos de Antioquia, la Orinoquía y departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Las amenazas coinciden territorialmente con oposiciones a la minería ilegal pero también a proyectos de monocultivos, represas hidroeléctricas y grandes proyectos mineros.
Para esto será clave el impulso y ratificación del Acuerdo de Escazú, que fue sancionado en noviembre de 2022 por el presidente Gustavo Petro luego de una prolongada oposición por presiones corporativas en el Congreso.
Minería ilegal
Según el balance oficial presentado en 2025 por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares, la minería ilegal aumentó un 28 % y ya afecta cerca de 82.000 hectáreas del territorio colombiano. Los departamentos más impactados son Chocó, Antioquia, Bolívar y Amazonas. Sus efectos van mucho más allá de la extracción ilegal de minerales.
Esta actividad destruye cauces de ríos, acelera la deforestación y libera mercurio que contamina el agua, los peces, la fauna silvestre y las comunidades que dependen de estos ecosistemas. En distintos puntos del país se han registrado concentraciones de mercurio que superan en varias decenas de veces los niveles considerados seguros para la salud humana y ambiental.
Transición energética y economía
El gobierno saliente asumió un liderazgo internacional en materia de transición energética y acción climática. En el plano interno, esta apuesta implicó restringir la expansión de la exploración y explotación de combustibles fósiles, una decisión que ha alimentado el debate sobre el equilibrio entre la protección ambiental y los posibles efectos de esta política sobre la economía y la seguridad energética del país. Este debate no tiene en cuenta, en la mayoría de las veces, que la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas sustentan a todas las demás economías del país.
Como respuesta, la estrategia económica del gobierno buscó impulsar otros sectores para compensar la menor dependencia de las actividades extractivas. La agricultura registró un crecimiento del 7,1 %, con efectos positivos sobre la reducción de la pobreza rural. A ello se sumaron crecimientos del 4,6 % en comercio y transporte, del 10 % en entretenimiento y recreación, y del 10 % en turismo, sector que alcanzó un récord histórico de USD 13.498 millones en ingresos durante 2025.
En contraparte durante 2025, Ecopetrol reportó utilidades por 9 billones de pesos, una disminución frente a los 33,4 billones registrados en 2022, cuando alcanzó ganancias récord. Ecopetrol destinó entre el 14 % y el 24 % de su presupuesto anual a inversiones en Energías para la Transición. Por el contrario, el nuevo presidente plantea un rumbo distinto: impulsar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluido el desarrollo del fracking, con el argumento de fortalecer la principal fuente de ingresos del Estado y aumentar la autosuficiencia energética.
Un capítulo aparte merece el fracking. Durante la campaña, de la Espriella prometió hacer «fracking a lo que dé», retomando el debate sobre los impactos ambientales y económicos de esta técnica, especialmente sobre los ecosistemas, las fuentes hídricas y la viabilidad de mantener una alta dependencia de los hidrocarburos en un contexto de transición energética.
La discusión, sin embargo, no parte de cero. Aunque el gobierno de Gustavo Petro mantuvo la prohibición del fracking en Colombia, Ecopetrol continuó participando en proyectos de extracción mediante esta técnica en la cuenca del Pérmico, en Estados Unidos. Estos proyectos han sido cuestionados por comunidades locales por sus impactos ambientales y también por su rentabilidad. Baudó analizó este tema en enero de este año en el artículo ¿Fracking sí, pero no aquí? Los negocios de Ecopetrol en Estados Unidos.
Entre las críticas a estos proyectos se encuentran las recopiladas por el ingeniero de petróleos Andrés Gómez en una columna publicada en la Revista Raya. Allí señala que, en 2022, la cuenca del Pérmico (donde operan Oxy y Ecopetrol) fue identificada como una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. En una entrevista concedida posteriormente a Blu Radio, Gómez también expuso varios cuestionamientos ambientales y económicos al fracking, los cuales recopilamos a continuación.
Abelardo de la Espriella gobernará el segundo país más biodiverso del mundo
La mayoría de los conflictos socioambientales en Colombia repercuten en las cifras de deforestación y estas a su vez se traducen en impactos sobre el aumento de gases de efecto invernadero.
Según datos del Global Forest Watch, entre 2001 y 2023 se han deforestado más de 4,5 millones de hectáreas de bosque nativo en nuestro país. Y el 68% de esa deforestación se concentra en la Amazonía según cifras del IDEAM.
En Colombia más del 46% de los ecosistemas se encuentran amenazados, según un informe de 2017 del Instituto Humboldt y la Universidad Javeriana, quiénes hicieron una amplia evaluación aplicando los criterios de la lista roja de la UICN (Unión Internación para la Conservación de la Naturaleza), casi 10 años después el panorama puede ser peor que el registrado en el momento. Los ecosistemas más amenazados son: El bosque seco tropical, el desierto tropical, los bosques húmedos del piedemonte llanero, los ecosistemas secos intrazonales de los Andes y la región Caribe.
El Gobierno de Gustavo Petro deja las cifras de deforestación más bajas del siglo y, todo indica que estas seguirán siendo inferiores a las registradas durante los gobiernos de sus antecesores. Sin embargo, en 2024 la tendencia de reducción de los dos primeros años comenzó a revertirse, un comportamiento asociado, entre otros factores, a la ruptura de los diálogos de paz con los grupos armados que ejercen control sobre amplias zonas de la Amazonía.
El Gobierno que termina también logró decretar las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas, una figura de administración del territorio por parte de los pueblos indígenas que estaba consagrada desde la Constitución de 1991, pero que ningún gobierno había implementado. Recuperar la senda de disminución de la deforestación requerirá fortalecer la articulación, el reconocimiento y la sostenibilidad de las ETIS como actores fundamentales para el control y la gobernanza territorial.
Ganadería y frontera agrícola
Colombia mantiene un profundo desequilibrio en el uso de la tierra. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el país solo aprovecha alrededor de 7 millones de las 22 millones de hectáreas con vocación agrícola. En contraste, aunque la vocación para la ganadería es de 15 millones de hectáreas, esta actividad ocupa más de 30 millones, con un alto impacto sobre los bosques y las emisiones de gases de efecto invernadero.
El nuevo gobierno recibe avances que pueden contribuir a corregir este desequilibrio. Según la Agencia Nacional de Tierras, formalizó alrededor de 1,8 millones de hectáreas que pasaron a manos de campesinos, una medida que favorece un uso más acorde con la vocación del suelo. Además, deberá implementar la recientemente aprobada Ley de Trazabilidad Ganadera, priorizando las zonas con mayor incidencia de deforestación y promoviendo la transición hacia un modelo de ganadería más sostenible.
En este contexto, durante la campaña presidencial Abelardo de la Espriella propuso ampliar la frontera agropecuaria en 1,5 millones de hectáreas, en línea con sectores que promueven convertir la Altillanura en el nuevo «Cerrado» colombiano, siguiendo el modelo brasileño de expansión agroindustrial, una propuesta que podría ampliar el modelo de ocupación extensiva del suelo que hoy impulsa buena parte de la deforestación. Según la FCDS, el hato ganadero en el arco amazónico creció un 86,1 % entre 2017 y 2024, muy por encima del promedio nacional.
Biodiversidad:
Colombia es un país megadiverso, esto significa que la proporción de variedad de especies en relación al territorio es muy superior a la de la mayoría de países del mundo y esto implica una mayor responsabilidad en su protección. El panorama en este sentido no es muy bueno. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Colombia existen 2.103 especies silvestres catalogadas oficialmente bajo amenaza de extinción. Según la red internacional GBIF en Colombia hay 466 especies que se encuentran en Peligro Crítico, enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
La principal causa de pérdida de biodiversidad es la deforestación, no solo por la pérdida de hábitats sino también debido a que cada hectárea destruida fragmenta corredores biológicos vitales para la supervivencia de las especies, entre ellos los más afectados son los grandes mamíferos. Evaluaciones del Instituto Humboldt indican que la biodiversidad en todo el territorio continental ha evidenciado una disminución promedio del 18% ligada estrictamente a los cambios drásticos en el uso del suelo.
Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt las especies más amenazadas de Colombia son las Plantas Vasculares (orquídeas, árboles maderables, frailejones) con cerca del 37% de su totalidad amenazadas y los anfibios (ranas, sapos, salamandras) con un 28% de sus especies descritas en alguna categoría de peligro.
Para asumir la administración del Ambiente en Colombia alrededor de la minería, combatir la deforestación, proteger la biodiversidad y priorizar la vida de los defensores del medio ambiente, Abelardo de la Espriella debería apegarse a las recomendaciones de expertos y ONGs vinculadas con el tema, para ello necesita:
- Ciencia en la toma de decisiones
- Apoyar y concretar la trazabilidad total de oro y del ganado.
- Fortalecer el control territorial con presencia integral del Estado, no solo con las armas, también con salud, educación y economía forestal y agrícola sostenible.
- Concebir el Ambiente más allá de una fuente inagotable de recursos económicos, implementar una mirada sostenible que piense en el futuro.
- Respetar y tener el cuenta la mirada de los pueblos indígenas y comunidades afectadas por los proyectos extractivos.
- El patrimonio ambiental de Colombia es público. Su defensa en el contexto global de crisis climática para un país del trópico debe ser la prioridad.
