Durante los años del furor peletero la piel del caimán aguja o cocodrilo americano (Crocodylus acutus) fue un lujo en Europa y Estados Unidos. Entre 1950 y 1980, época en que la industria de las pieles exóticas movía un mercado global voraz, la caza de este réptil fue tan desmedida que las autoridades calcularon la matanza de aproximadamente ochocientos mil ejemplares en el país. Los cazadores, a quienes todos llamaban caimaneros, no solo vendían la piel sino también la carne y los huevos.
En lugares donde antes abundaba, como en la bahía de Cispatá, la especie quedó a poco de la extinción. Un censo realizado entre 1994 y 1997 por el Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt registró apenas unos pocos individuos, entre ellos seis ejemplares confirmados en la bahía. En las orillas solo se veían colas y cabezas podridas: restos de un paisaje donde la codicia había dejado sin respiro a la vida.
La bahía de Cispatá es un estuario situado en el golfo de Morrosquillo, formado por la desembocadura del río Sinú en el mar Caribe. Hace parte del municipio de San Antero, un pueblo cordobés de mariscos y manglares donde los días siguen el vaivén de las mareas y la vida ha estado atada al pulso del agua.
Pero ese pulso no siempre fue el mismo. Hasta las primeras décadas del siglo XX, Cispatá funcionaba como un delta activo: el río entraba con fuerza, repartía sedimentos, alimentaba el manglar y sostenía una abundancia de peces, reptiles y crustáceos de la que dependían las comunidades ribereñas.
Entre los años treinta y cuarenta del siglo pasado, obras de control hidráulico desviaron el cauce principal del Sinú hacia otro punto del litoral. La bahía quedó parcialmente desconectada del río y el agua dulce le fue dando paso a la salina. El ecosistema empezó a perder especies asociadas al Sinú, como el bocachico y las mojarras, y la fauna de mar que fue entrando no compensó la pérdida porque eran especies estacionales o no permanentes, y porque ya no eran tan fáciles de pescar con los métodos tradicionales como la atarraya. El sustento se volvió irregular, menos abundante e impredecible. “El golpe para las familias se vino a sentir a comienzos de los años sesenta”, recuerda Ignacia de La Rosa, manglera de 74 años que integra la Asociación de Mangleros Independientes (AMI).
La comunidad, entonces, aprovechó la enorme demanda de pieles de animales exóticos que ya corría por el mundo, para convertir una práctica tradicional y minoritaria en masiva y urgente. Es decir: unas pocas familias en Cispatá acostumbraban a sacrificar unos pocos ejemplares de caimán aguja para comerse la carne y los huevos, y por miedo a ataques que terminaran con la muerte de alguien. Pero ya en el furor peletero, muchas personas empezaron a matar a estos animales para sacar provecho del mercado de la piel.
En 2003, un equipo de biólogos llegó a la bahía de Cispatá para actualizar el estado del caimán aguja. Entre ellos estaban Clara Lucía Sierra y Giovanni Ulloa. Lo que encontraron no fue un ecosistema rebosante, sino un territorio marcado por décadas de caza intensiva. En los caños aún operaba un grupo reducido de cazadores que se resistía a abandonar un oficio rentable y miraba con desconfianza a la ciencia: temían que liberar caimanes criados en cautiverio alterara el equilibrio del manglar o pusiera en riesgo a quienes vivían y trabajaban en el agua.
Betzabeth López, uno de aquellos dieciocho cazadores que con el tiempo cambió la escopeta por las tareas del censo y el monitoreo, recuerda que no fue fácil entender “por qué se iban a liberar, cómo íbamos a convivir con ellos y cuál era el proceso”. La escasez creciente de animales y la violencia que rodeaba la caza furtiva terminaron por inclinarlos al cambio. Con el acompañamiento de los biólogos y el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), y de la entonces Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH), comenzaron a comprender que solo un manejo técnico y ordenado podía garantizar la supervivencia del manglar y, con ella, la de la comunidad.
En 2004, el grupo se constituyó formalmente como Asocaimán. Con el liderazgo de la CVS, fue formulado el plan de manejo del área protegida y la asociación comenzó a participar en su implementación mediante recorridos de monitoreo, educación ambiental y vigilancia comunitaria. Así se inició un proceso que cambiaría de manera profunda su relación con el caimán y con el manglar.
Rancheo y cría, ingeniería para salvar una especie
El plan de conservación aprobado por el Gobierno adoptó la estrategia de rancheo, una modalidad de manejo reconocida internacionalmente para especies amenazadas. La idea era simple y audaz: rescatar huevos de nidos silvestres, incubarlos bajo control y criar a los caimanes en centros de manejo hasta que alcanzaran un tamaño suficiente para reducir su vulnerabilidad frente a depredadores, antes de devolverlos al manglar.
Betzabeth López explica que, en Cispatá, el manejo reproductivo debía ajustarse al ritmo del ecosistema. “Entre octubre y noviembre construimos nidos artificiales con barro del manglar, para que entre febrero y marzo las hembras los visiten y desoven. Luego recolectamos los huevos y los incubamos a 31,5 grados centígrados durante 83 días. Así logramos alrededor de un 70% de hembras y 30% de machos”.
El modelo establecía la liberación obligatoria de una fracción de los caimanes juveniles al medio silvestre, mientras el resto se proyectaba, en el papel, para un aprovechamiento sostenible futuro que nunca llegó a consolidarse. El plan proponía dos objetivos principales: recuperar la especie mediante censos y manejo del hábitat, y fortalecer la conservación con educación ambiental, desarrollo comunitario y la creación de un área protegida.
Luego de más de una década de trabajo técnico y diplomático, Colombia obtuvo el respaldo de este esquema de manejo por consenso en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que fue la COP17 desarrollada en Johannesburgo 2016. La decisión no significó una autorización automática para la caza ni para su comercialización: la normativa nacional sigue tipificando esa práctica como delito y hoy no existe permiso vigente para convertir este caimán en mercancía. Aun así, el aval internacional reconoció los resultados científicos alcanzados y el compromiso sostenido de la comunidad.
Entre 2002 y 2020, el programa de conservación logró recuperar notablemente la población de esta especie. Los registros del programa estiman que miles de huevos fueron recolectados e incubados y más de doce mil ejemplares fueron liberados, lo que convirtió las once mil hectáreas del manglar en un laboratorio vivo de restauración. Pero el cambio más significativo ocurrió en las personas: los antiguos cazadores se formaron como técnicos, las escuelas integraron la educación ambiental y Asocaimán impulsó rutas de ecoturismo. En 2020, el esfuerzo fue reconocido con el Premio BIBO de El Espectador en la categoría Protectores de Especies.
El debate sobre un eventual aprovechamiento sostenible despertó controversias. Críticos temían que la sola discusión reabriera la puerta a la caza, mientras otros actores insistían en diferenciar entre depredación y manejo técnico. El Instituto Humboldt precisó entonces que el rancheo no implicaba capturar animales silvestres, sino la ubicación de huevos recolectados en zonas georreferenciadas bajo estricta supervisión científica. En ese marco, investigadores y comunidades intentaron sostener la idea de que la conservación de la especie no podía desligarse de la vida de quienes habitan el manglar, y que proteger al caimán también era garantizar condiciones dignas para quienes asumieron su cuidado. Pero pronto quedó claro que la supervivencia del caimán dependía de algo más amplio: sin el manglar en pie, ninguna especie —ni comunidad— podía sostenerse.
El manglar, último frente de defensa
Mientras Asocaimán perfeccionaba el rancheo, el manglar que protegía los nidos seguía amenazado por la tala y la apertura de potreros. La comunidad entendió entonces que sin manglar no habría caimanes que salvar. Esa conciencia local sumada a la experiencia científica acumulada en Cispatá coincidió con un proceso más amplio: un grupo de instituciones buscaba demostrar el valor climático de los manglares del Golfo de Morrosquillo.
De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) debajo de los manglares hay carbono almacenado en sedimentos de materia orgánica, que al ser removidos por la tala o el drenaje lo liberan de golpe a la atmósfera. Por eso, proteger y restaurar estos ecosistemas costeros —manglares, pastos marinos y marismas— es clave frente al cambio climático. Pero el dinero que cuestan estas acciones no lo tienen las comunidades y parece que los países llamados a ejercer esa protección tampoco están dispuestos a ese gasto. Es ahí donde el mercado de carbono azul puede ser una estrategia de financiación.
Aquel conjunto de instituciones estaba liderado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) e involucraba a la CVS, Conservación Internacional, Fundación Omacha y catorce asociaciones de mangleros. El proyecto que tenían entre manos nació en 2015 con el nombre de Vida Manglar y su intención ha sido la de participar en el mercado voluntario de créditos de carbono azul trabajando en la conservación de nueve mil hectáreas de manglar dentro del complejo Cispatá–Tinajones–La Balsa.
La operación es simple: Vida Manglar calcula cuánto CO₂ deja de ser emitido —y, en menor medida, capturado— gracias a la gestión que impide la tala y degradación del bosque de mangle. Incorpora, además, información ambiental y climática derivadas de los fenómenos del Niño y La Niña para entender cómo influyen en la dinámica del manglar y en la estabilidad del carbono almacenado. Las cifras no son menores: está detectado que una hectárea de manglar puede contener más de mil toneladas de CO2, cantidad mucho mayor que la contenida por una hectárea de bosque seco tropical.
Cada resultado es revisado por la metodología de Verra, un estándar internacional que certifica proyectos de reducción de emisiones y conservación climática mediante reglas de medición, reporte y verificación independientes, diseñadas para asegurar que el carbono contabilizado sea real, adicional y comprobable. Ya dentro del mercado, cada tonelada de CO₂ se convierte en un crédito comercializable.
Según sus informes, entre 2015 y 2023 Vida Manglar evitó la emisión de 168.000 toneladas de CO₂. Las mediciones de los tres primeros años fueron tan alentadoras que sumaron aportes de empresas como Apple y dieron para contratar a la firma South Pole para prestar servicios técnicos en la estructuración del proyecto y la elaboración de los reportes de carbono. En 2021, el proyecto se consolidó como el primero certificado en carbono azul del caribe colombiano. Y hoy ya son diecinueve asociaciones comunitarias —entre ellas Asocaimán, grupos de mujeres, apicultores y pescadores artesanales— las involucradas. El dinero obtenido es administrado por Fondo Acción con decisiones compartidas entre el Comité Técnico —con participación comunitaria— y el Comité Directivo. La mayoría de las ganancias son destinadas a las actividades de restauración ambiental, la investigación ecológica y el fortalecimiento organizativo comunitario.
El Foro Económico Mundial certifica que 435 familias de la bahía han recibido incentivos económicos, se han realizado más de cien talleres con cerca de mil participantes —el 42% de ellos mujeres—, se han fortalecido los procesos de monitoreo de fauna emblemática —el manatí y la nutria, además del caimán aguja— y han crecido alianzas académicas como con el Centro de Investigaciones Marinas de Cispatá — CIMACI—, donde se incuban huevos de caimán aguja y se desarrollan estudios sobre el ecosistema. Vida Manglar dice que entre 2019 y 2023 las comunidades lograron limpiar 34,6 kilómetros de caños y restaurar más de mil hectáreas de salitrales y zonas degradadas, acciones que antes resultaban inviables por falta de financiación.
Saberes, oficios y organización local
Betzabeth López aprendió a distinguir el sexo de los caimanes por el tamaño y la textura de los huevos. Hoy enseña a jóvenes a manejar incubadoras y realizar censos nocturnos en los caños de Cispatá. Por su parte, Ignacia de La Rosa recuerda que, junto a otras lideresas, defendieron la restauración de los caños naturales y aprendieron a seguir la marea para recuperar los flujos antiguos de agua.
Además de sus dieciocho miembros fundadores, Asocaimán cuenta con un creciente grupo de voluntarios que trabajan desde la Estación Biológica Amaya —base para investigaciones científicas de Invemar— enfocada en la conservación del caimán y el ecoturismo comunitario. Los hombres y mujeres de la asociación recorren caños y ciénagas para medir temperatura y salinidad, registrar avistamientos de caimanes, manatíes y aves, y definir junto a los biólogos cuántos huevos recolectar en cada temporada. También ofrecen charlas de educación ambiental en San Antero y Lorica, en los que enseñan a los niños que el caimán no es enemigo sino parte esencial de su territorio y su identidad. Mientras tanto, otras asociaciones comunitarias —como Apisanantero, Asomiel, Apracag y Covicompagra— diversifican su trabajo: producen miel, velas y vinos que venden a los visitantes y refuerzan la economía local.
Gracias a estos esfuerzos, Vida Manglar ha convertido a Cispatá en referente. Su experiencia ha sido presentada en más de treinta congresos y foros internacionales. En 2023, Ignacia de La Rosa viajó hasta Dubái para representar a su comunidad en la COP28. Allí relató cómo las mujeres del manglar participan en la recolección de datos, la reforestación y la producción de miel. Al regresar, lideró talleres para otras mujeres sobre gestión de proyectos comunitarios y participación en los espacios de decisión del programa, reforzando la idea de que la acción climática también se teje desde abajo.
Cuidar el manglar, dice Ignacia, es una tarea física y emocional. Antes de sembrar, las comunidades organizan mingas para limpiar los caños que comunican los bosques con el mar, retirando sedimentos y troncos caídos para que el agua vuelva a correr. Luego llega el momento más esperado, la siembra. “Es tan bonito ver que uno riega esas semillas y al volver, dos meses después, ya no están acostadas sino de pie”, dice.
En los últimos años, visitantes de una treintena de países —científicos, funcionarios, turistas e integrantes de pueblos indígenas de otras regiones— han llegado para conocer el proyecto y compartir aprendizajes. Más que ingresos por tours o productos, ese intercambio ha despertado un orgullo profundo. “Cada vez que siembro un árbol, siento que estoy sembrando futuro”, dice Luis Roberto Canchila, representante legal de la Asociación Ambientalista de Mangleros de La Balsa, en San Bernardo del Viento.
¿Quién paga y quién cuida?
La venta de créditos de carbono no está exenta de cuestionamientos. En el artículo “Reconsidering a panacea: a blue carbon project in Colombia”, publicado por la plataforma Degrowth, la investigadora Gisela Ruiseco analiza el proyecto Vida Manglar y advierte que este tipo de iniciativas pueden “convertir en mercancía elementos que antes pertenecían a una economía de subsistencia”. Según la autora, existe el riesgo de que las comunidades queden atadas a fuerzas de mercado volátiles, hasta el punto de que “todo un modo de vida se vuelve funcional” a esas dinámicas externas.
Ruiseco enmarca estas tensiones en una crítica más amplia a la llamada economía azul, que en ocasiones reproduce lógicas coloniales: países del Norte global compran su derecho a seguir contaminando, mientras territorios del Sur asumen la carga de proteger bosques y manglares. En ese proceso, señala, el conocimiento local corre el riesgo de ser apropiado por organizaciones internacionales y traducido únicamente en valor comercial, despojado de su dimensión política, histórica y social.
En esa misma línea, persisten temores sobre el futuro del caimán aguja. Ambientalistas señalan que la eventual legalización del comercio de pieles, una posibilidad que nunca se ha materializado, podría derivar en abusos o presiones para aumentar los cupos, mientras las autoridades sostienen que el plan de manejo y las salvaguardas de CITES imponen controles estrictos. El debate continúa abierto entre quienes ven en estos proyectos una oportunidad de sostenibilidad y quienes advierten el riesgo de que la naturaleza se reduzca a una cifra negociable.
La volatilidad del mercado de carbono también genera preocupación. Expertos del Innovation Forum señalan que los proyectos de carbono azul necesitan contratos estables, reglas claras y políticas públicas que garanticen los derechos de las comunidades y eviten la concentración de beneficios en intermediarios. Para organizaciones como Asocaimán y las asociaciones de mangleros, estas no son discusiones abstractas: su sostenibilidad depende de mantener el equilibrio entre economía y conservación.
“Sabemos que el mundo nos mira y que cualquier error podría hacernos retroceder”, dice Betzabeth. “Por eso, nuestra prioridad sigue siendo liberar caimanes y restaurar manglares; si algún día se abre la puerta a más aprovechamientos, queremos que sea con respeto, transparencia y bajo reglas claras”.
El éxito del programa Vida Manglar no está exento de sombras. En 2024, la Corte Constitucional de Colombia falló contra un proyecto de bonos de carbono en el río Pira Paraná por vulnerar los derechos de comunidades indígenas al no consultarlas. Ese mismo año, investigaciones periodísticas cuestionaron a South Pole y AENOR —empresas que han prestado servicios técnicos a proyectos de carbono, incluido Vida Manglar— por presuntas compras irregulares de tierras en Honduras y otros países. Estos casos avivaron la desconfianza hacia el mercado de carbono y reforzaron los llamados a la transparencia y a la participación comunitaria.
La ecóloga Sandra Vilardy recuerda que el programa no surgió desde una oficina extranjera, sino de más de tres décadas de organización y restauración local en el Golfo de Morrosquillo: “La venta de bonos es solo la última fase de un camino largo, hecho de empoderamiento comunitario”.
La paradoja es evidente: un proyecto nacido desde la base social que a la vez depende de certificaciones y empresas internacionales. Por eso, mantener una mirada crítica resulta tan esencial como proteger el manglar. “Vida Manglar es de nosotros; no lo trajo nadie. Estábamos aquí desde antes; los externos llegaron a continuar procesos y a poner herramientas”, afirma Ignacia de La Rosa, insistiendo en que la verdadera autoría del proyecto pertenece a las comunidades que lo hicieron posible.
A la orilla del río Sinú, unos niños observan cómo un caimán juvenil se desliza entre las raíces del manglar, mientras los antiguos cazadores narran las viejas tensiones por un animal que estuvo bajo amenaza de extinción en Cispatá. Hoy, en lugar de pieles, exhiben collares de semillas y frascos de miel; las cuadrillas comunitarias limpian caños para que las plántulas respiren y el agua dulce vuelva a circular. Cada gesto revela un propósito común, reconciliar a la comunidad con su territorio y demostrar que la conservación es también una forma de sanar la memoria.
El regreso del caimán aguja confirma que un rancheo bien gestionado puede salvar una especie y que los créditos de carbono si obedecen a reglas claras de justicia ambiental pueden ayudar a financiar la protección de ecosistemas enteros. Al caer la tarde en la bahía de Cispatá, el sol tiñe de oro las copas del manglar, recordando que la vida solo perdura cuando hay equilibrio entre especies y personas, entre economía y memoria, entre desarrollo y dignidad.
*Periodista colombiano nacido en Cartagena de Indias en 1998. Sus investigaciones abordan temas ambientales, comunitarios y culturales.
Disclaimer:
Este reportaje hace parte de la investigación “Vida Manglar, una historia de conservación y economía desde la bahía de Cispatá”, realizada con el apoyo de Earth Journalism Network, a través del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506. Su contenido fue elaborado de manera independiente, con base en testimonios comunitarios, trabajo de campo y la revisión de documentos oficiales del proyecto Vida Manglar, implementado por Conservation International Colombia, la CVS, INVEMAR, la Fundación Omacha y asociaciones locales de mangleros. Las opiniones y conclusiones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la posición de las organizaciones mencionadas ni de los financiadores. Se prohíbe la reproducción total o parcial del material sin autorización previa.
