En sus piezas publicitarias el proyecto Bonaire aparece como una imponente edificación de dos torres y 16 pisos con 128 apartamentos, rodeada de cafetales abundantes, árboles frondosos y montañas verdes, con jardines interiores y una piscina similar a la de los centros vacacionales de lujo del Caribe. 

Pero los anuncios publicitarios se chocan con la realidad cuando uno coteja la dirección del proyecto, ubicado en la calle 19 No. 7-01 de Dosquebradas, justo al lado del barrio Campestre D, un populoso sector de viviendas consolidado hace más de tres décadas al borde de los riachuelos Los Frailes y Dosquebradas. Al contrario de lo que sugieren los posters y mensajes de la constructora, el proyecto Bonaire no está enclavado entre montañas verdes y jardines paradisiacos, sino en una cañada en medio de dos barrios populares compactos cuyo estilo arquitectónico es la autoconstrucción.

En cambio, la ejecución de las primeras obras de Bonaire sí está destruyendo uno de los últimos parches de bosque que quedaban en la zona, sobre la cuenca de Los Frailes, con la complicidad de la Alcaldía municipal y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), autoridad ambiental del departamento.  Los Frailes es una cuenca poblada de guaduales y vegetación secundaria que es hábitat de especies como zarigüeyas (Didelphis marsupialis), cusumbos (Nasua nasua), zorros cangrejeros (Cerdocyon thous), iguanas (Iguana iguana) y varias especies de aves y serpientes. El terreno además sirve como zona de amortiguamiento para inundaciones y contiene la erosión de la quebrada, sirviendo como un corredor ecológico con la cuenca del riachuelo Dosquebradas, a la que vierte el cauce de Los Frailes.

La historia del proyecto se remonta a diciembre de 2023, cuando en los últimos días de la administración del alcalde Diego Ramos la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas (EDOS) transfirió gratuitamente el terreno de 7.894 metros cuadrados, que era propiedad del municipio, a una fiduciaria para la construcción de un proyecto de vivienda de interés social. El avalúo catastral del lote se tasó en 2.315 millones de pesos de la época. En realidad se trataba de un terreno de espacio público con zonas verdes y una cancha de fútbol que ha beneficiado a los pobladores del barrio Campestre D.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Dosquebradas (EDOS), si bien es pública opera bajo la lógica de la contratación privada, pues es una empresa descentralizada. La EDOS estructuró un negocio con el Consorcio SUROS para ejecutar en el lote un proyecto urbanístico de viviendas y locales en donde su aporte sería colocar el terreno. La EDOS se beneficiaría con un local de 700 metros cuadrados en la construcción, donde ubicaría su sede. 

Aunque el negocio empezó en el periodo de Ramos, bajo la administración del alcalde actual, Roberto Jiménez Naranjo, ha tomado impulso. Jiménez Naranjo es un viejo político de Dosquebradas reconocido por ser hermano del poderoso paramilitar y narcotraficante Carlos Mario Jiménez “Macaco”, hoy preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. 

El Consorcio SUROS, encargado de ejecutar la obra, está conformado por la empresa Ingenovac, en cabeza de Sebastián Suárez Herrera, con un cincuenta por cierto de las acciones, y el ingeniero Álvaro Hernán Ossa Arbeláez, socio del consorcio dueño de la otra mitad de las acciones. 

Sebastián Suárez Herrera es un joven ingeniero civil que trabajó como director operativo en la Alcaldía de Pereira entre 2020 y 2023, junto al cuestionado exalcalde Carlos Maya, acusado por la Fiscalía de graves delitos de corrupción por los cuáles ya estuvo un año preso, pues se lo señala de haber sido el presunto cerebro detrás de la malversación de más de 50.000 millones de pesos en el contrato para construir la Avenida de Los Colibríes, una obra fallida hoy convertida en un “elefante blanco”. 

Álvaro Hernán Ossa es otro ingeniero y veterano contratista de obras civiles, vinculado a contratos públicos con varias administraciones en Pereira, Dosquebradas y la Gobernación del Risaralda. A Ossa se lo ha relacionado con los accionistas de Gerenciar, en cabeza de Lucas Ossa, una de las constructoras más grandes del Eje Cafetero, sin embargo fuentes aseguraron a Baudó que no tiene relación comercial con esa empresa.

Suárez Herrera, por su parte, fue funcionario público y al mismo tiempo era lobista de grandes compañías constructoras desde el 2019, según él mismo contó en una sesión del Concejo Municipal de Dosquebradas el pasado 21 de junio de 2025. Allí se discutió la conveniencia del proyecto Bonaire y se cuestionó por parte de la comunidad y varios concejales el hecho de que el lote hubiera sido “donado” para luego terminar favoreciendo un negocio de privados. 

“[Esta] es una empresa familiar, la construimos entre mi esposa y yo”, aseguró Suárez Herrera. “He venido trabajando hace aproximadamente 6 años formulando proyectos inmobiliarios en toda la ciudad de Pereira y Dosquebradas. Le formulábamos los proyectos a grandes empresas que hoy son proyectos exitosos, y a partir del año 2022–2023 decidimos migrar la empresa a lo que hoy es Ingenovac Constructora, una empresa desarrolladora de construcción”. Y agregó que la licencia de construcción está en trámite: “No hemos movido ni un gramo de arena, respetando todos los procesos que debemos cumplir antes de iniciar. Esta licencia fue radicada hace cinco meses y está en proceso de liquidación para su obtención”. El proyecto ya obtuvo la licencia urbanística para su construcción.

Pero no es cierto que la empresa no haya movido “un gramo de arena”, porque fotos y testimonios a los que accedió Baudó Agencia Pública revelan que ya hay obras sobre el terreno y ya se han realizado excavaciones y la tala de árboles. En una de las fotografías se aprecia claramente un cargamento de arena.

Esta es, justamente, la mayor preocupación de los vecinos del barrio Campestre D, quienes conformaron una veeduría para exigirle al municipio y a la constructora que detengan las obras. 

La comunidad esgrime como principal argumento un concepto técnico rendido el 19 de diciembre de 2024 por la Carder que recomendó no aprobar los permisos para la tala de árboles y la intervención en una parte del terreno: “Desde el punto de vista técnico no se considera viable autorizar el aprovechamiento de 63 árboles aislados y aprovechamiento único de 1.308 tallos de Bambú, en vista de que la ubicación de estos se encuentra dentro de suelos catalogados como suelos de protección [según el] Acuerdo 007 de 2024 Plan de Ordenamiento Territorial”, se lee en el documento de la Corporación.

Pero ese concepto técnico fue modificado después de que la subdirección de gestión ambiental de la entidad, en cabeza de Diana María Vásquez, enviara un memorando al ingeniero forestal encargado de la evaluación, lo que podría ser interpretado como una medida de presión, pues se solicitaba expresamente “complementar, ajustar y/o modificar” el concepto técnico que no era favorable a los constructores. Este memorando tiene fecha del 31 de diciembre del 2024, el último día del año.

El segundo concepto técnico se rindió el 12 de mayo de 2025 y ratificó que “no era viable” autorizar la tala de árboles en el terreno, pero añadió un salvavidas a los constructores indicando que se recomendaba “solicitar la desafectación del predio teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo 028 de 2011, en el Artículo Décimo Sexto sobre el proceso de desafectación, previa solicitud de aprovechamiento forestal”.

Entonces la Corporación autorizó “el aprovechamiento único de 115 cúmulos de guadua por su interferencia con el proyecto”, otorgando un plazo de ocho meses a la constructora. La tala del guadual dependía de otro permiso para la ocupación del cauce de Los Frailes que la compañía obtuvo apenas cuatro días después del concepto técnico a su favor, es decir, el 16 de mayo de 2025. Esto pese a que la zona está catalogada como suelo de protección del recurso hídrico, en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 

La comunidad entabló una acción popular en contra del proyecto y reclama que, si la justificación para destruir el bosque se fundaba en la necesidad de construir viviendas de interés social, esto no se compagina con la publicidad de la constructora que ofrece los apartamentos a compradores extranjeros y colombianos radicados en el exterior, lo que claramente demuestra que el principal interés es llenar los bolsillos de los dueños del negocio. Exigen que el lote debe seguir siendo público, como lo ha sido en los últimos 38 años, desde que pasó a manos del municipio.

La concejala opositora Tatiana Saldarriaga, quien perdió las elecciones en la contienda electoral pasada con el alcalde actual Roberto Jiménez, declaró en la sesión del Concejo Municipal del 21 de junio que “tener el permiso para desarrollar Bonaire no es garantía de que se estén haciendo bien las cosas”. 

Saldarriaga fue más allá y aseguró que “el predio debió haberse destinado a zonas verdes, a Dosquebradas le faltan parques, árboles, espacios para el esparcimiento, nos hablan de un déficit de vivienda, pero esta no es vivienda para los que deben ser reubicados, es para quien puede pagarla, el verdadero déficit es el de quienes están en zonas de riesgo, más de 6.000 [habitantes]”.

Dosquebradas sufrió un acelerado desarrollo urbanístico en la última década, propiciado por la llegada de empresas constructoras que encontraron suelos más baratos y una normatividad mucho más laxa en los planes de ordenamiento territorial frente a la que existía en Pereira, según explicó a Baudó el constructor Juan David Sánchez, miembro de la Cámara Colombiana de la Construcción. 

Algunas de estas constructoras han sido relacionadas con lavado de activos del narcotráfico. La ciudad, además, no posee planta de tratamiento de agua propia y depende del agua que le vende Pereira, Santa Rosa y una docena de acueductos comunitarios construidos por la gente en los barrios populares. 

Por eso los vecinos llaman la atención sobre otro elemento preocupante: la creación de 128 viviendas nuevas en un espacio que no tiene grandes vías de acceso, infraestructura ni equipamientos públicos, lo que generará congestión vehicular y sobrecarga de los servicios en todo el entorno. 

La comunidad alega la afectación a los derechos colectivos, el derecho a un ambiente sano e invocan el “principio de no regresión ambiental” que “es la prohibición de modificar la normativa, políticas y jurisprudencia, para dar pasos hacia atrás respecto a los niveles de protección alcanzados”. Consideran que es inadmisible perder el poco espacio público que aún queda en el barrio y este pequeño pulmón verde dentro de la ciudad para beneficiar a terceros. 

Baudó consultó al ingeniero Sebastián Suárez Herrera para preguntarle por las dudas que genera el proyecto y también sobre los señalamientos de supuestas maniobras irregulares en torno al traspaso del lote. Le consultamos por sus presuntos conflictos de interés, pues era funcionario público y al mismo tiempo asesoraba a constructoras, también sobre su posible relación con concejales de Dosquebradas. Al cierre de este reportaje aún no habíamos recibido respuesta. 

También llamamos a su teléfono personal a Julio César Gómez, un veterano político que ahora está al frente de la Carder, para preguntarle por el extraño cambio del concepto técnico que avaló la intervención de la constructora en el suelo protegido. Gómez contestó una primera llamada pero dijo que debía revisar la documentación del caso para dar algún pronunciamiento. Después no contestó más el teléfono.

La comunidad, por su parte, espera que las obras se detengan con una medida cautelar solicitada en la acción popular, cuyo trámite ya fue aceptado por el tribunal administrativo del departamento: “Las entidades no brindaron alternativas, no escucharon a la comunidad y le dieron continuidad a un proyecto que no contó con nuestra voz, no se realizó una consulta con la comunidad para destinar ese lote que nosotros disfrutábamos como cancha desde hace más de treinta años”, concluye el psicólogo José Luis Medrano, uno de los miembros de la comunidad que ha estado al frente de la veeduría. “El inicio de las obras ya generó un daño medioambiental y desplazó animales que tenían su hábitat allí, ahora tenemos un conflicto social, esperamos que la acción popular falle en justicia y tenga en cuenta los argumentos de la comunidad”.