Texto
Camilo Alzate
Ilustración
Felipe Rivera
Julio 5 de 2024
Compartir
El pueblo del silencio
Una nueva oleada de asesinatos, amenazas y desapariciones. Una docena de menores de edad víctimas de la mafia. Un grupo de madres que busca y protesta sin descanso. Cartago vuelve una y otra vez sobre su vieja tradición de poder criminal y violencia, aunque un pequeño sector de la sociedad civil ya no está dispuesto a quedarse callado.
Juan Pablo examinaba el terreno esquivando charcos y troncos, con la destreza de quien ya había recorrido palmo a palmo aquel lote descuidado, sembrado de zarzas, basuras y escombros. Era la mañana húmeda del 7 de mayo de 2024; habían corrido nueve meses desde la primera vez que recorrió el lugar.
Mientras se adentraba en los potreros recordaba con precisión la bitácora completa del 13 de agosto de 2023, una fecha que lo persigue desde entonces. Señaló el alambrado por el cual habían cruzado de noche, luego el recodo donde estuvieron escarbando varias horas sin hallar nada y, al final, un montículo desde donde su cuñado avistó algo sobre la superficie del agua, como flotando en el humedal, en el instante fugaz en que apuntó con la linterna.
Aquel día, la familia completa había participado de una marcha en protesta por la desaparición de Daniela, hija de Juan Pablo, y Nicolás, su novio. Después de la misa de siete, Juan Pablo estaba abriendo la puerta de su casa y le entró una llamada de un numero desconocido del que le habían timbrado en dos oportunidades anteriores sin hablarle. “Dijeron que, en los lados del Batallón, en la laguna, estaba el cuerpo de una muchacha con una estaca en el pecho, que fuera a buscarla, que de pronto era mi hija. Ahí colgaron”, cuenta Juan Pablo.
Su hija, Daniela, de 17 años, había desaparecido en compañía de Nicolás Aristizábal, también menor, en el atardecer del 3 de junio de 2023, dos meses y medio atrás, cuando ambos salieron a dar una vuelta en moto. Desde entonces, Juan Pablo, padre de Daniela, y Lina Gómez, madre de Nicolás, no pararon de buscarlos ni un solo día.
Él atribuye el hallazgo a una especie de revelación divina. Cuando le preguntan quién cree que estuvo detrás de esa llamada que dio aviso, responde convencido con una sola palabra: “Dios”.
Y agrega que de no haber sido por la llamada su hija seguiría desaparecida, pues habían agotado todos los recursos disponibles. “Ya eran dos meses de búsqueda”, dice. “Somos una familia de veinte y si nos decían por la noche que había algo, nos íbamos todos, con varillas, con palas, alumbrábamos pozos con los teléfonos para ver qué había adentro. Busque y busque y busque”.
El viernes 11 de agosto de 2023 el cuerpo de Daniela salió a flote y esa misma noche fue visto por unos cazadores que perseguían guatines. En la mañana del sábado estos cazadores avisaron sobre el hallazgo a la Policía, que nunca apareció por el sitio. “Gracias a Dios, la Policía no fue”, opina hoy Juan Pablo. “Hubieran sacado el cuerpo y lo hubieran desaparecido”.
El domingo 13 de agosto Juan Pablo confirmó el hallazgo en el baldío junto al Batallón Vencedores de Cartago, en las goteras de la ciudad. Al lugar se puede ingresar por las carreras segunda o cuarta, de acuerdo con la ruta escogida. En el centro del terreno existió siempre un extenso humedal natural que crecía o mermaba según el capricho de las lluvias.
Desde el 14 de agosto de 2023, junto a Lina Gómez, la madre de Nicolás, consiguieron motobombas, palas y más brazos para desecar la laguna, con el propósito de saber sí había otros cuerpos. Tres días con sus noches estuvieron trabajando y acampando junto al charco para evitar que alguien alterara la escena. “Deducimos que había más”, cuenta Juan Pablo. Y así fue: en pocas horas de trabajo encontraron otro cuerpo entre el lodo.
Meses más tarde, el Instituto Colombiano de Medicina Legal confirmaría que se trataba de ambos niños. Los restos de una tercera persona que, según los padres, también fueron hallados por ellos, no pudieron ser identificados.
Los pormenores de la desaparición y posterior asesinato de ambos menores se entrecruzan en una trama de mafia y omisiones de la Policía, la Alcaldía y la Fiscalía, que los familiares no dudan en señalar como complicidad con el crimen.
El mismo día en que la pareja desapareció, miembros de la Policía Nacional realizaron un allanamiento ilegal en la casa de Daniela, sobre las cuatro de la tarde, supuestamente por una confusión. Así consta en un documento oficial de recepción de quejas y reclamos de la misma Policía, que fue remitido también a la Procuraduría General de la Nación el 31 de agosto de 2023. La queja establece que los agentes que practicaron el registro ilegal en la vivienda aseguraron que “se equivocaron” pues tenían una “orden de allanamiento” pero esta era para la vivienda del frente.
Minutos más tarde y ya percatados del error, los uniformados cruzaron al otro lado de la calle y registraron el verdadero blanco del operativo: una vivienda en donde se escondían varios muchachos acusados de pertenecer a la banda de Los Flacos, una estructura criminal heredera del poder mafioso de algunos capos del Cartel del Norte del Valle.
Las familias aseguran que la coincidencia de ambos acontecimientos no es fortuita. La motocicleta de Nicolás apareció días después embarrada y averiada en una cuneta de una finca cercana al aeropuerto de Cartago, muy lejos del lugar donde hallarían los cuerpos. Esta finca, llamada El Rincón, ha estado relacionada con capos del narcotráfico en la zona y fue allanada por las autoridades. Y la Policía, en vez de practicar los actos urgentes para recolectar evidencias, lavó la mocicleta y la movió del lugar.
También creen que la actitud del entonces alcalde municipal, Víctor Álvarez, restó importancia al entramado criminal detrás de las desapariciones, pues en varias conversaciones con Lina Gómez, la madre de Nicolás, sugirió que podría existir algún vínculo de los menores desaparecidos con la estructura criminal señalada del doble homicidio, como si ellos fueran los propios culpables de su muerte.
El exalcalde Álvarez llegó al poder apadrinado por Jesusita Zabala de Londoño, una vieja gamonal de la política en la región, exalcaldesa, exparlamentaria y esposa del también excongresista liberal Ignacio Londoño. Jesusita Zabala es madre del asesinado Nacho Londoño Zabala, el célebre “hombre del maletín”, involucrado en el escándalo de la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) por parte de los barones del narcotráfico en el Valle del Cauca.
Nacho Londoño Zabala fue un reconocido abogado defensor de narcotraficantes relacionado con Hernando Gómez Bustamante alias “Rasguño”, gran capo de la mafia nacional, quien desde una prisión en los Estados Unidos lo acusó de ser el operador político del Cartel del Norte del Valle, señalándolo además de ordenar el asesinato de un primo suyo para impedir que se revelaran crímenes cometidos por esa organización mafiosa. Nacho Londoño, a su vez, fue asesinado en su propia residencia de Cartago el 20 de julio de 2015, cuando era candidato a la alcaldía de ese municipio, sin que haya hoy claridad sobre los responsables.
El exalcalde Álvarez, consultado por Baudó Agencia Pública, defendió sus actuaciones frente al caso, en especial la más controvertida de todas: haber ordenado tapar el humedal con maquinaria y una enorme masa de tierra antes de que se inspeccionara completamente el lugar y se descartara del todo la presencia de más evidencias de interés forense.
Baudó AP
Así luce hoy el terreno donde fueron hallados los menores desaparecidos, luego de que el alcalde Víctor Álvarez ordenara tapar con tierra el humedal.
Según él, “por la complejidad del caso” la decisión “se determinó por parte de las autoridades competentes, Fiscalía y el Puesto de Mando Unificado, para evitar que en el lugar siguieran delinquiendo, al igual hay un colegio y se podría generar peligro a los estudiantes que transitan en el sector”.
Álvarez agregó que lo que los vecinos llaman “la laguna” no era un humedal ni una zona especial de protección, sino “un lago que se creó porque tiraron escombros hace muchos años de una construcción y un tejar, el agua se empozaba si había lluvias”. Según él, todos los permisos y autorizaciones legales para esa controvertida decisión reposan en las entidades correspondientes.
***
El caso de Daniela y Nicolás fue el primero de la nueva estela de crímenes, todos sin resolverse. La mayoría han seguido el mismo patrón: jóvenes parejas de adolescentes que desaparecieron, cuyos cuerpos luego se hallaron en lotes baldíos con señales de tortura y abuso.
Casos como el de los novios Carlos Andrés Salazar Damelines, de 16 años, y Daira Alejandra Betancourt, de 13 años, quienes fueron vistos por última vez el 19 de octubre de 2023 a las afueras del centro comercial Nuestro Cartago y cuatro días más tarde aparecieron sin vida en un lote contiguo al terreno donde estaba el humedal que el alcalde Víctor Álvarez mandó a tapar.
O casos como el de Isis Sánchez, de 15 años, y Jean Pool Hernández, de 16, quienes desaparecieron juntos el 19 de diciembre en un barrio de la ciudad, sin que a la fecha haya certeza sobre su paradero.
O el de Dioner Mazo y José Lisandro Mosquera, a quienes vieron por última vez cerca del barrio Bellavista el 12 de octubre de 2023, pero de los que hoy no se conoce su paradero: “Si mi hijo hizo algo, mátenmelo en la casa, pero ¿por qué me lo tienen que desaparecer?”, se lamenta la madre de Mosquera.
En todos estos casos, las familias guardan la esperanza de que sus hijas e hijos aparezcan vivos o, en el peor de los casos, puedan quitarse la incertidumbre de saber qué les ocurrió. No creen en la teoría de que anda suelto un desadaptado mental que secuestra y viola niños, porque consideran imposible que este patrón se haya repetido una y otra vez durante un año sin complicidad de las autoridades y de la banda criminal local, que es omnipresente en la vida cotidiana de Cartago.
“Un psicópata viola solo. Para coger dos niños, matarlos, apuñalarlos, ponerles piedras en el pecho, llevar la moto al otro lado de la ciudad, para eso se necesitan varios”, asegura Juan Pablo, quejándose de la violencia desatada que cubre de balaceras semanales las calles del municipio y sus alrededores: “El Presidente está con su paz, ¿y nosotros ponemos los muertos? Si esto acá no lo investigan y no le meten el brazo, no va a pasar nada”.
“Esto no lo hace un asesino en serie, sino una banda criminal, que no trabaja sola, sino con la política y la Policía”, agrega Lina Gómez.
En total hay registro de una veintena de adolescentes desaparecidos en los últimos tres años, cuyas familias conformaron una asociación. Dos de las familias denunciantes hoy cuentan con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), que determinó el pasado 4 de diciembre que estas familias “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.
Todos los padres han recibido amenazas, panfletos, llamadas extrañas o mensajes que llegan desde cárceles y barrios de la ciudad, intimidándolos para que cesen sus denuncias y protestas públicas, que ya ajustaron un año.
A Jackeline le dijeron que se quedara callada, que estaba hablando mucho. A Camilo y Victoria les enviaron una razón a la casa: que si no habían quedado conformes con lo del niño, entonces irían por el otro. A Lina un conocido le contó que estaban esperando la orden de asesinarla y ya tenían la ubicación de su casa. A Diana le llegó un mensaje por Facebook: que no hablara, que dejara la bulla, que no publicara más videos pidiendo y orando a la Virgen por la aparición de su hijo. Una estrategia de terror con el evidente propósito de imponer de nuevo el acostumbrado silencio.
Mientras tanto, en la ciudad se escucha desde el año pasado de corrillo en corrillo que existe una guerra vigente entre ‘Los Flacos’ con una escisión de la misma banda ahora denominada ‘La Nueva Generación’. Disputa que ya deja decenas de muertos, desplazados y amenazados en muchos de los pueblos del Norte del Valle.
En 2001, la reportera Jineth Bedoya Lima vino a Cartago para documentar una oleada de desapariciones de adolescentes similar a la actual. Una veintena de jovencitas fueron raptadas y sus cuerpos aparecieron mutilados en fincas. También hubo casos de universitarias enamoradas por los testaferros de la mafia de las que luego nadie volvió a tener razón. No era la primera oleada de desapariciones y, evidentemente, tampoco iba a ser la última.
“Algunos se atreven a insinuar inclusive que el regreso de las desapariciones, que ya se había vivido entre 1987 y 1992, se debe precisamente a una estrategia de los narcos para sacar al comandante, que ha intensificado las operaciones contra ellos en la ciudad”, escribió Bedoya Lima en su artículo del diario El Tiempo: “A los presuntos responsables muchos los identifican y hasta saben dónde viven, pero se niegan a decir sus nombres. […] En todos los casos, no obstante, los padres guardan la esperanza de que aparezcan vivas, o al menos, en el peor de los casos, puedan terminar con la incertidumbre de saber qué les ocurrió”.
Es la vieja historia que se calca a sí misma una y otra vez, imitando los repertorios de guerras anteriores y ajustes de cuentas interminables en una violencia pura, absoluta, irracional, inexplicable.
“Aquí nadie habla porque este es el pueblo del silencio”, sentencia Lina Gómez. “Si uno habla lo matan. Aquí matan y nadie vio, nadie escuchó”.
