Tauramena: entre el agua y el crudo

Los temores del gobierno de Juan Manuel Santos eran acertados. Desde el ejecutivo se preveía que después de Piedras y Tauramena vendría una “avalancha” de consultas populares en territorios concesionados a grandes empresas multinacionales de la minería o el petróleo, o incluso consultas rechazando otro tipo de megaproyectos como las grandes hidroeléctricas.

Hubo diez consultas populares completamente legales contra proyectos mineros y petroleros, pero en camino venían 47 más cuando en el 2018 la Corte Constitucional dejó sin efectos jurídicos los resultados de las que ya se habían realizado, de acuerdo con Robinson Mejía, vocero del Movimiento Nacional Ambiental y promotor de una de las consultas más mediáticas de todas, la de Cajamarca, Tolima, en contra del proyecto de minería de oro de La Colosa, concesionado a la multinacional Anglo Gold Ashanti.

Tauramena marcó la ruta que iban a recorrer otros municipios del 2013 en adelante. En todos hubo movimientos ciudadanos preocupados por el extractivismo; luego, comités donde confluyeron personas de todas las orillas políticas e ideológicas; después, consultas que sin ninguna excepción rechazaron por mayorías apabullantes los megaproyectos, seguidas por demandas judiciales de las multinacionales o empresas estatales como Ecopetrol que buscaron dejarlas sin sustento.

En su demanda contra el acto del Concejo Municipal de Tauramena del 10 de marzo de 2014 —que declaró válidos los resultados de la consulta “para conservar los recursos naturales entre ellos los hídricos, con el fin de garantizar el abastecimiento y suministro de agua a los habitantes”—, la petrolera estatal Ecopetrol argumentó que “ninguna norma constitucional o legal faculta al Concejo Municipal de Tauramena para involucrarse en asuntos de orden nacional, propios del estado unitario colombiano y atribuidos a su legislador nacional único, como resultan ser los relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad exclusiva de la Nación”.

Le cabe algo de cinismo a la afirmación que hizo la empresa en su demanda judicial contra la consulta popular, asegurando que no había “ningún elemento” técnico o científico que demostrara que la exploración y explotación petrolera podía poner en riesgo “la zona de recarga hídrica” del municipio. Ecopetrol invocó el carácter unitario del Estado colombiano para pedir a los diferentes jueces y tribunales por los que cursó el litigio que invalidaran la voluntad popular, con el supuesto de que sólo el Estado central puede definir dónde y cómo se realiza la explotación de hidrocarburos o minerales.

“El Estado también son los municipios”, fueron las palabras del abogado Luis Arturo Ramírez Roa, uno de los promotores de la consulta. No obstante, en 2018 un fallo de la Corte Constitucional dirimió este y otros litigios similares tras una demanda de la petrolera indo-china Mansarovar en contra de otra consulta popular realizada en Cumaral, Meta, apelando al mismo principio del Estado unitario.

Pero la Corte lanzó un salvavidas a las comunidades y municipios que habían rechazado los proyectos extractivos usando las consultas populares: le ordenó al Congreso de la República que se promueva una ley “para que defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio”.

Este es el proyecto de ley de democracia ambiental que una docena de organizaciones aglutinadas en torno al Movimiento Nacional Ambiental han presentado sin éxito durante tres legislaturas diferentes desde el año 2020. Dos veces se intentó impulsar la ley en el Congreso durante el gobierno de Iván Duque pero ni siquiera fue agendada para debate a pesar de haberse radicado, algo apenas previsible de un escenario político dominado por partidos alineados con el gobierno de la época, que no tenía entre sus prioridades la protección del medio ambiente.

Lo que no esperaban los activistas es que ya en 2022, durante la primera legislatura de un Congreso con una notable representación de partidos que prometen defender el medio ambiente, el proyecto de ley se hundiera porque cuando estuvo a punto de ser discutido en primer debate desde el Gobierno pidieron que fuera aplazado. Al final nunca lo agendaron para un nuevo debate. 

“Nos hemos enfrentado a proyectos minero energéticos y nunca nos han consultado”, se queja Robinson Mejía, uno de los promotores de la iniciativa: “el Congreso no lo quiere hacer, nosotros vamos a hacerlo, si no es la consulta popular entonces ¿qué otros mecanismos pueden subsanar este déficit de mecanismos de participación que tenemos?”.

Por cuarta vez el proyecto de ley fue radicado por el senador Juan Carlos Losada con el respaldo de las organizaciones ambientalistas, con la esperanza de que en este período legislativo tenga por lo menos un debate.

De concretarse, algo que los mismos ponentes reconocen como muy improbable, la ley de democracia ambiental abriría la puerta para que las comunidades y municipios que hicieron consultas populares contra la minería y la explotación petrolera puedan incidir en el futuro de sus territorios e incluso vetar definitivamente los proyectos extractivos, no sólo antes de que inicien sino incluso aquellos que ya están en operación.

“Con el cambio de Gobierno la visión de Ecopetrol ha ido cambiando, estamos ya en la onda de la transición energética y escuchar un poco a las comunidades, las personas en Ecopetrol y la ANH son más receptivas con las comunidades”, reconoce July Méndez, aunque agrega que “la amenaza sigue latente” no sólo porque el Gobierno Petro acabará en menos de dos años, sino incluso “porque este Gobierno tiene en su discurso la transición energética, y la transición energética se hace con gas: resulta que en la zona alta del municipio donde está la concesión de Odisea 3D hay petróleo, pero también hay gas”.