Texto
Laura Manzano Pemberthy
Ilustración
Chicas poderosas
Junio 1 de 2022
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Sin mujeres no hay paz, sin paz no hay democracia:
mujeres y participación política en el suroccidente colombiano
La participación de las mujeres en escenarios de política electoral es una expresión de la democracia, pues ellas enfrentan mayores barreras en el acceso al poder e históricamente han sido excluidas de la toma de decisiones, lo que supone grandes desafíos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadanas. Responder a estos retos implica, de acuerdo con el Estado colombiano (1), desarrollar medidas afirmativas que reconozcan la complejidad de las situaciones y condiciones de las mujeres en todos sus contextos y particularidades.
La politóloga Angelica Bernal, ha dedicado su vida académica a evidenciar las relaciones de poder que han dejado por fuera a las mujeres de los escenarios de toma de decisiones. De acuerdo con ella, este es un tema que necesariamente pasa por las agendas, los proyectos políticos y el lugar que ocupan las mujeres en esas agendas: “Si hablamos de cómo avanza la libertad, la autonomía y los derechos de las mujeres, tenemos que poner en claro que eso solo se logra con agendas proclives precisamente a esos temas, y pueden ser defendidas por hombres y mujeres”, señala.
Igualmente, para Juliana Hernández, directora de Artemisas y coordinadora de la campaña #ParidadYA, ponerlo en términos de agendas es importante, pues estas cumplen un rol aglutinador en las sociedades democráticas y “son ellas las que llenan de fondo la política; las que realmente determinan el régimen político y cómo se transforma una sociedad”.
Las mujeres del suroccidente han construido agendas propias para aportar a la resolución de sus problemáticas. De esta manera, escenarios de movilización, como la Ruta Pacífica de las Mujeres (2) o el proyecto Agenda Común para la Paz desde los Territorios (ACPT) (3), evidencian la trascendencia que guarda la construcción de paz en esta región del país.
La ACPT, como vocera de más de 40 organizaciones (4) sociales del suroccidente, enuncia: “los movimientos sociales debemos preparar las agendas desde abajo, no esperar a que se nos imponga la agenda o estar en el vaivén de los procesos electorales”. En esa medida, Valeria Mosquera, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Cauca, explica que, “el deseo que se tiene, de cara a lo electoral, es que candidatos y candidatas asuman eso dentro de sus programa, ahí es donde estamos intentando dar el paso”.
Bajo ese panorama, las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz creadas no solo a partir del Acuerdo de Paz, “sino también por la necesidad de conceder representatividad con voz y voto a las víctimas del conflicto armado interno” (5), han sido un elemento determinante en el comportamiento de la ciudadanía, sus necesidades y agendas políticas, siendo una hoja de ruta hacia una sociedad más incluyente; pero también evidenciando las debilidades del sistema electoral, el orden de la desigualdad y el impacto que tiene la brecha de género en la vida de las mujeres, especialmente mujeres rurales y víctimas del conflicto y por tanto, sus agendas.
El tránsito de agendas políticas construidas colectivamente que contemplan las realidades y contextos de las mujeres del suroccidente hacia escenarios gubernamentales y de toma de decisiones es uno de los desafíos del momento histórico por el que está atravesando Colombia, y no será posible sin el compromiso fehaciente del Estado.
Suroccidente: un accionar político desde las bases
El suroccidente colombiano ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, registrando aproximadamente el 20% de víctimas a nivel nacional, según datos del Registro Único de Víctimas (RUV) (6). Así mismo, abarcando los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, este territorio concentra a gran parte de la población indígena, campesina y afro del país (7) (7.1) (7.2). Sus habitantes han tenido que soportar todo tipo de violencias, desde los cruentos episodios de la guerra, hasta la sistemática invisibilización y marginalización por parte del Estado.
Las condiciones geográficas, la presencia de estructuras armadas vinculadas a economías ilegales y la ausencia del Estado más allá de la acción militar, han determinado otras lógicas en el accionar político de las comunidades del suroccidente. Ante esto, la defensoría del pueblo, en la alerta temprana de inminencia N° 050-181 (8), ha señalado: “El incumplimiento de compromisos firmados en el Acuerdo Final de Paz y de otros establecidos con anterioridad directamente con las comunidades por parte del Gobierno Nacional, han generado cierta resistencia hacia la institucionalidad, debilitando la posibilidad de avanzar en la consolidación de la paz en los territorios”.
En concordancia, la apatía de las personas hacia la política es una de las barreras que perpetúa el ciclo de desigualdad colombiano. Y tiene sentido, pues “para muchos sectores sociales la política nunca ha sido una solución para sus principales necesidades. Han sido más bien sus víctimas: víctimas de la exclusión, de la marginación, del no reconocimiento, e incluso del despojo”, explica Angélica Bernal.
Para Bernal, el carácter de élite que ha cobijado a la política colombiana desde sus inicios ha acentuado las brechas sociales, de ahí que las mujeres que tienen más probabilidades de alcanzar cargos públicos y ser escuchadas (que son pocas) sean justamente las que pertenecen a una clase social privilegiada: “en ese sentido, para las personas que están atravesadas por muchos ejes de poder, como una mujer indígena o una mujer negra, llegar a la política significa atravesar estructuras profundamente racistas y machistas”, apunta la investigadora.
La falta de una expresa voluntad desde la administración política dominante por garantizar escenarios de agenciamiento para las mujeres, impacta negativamente la relación ciudadanía-Estado. “Acá no hay vocación de servicio público y ha sido muy costoso para las mujeres porque se hace lo mínimo que toque hacer, y dentro de eso los derechos de las mujeres no caben de manera contundente”, sostiene Valeria Mosquera, quien ha concentrado parte de sus esfuerzos en presionar a las instituciones: “Uno se ha dedicado tanto tiempo a hacer operación sirirí, que esperaría que a estas alturas ya se hayan generado unas transformaciones”.
Sin embargo, las mujeres se han organizado (9), han decidido ocupar deliberadamente, y en sentido de resistencia, espacios propios, donde el trabajo mancomunado y la defensa de sus derechos son una prioridad. Por tanto, los procesos de base son una bandera que ondea fuerte en el suroccidente, (10) particularmente en lo que respecta a empoderamiento femenino, reivindicación de derechos y construcción de paz (11).
Para Mosquera, el rol de las organizaciones sociales es primordial, pues han sido ellas quienes se han encargado del fortalecimiento de la democracia en los territorios; de hacer acompañamiento; concertar espacios de diálogo; de impulsar la construcción de agendas y fomentar la formación de ciudadanías incidentes. “Creo que es una potencia de muchas organizaciones en el Cauca, hacerle ver a la gente la capacidad que tiene y el poder del accionar como ciudadanos y ciudadanas de manera cotidiana”, expresa.
La Asociación Casa Cultural El Chontaduro (12), es uno de los espacios que, desde hace más de 30 años (13), integra los procesos populares de las comunidades al oriente de Cali. Vicenta Moreno, una de las lideresas de la zona y dinamizadora de la asociación, destaca: “Nosotras las organizaciones comunitarias tenemos un papel vital en cuanto a construir otras formas de relacionarnos y de deconstruir esas formas tradicionales donde las mujeres tienen un lugar subalterno o cosificado”.
“Con toda la razón las mujeres quieren hacer política desde otros lugares. Muchas organizaciones de mujeres no son simplemente plataformas de liderazgo individual, sino que tejen en colectivo, lazos más horizontales, formas menos jerárquicas de activismo, construcciones colectivas, diálogos de saberes y de verdad”, explica Bernal.
Desde esa mirada, el suroccidente es reconocido por la fuerza de sus movimientos y organizaciones sociales, y es ahí donde se da el acercamiento a la política y la conciencia de sí mismos como sujetos histórico-políticos. Ejemplo de ello han sido las movilizaciones sociales de la historia reciente (14) o el surgimiento de movimientos políticos que transgreden ese estado de élites; como es el caso de Soy porque somos (15), un fenómeno que desde la ética, lo colectivo y lo horizontal representa un clamor de cambio en el ejercicio del poder y en las maneras de gobernar.
“Soy Porque Somos es el sentir para hacer posible una política para la vida, de la periferia al centro para devolver dignidad a la democracia” reza su descripción en Twitter (16). Este movimiento fundamentado en la filosofía africana “Ubuntu”, reúne las cualidades de lo que por muchos años han construido las organizaciones en el suroccidente: Una conciencia de los otros, una noción de responsabilidad colectiva y el reconocimiento de la interdependencia que vincula a todas las formas de vida.
Moreno, quien hace parte del movimiento, se había lanzado como candidata al Senado de la República para las elecciones del 13 de marzo en el marco de la lista cerrada del Pacto Histórico: “No fue fácil porque yo siempre he estado trabajando desde una postura más anárquica, una postura de autonomía territorial. Tomar la decisión de participar en un espacio de política representativa, del que nuestro análisis es que son espacios donde se construyen las políticas de la muerte, para mí era muy complejo”, argumenta la lideresa.
La visión de políticas de la muerte recoge una mirada más compleja del poder como perpetuador de la violencia en los territorios, también se aplica al ejercicio político de las mujeres. “Porque es una muerte simbólica limitar los espacios políticos para las mujeres, es una muerte simbólica no permitir a las mujeres llegar a los espacios de poder, es una forma de matarnos y empobrecernos, y es mucho más a las mujeres que al resto de la población”, explica.
La naturaleza de esa candidatura tenía una particularidad: se propuso desde la figura de una curul colectiva, es decir, Moreno figuraría como la representante, pero la curul estaría conformada además por las activistas Debaye Mornan, Sofía Garzón y Mauri Balanta. “Nosotras estamos haciendo una propuesta que no parte de la competencia, sino que parte de la construcción colectiva. Eso es algo que permanentemente hacemos en nuestros procesos”, añade Moreno.
Sin embargo, en vista del incumplimiento a los acuerdos establecidos con Soy Porque Somos, Moreno anunció su renuncia a ser candidata del Pacto Histórico el 20 de diciembre de 2021. Para ella la ruptura evidenció que la representación de comunidades distintas a lo hegemónico sigue siendo una lucha que está lejos de ser superada. “Dejó ver que aun a los espacios alternativos les falta compromiso y profundidad dentro de lo que se está proponiendo, se sigue teniendo una mirada racista y patriarcal donde las mujeres seguimos estando de últimas”.
Si bien la representación de las mujeres no es insigne en los altos estadíos de las decisiones nacionales, sus potenciales como gestoras de cambio sí se han hecho notar en otros ámbitos de la vida pública, como las organizaciones civiles, de control social o juntas comunales (17). De hecho, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha hecho especial énfasis en las organizaciones políticas, como plataformas donde las mujeres desarrollan su proyecto de vida político (18).
En ese sentido, las recientes Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), abrieron una oportunidad para reconocer el agenciamiento político de las comunidades más afectadas por la guerra, especialmente el de las mujeres, pues son las únicas circunscripciones especiales que por requisito deben cumplir con un principio de paridad en sus listas.
“Las mujeres, efectivamente, seguimos siendo limitadas en la vocería política, pero yo celebro ese despertar y ese fervor con el que se posicionó una mujer indígena a nivel nacional; también lo que ha pasado con Francia Márquez. Eso es muy importante porque es la apertura que tendríamos las mujeres para seguir siendo eficientes en lo electoral y eficientes en la política nacional” resalta Ximena López Yule, lideresa nasa que aspiraba a la curul de víctimas por la CITREP 1.
Igualmente, Hernández sostiene que uno de los elementos más importantes de la política, y en consecuencia del poder, es el elemento de identificación: “Si tú no te sientes identificada con lo que estás viendo, no funciona. Por eso, para nosotras como mujeres la política es tan distante, porque nunca hemos visto mujeres ahí o las mujeres que hemos visto, como son tan pocas, no nos representan”. Así, la representación es importante porque, a partir de ella, cambiar las matrices culturales que alejan a las mujeres de escenarios de poder es posible.
Reconocimiento y representación: indispensables para la democracia
La política históricamente ha sido un escenario disputado por los hombres, eso ha normalizado el papel subordinado que se le ha impuesto a las mujeres a nivel social, así como la falta de oportunidades y condiciones equitativas para ellas, agravando la situación en una sociedad tan diversa como la colombiana, donde más de la mitad de la población son mujeres (19).
Para Ana Cristina Murillo, excandidata a la Cámara del Valle por el partido Alianza Verde en las elecciones de este año, a pesar de la desigualdad en la contienda electoral que enfrentan las mujeres, “este es un espacio que nos hemos abierto nosotras mismas; cuando tomamos la decisión de estar en lo político, es porque venimos de procesos y de conocimientos, a nosotras nos han criado con muchísimas inseguridades, diciéndonos: el poder y lo político no es para ustedes como mujeres”.
Juliana Hernández, reitera que es prioritario que las mujeres participen en política, pues las decisiones más importantes de la sociedad se toman en esos escenarios. “Si no nos involucramos en eso, lo que va a pasar es que nuestros destinos y nuestras vidas van a seguir siendo tomados y decididos por personas que no pueden entender nuestra experiencia de vida”, enfatiza Hernaández.
Ante esto, el informe de Atenea, ‘Colombia: la hora de la paridad’ (20), enfatiza en el liderazgo y la plena participación de las mujeres en las decisiones políticas como aceleradores para lograr la igualdad de género en todos los ámbitos, pues “son fundamentales para la gobernanza democrática, el desarrollo sostenible y benefician a toda la sociedad”.
Para Hernández, la paridad, como acción afirmativa para la participación equilibrada de hombres y mujeres en posiciones de poder, es una oportunidad para que las mujeres puedan ser vistas como pares, lo que implica una redistribución del poder: “La forma en que más mujeres pueden entrar al poder es que más hombres salgan del poder; no hay otra forma, es matemática pura y dura —expone la activista—, las acciones afirmativas nos permiten ingresar con las capacidades que tenemos, con los talentos que hemos desarrollado, pero reconociendo que las barreras estructurales y culturales no se rompen si no hay un ejercicio colectivo por parte del Estado”.
Sólo hasta el 2011, con la ley 1475 (conocida como ley de cuotas), se determinó que como mínimo el 30% de las listas a cargos plurinominales estuvieran compuestas por candidatas mujeres (21). No obstante, las circunscripciones a Cámara de Representantes que cuenten con menos de cinco curules quedan exentas, es decir, 19 de las 33 circunscripciones territoriales (58%), según datos de la MOE, no tienen esa obligación legal (22).
Acorde con el informe ‘No Es Normal’ del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (23), la importancia de las leyes de cuotas reside en el cuestionamiento del déficit de representatividad política de las mujeres y la búsqueda de reparación a la discriminación que por siglos han experimentado. Bajo esa lógica, las circunscripciones donde no aplican las cuotas de género quedan rezagadas, incrementando la desigualdad de grupos de mujeres que de por sí ya sufren discriminación. Por ejemplo, departamentos como Cauca y Putumayo no están obligados a cumplir una cuota mínima, lo que adicional a la exacerbación del déficit de representación femenina en esos territorios, ha puesto en evidencia la inexistente voluntad política por superar el impacto de la concentración del poder más allá de una norma.
Así, en el Cauca, ninguna mujer ha sido elegida representante por la circunscripción territorial en los últimos 8 años y en Putumayo solo una (2014) (24). De igual forma, las cifras en los departamentos cobijados por la ley 1475 no son alentadoras (25): En estas últimas elecciones, de las 13 curules a repartir en el Valle, solo una sería ocupada por una mujer (26), mostrando una disminución con relación a los dos periodos previos. Mientras que en Nariño, de 5 curules, quedarían 2 mujeres (27), manteniéndose igual que hace 4 años.
Incluso con la ley de cuotas, los partidos, que encarnan las posibilidades de la ciudadanía para organizarse y aspirar a cargos de representación, no están fomentando la inclusión de las mujeres (28). Al contrario, según el informe ‘Acceso a recursos para la inclusión de las mujeres en política’, de Transparencia por Colombia (29), los partidos y movimientos políticos, teniendo los recursos y los mecanismos necesarios, “no contribuyen de manera equitativa a las campañas políticas de las mujeres frente a las de los hombres”.
En el artículo 18, la ley 1475 (30) dispone: “para las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de cursos de formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político, los partidos y movimientos destinarán en sus presupuestos anuales una suma no inferior al 15% de los aportes estatales que le correspondieren”.
Según los datos revisados por Transparencia por Colombia, entre 2019 y 2020 los partidos solamente destinaron el 2,2% ($2.949.669.687) de los recursos estatales para la inclusión efectiva de las mujeres. Algo que se agrava al indagar por la finalidad de dichos recursos, pues las organizaciones políticas reportan gastos que no son congruentes con el rubro, que van desde el pago de honorarios, salarios y transporte, hasta la compra de artículos decorativos o regalos navideños para niños vulnerables.
“¡No hay apuestas dentro de los partidos para las mujeres! —replica Murillo, para quien las mujeres son incluidas solo de palabra, pues por parte de los partidos hay desigualdad de atención, de recursos económicos y actitudes de violencia ‘sutiles’—Podemos ser mayoría y hacer bulto, pero si las apuestas del partido no están en las mujeres es muy difícil”.
El informe No Es Normal(31) señala que comportamientos como no cumplir con el porcentaje mínimo de mujeres establecido por la ley, ubicarlas en los últimos lugares de las listas o negarles la posibilidad de ser cabeza de lista, son algunas de las estrategias utilizadas por los partidos para evadir su responsabilidad en la aplicación de las leyes de cuotas.
La MOE ha reportado que para las últimas elecciones solo el 28% de las listas a Cámara de Representantes nivel nacional están encabezadas por mujeres (32). Para el caso del suroccidente, en Valle y Nariño el 27% y el 43% de las listas estaban encabezadas por una mujer, respectivamente (33); ninguna de ellas cerrada.
Para Bernal, algunos aspectos técnicos del sistema electoral terminan por incurrir en una neutralización de las acciones afirmativas: las listas abiertas, la financiación mixta, la fórmula que se usa para transformar los votos en escaños, entre otros. “Aunque tengamos ley de cuotas y esa cuota incluso se aumente, otras características de nuestro sistema electoral la neutralizan. Por eso es que vemos tantas mujeres candidatas y tan pocas electas.”
“Las mujeres que siguen una carrera política, son aún menos que las que son electas; porque tener un cargo o ejercer un cargo público seleccionado por voto popular no termina con los estereotipos ni con las violencias que pueden llegar a afectar a las mujeres”. Tal y como explica Bernal, otro de los obstáculos que enfrentan las mujeres tiene que ver con la configuración de imaginarios machistas y la asignación de roles de género que afectan su ejercicio político en múltiples etapas.
Las barreras aumentan para las mujeres víctimas del conflicto, quienes han tenido que desplazarse forzosamente, modificar sus proyectos de vida (34) y asumir las labores de cuidado en medio de escenarios de feminización de la pobreza (35). Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, la población en condición de desplazamiento “es la más vulnerable entre las poblaciones vulnerables de Colombia” (36).
Así, la normalización de la violencia funciona a través de vulneraciones subestimadas y constantes que no son atendidas. Una de las consecuencias más graves es que muchas veces los impedimentos que encuentran las mujeres son asumidos como el sacrificio que deben hacer sí deciden participar en política. “Si quieres estar aquí, en esos espacios mayoritariamente conformados por hombres, tienes que tener un comportamiento patriarcal. Y si uno no lo tiene, ahí es donde hay discriminación” expresa Valeria Mosquera.
Paradójicamente, la conquista de los espacios de poder político ha traído consigo escenarios adicionales de violencia para las mujeres (37). Aludiendo a lo mencionado por Mosquera: “para las mujeres cada logro se convierte en un nuevo reto”.
“No queremos mujeres en las listas, queremos mujeres dentro de los espacios de poder”, asevera Hernández, quien hace hincapié en el largo camino que aún falta por recorrer, destacando el posicionamiento de las agendas de las mujeres como algo fundamental; particularmente aquellas enfocadas en las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto, pues son ellas quienes menos oportunidades han tenido.
El intrincado camino de las mujeres hacia la representación política en los territorios: Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz - CITREP.
El Acuerdo de Paz, además de ser un hito, representa la gran apuesta colombiana por poner fin a la guerra, reparar a las víctimas y concentrar esfuerzos en la no repetición y la construcción de una paz estable y duradera (38). Los compromisos que ha asumido el Estado son la esperanza de millones de personas que anhelan una transformación social efectiva e incluyente (39).
Las mujeres han sido claves en la implementación del Acuerdo de Paz, el último informe de seguimiento al enfoque de género del Instituto Kroc (40), sostiene que su significativa participación es esencial para conseguir transformaciones que beneficien a las comunidades y regiones más afligidas por el conflicto.
Su trabajo en la lucha por la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (41) o su liderazgo en los procesos de restitución de tierras (42), dan cuenta de ello.
Aunque el papel de las mujeres en la paz está considerado en el Acuerdo Final (43), esto no ha sido algo gratuito: el inicio de la negociaciones estuvo marcado por la ausencia de las mujeres, y fue gracias a los pronunciamientos y presiones de las organizaciones de mujeres que se pudo transversalizar la perspectiva de género y crear una subcomisión de la misma (44) (la primera de este tipo en el mundo), siendo hoy reconocidas como una “experiencia única en el mundo” (45).
“Las mujeres enfrentan mayores barreras sociales e institucionales para el ejercicio de la participación política como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, así como de condiciones estructurales de exclusión y subordinación, lo que genera mayores retos para garantizar su derecho a la participación. Enfrentar y transformar estas condiciones históricas implica desarrollar medidas afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los diferentes espacios de representación política y social. Para esto, es necesario que se reconozca la situación y condición de las mujeres en sus contextos y particularidades” (46).
Es justo que se hagan estos reconocimientos, pues las mujeres, durante décadas de conflicto armado, han tenido que vivir de manera desproporcionada los efectos de la guerra: adicional a los horrores de experimentar violencia psicológica, física y sexual, afrontan el dolor y las consecuencias de perder a sus hijos, esposos o padres (47). “Por eso el asunto de las víctimas es un asunto de mujeres”, recalca Ximena López.
Sin embargo, la falta de implementación de gran parte de las reformas señaladas en el Acuerdo, afecta especialmente la calidad de vida de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, normalizando las amenazas contra su vida y las dificultades para acceder a títulos de propiedad o a créditos especiales. Según el Informe del Instituto Kroc, a julio de 2020 (48), de las 130 disposiciones con enfoque de género, 100 estaban en un nivel mínimo o nulo de implementación; algo que contrasta con el nivel de prioridad que le están dando las mujeres a la paz en sus agendas territoriales (49).
En efecto, otro informe del Instituto Kroc (50), advierte que la implementación del Acuerdo ha sido desbalanceada y existen diferencias significativas en el estado de cada uno de los seis puntos, siendo el punto 2 (Participación Política) uno de los que registran menos avances, reseñando que “de no adoptar las medidas pertinentes para su dinamización, es probable que no se puedan completar en el tiempo previsto”.
Para las mujeres del suroccidente todo es agravado, considerando que esta región sigue siendo una de las más afectadas por la guerra, aun en el posacuerdo. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indica que, en 2021 la mayoría de los efectos derivados de los conflictos armados y la violencia alcanzaron el nivel más alto de los últimos cinco años (51). El número de lideresas y líderes sociales asesinados(52), la cantidad de masacres(53), o el hecho de que el 64% de los desplazamientos masivos en Colombia durante ese año ocurrieran en el suroccidente (54) son un ejemplo de ello.
En el marco de los pactos para la participación y representación política de las víctimas (punto 2.3.6), el Acuerdo de Paz sentó el compromiso de crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), de manera temporal y por dos períodos electorales (55), dirigidas a las organizaciones sociales y étnicas, especialmente a víctimas y mujeres; de modo que sean “una medida de satisfacción, reparación y garantía de no repetición en favor de los territorios y poblaciones más afectadas por el conflicto armado interno” (56).
Pese a esto, sectores del Congreso truncaron la legislación de las CITREP hasta casi sepultar el proyecto (57). No fue sino hasta el año pasado que el Estado colombiano reglamentó, mediante el Acto Legislativo 02 de 2021 (58), la creación de las 16 CITREP para la Cámara de Representantes en los períodos 2022-2026 y 2026-2030. Cuatro de ellas en la región del suroccidente, abarcando un total de 47 municipios: 24 en la circunscripción 1 (Cauca, Nariño y Valle); 4 en la circunscripción 9 (Cauca y Valle) ; 11 en la circunscripción 10 (Pacífico Nariñense) y 8 en la circunscripción 11 (Putumayo) (59).
Una de los aspectos más relevantes de las CITREP es el “principio de equidad e igualdad de género” (60) que ampara sus listas, las cuales se rigen por voto preferente y deben estar integradas por “un candidato de cada género”. Si bien este lineamiento en teoría se cumple, la efectividad de esta medida para la representación y participación de las mujeres víctimas ha generado muchas dudas. “Todo esto está muy bien escrito, muy bien montado, muy bien pensado, pero vemos algunos problemas.; las mujeres se enfrentan a otro tipo de situaciones”, precisa Juana Cabezas, investigadora del observatorio de derechos humanos y conflictividades de Indepaz.
Yamile Advíncula Mina, lideresa de la cuenca del río Naya, fue una de las 40 (61) candidatas inscritas en la región. Para ella, participar en esta contienda electoral que demanda gastos tanto físicos como emocionales y económicos, y es “especialmente compleja para las mujeres”, más que una oportunidad es un reto: “no nos estamos enfrentando solamente a los desafíos de la violencia que nos ha marcado y nos ponen en riesgo, sino también a los desafíos políticos y económicos, intereses muy profundos que han causado también mucho daño”.
Los habitantes de la cuenca del Río Naya son conocidos por vivir uno de los episodios más crudos de la guerra (62) y por el ensañamiento de los grupos armados ilegales contra sus líderes y lideresas sociales (63). A pesar de tener medidas cautelares (64) por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2002, la violencia contra las comunidades no ha cesado. De acuerdo con Advíncula, por el contrario, se ha recrudecido, “especialmente después de los acuerdos de paz”.
Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) (65) señala que, hay presencia de Estructuras Armadas Ilegales (EAI) en casi todos los municipios de las CITREP del suroccidente, algo que “incide directamente en el libre ejercicio democrático de votar en medio de condiciones de vida mínimas”. Aunque inicialmente se contaba con que el cumplimiento de las CITREP se daría desde la integralidad de la implementación y la sincronía de los distintos puntos del Acuerdo de Paz, este se da en medio del “escalamiento del conflicto, las disputas armadas por la renovada ocupación de los territorios por parte de grupos armados y el fortalecimiento de las economías ilegales”(66), apunta Pares.
“Para la elección del la circunscripción de paz no intervino la democracia, ni la voluntad libre del ciudadano; intervinieron las circunstancias y los contextos de violencia y represión por cuenta de los actores que tienen las armas” precisa López Yule, quien denunció no poder cumplir varias reuniones de su itinerario al adoptar medidas de autoprotección.
“En el Alto del Patía, Leiva, Cumbitara y en el Rosario no permitieron ir; me hacían llamadas las personas que me esperaban allá, me decían que no subiera porque me dejaban. ¿Como candidatos qué podemos hacer ante esa inoperancia del Estado? ¿Qué podemos decir cuando hoy la elección de la representación de la Cámara de paz está en esa región?”.
En Colombia la violencia política se ha instaurado al punto de ser considerada “un mecanismo más en la competencia electoral” (67), vinculada no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a prácticas clientelares y corruptas. Esto es sumamente grave teniendo en cuenta que, según el informe de Pares, en los territorios de las CITREP los grupos armados ilegales “compiten, cooperan o conviven con las instituciones del Estado y sus funcionarios para obtener o mantener el control territorial o de sus rentas” (68).
Diversas organizaciones y autoridades internacionales (69), así como la defensoría del pueblo (70) y la MOE (71) advirtieron los alarmantes riesgos que enfrentan las 16 CITREP, pues su implementación ha estado llena de dificultades logísticas y judiciales, y no ha contado con las mínimas garantías de transparencia y orden público.
“En el rango de la importancia, las circunscripciones territoriales de paz fueron un asunto de esas organizaciones que salieron a buscar los votos.”, precisa López Yule, cuya voz se suma a las numerosas denuncias de víctimas en todo el país, quienes se sintieron defraudadas durante el proceso (72).
La Fundación Ideas para La Paz (FIP) presentó un informe (73) en el que analiza al menos nueve riesgos políticos y de seguridad en el proceso de elección de las Curules de Paz, entre ellos la aprovechada intervención de políticos tradicionales y sus maquinarias, así como la escasa pedagogía electoral: “las actividades de pedagogía recayeron principalmente en los mismos candidatos, con capacidades financieras y logísticas limitadas, además de poco tiempo para llevarlas a cabo”, indica el informe.
Carmen Olaya, excoordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas de Nariño (74), inscribió su candidatura para la circunscripción 10. Para ella, el desconocimiento que tenían las comunidades sobre las CITREP fue total: “Nuestras comunidades son rurales, acá es muy poco el internet que llega, no estamos conectados. Si no llega uno a los territorios no se dan cuenta de lo que está pasando. Ni idea tenía la gente de que iba a haber una curul de paz”.
Otros requerimientos, como costosas “pólizas de seriedad de la candidatura” o la apertura de cuentas bancarias en municipios con “nulo nivel de bancarización” (75) dejaron ver la desconexión de los entes reguladores con las condiciones de vida de muchas víctimas. En esa medida, los retrasos en los anticipos financieros que debía entregar la Registraduría (76) promovieron amplias desventajas a nivel económico. “Fue una pelea muy desigual porque algunos de los candidatos tenían patrocinios económicos”, afirma Martha Solarte, candidata por la CITREP en Putumayo.
Advíncula, candidata avalada por la asamblea del Consejo comunitario del Río Naya, explica que en las regiones donde los desplazamientos se deben hacer en lancha, los costos son más elevados. “Para nosotras como mujeres que no tenemos independencia económica, es mucho más costoso”, dice. Con relación a esto, las cifras del DANE sobre pobreza multidimensional (77) muestran una coincidencia entre algunos de los municipios más empobrecidos de Colombia y los priorizados por las CITREP, como es el caso de Magüí Payán (Nariño) o López de Micay (Cauca). De igual manera, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (78), la población con mayores indicadores de pobreza en el país se concentra en las comunidades con autoreconocimiento étnico (79).
La falta de comunicación oportuna y clara con las organizaciones fue otro punto en contra del adecuado desarrollo de las CITREP, pues la Fundación Pares señala que “la improvisación y desconocimiento del ordenamiento jurídico por parte de la Registraduría, implicó una desigualdad en el proceso de inscripción de candidatos” (80).
“No tuvimos garantías del gobierno, en el acto legislativo había muchas falencias, muchos vacíos, dio oportunidad a que personas que no fueran víctimas, que no habían estado en los procesos, pudieran quedarse con esas curules. Las propias víctimas quedamos sin nada”, lamenta Martha Niris Solarte, candidata y representante de la Asociación de Mujeres Víctimas de Villagarzón (Putumayo), una de las dos organizaciones de mujeres que presentaron candidaturas en el suroccidente, identificadas por la Corporación Sisma Mujer (81).
El reporte sobre la participación de las mujeres en las CITREP (82), de la Corporación Sisma Mujer, identificó impedimentos adicionales para las organizaciones de mujeres, como el requerimiento de una acreditación por parte de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) (83). “Esta situación derivó en que no todas las organizaciones de mujeres recibieran dicha certificación y, debido a este requisito adicional, la calidad de organizaciones de mujeres quedó invisibilizada en el proceso y algunas se vieron obligadas a inscribirse como organizaciones sociales mixtas” manifiesta el documento.
Pese al carácter preferente de esta votación, el puesto que ocupan en las mujeres en las listas es importante, pues según el mismo reporte (84) de Sisma Mujer, el bajo porcentaje de mujeres que ocupan el primer renglón en las listas sugiere una posible instrumentalización de las mismas ya que “podrían haber sido incluidas para cumplir el requisito de inscripción paritaria”.
“En casi todas las listas las mujeres fuimos relleno. ¿De qué vale que solo nos utilicen?”, expresa Carmen Olaya, candidata por la circunscripción 10, la cual tiene el registro más bajo de mujeres cabeza de lista en la región (18%) (85) y en donde, en ninguno de los cinco partidos más votados las mujeres estuvieron siquiera cerca de superar a sus compañeros de fórmula en número de votos (86).
Aun cuando las CITREP fueron las únicas con una conformación de listas paritaria, contando con 202 candidatas inscritas (87), y lideraron las cifras de mujeres encabezando las listas con el 38% (88), que de 16 curules solo tres hayan sido ocupadas por mujeres es un resultado preocupante. “Eso nos pone a nosotros a hacer una lectura muy profunda de que todavía estamos en desventaja en la participación”, señala Advíncula.
Sin embargo, todas las candidatas elegidas tienen cuestionamientos por vínculos con políticos tradicionales, recibir apoyos de maquinarias electorales, estar inhabilitadas o no representar los intereses de las víctimas (89). Esto responde a la tradición de las llamadas ‘baronesas electorales’ (90), cuando el acceso de las mujeres al poder se da por cuenta de vicios políticos, como la corrupción, el clientelismo,o el narcotráfico.
“Con esto aprendí que uno no debe ser confiado, que no vale la pena ser transparente, solo quedamos endeudados, esperanzados en los anticipos y hasta el sol de hoy ni un peso — sentencia Solarte—, aquí nosotros no somos el centro, por eso vemos víctimas representadas por la corrupción, por lo políticos”. El sinsabor que queda es peligroso y puede acrecentar la desconfianza en el estado incurriendo además, en un ejercicio de revictimización.
A pesar de la incertidumbre, la esperanza y los deseos de cambio persisten. “A mí lo que me mantiene viva, lo que me tiene en pie, es la resistencia por el territorio y el anhelo de que estos pesos no los tenga que sufrir ninguna otra persona”, declara Advíncula, cuyo compañero de fórmula, Orlando Castillo Advíncula, otro reconocido líder de la región, ocupa hoy la curul de paz (91).
“Independientemente de que hoy la representación esté en manos de un hombre, es necesario que el trabajo y el quehacer de la mujer no quede invisibilizado. Esta primera trocha del camino no se puede cerrar. Nos toca con el compañero generar esa conversación directa, clara y concreta de cuál va a ser el papel de nosotras las mujeres en el congreso de la república”, concluye la lideresa.
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Este artículo hace parte de ¡Invisibles: Nunca más! Una investigación de Chicas Poderosas Colombia sobre la participación de las mujeres, disidencias sexuales y de género, en las elecciones al Congreso colombiano de 2022. Conoce los otros productos de la investigación:
Conoce los otros productos de la investigación:
Invisibles nunca más: candidates y elegides al Senado, publicado en Manifiesta Media.
Una infografía para conocer el estado de la participación de las mujeres y personas LGBTI en las elecciones a Senado de 2022.
[Podcast] Episodio 1. Aida Quilcué: tiempo de las mujeres y de la madre tierra
Perfil de Aida Quilcué lideresa indígena elegida como la primera senadora indígena de Colombia dentro de la circunscripción especial indígena, en las elecciones al Congreso de 2022.
[Podcast] Episodio 2. Miyu Alarcón: feminismo al barrio.
Perfil de le activista feminista con experiencia de vida trans que fue candidate al Senado por el movimiento político Estamos Listas en 2022.
Esta investigación fue realizada por Laura Manzano Pemberthy.
Edición de contenidos: Sara Cristina Tejada Chávez. Fact Checking: Laura Rodriguez Salamanca. Ilustración: Daian Alexa Muñoz y Natalia Fernandez Hormiga. Y en el equipo de la investigación poderosa: Invisibles Nunca Más: Angie Ramirez, Luisa Fernanda Gómez, Gabriela Bedoya y Laura Acero.
Esta investigación fue financiada por Fondo Lunaria Mujer en la convocatoria Libertad y Democracia, 2021.
