La científica norteamericana Serena Heckler es doctora en etnobotánica experta en la relación que existe entre comunidades indígenas y las plantas que encuentran en sus territorios. Con una larga trayectoria como investigadora, ha trabajado los últimos quince años en diferentes programas de la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), todos relacionados con las reservas de la biósfera y los sitios designados por esta agencia como de especial importancia para la conservación de la biodiversidad.

En los últimos años Heckler ha documentado la relación entre conservación del medio ambiente y ataques a líderes que defienden la naturaleza. Heckler hace énfasis en que lograr sociedades más democráticas y pacíficas, que brindan garantías plenas de derechos a su población, es un asunto con estrecha relación con la conservación de la biodiversidad, amenazada hoy en muchas partes del mundo por dinámicas criminales y mafias trasnacionales que invierten sus ganancias en la destrucción de las selvas. 

Serena Heckler concedió una entrevista a Baudó Agencia Pública durante la COP16 que se llevó a cabo en Cali en 2024, donde asistió para brindar charlas magistrales y seguir de cerca las negociaciones que se llevaron en la cumbre multilateral más importante del mundo sobre biodiversidad.  

Colombia tiene el deshonroso record de ser el país en donde más asesinan líderes y defensores medioambientales en todo el mundo, explíqueme ¿usted por qué propone que para proteger la naturaleza hay que cuidar primero a las comunidades? ¿Cuáles es la relación entre medio ambiente y democracia?

Creo que todavía tenemos un discurso muy general en muchas partes del mundo, pero en particular en América Latina, en donde el desarrollo se entiende como desarrollo económico que sólo genera lucro y beneficios financieros en el corto plazo. Hasta hace muy poco se ha comenzado a cuantificar los beneficios de la naturaleza en los sistemas económicos. Además, en muchas partes de América Latina y el Caribe hay una normalización del acoso y la violencia, bien sea por una violencia gradual, o incluso por violencia que llega hasta las guerras civiles. Una vez se normaliza la violencia, es más fácil cruzar la frontera de la agresión contra los líderes. Y después, si tienes un discurso que dice que los defensores del medio ambiente y las comunidades indígenas que lo protegen son enemigos del desarrollo, enemigos de la prosperidad, entonces es más fácil que sean tratados como gente que merece ser acosada. Entonces son dos elementos: el estigma contra ellos, porque supuestamente están en contra de los intereses nacionales, y, por otro lado, la aceptación de la violencia como una manera de lograr objetivos. La conservación de la biodiversidad es una parte imprescindible de una sociedad pacífica, una sociedad que funciona y no tolera la violencia, ni la corrupción. Hay un conflicto entre estos dos paradigmas, entre estas dos maneras de entender el desarrollo. 

¿Cómo sería ese otro paradigma del desarrollo?

A nivel local, muchas de las reservas de la biosfera designadas por la UNESCO en América Latina y el Caribe se encuentran en zonas rurales que, en un buen porcentaje, coinciden con comunidades indígenas muy pobres. Ahí un objetivo importantísimo para la gente es poder comer todos los días, acceder a servicios de salud, al sistema educativo. A estas comunidades que cuidan la biodiversidad tenemos que ofrecerles un camino más sostenible para que puedan vivir bien, pero lo que vemos en demasiados casos es que los únicos que operan con recursos en estas zonas son los narcos. Obviamente lo hacen con violencia, con acoso y con las medidas más brutales para avanzar. Las comunidades locales se alinean con ellos porque no tienen otra opción, los jóvenes no ven otra salida para mejorar sus vidas. Hay que trabajar en estas zonas para ofrecer otros caminos de prosperidad, para que la sociedad funcione mejor en esas zonas, ofrecer educación ambiental de calidad, educación en desarrollo sostenible… 

Usted habla de la “narco-ganadería” como un fenómeno que está devastando las reservas de la biosfera y que en Colombia lo conocemos, ¿ya está expandido por todo el continente?

Cuando realizamos nuestras investigaciones usamos el caso de Colombia y los estudios que se han hecho en Colombia en torno a los ataques a defensores del medio ambiente. También, la experiencia del país en Derechos Humanos. Acá hay casos de buenas prácticas. Ahora, el impacto de los narcos ha llegado no sólo al corredor Mesoamericano, que es de mucha preocupación para nosotros, sino también hacia el sur del continente, donde hay corredores de tráfico de drogas en donde los narcos están abriendo parcelas enormes para ganadería. Por el Chaco [entre Bolivia y Paraguay], por la Amazonía, incluso en la Serranía estamos viendo cada vez más este fenómeno.

¿Cuál Serranía?

Toda la cordillera de los Andes. Hablamos de zonas rurales aisladas, donde muchos de los gobiernos no tienen un alcance muy fuerte. Ahí los narcos pueden entrar y realizar sus operaciones que no son solo para el tráfico de drogas, que es su negocio principal, sino también para la tala ilegal de maderas para venderlas, que sirve para el lavado de activos porque no hay un sistema de monitoreo suficientemente riguroso en toda la región; la frontera entre lo legal y lo ilegal es muy gris, estos actores operan en ambos lados. Es un modelo que comenzó en Colombia, pero ahora ha llegado a toda la región.

El problema es regional, pero las estrategias son locales y parcializadas: no vemos una respuesta global a este fenómeno.

Hay que adaptar las estrategias y respuestas a cada situación con sus propias características. Sin embargo, se ven patrones comunes, como lo vimos en nuestra evaluación regional: los criminales están usando las mismas estrategias en México y Guatemala, en Panamá y Brasil; los operadores y los detalles son distintos, pero el plan es muy similar para desestabilizar y socavar la conservación en una zona para sus propios fines. Por eso es muy importante identificar ese guion que los criminales pueden adaptar. Colombia nos ofrece ejemplos de buenas prácticas sobre cómo enfrentar esto, pero no debemos verlo desde un punto de vista militar y policial, es un ciclo completo.

¿Cómo funciona el ciclo de violencia?

Empieza desacreditando a quienes trabajan por la conservación. Luego, los criminales le ofrecen pagos a jóvenes locales para que hagan trabajos menores, que no parecen nocivos, pero con esto los están comprando. También hay acoso en línea contra los defensores del medio ambiente. Y si la justicia no funciona bien, si hay dificultades con el sistema judicial, habrá un sentido de impunidad que empodera a los actores de mala fe para agravar el acoso o pasar a los crímenes. Así se vuelve al paso uno del ciclo.

La UNESCO toma como modelo lo que ya se ha trabajado con periodistas amenazados, donde Colombia también ha sido un país muy peligroso para los periodistas. El ciclo de violencia se puede romper en diferentes puntos, por ejemplo, logrando que se haga justicia cuando haya delitos. Pero si alguien envía un mensaje diciéndole a otro que se va a morir por realizar evaluaciones de impacto ambiental y las autoridades no hacen nada contra esa amenaza, la próxima vez podrá cometer el crimen o estará en el camino esperándolo con machetes o enviándole amenazas a la familia. O terminan matando especies protegidas con el fin de enviar un mensaje: “si quieren proteger esta especie, la vamos a acabar sin problema”.

El ciclo comienza con un gesto pequeño, pero hemos visto que en el ochenta por ciento de los casos de asesinatos de líderes y defensores del medio ambiente hay detrás toda una historia de actos “menores”, que comenzaron con un mensaje por SMS, por ejemplo. Se puede hacer mucho antes de llegar a la Policía y a los sistemas de justicia. Hay que pensar en los beneficios de actuar antes.

¿Además de los narcos, ya identificados, hay intereses de grandes corporaciones relacionadas con estos crímenes como ocurrió con el asesinato de Berta Cáceres?

Sí, claro. Otra cosa que detectamos es que lo que aparece en informes globales como los de Global Witness, Amnistía Internacional o Survival Internacional, es la misma situación que se nota en las reservas de la biosfera. El caso de Berta Cáceres es muy famoso, pero eso mismo está ocurriendo en los sitios de la UNESCO. Y algo que identificamos es que no hay un sistema de monitoreo para los sitios designados por la Agencia. Me explico: escuchamos del asesinato de un líder en Colombia, pero solo quienes conocemos en dónde están las reservas de la UNESCO sabemos que ese crimen sí ocurrió allí.

¿Hace falta un monitoreo?

La UNESCO puede dar más luz a este tema, como lo ha hecho con la seguridad de los periodistas. Justo lo estamos poniendo en la agenda: hay que pensar en derechos específicos para los defensores del medio ambiente.

¿Los crímenes contra defensores del medio ambiente son un tema circunscrito a América Latina? ¿Cómo es el panorama en otras regiones del mundo?

Hay ciertos países en Asia con malos indicadores, pero realmente América Latina tiene el deshonor de ser la región campeona en ataques a personas que defienden el medio ambiente. No solo Colombia, también México y países centroamericanos; Brasil tiene un problema también. Ahora, escuchamos siempre sobre asesinatos, pero hay casos en países en donde queman casas a guardabosques para enviarles amenazas y son hechos que no salen en los titulares de los medios. Hemos notado que estos temas no tienen tanta visibilidad, como si la tienen los ataques a los periodistas. En las reservas de la biosfera, muy a menudo, los ataques a defensores ocurren en la oscuridad; hay casos que solo los entendemos años después, porque no tenemos datos. Necesitamos entender mejor para saber cómo enfrentar la situación.

¿Cuáles son los lugares más críticos?

Algo muy importante es que no queremos culpar países o gobiernos, ni generarles un sentimiento de vergüenza. Nuestra idea es apoyar estos países para que enfrenten esto de manera más eficaz. Así que en nuestro informe [que a mayo de 2025 sigue sin ser público] no identificamos con qué países trabajamos directamente. Nuestra idea es visibilizar el tema y dar apoyo para que se conozcan modelos de acción y buenas prácticas. Colombia tiene buenas prácticas que se pueden aplicar en otros países.

Bueno, lo digo yo, no usted: hubo países como Brasil que durante el mandato de Jair Bolsonaro se señalaba y estigmatizaba desde la Presidencia a quienes defienden el medio ambiente.

Sí, otra cosa importante que identificamos son estos señalamientos. Si un gobierno dice “adelante, no pasa nada, esos son enemigos del desarrollo, conservacionistas, hippies”, o hace señalamientos racistas contra las comunidades indígenas, genera un impacto casi de inmediato a nivel local. Es importante que el discurso de los gobiernos sea a los niveles más altos. Los ataques a defensores del medio ambiente no deberían ser un tema exclusivo de secretarios de áreas protegidas o de ministerios de medio ambiente porque no pueden enfrentar este problema solos: debe haber comisiones intersectoriales y colaboración de otros ministerios. Tampoco es un tema solo de respuesta policial o militar. Por eso, desde la UNESCO trabajamos en medidas de comunicación y cultura de paz que buscan romper el ciclo de estas violencias.

¿Cree que faltan leyes y acuerdos internacionales, como los que prohíben el tráfico de drogas o la trata de personas?

Sé que se está trabajando más en eso, en temas como tráfico ilícito de fauna. Es notorio que a nivel internacional operan los actores ilícitos de manera transfronteriza. Así que nosotros también tenemos que hacerlo. Las agencias de las Naciones Unidas deben colaborar a este nivel y pensar en estrategias integradas, más allá de la policía. Es importante sensibilizar sobre los impactos. Tenemos muchos tomadores de decisiones a los que no les importan los jaguares o las tortugas, ¿a quién le importa que estén traficando orquídeas? Hay que mostrar el impacto, no solo sobre las especies, sino sobre la sociedad en general: cómo el saqueo de una planta tiene que ver con la degradación de la sociedad.