Solamente un gran árbol de Calabazo y el sol intenso propio de esta zona del Valle del Cauca han sido testigo de la cantidad de cuerpos que ingresaron desde el año 1980 al Cementerio Central de Palmira, a un espacio de 800 metros cuadrados que fue conocido durante décadas como el patio de olvido. Hasta hace cinco años el monte enredado superaba las rodillas de quienes quisieran pasar por este patio y no les permitía avanzar. En medio del matorral se lograban ver algunas cruces caídas, descoloridas, y objetos de papel, vidrio o metal que algunos creían eran  “amarres” o “daños” de brujería. 

Este terreno funcionó históricamente en comodato -es decir, en préstamo de uso- entre la Diócesis de Palmira y el Instituto de Medicina Legal para la inhumación de personas que no pudieron ser identificadas, así como de aquellas personas que, a pesar de haber sido identificadas, no fueron entregadas a sus familias. Personas que probablemente aún sean buscadas por sus familiares fueron dispuestas aquí, en la que fuera la zona de caridad del Cementerio Católico Central de Palmira. En diciembre del año 2024, con machete en mano, aproximadamente 70 mujeres y hombres, de distintas zonas del país, se dispusieron a la tarea de recuperar este lugar. Firmantes de paz, reunidos ahora en la Corporación Humanitaria Reencuentros, tuvieron esta iniciativa e invitaron a participar de manera conjunta a militares retirados, hoy comparecientes de la fuerza pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ahí estuvieron juntos, tratando de abrir camino para empezar a trabajar sobre el patio. Algunas de las instituciones que acompañaron el proceso temían ese primer encuentro entre quienes hace más de 10 años fueron “enemigos” en el combate. Ellos, por su parte, no se miraban a los ojos. En medio del silencio entre ambos actores, los machetes lejos de ser instrumentos para la violencia -como sospechaban algunos- fueron instrumentos para construir. Es, todavía, un proceso sostenido, que continúa enfrentándose a nuevos retos. 

Para el padre Arturo Arrieta, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Palmira, esta historia inicia en las montañas de Palmira. Palmira se encuentra ubicada en el centro del Valle del Cauca, muy cerca de Cali, el principal centro urbano del suroccidente. Sus carreteras conectan con el puerto marítimo de Buenaventura, el norte del Valle y el Cauca. Es una zona centrada en la producción del monocultivo de caña de azúcar, lo que implica intereses económicos fuertes y también disputa por el control territorial. 

Según la Defensoría del Pueblo, en el contexto del conflicto armado, muchas muertes ocurrían en zonas montañosas o de difícil acceso y los cuerpos eran trasladados hacia lugares donde hubiera capacidad técnica, infraestructura y autoridades judiciales. En Palmira funciona el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con cobertura regional, lo que la convirtió durante años en un centro de recepción, análisis e identificación de cadáveres provenientes de distintos municipios del Valle como Florida, Pradera, Candelaria y Cerrito, e incluso algunas zonas del Cauca y Tolima. Por eso, tanto bajas de combate como cuerpos no identificados (NN) terminaban en Palmira, donde se realizaban procesos de inhumación, muchas veces en el Cementerio Central. 

En mayo del 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino esta zona para recuperar las estructuras óseas de Alejandro Girón García, quien era un excombatiente de la antigua compañía móvil Gabriel Galvis de las extintas FARC-EP (que tuvo presencia en el sur del Valle y el norte del Cauca), y murió el 20 de enero del 2012 en un enfrentamiento armado en el municipio de Florida. Alejandro fue hallado entre nueve cuerpos apilados. Fue entregado a su familia, gracias al acompañamiento y la información suministrada por la Corporación Humanitaria Reencuentros. 

Luego de este proceso, la UBPD realizó un análisis y entendió la magnitud del lugar como un sitio de interés forense. La UBPD es una entidad humanitaria y extrajudicial, lo que implica que su función principal es encontrar a personas desaparecidas en el conflicto armado y aliviar el sufrimiento de sus familias, sin perseguir responsabilidades penales, judiciales o sancionatorias. Su enfoque se centra en la búsqueda y entrega digna.

De acuerdo con el portal Hacemos memoria, gracias a la documentación recopilada por ambas entidades, este patio del cementerio se convirtió en un lugar crucial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el Valle del Cauca. Daniel Felipe Guerra, antropólogo e investigador de la UBPD, explica que el camposanto hace parte de los sitios de interés forense del Plan Regional de Búsqueda Área Metropolitana de Cali, que comprende los municipios de Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira, Cali, Puerto Tejada y Villa Rica, los dos últimos ubicados en el departamento del Cauca. 

Tras el hallazgo, surgió la iniciativa piloto “Nos juntamos para encontrarles”. El cronograma de construcción comenzó en firme en diciembre de 2024 con el cerramiento perimetral del lote para mantener el área controlada. Mientras desmontaban partes antiguas del cementerio para avanzar en la obra, ocurrió un hallazgo fortuito en doce columnas del camposanto. De acuerdo con Guerra, se encontraron restos óseos sellados con cemento y mezclados con basura: “Se estima que corresponden a inhumaciones realizadas aproximadamente entre 1985 y 2000 (…) en el cementerio se habrían hecho traslados internos sin control, relacionados con la venta de osarios”.

Una segunda fase de intervención forense se llevó a cabo en febrero de 2025, en donde la entidad humanitaria recuperó 77 cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas. En este proceso, tanto los firmantes del acuerdo de paz como los comparecientes de la fuerza pública apoyaron activamente las labores de excavación. En la labor de recuperación del cuerpo de Alejandro, la institución además pudo identificar que en las 90 cruces ubicadas en este espacio, en cada cruz podrían haber hasta nueve cuerpos enterrados uno encima del otro.

La cantidad de estructuras óseas que debían atenderse en el día a día del cementerio superaba la capacidad del Instituto de Medicina Legal, que no contaba con espacios suficientes para su adecuada custodia. El propósito principal fue entonces construir 600 osarios, que luego llamarían repositorios de memoria. Estos repositorios fortalecerían esta capacidad para seguir disponiendo cuerpos de interés forense de manera organizada y facilitar la identificación. Sin este espacio adecuado para el manejo técnico de los restos, la identificación plena de muchos de los cuerpos recuperados habría sido prácticamente imposible. 

El proyecto también buscaba ofrecer un lugar de entierro digno para los familiares de víctimas del conflicto que no poseen los recursos económicos necesarios para sepultar a sus seres queridos una vez que son hallados e identificados en los planes de búsqueda del Valle del Cauca. Un espacio para reconstruir sus identidades, encontrar a sus familias, recuperar sus historias y crear un repositorio que conserve con dignidad sus cuerpos, honrando su memoria. También se trató de un laboratorio de reconciliación. Así que el reto no era solo técnico, sino humano. 

“Decía el Papa Francisco que la paz se construye artesanalmente. Se construye puntada por puntada y con las manos. Muy seguramente, en un punto, habrá que soltar un poco y volver a empezar” esto resonaba en el padre Arturo mientras acompañaba cada fase del proceso. Recordaba las tres respuestas que le dio Pablo Catatumbo ante su pregunta sobre qué fue lo que los motivó a firmar definitivamente un Acuerdo de Paz. En primer lugar, él le respondió: “Un día, como civil, vi un camión de las fuerzas armadas con un gran tanque de guerra. Desde ahí tuve la convicción de que nosotros no vamos a ganar esta guerra”. En segundo lugar, “El combate, el monte, nos hace perder la perspectiva: del tiempo, del espacio, pero sobre todo de la humanidad del otro” y luego le confesó “la verdad es que también quiero vivir unos años más para ver crecer a mi nieto”. 

Y fue justamente en ese punto, en el encuentro de la humanidad del otro, que Arrieta fundó toda su metodología junto a profesionales de la Pastoral Social de la Diócesis de Palmira, el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle quienes realizaron asesoría jurídica y diseñaron estrategias de acompañamiento psicosocial dirigidas, en principio, al grupo de firmantes y de comparecientes de la fuerza pública por separado. 

El primer día en que ambos grupos se juntaron, una psicóloga del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) le dijo a Arrieta: “venga, yo necesito que me ayude a atravesar esto por el corazón”. El padre les propuso que se separaran en dos filas y se observaran de frente, pero después de varios minutos ninguno levantó la mirada. Les sugirió entonces que se preguntaran sus nombres, de dónde venían y si tenían hijos. En el espacio se rompió el silencio. Este reconocimiento, que estaba pensado para durar 10 minutos, duró casi una hora. 

Entre los participantes de la actividad se encontraba Diego Alberto Bareño Suarez, director de la regional Valle de la Fundación Comité de Reconciliación. Él asegura que de los más de 6.500 comparecientes de la fuerza pública ante la JEP, esta fundación acoge alrededor de 4.200. 

Para Bareño, hay dos posibles maneras para que un proceso restaurativo inicie: en el primero, la Jurisdicción Especial para la Paz ordena a un compareciente  cumplir una sanción; en el segundo, se hace independientemente de la sanción por la voluntariedad de las partes. Por su parte, sabía de primera mano lo provechoso que resultaba este proyecto para la reconciliación, pues él ya había participado de otros procesos restaurativos a nivel nacional junto a firmantes del Acuerdo de Paz. Reconocía, sin embargo, que en la región había sido el único. Sin decirles a qué iban, se presentó como mayor del ejército e invitó a un soldado y a un oficial a participar de la primera reunión con la Corporación Reencuentros. Aunque reacios, sus compañeros militares permanecieron en la reunión y accedieron a su propuesta inicial: escuchemonos.

“Las partes lo entendimos, pero ahora el dilema era ¿cómo íbamos a trabajar con grupos más grandes? porque el propósito no solamente era aportar a la búsqueda de personas desaparecidas, sino que también hubiera un proceso de reconciliación”. Desde entonces él participó del proceso, desde el momento de preparación psicosocial y la planeación de toda la obra, hasta la construcción de los repositorios de memoria. 

Su familia vivió siempre de la construcción, entonces nutrió el proyecto con su visión, con ideas, manejos de materiales y flujos de trabajo. El diseño de los repositorios, por su parte, fue creado pacientemente en conjunto con las familias buscadoras, recogidas en la Corporación para el Desarrollo Regional (CDR). Tanto firmantes como comparecientes de la fuerza pública y víctimas estuvieron de acuerdo con lo esencial: hacer un espacio para la memoria, una capilla, un punto de oración, un jardín, así como la cantidad de repositorios.

Coordinando las salidas de los materiales de la bodega y explicando el uso de los materiales, él procuró que en cada estación de trabajo estuvieran por lo menos dos personas: un firmante y un compareciente de fuerza pública. Cargando varillas y bultos de cemento de sol a sol, pero, sobre todo, compartiendo el pan y la gaseosa. En los espacios de descanso bajo el árbol de calabaza todos pudieron conocer la otra historia, la del compañero al que antes no le podían sostener la mirada. 

Bareño recuerda una historia especialmente: “Yo vi a una firmante solita, parada al lado del único árbol que nos da un poco de sombra en el cementerio. Nos sentamos a almorzar y ella me dijo: ‘oiga, yo nunca había hablado con un militar. Jamás’. Yo me fijo en sus brazos y noto que tenía unos quemones, entonces para poner un punto de conversación en común le dije ‘¡Ah! yo también tuve leishmaniasis’. Me respondió ‘No, estas cicatrices son de la vez que fui capturada por la gente del DAS y ellos me quemaron la piel con cigarrillos encendidos’”. Él, impactado, recuerda que fue la primera vez que se preguntó con nitidez hasta dónde se puede llegar en la guerra. 

La UBPD, ha documentado 132.877 personas desaparecidas en el conflicto armado a nivel nacional, de las cuales cerca de 9.000 corresponden al Valle del Cauca, una cifra que ofrece un panorama sobre la magnitud del fenómeno de la desaparición forzada. Tal como indica el informe Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada del Centro Nacional de Memoria Histórica: “Miles de familias colombianas se levantan cada día sufriendo la ausencia de sus seres queridos y la incertidumbre que produce la falta de noticias o de evidencias que den cuenta de qué sucedió con ellos. Los familiares y allegados de las personas desaparecidas viven sumidos en un dolor que no da tregua y no se alivia, que les mantiene condenados a una espera prolongada e impide que sus vidas transiten tranquilamente”.

En el Cementerio Central de Palmira, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal adelantan un complejo proceso técnico y humano que incluye entrevistas y una revisión exhaustiva de los archivos de Medicina Legal, que incluyen fotografías, necropsias y cartas dentales. El objetivo es entender las prácticas de traslados internos sin control que se realizaban en el pasado, posiblemente relacionados con la venta de osarios. 

Como explica Marcela Rodríguez, investigadora territorial de la UBPD en el Valle del Cauca, los datos técnicos obtenidos se complementan con la documentación recopilada por la Corporación Humanitaria Reencuentros, que aporta información vital sobre nombres de posibles desaparecidos, sus familias y sus historias de vida. Luego Medicina Legal trabaja para obtener perfiles genéticos (ADN) de los restos recuperados para compararlos con los de las familias buscadoras. 

Una vez que se logra un avance en la identificación, la UBPD, junto con la Diócesis de Palmira y su Pastoral Social, inicia una “búsqueda inversa”. Esto consiste en localizar a los familiares de aquellos cuerpos que ya han sido identificados, pero que aún no han sido reclamados, para realizar una entrega digna. Este reto es considerado una «odisea» debido a que muchos de estos cuerpos carecen de documentación previa y fueron hallados en condiciones precarias, algunos con signos de violencia, y la mayoría sin registros oficiales. 

Para las familias víctimas, el proyecto “Nos juntamos para encontrarles” trasciende la construcción física de infraestructura, pues representa la transformación del dolor en esperanza y el paso del abandono a la dignificación de sus seres queridos.

Conscientes de que todo este proceso comienza con una adecuada custodia y resguardo de los restos, tanto firmantes como comparecientes de la fuerza pública asumieron esta tarea como un compromiso ético. El primer muro que construyeron -debido al desconocimiento- no tuvo la estructura necesaria, y aunque implicaba una pérdida de tiempo y de material, todos estuvieron de acuerdo con derribarlo. Ellos cuentan que lo hicieron sin pensarlo dos veces, porque querían que la obra quedara bien en todos los detalles. 

En este propósito de coordinar, planear acciones y prestar atención a los detalles de la construcción, estuvo Maribel Ferreira Romero, firmante de paz perteneciente a la Corporación Humanitaria Reencuentros. La única mujer en la obra cargaba a la par con los trabajos más pesados. Maribel, de mirada profunda, es oriunda del Vaupés. Cuando tenía 12 años, desesperada porque ella y sus 8 hermanos no tenían cómo estudiar, vestirse o comer, decidió internarse en la selva. Estuvo como enfermera por más de 30 años en las antiguas FARC-EP y después de la firma del acuerdo de paz, su familia la rechazó y no le permitió el regreso. 

Ahora vive en el Valle del Cauca y su trabajo en la Corporación Reencuentros se extiende sobre todo en los territorios rurales del Valle y Nariño, pero también en otras zonas del país. Es de las pocas firmantes que trabaja directamente con víctimas, gracias de hecho a su experiencia en el proyecto “Nos juntamos para encontrarles” en Palmira. Dice que a pesar de que los corazones suelen endurecerse en la guerra, aprendió a “agachar la cabeza y guardar silencio” y así aprender a escuchar. Hoy entiende que el dolor de las madres buscadoras es distinto a cualquier otro.

Maribel tiene una hija de 6 años cuya habitación está repleta de peluches y muñecos de todos los colores y, contrario a lo que fue la infancia de su mamá, ella puede elegir comerse una tilapia frita completa, como le gusta, a la hora del almuerzo. En las paredes de la casa, sus fotos, medallas, reconocimientos, diplomas y otros logros familiares comparten lugar con el calendario de la Corporación Reencuentros, que por demás se compone de las fotografías de otros procesos a nivel nacional como los adelantados en Buenaventura, Popayán, Pasto, Bogotá, Viotá (Cundinamarca), Medellín, Cúcuta, Sincelejo, Arauca, Ibagué, Florencia, Mocoa, entre otros.  

Como Corporación, recolectan documentación sobre nombres, familias e historias de personas desaparecidas para cruzar datos con el Instituto de Medicina Legal y facilitar su identificación. Como parte de la sanción impuesta por la JEP al último Secretariado de las Farc-EP, la corporación es un actor clave en la implementación de proyectos de búsqueda, elaboración de mapas temáticos, entrega de coordenadas y actos de reconocimiento y perdón en lugares como Cali y Neiva. 

De acuerdo al portal Colombia Visible,  Jhon León González, representante legal de la Corporación y maestrante en Derechos Humanos, asegura que hasta el 2023 los excombatientes han documentado 1.128 casos de personas dadas por desaparecidas. Esto le ha permitido a la organización entregar 49 posibles lugares de localización en cementerios y 90 posibles lugares de localización a campo abierto, llevando al hallazgo de 142 cuerpos. Además, a impulsar la identificación de 90 cuerpos adicionales y a realizar 17 entregas dignas.

“La idea es seguir trabajando y avanzando con el proceso en Palmira. Lograr que los familiares puedan encontrar sus parientes y que se acabe ese dolor. Eso es algo muy importante para nosotros como reincorporados. Estamos comprometidos con el hecho de que no vamos a repetir, sino que queremos avanzar siempre en la paz”, expresa Maribel, sin ignorar los retos que puede implicar las acciones restauradoras por parte de firmantes y que se evidenciaron en el proceso del Cementerio de Palmira. 

Dice que, iniciando la obra, se acercaron personas hasta la puerta del patio donde estaban trabajando. Estaban visiblemente molestas, les gritaron y exigieron que se retiraran del lugar. Que “unos matones no tendrían porqué estar ahí”. Los retrocesos en la obra no tardaron en llegar por la misma razón. Semanas después, llegaron temprano a la construcción para darse cuenta de que faltaban instrumentos como las palas, las picas y otros elementos necesarios. Muchos de los comparecientes pensaron que se trató de un saboteo, ya que “se robaron además aproximadamente 20 millones de pesos en materiales como varillas y bultos de cemento”.

Bareño coincide en que: “hay muchos odios todavía. La gente no cuida su lenguaje, es un lenguaje de odio. Yo creo que nosotros somos la fiel representación de que la paz sí se puede alcanzar, de que podemos ver al contrario de una manera diferente. Los dos actores más importantes del país trabajando para las víctimas, creo que eso es invaluable.”

Ninguno de los participantes del proyecto era experto en construcción. Intentaron levantar las columnas de los repositorios con una formaleta, una estructura de madera que ellos mismos construyeron para rellenar de cemento. Además de que las formaletas en madera perdían su forma y no funcionaba para el propósito, desconocidos entraban al patio de noche a destruir todos los avances del día. Agotados de la situación que se repetía, los firmantes y comparecientes de fuerza pública le solicitaron al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que financiara un celador que pudiera cuidar la obra durante la noche. 

Pensando en cómo avanzar en la obra en los tiempos establecidos, a uno de ellos se le ocurrió que la formaleta podría ser metálica. Se organizaron entre todos para avanzar de forma rápida y en un solo día lograron construir una línea de 30 repositorios. En 2 meses hicieron el trabajo que debía hacerse en 6 meses.

En agosto del 2025, el día oficial de entrega de la obra, el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Harvey Suárez, destacó que lo ocurrido en Palmira no es solo una iniciativa, sino un proceso restaurativo territorial con resultados palpables. “Aquí ocurre algo de una dimensión muy significativa: víctimas que por décadas han buscado y comparecientes que en el pasado causaron daño hoy se encuentran para proponer restauración y dignificación. Esto es lo que en la Jurisdicción llamamos hechos restaurativos”, afirmó.

Durante su intervención, enfatizó que pocas acciones tienen tanta potencia reparadora como la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la entrega digna de sus cuerpos a las familias, una de las principales líneas restaurativas de la JEP junto con el esclarecimiento de la verdad. “Tal vez no haya un hecho restaurativo de mayor contundencia que la ubicación, la identificación plena y la entrega digna de una persona desaparecida. Son procesos que, aunque parezcan pequeños, son los más sentidos para las víctimas”, añadió.

Las líneas restaurativas son los enfoques o tipo de acciones que buscan reparar el daño causado por el conflicto armado, poniendo en el centro a las víctimas y promoviendo la responsabilidad de los comparecientes. No son “líneas” rígidas únicas, pero sí se han consolidado varias orientaciones clave dentro de la justicia restaurativa que aplica la JEP. 

La primera línea es la restauración de derechos de las víctimas; se enfoca en reconocer el daño y contribuir a sus derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. La segunda es una forma de sanción propia conocida como los TOAR (Trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador); son acciones concretas que realizan los comparecientes como desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas y reconstrucción de infraestructura comunitaria. Las demás líneas pasan por la restauración territorial y ambiental, garantías de no repetición y pedagogía para la paz, y por último, la participación activa de las víctimas en el proceso restaurativo.  

Este hecho tiene un valor adicional para la Jurisdicción: en Palmira participan comparecientes del Caso 05, que investiga crímenes ocurridos en el norte de Cauca y el sur del Valle del Cauca. Su presencia confirma que los compromisos asumidos ante la JEP trascienden el ámbito judicial y se reflejan en gestos concretos de reparación y reconciliación. 

Maribel recuerda que en los últimos días de la construcción ya no se formaban los dos grupos grandes, divididos, como era común al inicio del proceso. Se cuidaban y bromeaban los unos con los otros. Muchos recuerdan los días finales de la obra, donde se lanzaban entre sí cemento fresco, jugando, unidos por la risa, sin ninguna distinción de bando. 

“Creo que esto nos ayudó a restaurarnos también, porque indudablemente la guerra deja heridas, cicatrices difíciles de borrar. Creo que lo mejor que nos pudo pasar fue haber trabajado con firmantes del acuerdo de paz, porque aparte de ser un proceso restaurativo también fue un proceso de reconciliación (…) Nunca hubo un problema entre nosotros. Jamás. Había mucho respeto, mucha camaradería. Creo que entre combatientes uno se entiende mucho más. Tengo amistades con ellos, me llaman y yo a ellos. Creo que esta experiencia nos ayudó a sanar”, expresa el director de la regional Valle de la Fundación Comité de Reconciliación Diego Bareño.

En el 2025, la Semana por la Paz del Valle del Cauca adoptó el lema “arropamos la vida con dignidad y esperanza” y en esta conmemoración el padre Arturo Arrieta, quien sigue acompañando el proceso en el cementerio de Palmira, se le ocurrió que el acto de arropar podía ser tangible, real. Convocó varias voluntades para que donaran telas, cobijas, sábanas, que luego juntaron en una gran colcha, siguiendo su convicción de que la paz se teje en conjunto. Invitó a un público diverso a arroparse. Recordaba que mientras atravesaban un duro momento debido al conflicto armado en Montes de María, su abuelo le dijo con contundencia a toda la familia: no se preocupen que en esta cobija cabemos todos.

Cuatro meses después de que se inició la construcción de los repositorios, se acercaron cinco familias de la Corporación para el Desarrollo Regional. La Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) es una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro que trabaja en el Valle del Cauca desde el año 2003. Su labor se enfoca en la garantía de los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz, teniendo como una de sus principales líneas de acción la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, tarea en la que convergen familiares de diversos municipios del departamento. En el marco del proyecto en Palmira, la CDR fue una de las organizaciones que propuso la iniciativa y lideró el acompañamiento a las víctimas. 

Aproximadamente veinte personas estuvieron a cargo del embellecimiento, de convertir el Patio del Olvido en el Jardín de la Esperanza. Cuando llegaron había en el lugar el ruido propio de la construcción de una obra, hasta que los firmantes y comparecientes de la fuerza pública se dieron cuenta de su presencia. Todos se presentaron entre sí. El silencio de los minutos siguientes se quebró con las palabras de uno de los miembros de la Fundación Comité de Reconciliación: “Bueno, lo que ustedes necesiten acá estamos para ayudarles”. Fue un mes de trabajo colectivo, donde les ayudaban a cargar, a limpiar y otras actividades necesarias para la siembra del jardín. Un par de semanas después “cuando nos veían trabajando a todo el rayo del sol, nos ofrecían algo de beber y esos gestos nos conmovían”. 

Así lo destacó también Martha Burbano, de la Corporación para el Desarrollo Regional: «hoy cuando uno viene al cementerio y por lo menos se pueden saludar implica que ese compartir aquí en lo cotidiano, ese hacer una apuesta común, va transformando las mentes y los corazones». 

La mayoría de familiares participantes fueron mujeres, en coherencia con los datos nacionales de la UBPD que indican que cerca del 60% de las personas buscadoras pertenecen a este grupo poblacional. Las familias no fueron sujetos pasivos; participaron activamente en el diseño arquitectónico y paisajístico de los osarios. Ellas propusieron la creación de una capilla central para la conexión espiritual, el uso de fuentes y plantas, y el mural en la entrada del cementerio.

Las madres, tías, hermanas e hijas buscadoras vieron en el espacio del cementerio la posibilidad de presentar iniciativas artísticas permanentes en su labor de búsqueda como la «Carpa de la Memoria» y la obra teatral “Entre sombras y estelas”, protagonizada por ellas mismas, para visibilizar la desaparición forzada. También fueron fundamentales en la definición del lema del mural: “Nos juntamos para encontrarles. Solo desaparece quien se olvida”. Para ellas, este lema representa la realidad de su lucha: la búsqueda es constante y la fe en encontrarles no se agota con el paso de los años. Su persistencia y ética del cuidado fueron los motores que sostuvieron el proyecto, transformando el dolor en una apuesta colectiva por la paz y la dignidad.

Hoy, al pasar por el patio, se ve un pequeño guayacán amarillo que fue sembrado colectivamente como un símbolo de que la reconciliación puede crecer incluso en las cicatrices más profundas. El horizonte visual está definido por los nuevos repositorios de memoria: los más de 500 osarios, en donde hoy ya reposan los cuerpos de Victor Julio Heredia y Wilson Losada Borrero. Además, rodeando el patio se encuentra un monumento a la memoria, que se compone de mensajes de resistencia creados por las familias buscadoras.

Gracias a la creación del mural fuera del cementerio, los vecinos conocen y valoran la labor de identificación y búsqueda que se desarrolla en el patio. Cuando estaban pintando, los firmantes y comparecientes de la fuerza pública respondían a los curiosos “estamos trabajando por la paz de Colombia” y le encomendaban el cuidado de la fachada a los trabajadores del centro comercial ubicado cerca al cementerio y a los jóvenes que limpian carros en el semáforo del frente. En esta obra, las mariposas pintadas simbolizan la transformación de un dolor que ha dejado de ser solitario para volverse una búsqueda compartida. 

Con algo de atención también se ven un par de materas de cemento que sobresalen en el terreno. Su autor, Jhon Jairo, hijo de campesinos de Boyacá, fue enfermero de combate durante 10 años en el ejército. Es un compareciente de la fuerza pública que participó en todo el proceso de construcción de los repositorios, en donde entendió que “todos venimos del mismo país. Todos venimos del mismo campo”. 

Él, con la intención de pedir perdón y mandarle un mensaje a una víctima vinculada a su caso y a las víctimas del conflicto armado en general, se juntó Willian Fabián -otro compañero de la Fundación Comité de Reconciliación- para pensar la mejor manera. Después de varias ideas, resolvieron que el árbol podría ser el mayor símbolo de la vida y buscaron uno que pudiera resistir el calor de la zona. Diseñaron un par de materas con forma de rostro. Una de ellas, con los ojos vendados, “simbolizaría la vulnerabilidad de aquellas personas que pensaban a ciegas que serían protegidas por una institución que tenía otras intenciones”. Ahora esta matera se encuentra en el patio, frente al oratorio donde las familias podrán, finalmente, descansar la mirada y honrar a sus seres queridos. La acompaña un texto escrito por él:

“(…) Cada día miro hacia atrás con un dolor que aún perdura, reconociendo el daño irreparable causado no solo por mí sino también por mis compañeros. Mi deseo es que través de estas palabras y de estas obras de conmemoración, pueda traer a la luz el verdadero valor y el buen nombre de la persona que se fue. Con dedicación y esfuerzo junto con otro exmilitar del mismo caso, hemos trabajado en la creación de unas materas, no solo como un símbolo de vida sino también como un tributo a la persona que fue arrebatada injustamente a su familia por nosotros el ejército colombiano. Cada una de estas materas representa la esperanza de que su legado perdure y de que su historia sea recordada con dignidad y respeto (…)”

La otra matera, con los ojos descubiertos, sería la representación de las personas que están en este cementerio, en honor a las identidades e historias que están cerca de revelarse de nuevo.  “Esta matera en particular encarna este inmenso esfuerzo colectivo por la verdad, la dignificación y la posibilidad de que la memoria de aquellos que sufrieron sea finalmente restaurada y respetada. Es un humilde intento de dar voz a la verdad y de asegurarme de que su nombre sea elevado y honrado, tal como lo merece” reza el mismo texto.