La noche del 10 de marzo de 2025 Javier Sánchez Restrepo volvió a soñar que estaba junto al fogón de leña en la tierra de sus abuelos: “La tierra propia”, dijo en un video que publicó a la mañana siguiente, mientras erraba sin rumbo aparente por unos cañaduzales: “los ecos de mis antepasados resuenan en cada rincón, especialmente la esencia de José Ignacio Restrepo Botero y Blanca Olivia Flórez Ríos, mis abuelos eternos, los guardianes de un legado que palpita vitalmente en el suelo que piso cada día”.

“Soñé, como mi abuelo, con tener una finca en San Pedro, en el corazón del Valle del Cauca”, seguía Javier: “El pasado se entrelaza con el presente y el futuro”.

El pasado es el despojo. José Ignacio Restrepo Botero y su compañera Blanca Olivia Flórez, los abuelos, tuvieron que huir de sus propiedades en Tuluá, en las alturas de la cordillera central, a finales de la década del ochenta, cuando guerrilleros de las FARC llegaron a su finca y quemaron la casa de la familia.

El viejo José Ignacio se enfermó pronto y murió lejos del que era su orgullo, el predio “La Bolsa”, cuarenta hectáreas de montaña que había descuajado con sus propias manos en la vereda San José, más arriba de un paraje conocido como Puerto Frazadas, antes de llegar al páramo.

Javier lo recuerda entre brumas, él apenas un bebé que se siente acunado en sus brazos en alguno de los corredores de la casa, pero es posible que ese recuerdo sea otro sueño, una invención de su memoria.

Los hijos del viejo, Jorge Eliécer y Luis Enrique Restrepo Flórez, subían de vez en cuando a darle vuelta a los terrenos para cortar madera y engordar algunas vacas. En la propiedad, dice Javier, no vivía nadie desde 1992. Después la guerrilla mató las reses o se las comió y toda la familia terminó viviendo en otra finca más pequeña de la vereda Santa Isabel, cerca de Tuluá.

Luis Enrique y Jorge Eliécer Restrepo Flórez

El pasado es el terror. Dos años más tarde, en 1994, la violencia se llevó a Luis Enrique. Javier cree que lo mató la guerrilla bajo acusaciones de talar el monte virgen o quizá por reyertas sin importancia en tiempos que la bonanza de la amapola crecía sin control en las tierras altas de la cordillera central.

Y después llegaron los paramilitares del Bloque Calima en 1998 y asesinaron en 2003 a Jorge Eliécer. El crimen ocurrió delante de su esposa y dos hijas pequeñas. Desde entonces, cuenta Javier, no volvieron a tener contacto con las fincas, todas quedaron abandonadas.

El Descanso, la finca pequeña, terminó mal vendida. “De allá los desplazaron en varias ocasiones. Mi abuela salió dos veces, otro tío se desplazó dos veces. Pero volvían”, dice Javier: “La abuela intentó hacer un negocio mal hecho, le pagaron una parte, luego no le terminaron de pagar, otro señor se metió allá”.
La familia se fue desperdigando por Pereira, Riosucio, Tuluá, Cali, El Cairo. En Pereira Javier consiguió un cupo en la Universidad Tecnológica para estudiar filosofía. Allá nos conocimos hace casi veinte años.

Las fincas ya estaban perdidas cuando tuvo lugar la aprobación en el Congreso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011, cuyo propósito es la “atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Fue una de las primeras iniciativas del novísimo gobierno de Juan Manuel Santos, anticipando el viraje hacia la que sería su postura en favor de la paz y la normalización del país, enfrentado a quien fuera su jefe e impulsor: Álvaro Uribe Vélez.

Con la ley en la mano, la familia Restrepo Flórez instauró en 2015 una demanda de restitución de tierras por ambos predios, La Bolsa, el de las cuarenta hectáreas en la cordillera, y El Descanso, la finca más pequeña cerca a Tuluá donde se refugiaron tras el primer desplazamiento. Y ahí comenzó el presente.

El presente es la impunidad. Desde el comienzo hubo tropiezos porque como es frecuente en el campo colombiano, la tierra no estaba formalizada. La propiedad más grande aparecía en catastro registrada con tres lotes contiguos de los cuáles sólo uno de doce hectáreas tenía escrituras adjudicadas al viejo José Ignacio por el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora). Los dos lotes contiguos los había negociado el abuelo con vecinos y colonos a través de promesas de compraventa que no quedaron inscritas en oficinas de registro.

El otro predio, El Descanso, había tenido tres ocupantes después de que la familia se viera obligada a abandonarlo, cuando la abuela María Olivia lo negoció por poco más de tres millones de pesos, una suma que nunca le pagaron completa. El último ocupante era otro campesino, un tercero sin relación con la familia y que le había comprado la finca de buena fe a los ocupantes previos.

En 2020, cinco años después de la demanda, un juzgado de restitución de tierras falló a favor de la familia reconociendo que debían ser compensadas solamente las 12 hectáreas de la finca La Bolsa, la única que tenía escrituras a nombre de José Ignacio Restrepo Flórez. Pero ya ni siquiera eran 12, sino que una medición del Instituto Colombiano Geográfico Agustín Codazzi tasó el terreno en 10 hectáreas.

Fotos de la familia cuando regresaron en 2024 a medir el predio La Bolsa para solicitar la restitución equivalente. Los terrenos están abandonados y cubiertos por la vegetación

Con esta sentencia en la mano los Restrepo optaron por una figura contemplada en la ley que consiste en la restitución equivalente, esto significa que no se les entrega el predio original que fue despojado y abandonado durante el conflicto, sino uno “de similares características y condiciones en otra ubicación, previa consulta con el afectado”, la ley además ordena que “la compensación en dinero sólo procederá en el evento en que no sea posible ninguna de las formas de restitución”.

Desde entonces la familia Restrepo Flórez ha recorrido un sinuoso camino por entidades, oficinas, juzgados y despachos oficiales, instaurando cartas, tutelas y derechos de petición, algo que Javier califica como “hablarle a una pared”. El proceso de gestión ante la Unidad de Restitución de Tierras implicó que la familia debía ubicar algún predio en poder del Estado que pudiera ser entregado a la familia.

Tras años de búsqueda en 2023 encontraron dos terrenos entre Buga y San Pedro, en el corazón del Valle del Cauca, que pertenecieron al narcotraficante José Orlando Henao alias “El Hombre del Overol”, uno de los mayores capos de la droga en la historia del país, cabeza del extinto Cartel del Norte del Valle. Ambas fincas de 22 y 3 hectáreas hoy son propiedad del Estado, puesto que fueron incautadas a la esposa del capo desde 2002.

Aunque son del Estado, ambas propiedades están sembradas en caña y su usufructo en las dos últimas décadas lo han tenido particulares gracias a contratos con la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, que entregaba los terrenos a cambio de alquileres irrisorios. Las fincas primero estuvieron en manos del Ingenio Pichichí, una gran compañía productora de azúcar, y luego en poder de Armando Lozano Zapata, un empresario local que vende la caña a los ingenios azucareros de la región.

La familia aplicó para la finca más pequeña, llamada Los Chancos. Gracias a múltiples gestiones lograron en junio de 2024 que ese terreno fuera traspasado a la Unidad de Restitución de Tierras para que se destinara a reparar a víctimas del conflicto. Una vez la propiedad estuvo inscrita en el fondo de tierras de la Unidad hicieron la aplicación formal para que les fuera entregada, tras conseguir avalúos, informes técnicos de viabilidad y oficios que iban y volvían al juzgado, apareció otro tropiezo: era imprescindible surtir un último trámite de cálculos de equivalencias.

Este cálculo determina si la nueva propiedad es equivalente en extensión, costo y características socio ambientales con la vieja propiedad despojada, lo que de entrada ya supone un despropósito porque como bien explica Javier “la vieja finca ya no vale nada ahora, está sin trabajar hace treinta años y la tierra sola no sirve”.

Como era obvio, el informe determinó que los avalúos de ambas propiedades no eran equivalentes porque la finca La Bolsa, abandonada en la cordillera desde hace tres décadas, hoy cubierta casi en su totalidad de monte, tiene un valor actual de 37 millones de pesos, mientras que la finca Los Chancos, en plena producción cañera y ubicada en el corazón del Valle del Cauca, tiene un valor que supera los 350 millones de pesos. Con esta desproporción el juzgado concluyó que era imposible adjudicarles el terreno, pues el costo del mismo superaba en 900% el valor del predio despojado.

“Se supone que esa era la forma como se iba a restituir tierras”, dice Javier, “pero muy pocos predios han sido entregados con la figura de equivalencia”.

Lo dice con pleno conocimiento de causa, pues entre la montaña de oficios y derechos de petición que ha acumulado en los últimos diez años Javier posee una respuesta de la Unidad de Restitución de Tierras dirigida a su madre María Consuelo Restrepo el 21 de octubre de este año en donde se lee textualmente que sólo 212 familias campesinas han sido reparadas con restitución equivalente por sus predios despojados en el conflicto.

En ese mismo documento consta que entre 2020 y 2025 se han pagado 1.021 subsidios en dinero por las tierras despojadas, esto significa que los campesinos no recibieron sus antiguas fincas, ni fincas nuevas, sino un único pago en efectivo con el que fueron reparados.

“La ley de restitución no se diseñó para entregar tierras”, se queja Javier: “Es una nueva forma de expropiación, a través de pagos, pero sigue siendo expropiación. La ley de restitución de tierras debería llamarse ley de pagos de avalúos a los campesinos. Si nos lo hubieran dicho en el 2020 nos hubiéramos ahorrado cinco años de tortura”.

“El pasado se entrelaza con el presente y el futuro”, decía Javier en su video. Pero el futuro ya está aquí. La jueza Dora Elcy Buitrago, del juzgado segundo de restitución de tierras de Cali, tomó en octubre pasado una decisión con la que busca darle cumplimiento definitivo a la sentencia del 2020 y zanjar del todo este proceso. En un auto de seguimiento del 27 de octubre de 2025 determinó que como no fue posible reparar a la familia con un predio equivalente, se debía hacer con una compensación económica, a la que ellos se han negado reiteradamente.

“Son 33 años de despojo”, me dice Javier por teléfono, la furia se atisba completa al otro lado de la línea: “eso no tienen con qué pagarlo”.