La llamada las sorprendió en medio de una integración de mujeres. Habían pasado la tarde conversando y compartiendo en la Casa de la Reincorporación y la Reconciliación en Medellín, cuando una de ellas atendió el teléfono y el ambiente se quebró de golpe. Al otro lado de la línea les avisaban que habían entrado a robar Juntas: café en paz, el negocio que habían inaugurado apenas once meses atrás cerca de la Universidad de Antioquia. Esa noche hombres desconocidos vaciaron el local. Se llevaron máquinas, mesas y tazas. “Quedamos frías. Nos pusimos a llorar. Fue horrible. Se llevaron todo”, recuerda una de ellas. Días antes también habían recibido intimidaciones y mensajes extorsivos. Para quienes firmaron la paz después de casi una década, el robo no solo significó perder su café, sino confirmar que incluso los proyectos con los que buscan reiniciar su vida siguen siendo frágiles.

Porque después de dejar las armas, la guerra no siempre termina. A veces cambia de forma: se convierte en amenazas, en incertidumbre, en trámites interminables, en proyectos que sobreviven sin garantías. Esta es la historia de cuatro formas de sostener la vida después de dejar las armas. En Medellín, Marinilla y Mutatá, mujeres y hombres firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 reconstruyen su vida en medio de la incertidumbre. En la ciudad, una casa en préstamo para el Mercado de las Mujeres entre otros proyectos económicos; en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, una tierra entregada por la SAE que no pueden usar para sembrar alimento ni construir viviendas; en Marinilla, un hotel que avanza sin seguridad jurídica; y en Mutatá, una finca productiva que esperan algún día el Estado ponga a su nombre.

El Mercado de las Mujeres Construyendo Paz en Medellín 

La casa no es grande, pero tampoco pequeña. Pasa desapercibida a simple vista. Es discreta. No tiene un distintivo particular y nadie llega allí por azar. El techo es alto. Las paredes son claras. La entrada es muy angosta y las ventanas siempre permanecen cerradas. Está ubicada en el barrio Belén de Medellín y desde hace casi diez años, la Casa de la Reincorporación y la Reconciliación, se ha convertido en el espacio de encuentro y cobijo para hombres y mujeres firmantes de paz en Antioquia. 

Danny Luz González es la primera que llega y la última que se va. Es martes 7 de abril de 2026 y se le ha hecho un poco tarde para abrir la casa al público, desde las ocho de la mañana dan la bienvenida a visitantes, turistas, investigadores y estudiantes. Toma un manojo de llaves y abre rápidamente la puerta de cada uno de los cuartos que funcionan como oficinas. La primera cerradura que libera, es la del portón que nos conduce al Mercado de las Mujeres Construyendo Paz. Un pequeño cuarto iluminado con luces cálidas, con cuatro grandes estantes y un perchero. La iniciativa surgió durante la pandemia. Treinta y cuatro mujeres firmantes, madres y jefas de hogar se unieron para darle vida a este negocio con el apoyo de la International Actor For Peace (IAP) y ONU Mujeres. 

Después, abre con rapidez las demás puertas. Detrás de cada una de ellas, aguardan largas mesas y sillas de oficina, tableros que describen sus actividades y proyectos, y en la parte trasera, hay un gran mural que resume la historia de las extintas Farc-Ep y una pequeña cocina con baldosas de color azul. 

Mientras Danny Luz recorre la casa y vuelve sobre sus pasos y se detiene en el Mercado, menciona los desafíos económicos que enfrentan. “Nosotras no trabajamos en el Mercado de tiempo completo. Vivimos de otras actividades, del rebusque. Algunas trabajan vendiendo cosas en la calle o son escoltas”, dice, mientras acomoda sobre los estantes algunas bolsas de café, desempolva frascos de miel, pasa su mano por algunas camisetas que están para la venta y los bolsos tejidos a mano por sus compañeras. Repasa con la mano y la mirada que todo esté en su lugar. 

Según cuenta, cada objeto cuenta una historia y proviene de una subregión distinta de Antioquia. “Todas y cada una de estas cosas, han sido elaboradas por hombres y mujeres que desde hace diez años, en 2016, dijeron sí a la paz en Colombia”. 

Su voz es suave y firme. Tiene la piel morena y ojos pequeños. Viste pantalón de jean y blusa blanca. Desde el 2024 lidera la Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz (Cotepaz) y ha asumido buena parte de las funciones administrativas, lo que la llevó a estudiar Administración Pública Territorial en la Escuela de Administración Pública. “Era necesario, porque nosotras cuando salimos del monte apenas sabíamos leer y escribir. No sabíamos nada de temas contables y administrativos. Nunca habíamos abierto una cuenta en un banco o escrito un proyecto”, cuenta. 

El Mercado de las Mujeres Constructoras de Paz nació meses antes de la pandemia. Resultaron ganadoras de una convocatoria de la organización de cooperación internacional IAP. El proyecto les entregó varias bolsas de alimentos para la venta como arroz, panela, pasta y aceite. Comida que más tarde terminó en las casas de ellas mismas y sus compañeras durante el confinamiento. Así que, en cuanto pasó la crisis sanitaria, decidieron darle un giro al negocio y empezaron a comercializar los productos que sus compañeros y compañeras producen en la región, principalmente en Ituango y Dabeiba. 

Inauguraron nuevamente la tienda con café de especialidad de la marca Paramillo y Ubuntu, luego sumaron la marca El Cabre, producido por una comunidad indígena allí mismo en Dabeiba. Después incluyeron la miel, los bolsos y las sudaderas marca La Montaña, también elaboradas en Ituango. “La idea era ayudar a los emprendimientos de firmantes, que se dieran a conocer más. En este momento tenemos 15 productos diferentes y ahora último, nos llegaron unas botas para la montaña desde Caquetá”, detalla Danny Luz. 

De acuerdo con el informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, con corte al 31 de octubre de 2025, 11.152 excombatientes —entre ellas 2.869 mujeres— se habían beneficiado de 6.104 iniciativas productivas tanto individuales como colectivas. 

Por eso para Danny Luz, esta casa “es el corazón de la reincorporación en Antioquia”. Allí confluyen organizaciones como Cotepaz, la cooperativa que respalda varios de los proyectos productivos de firmantes en Medellín; la Asociación Memorias Comunes (Asomecos), dedicada al turismo y la administración un hotel en comodato en el municipio de Marinilla; la Asociación de Mujeres Construyendo Paz que lideran el Mercado de las Mujeres; y la Federación Efraín Guzman, la cual articula y gestiona recursos para las asociaciones y cooperativas en Antioquia. Sin embargo, esta casa no les pertenece. 

La Gobernación de Antioquia se la entregó a Cotepaz en comodato por cinco años, entre el 2 de agosto de 2018 y el 2 de agosto de 2023. Así que, “para no quedar en la calle”, según cuenta Jhon López, representante legal de la organización, solicitaron una prórroga poco antes de que se venciera el plazo.

John es de estatura baja y camina con un poco de dificultad. Él es quien se encarga de “los chicharrones legales” como él mismo describe su rol. Según cuenta, durante la Gobernación de Luis Pérez Gutiérrez, la organización no solo obtuvo el comodato —el préstamo de la casa—, también consiguió una prórroga hasta agosto de 2026. Pero bajo la actual administración fue diferente, seis meses antes de que se venciera el plazo, el 24 de febrero de 2026, Jhon envió una solicitud similar pero la respuesta fue negativa.

Tres días después del envío de su carta, le contestaron desde la Dirección de Bienes y Seguros departamental, lo siguiente: “Una vez revisado el expediente contractual, se verificó que el citado contrato cuenta con plazo vigente hasta el día 2 de agosto de 2026, término que fue establecido mediante la Prórroga No. 2. En consecuencia, no resulta procedente adelantar trámite alguno de renovación o ampliación”. 

La decisión de la institución los tiene a todos inquietos. “No es solo el uso del espacio, sino la continuidad de los proyectos. Diez años es poco para sacar algo adelante”, comenta Jhon. “Estos años han sido duros. Nos hemos dado contra el mundo”, reflexiona Danny Luz. 

Jhon respalda a Danny Luz en todo. Los dos han asumido la responsabilidad de dirigir y guiar el rumbo de la casa, de Cotepaz y el Mercado de las Mujeres. Son quienes envían las cartas, redactan y responden los correos, invitan a las reuniones, motivan a los demás a seguir insistiendo en el proceso de reincorporación, aún cuando los proyectos en marcha cojean y no les prometen aún, calidad de vida. 

Las ganancias del mercado son muy bajas, “se sostiene de milagro” por eso varias de ellas se han retirado de la sociedad. Solo quedan veintinueve. “Ni siquiera alcanza para pagar un salario mínimo a la compañera que está pendiente de la tienda. Cada mes es una odisea, reuniendo billetes y monedas para pagarle a ella”, expresa Danny Luz entre suspiros. Además, en los últimos meses, han sido víctimas de amenazas y un robo. “Nosotras padecemos de doble estigmatización, pero también la inseguridad. Por ser mujeres, por ser firmantes. Si usted es mujer, negra o indígena y se le suma firmante, y sin recursos económicos, está llevada”, agrega.  

Desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta el 26 de diciembre de 2025, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU) ha documentado 487 asesinatos de excombatientes —entre ellos 12 mujeres, 64 personas indígenas y 58 afrocolombianas—, así como 168 tentativas de homicidio, 17 de ellas contra mujeres y 58 desapariciones, incluida una mujer.

“Nos han llegado intimidaciones y extorsiones por escrito”. En diciembre de 2025, Juntas: café en paz, cerca de la Universidad de Antioquia, once meses después de su inauguración, sufrió un robo millonario. “Ese día estábamos en una integración de mujeres aquí en la casa, cuando nos dan la noticia, quedamos frías. Nos pusimos a llorar. Fue horrible. Se llevaron todo”. En los últimos años, estas mujeres han contado principalmente con el apoyo de la Corporación Alterpaz, Onu Mujeres y la IAP, organizaciones de cooperación nacional e internacional, el apoyo de las autoridades locales ha sido poco.

Mientras tanto, otras mujeres firmantes, como es el caso de Ana Ríos, a quien le hemos cambiado su nombre por seguridad, han encontrado una nueva oportunidad en la profesión de escolta. Según cuenta, este trabajo llegó en el momento más difícil de su vida. Había acabado de salir de la cárcel y era madre de dos niños. Estuvo privada de su libertad durante varios años, después de haber sido acusada de rebelión. Así que las posibilidades de conseguir trabajo eran pocas.

Ana encontró en este oficio la estabilidad laboral y el salario justo que tanto buscaba. «Muchos creen que este no es un oficio para nosotras, pero yo pienso que sí, las mujeres somos capaces de eso y de mucho más, desde que sea un trabajo digno», señala. Por eso insiste que las mujeres firmantes necesitan oportunidades reales para rehacer sus vidas: «Varias somos madres cabeza de hogar y madres solteras; a muchas les mataron a sus compañeros y tienen dos o tres hijos que sostener».

Las peticiones de Danny Luz y sus compañeras para las autoridades son puntuales: “no estamos pidiendo plata, necesitamos apoyo técnico para aprender a comercializar mejor los productos, puentes para hacer alianzas con empresas”, y buscan que la Gobernación de Antioquia las deje seguir ocupando la casa, porque si se las quitan, perderían el único lugar de encuentro que tienen. 

Pero esta no es la única preocupación que invade a estos hombres y mujeres. A las afueras de la ciudad, en las montañas de Medellín, hay otra promesa en pausa. En el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, Cotepaz recibió hace dos años una finca en préstamo y el sueño de todos era cultivar alimentos, construir vivienda y establecerse, sin embargo, esa idea se diluye con los meses. 

Mujeres, abejas y bosques: promesas de apicultura y reforestación para la paz 

A cuarenta y cinco minutos del municipio de Medellín, en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en la vereda La Frisola se abre paso entre montañas la finca La Laguna. Una de las tierras que entregó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en 2023 a Cotepaz. “Esta propiedad es otro dolor de cabeza. Llevamos dos años y aún no se ha concretado ninguno de los proyectos productivos y ni siquiera podemos vivir allí”, cuenta Danny Luz. 

Esa finca la pidieron en préstamo en 2022, para que firmantes del Acuerdo de Paz, asediados por la guerra que persiste en algunos territorios de Colombia, tuvieran un lugar seguro para vivir junto a sus familias. “Estaban matando a los compañeros y las casas de los ETC (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) se estaban cayendo a pedazos”, recuerda Jhon con tristeza. Según datos entregados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) entre 2017 y mayo de 2026, 480 firmantes han sido asesinados, además, la Misión de Verificación de la ONU, reportó siete más, para un total de 487. 

Cuando la Cooperativa hizo la solicitud a la SAE para acceder a la propiedad, recuerda Danny Luz, creían que por encontrarse en una zona rural, sería un lugar apto para vivir y sembrar alimentos. Le preguntaron a algunos funcionarios si el lugar era apto para eso y, según cuentan, les aseguraron que sí. También les dijeron que la finca se la habían quitado a unos mafiosos porque allí funcionaba “una cocina”, un lugar donde fabricaban todo tipo de drogas.

El 29 de diciembre de 2023, firmaron el contrato con la SAE con gran ilusión, pero la dicha les duró poco. Meses después, se enteraron de que no podrían construir sus casas ni cultivar la tierra. Se enteraron meses después que la finca estaba dentro de una zona de reserva forestal. Sus sueños entonces se vinieron abajo, sobre todo para las mujeres del Mercado. La idea de cultivar su propia comida, sacar sus productos a la venta y hacer una casa para sus hijos, se desdibujó de golpe. Por esos días, solo contaban con los $8 millones que el Estado le entregó a cada quien para emprender un proyecto individual o colectivo. 

De acuerdo con algunas notas periodísticas publicadas por esos días, fue la primera finca que entregó la SAE en una zona rural de Medellín a firmantes del Acuerdo de Paz. Hoy, la apuesta sobrevive en manos de los 90 asociados de Cotepaz, donde el 30 % de ellos son mujeres. 

Según la Misión de Verificación de la ONU, para el 26 de diciembre de 2025 se habían destinado alrededor de 18.600 hectáreas de tierra para la reincorporación en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz. Por su parte, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta en su página oficial que, con el apoyo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a 13 de abril de 2026 la cifra asciende a 19.425 hectáreas, beneficiando a 3.382 firmantes organizados en 49 formas asociativas.

Además, para ocupar la finca tenían que pagar una póliza de riesgo. Jhon recuerda que visitaron varias aseguradoras, entre ellas Sura, Previsora Seguros y Allianz pero ninguna quiso apoyarlos, así que le pidieron a la SAE otra forma de respaldar la propiedad. La entidad les contestó vía correo electrónico que debían depositar $9 millones de pesos a una de sus cuentas, y que eso haría las veces de seguro. 

“Nos tocó replantear todo y tampoco hemos podido hacer el depósito”, explica Danny Luz. Dicen que no cuentan con el dinero y que la propiedad no se encuentra completamente extinta, “se requieren algunos saneamientos de tipo jurídico y catastral por un tema de linderos que no quedó claramente definido en la sentencia de extinción”, explica Andrés Salazar Charry, vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE. 

Así que para este caso, señala Salazar, “se requiere no solo el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), también de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), porque dentro del Plan de Desarrollo la prevalencia legal la tiene la ANT y ella es la que finalmente valida la destinación definitiva del predio”. 

En junio de 2025, la SAE y la ARN emitieron una circular conjunta que fija una ruta clara para que los firmantes accedan a inmuebles destinados a sus proyectos productivos. El documento, en esencia, establece que toda solicitud debe pasar primero por la ARN, que valida el proyecto y lo presenta ante la SAE. Con ello, se busca estandarizar el proceso, definir beneficiarios, priorizar la asignación —temporal o definitiva— de los predios y establecer mecanismos de seguimiento que impulsen la ejecución de estas iniciativas.

Cotepaz espera que no solo se definan con claridad los linderos de la finca, sino que la ANT ponga a nombre de la cooperativa la finca, porque solo siendo dueños de esa tierra podrán avanzar con sus proyectos. Se terminará la incertidumbre jurídica y la angustia de no saber si vale la pena desarrollar cualquier proyecto. Sueñan con que La Laguna se convierta en un espacio para la apicultura. En la actualidad, cuentan con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para producir y comercializar miel. 

También buscan desarrollar un proyecto de reforestación comunitario. Una iniciativa que presentaron de manera formal a inicios del 2026, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Les gustaría que los comparecientes del Macro caso 01: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, desarrollen allí labores de cuidado ambiental y de turismo sostenible. Además, vienen desarrollando de forma paralela una agenda de reincorporación con jóvenes del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, a través de encuentros y espacios formativos, alrededor de la pedagogía para la paz con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Lejos de los antiguos espacios de reincorporación, la ciudad se convierte en un territorio incierto. En Medellín, donde hoy viven más de trescientos cincuenta firmantes —hombres y mujeres provenientes de distintas regiones del país—, la vida cotidiana se abre paso entre el rebusque y el estigma. Conseguir trabajo, acceder a la educación o simplemente habitar sin ser señalados sigue siendo una lucha diaria. “No te reciben en empresas, no te reciben hasta en universidades; los niños en los colegios, en las escuelas… ‘usted es hijo de un criminal’, les dicen. Eso afecta emocionalmente”, denuncia Danny Luz, quien también ha tenido que aprender —no sin tropiezos— a moverse en una ciudad que, a ratos, le resulta ajena.

“El tema urbano no estaba muy claro en el Acuerdo de Paz. Se pensaba que la reincorporación iba a ser en los ETCR”, señala Jhon. El diseño mismo del acuerdo partía de esa premisa: una reincorporación anclada al territorio rural. Por eso, cuando la seguridad empezó a resquebrajarse y muchos firmantes —hombres y mujeres, junto a sus familias— tuvieron que salir de esos espacios, quedaron por fuera del marco previsto. Sin embargo, la Misión de Verificación de la ONU señaló, en su más reciente informe, sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que hasta el 26 de diciembre de 2025, más de 11.000 firmantes continúan comprometidos con su proceso de reincorporación. 

Fuera de los ETCR, la reincorporación depende, en gran medida, de la voluntad institucional y suele diluirse entre trámites, vacíos y silencios. Danny Luz y Jhon lo narran desde su propia experiencia. Llevan poco más de ocho años en Medellín y su futuro aún es incierto.

Un hotel para la paz 

En Marinilla, a una hora y media de Medellín, la incertidumbre es similar. Sus proyectos también dependen de una propiedad que les prestó la SAE. La Asociación Memorias 

Comunes intenta sostener —contra todo— el proyecto de un hotel para la generación de ingresos fijos para 31 firmantes del Acuerdo de Paz en la región. Son doce mujeres,  diecinueve hombres y sus familias. 

El hotel se llama Marinilla Oriente, tiene tres pisos y se encuentra a media cuadra del parque principal. Las paredes son blancas, las ventanas son altas y hay una claraboya en el techo que ilumina buena parte del hotel. Para llegar a las habitaciones hay que subir por escaleras de peldaños pequeños. Algunas habitaciones son amplías, otras son angostas. Blanca Sucerquia siempre está subiendo y bajando apurada. Ella es quien da la bienvenida a los huéspedes, se encarga de la limpieza y en ocasiones de la guardia del lugar. “Somos dos muchachas, ojalá fuéramos más, pero el dinero no alcanza para contratar más personal”, dice. 

Blanca es de estatura media, sus ojos son grandes, su voz es suave y creció en Ituango. Tiene el cabello rizado y lo lleva recogido en un moño apretado. Tiene las uñas pintadas de color morado y le gusta vestir con sudaderas, tenis y chaquetas abrigadas porque en el hotel en ocasiones hace mucho frío. Su jornada empieza a las seis de la mañana. Se levanta, prepara el desayuno, se baña y sale directo para el hotel. Vive con su hermano Wilmar Sucerquia, el administrador del lugar, además de su primo Freddy y su sobrino Jessid. Al llegar, revisa las habitaciones sin huéspedes, verifica que todo esté limpio y en orden, recoge sábanas, las separa por colores y las lleva a la zona de lavandería. Mientras las máquinas terminan el ciclo, vuelve a los cuartos con la escoba y el trapero para desempolvarlos. Trata de no demorarse. 

“Cada veinte o treinta minutos hago una pausa, porque de tanto subir y bajar escaleras me canso rápido”, cuenta. Lleva tres meses en el hotel. Antes, otra compañera era quien se dedicaba a esas tareas, pero según cuenta se cansó: “duró un año y al final buscó otros horizontes”. El hotel tiene veinticinco habitaciones y solo dos personas lo limpian. “Somos camareras y recepcionistas a la vez”, explica. En esas pausas breves, mientras el cuerpo le pide detenerse un momento, Blanca también piensa en Margaret, su hija de 16 años que vive en Montería, Córdoba, con la familia que la crió desde bebé. 

A veces hablan por WhatsApp, pero cuando se ven en persona, la distancia entre la una y la otra es difícil de nombrar. “No la crié yo, entonces tampoco puedo traerla así no más para Marinilla; ya está grande y ella debe decidir sobre su vida”, dice. Y aunque no comparten la cotidianidad, hay gestos que la desarman cuando se reencuentran. Margaret se le acerca, le toca la cara, la abraza, “me pone conversa y yo soy de pocas palabras”. Blanca confiesa que en esos momentos, no siempre sabe cómo responder al cariño que le entrega su hija. 

Era 2023, cuando empezaron a buscar una propiedad que les permitiera desarrollar su proyecto productivo, estuvieron recorriendo varias zonas de Medellín. Querían abrir un hotel, un operador turístico y un restaurante al público. Desde el inicio, la apuesta era quedarse en la ciudad, pero las propiedades eran escasas, entonces las opciones fueron cada vez menos.

Durante ese proceso, dicen, contaron con el apoyo de la ARN, la SAE, la ONU, la Comisión de Paz de la Universidad de Antioquia y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), todos al parecer, hacían parte de una mesa de trabajo que los hacía sentir acompañados, recuerda Manuel González, integrante de asociación. En ese contexto, Luis Mauricio Urquijo, gerente regional de la oficina de Occidente para Antioquia y Chocó de la SAE, les propuso una alternativa en Marinilla: un motel que habían incautado hace varios años, después de que las autoridades encontraran que el lugar era utilizado para la explotación sexual de adolescentes. Urquijo les aseguró que la SAE tenía pleno control del edificio y que ellos podrían ocuparlo sin problema. Meses después, se enteraron de que eso no era cierto. 

Manuel recuerda haber sido insistente con su pregunta, pero Urquijo insistió que el edificio no tenía ningún lío legal. Fue solo hasta que empezaron a adecuar el lugar, que se enteraron de que el antiguo propietario estaba buscando la manera de recuperarlo. Internaron ponerse de inmediato en contacto con el funcionario pero este ya no trabajaba en la SAE. 

Luz Nelly Osorno, coordinadora de la ARN en Antioquia y Chocó, explica que por esta razón, a partir de junio de 2025, la entidad asumió un acompañamiento directo en la entrega de predios, precisamente para evitar situaciones como estas. Antes, señala, la ARN solo apoyaba con el trámite documental. “Si hubiéramos estado en la negociación del hotel, no habríamos permitido que lo recibieran, porque no estaba completamente extinguido”, afirma. “Ellos actuaron de buena fe, pero en estos procesos es clave revisar toda la documentación”, agrega. 

A principios de mayo de 2026, aseguró Osorno, la ARN radicó la solicitud formal ante la SAE para que se realice una destinación temporal o definitiva del predio. Dentro de la nueva ruta que las dos entidades trazaron el año pasado de manera conjunta, los predios ya no son entregados bajo la figura de comodato o adjudicación, sino que ahora se hacen a través de una de estas dos modalidades. 

La propiedad la recibieron en diciembre de 2023 y solo un año después, pudieron abrir sus instalaciones al público. “Nos tocó entre todos y todas hacer los arreglos, sacar los escombros que había aquí y buscar entre los compañeros firmantes, personas que supieran de obra blanca para resanar y pintar las paredes, porque si lo hacíamos por otro lado, salía más caro y no teníamos la plata”, explica Blanca. 

Ella recuerda que, después de inaugurar el lugar, tuvieron que enfrentarse al estigma que tenía la gente en el pueblo sobre ellos. Según cuentan, se decía en las calles de Marinilla que “era el hotel de los guerrilleros” y que se habían tomado el pueblo. Pero allí no pararon los señalamientos, en el imaginario de la población el lugar había sido un motel y quienes lo ocupaban se dedicaban al trabajo sexual. Han luchado contra un doble estigma. “Marinilla es un pueblo muy conservador, entonces cualquier cosa le resta puntos al hotel”, menciona Blanca con tristeza. “Las camitas son sencillas, todo es barato pero limpio. La noche la tenemos en $45 mil pesos para una persona y si es para dos, $70 mil pesos”, agrega Manuel. 

También llevan más de un año lidiando con una humedad que se filtra en varias zonas de la casa. “Se arregla un lado y se daña el otro. Algunas habitaciones en este momento están inhabilitadas por esa razón”, comparte Wilmar. Aún así, la Asociación Memorias Comunes insiste. Poco a poco han ido consolidando sus clientes y, aunque los ingresos apenas alcanzan, logran cubrir los gastos fijos. Con eso pagan un salario mínimo a Blanca y a la mujer que la apoya en el cuidado del lugar, logrando mantenerse al día con toda la papelería y los pagos que exige la Ley. “Tenemos todo en orden”, agrega.  

Para sostener el hotel, accedieron a un proyecto de $400 millones de pesos a través de la estrategia de estabilidad económica de la ARN. Con esos recursos planean abrir una tienda de café con coworking en el local del primer piso, donde antes funcionaba una taberna, cuenta Blanca. Según la Misión de Verificación de la ONU, a diciembre de 2025 la ARN había puesto en marcha 33 planes de sostenibilidad que benefician a 1.116 firmantes. 

Además, en los últimos años han buscado consolidar un operador turístico que, según cuenta Wilmar, desde su origen, tuvo como fin articular distintas rutas que conecten los antiguos espacios territoriales de Antioquia con Medellín, pero se dieron cuenta que no era seguro. 

Hoy, la agencia desarrolla recorridos por la ciudad que apuestan por la memoria y la pedagogía de paz, mientras comparten su experiencia como firmantes. 

Tierras para la reincorporación: la experiencia en San José de León 

“Nosotras somos como cualquiera, de carne y hueso”, dice María Soleny Higuita, mientras ve caer la lluvia por la ventana de su casa. Hace diez años dejó las armas y ahora lidera la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria La Fortuna de Mutatá (Cofortuna), mientras cuida de su hija y de veinte pollitas con la ilusión de que se conviertan en gallinas ponedoras. 

Firmó la paz en 2016 y permaneció en el ETCR Llano Grande en Dabeiba hasta enero de 2026. Después de recibir varias amenazas, se trasladó a la vereda La Fortuna, en el municipio de Mutatá. Un espacio que se forjó a partir de septiembre de 2017, después de que treinta y seis firmantes dejaran el ETCR de Tierralta, en Córdoba, por la falta de seguridad y el hacinamiento. «La situación era inhumana», recuerda Rubén Cano, entonces líder de las extintas Farc-Ep en el Urabá. 

Partieron de madrugada, en camiones y busetas, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional y la ONU. Su destino fue la vereda La Fortuna del municipio de Mutatá, a pocos metros de la Autopista Mar 2, el corredor que conecta el Urabá antioqueño con Medellín. 

La Misión de Verificación de la ONU en su más reciente informe, reportó que hasta el 26 de diciembre de 2025, cerca del 68 % de los y las firmantes ya no vive en los ETCR, un escenario que plantea nuevos retos para garantizar el acceso a la tierra, la sostenibilidad de sus iniciativas y el acompañamiento institucional en los territorios. 

Días después de asentarse en esa zona rural de Mutatá, el entonces alcalde, Jairo Enrique Ortiz Palacios, llegó al lugar tras recibir alertas de la comunidad sobre una supuesta invasión de tierras. Pero al encontrarse con el grupo, entendió que se trataba de firmantes del Acuerdo de Paz. “Le explicamos por qué estábamos allí y que no íbamos a desistir del proceso”, recuerda Rubén. El alcalde informó de inmediato al entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez y este le pidió a Ruben, que se presentara a su despacho la semana siguiente. 

Según cuenta, atendió la cita acompañado de Isaías Trujillo, excomandante del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-Ep, y Pastor Alape, excomandante del Bloque Magdalena Medio. Los recibió con formalidad y fue directo: “[Rubén] no me deje dispersar a la gente, apuéstele a la paz”, y la respuesta de él fue igual de clara: “En esas estamos, lo que necesitamos es tierra”. Al cerrar la reunión, el entonces gobernador se comprometió a comprar un predio en la misma zona, pero la promesa no se cumplió. 

“La ilusión duró un mes. Las compras con el Estado se demoran y nosotros estábamos viviendo en cambuches, en medio de un pantanero”, recuerda Rubén. Semanas después, mientras vivían en esas condiciones, apareció una alternativa inesperada. Una mujer de la zona les ofreció una parcela a pocos metros de donde estaban. 

Con el capital semilla de $8 millones, que el Estado entregó a cada firmante para su proceso de reincorporación, compraron la tierra y la dividieron en parcelas de una hectárea y media por familia. Allí levantaron sus viviendas, sembraron alimentos, criaron animales y construyeron estanques para peces. Ocho años después, ese terreno inhóspito se convirtió en el caserío San José de León, donde viven cincuenta y ocho familias. Según Rubén, el proyecto contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y desde entonces buscan convertirlo en una fuente de ingresos sostenible.

Todos los días, a excepción de los fines de semana, desde las cinco de la mañana hay movimiento en San José de León. A esa hora el aire es espeso, tibio; la humedad se adhiere a la piel como una capa invisible. María Soleny se despierta y corre su primera maratón del día. Enciende el fogón, prepara el desayuno, despierta a su hija, la baña, la viste y la peina. A las ocho, la lleva a la escuela y regresa a limpiar la casa, hacer el almuerzo y después se sienta en el computador. 

Mientras su hija está en la escuela, asume sus labores como gerente de Cofortuna. Estudió un técnico en contabilidad y finanzas en el Instituto Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ICENF), conocimiento que le ha permitido apoyar a otras cooperativas de la región. A las diez de la mañana se sienta a contestar correos, convocar reuniones, diligenciar documentos y gestionar recursos para la cooperativa. “Soy una mujer muy activa, me gusta aprender de todo y liderar”, dice con orgullo. 

También viaja constantemente a eventos nacionales e internacionales, principalmente a Medellín, Apartadó y Bogotá, en representación de su comunidad o de los y las firmantes, junto a su hija. “No me gusta dejarla sola. Me gusta que vaya a donde yo voy para que se entere de todo lo que yo hago”, comparte. 

A la una de la tarde pasa por su hija y empieza la segunda y última maratón. Le sirve el almuerzo y le ayuda hacer las tareas, y después se van juntas para su parcela en la finca La Vitrina —también conocida como La Bufalera— un predio que les prestó la SAE en diciembre de 2023, bajo la figura de comodato, pero que solo hasta febrero de 2024, hizo la entrega oficial, y del que podrán hacer uso durante cinco años. 

La propiedad está ubicada en la entrada de la vereda La Fortuna. La finca tiene 118 hectáreas —pero 18 son zona de conservación— que también fueron divididas en partes iguales entre las familias. María Soleny sembró hace poco maracuyá y espera que en los próximos meses, el cultivo empiece a dar frutos. “Es poco pero estoy contenta, mi meta este año es ampliar el cultivo y llegar a tener 200 gallinas”, dice.

La Misión de Verificación de la ONU, reportó a finales del 2025, que el Estado entregó alrededor de 18.600 hectáreas destinadas a la reincorporación, y que el 60% de esas tierras, se entregó para el desarrollo de proyectos productivos a través de la ANT, la ARN y la SAE. 

Algunas familias cultivan cacao, maracuyá, plátano, maíz y ñame; otras se dedican al ganado de ordeño y engorde. También delimitaron sus parcelas con linderos de hasta cinco metros, una forma de garantizar la autonomía de cada quien sobre su tierra sin interferir en las labores de los demás. Además, para sostener la organización interna de su comunidad, explica María Soleny, crearon ocho comités: administración, comercialización, técnico, género, trabajo colectivo, piscicultura y La Vitrina. 

Algunas familias cultivan cacao, maracuyá, plátano, maíz y ñame; otras se dedican al ganado de ordeño y engorde. Además, para sostener la organización interna de su comunidad, explica María Soleny, crearon siete comités: administración, comercialización, técnico, género, trabajo colectivo, piscicultura y La Vitrina. Sin embargo, según cuenta no ha sido suficiente. Ahora necesitan apoyo para la comercialización y que les paguen lo justo cuando llevan sus productos al mercado. 

Pero allí no terminan los retos de su reincorporación, solo podrán utilizar el comodato de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante cinco años y ya llevan tres. Además, el plazo es insuficiente, ya que algunos cultivos tardarán un poco más en dar sus frutos. María Soleny consultó recientemente a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) sobre los trámites buscando que les permitan quedarse indefinidamente, y al respecto, Andrés Felipe Salazar Charry, vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE, aseguró que el predio aún se encuentra en proceso de extinción, pero que trabajan para transferirles la finca lo más pronto posible. 

Las mujeres firmantes, también han puesto en marcha dos iniciativas propias: un proyecto de confecciones y un restaurante que abre por temporadas. Ninguna garantiza ingresos estables, pero ambas sostienen su apuesta por la autonomía. “Me toca ser madre y padre prácticamente y mi trabajo en la cooperativa es voluntario”, explica. 

Sin embargo y a pesar de eso, María Soleny confía que ella y sus compañeros tendrán un mejor futuro. Actualmente estudia Economía Social y Popular en Medellín, en una alianza entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la ARN, pues considera que esta formación, le permitirá hacer sostenibles los proyectos familiares y comunitarios en Mutatá. 

Mientras que para Rubén, la firma de la paz solo fue una promesa rota. Asegura que ni el gobierno de Juan Manuel Santos ni el de Iván Duque estuvieron comprometidos con su cumplimiento. El primero, dice, se enfocó en el desarme de la insurgencia; el segundo, en desmontar lo acordado. «Yo lo digo porque lo viví». Recuerda que los espacios de reincorporación no estuvieron listos a tiempo y que durante meses vivieron en condiciones inhumanas, sin infraestructura, ni posibilidades reales de sostenerse en medio de la estigmatización, el incumplimiento y la violencia. También cuestiona al gobierno de Gustavo Petro por impulsar la «paz total» sin priorizar la implementación del Acuerdo de Paz.

Así, mientras Danny Luz y sus compañeras en Medellín, insisten en la idea de no perder su casa de reincorporación, mantener el Mercado de las Mujeres y reabrir su tienda Juntas: café en paz; Blanca resiste en Marinilla junto a sus compañeros, no piensan cerrar las puertas del hotel. Mientras María Soleny en Mutatá, espera seguir al frente de Cofortuna, tener algún día sus doscientas gallinas ponedoras y un gran cultivo de maracuyá.