Las antiguas minas de carbón de Prodeco en La Jagua y Becerril son un paisaje lunar de gigantescos cráteres abandonados donde el agua de la lluvia ha comenzado a formar lagos inertes. 

Durante décadas se promocionó desde la prensa y los gobiernos de turno la explotación carbonífera a cielo abierto en el Cesar y La Guajira como una fórmula para llevar progreso a una región pobre retirada de los grandes centros industriales del país. Ahora que la explotación entró en declive no queda ni progreso ni carbón: sólo los cráteres desérticos y enormes, el legado de la multinacional suiza Glencore, una de las mineras más poderosas del mundo con un centenar de minas en operación a lo largo de todo el planeta.

“El contrato finalizaba en 2034”, sostiene Luis Fernando Ramírez, antiguo trabajador de la mina y vicepresidente de Sintramienergética en La Jagua de Ibirico: “debían haber presentado un plan de cierre, nunca lo hicieron”. 

El plan de cierre aún no ha terminado de estructurarse a pesar de que la mina dejó de funcionar desde 2021. Este ha sido el centro de la discordia con el Estado colombiano desde el gobierno de Iván Duque, pues la ley exige que la minera haga compensaciones antes de cesar sus actividades. 

El cierre abrupto de las minas ocurrió después de que la empresa Prodeco, filial de la multinacional Glencore, anunciara unilateralmente a comienzos del 2021 que devolvería sus títulos mineros a la Nación para detener operaciones en sus minas del departamento del Cesar. 

La Asociación Colombiana de Minería, uno de los gremios extractivos más influyentes de Colombia, lamentó la decisión refiriéndose a ella como la “pérdida de un dinamizador de la economía en la región del Cesar y en el país”, agregaron que “respetaban” la decisión de Prodeco, asegurando que la compañía era responsable del 21% del total de la producción de carbón en el país, un monto que, según Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación, significó cerca de 300 mil millones de pesos en regalías para el Estado. 

La multinacional no ofreció una explicación detallada de su decisión, calificada por expertos y funcionarios como inédita, pues nunca había ocurrido una devolución anticipada de un título minero en Colombia. Prodeco publicó un escueto comunicado en español e inglés en el que se limitó a informar que desde el 4 de febrero de 2021 le había comunicado a la Agencia Nacional de Minería su determinación de dar  por terminada la operación minera en el Cesar, la entidad aceptó la devolución en septiembre de ese mismo año.

Las razones del cierre fueron explicadas de manera informal a los trabajadores sindicalizados de la compañía por parte de Dallas Core, gerente operativo de la empresa, según sostiene Luis Fernando Ramírez de Sintramienergética. “El señor Dallas nos dice que el carbón está pasando un mal momento y que la proyección es que va a disminuir. Nos dice que van a tener que cerrar varios módulos y aminorar producción”. Aquello habría ocurrido, de acuerdo con Ramírez, a mediados de 2019, antes de la pandemia del COVID y del anuncio formal de la compañía ante la Agencia Nacional de Minería. La reunión no fue grabada ni quedó un acta oficial de ella.

El argumento de Core fue que los precios del carbón ya no eran competitivos en el mercado internacional por los esfuerzos de muchos países para transitar hacia energías más limpias; este es uno de los puntos nodales del Acuerdo de París para frenar el cambio climático. Cuando los trabajadores preguntaron qué iba a ocurrir con ellos, Glencore “no ofreció ninguna alternativa, dijo que debían adaptarse al mercado” cuenta el sindicalista Ramírez. 

Durante todo el 2019 la mina estuvo en un plan de reducción de los frentes de explotación de carbón, conocidos en el argot minero como “Los Pit”, un término anglosajón que se refiere a los agujeros creados por la explotación minera. En cada frente paralizaron las palas, unas máquinas muy grandes cuya operación era continua las 24 horas y los siete días sin interrupción. “Comenzaron a hacerles mantenimiento, a sacarlas de operación. Detener una pala de esas implicaba parar líneas completas de producción. Se paran las retroexcavadoras, las volquetas, un tractor”, explica Ramírez: “Un solo equipo, como una volqueta, son tres o cuatro trabajadores que salen de circulación. La empresa los fue sacando”. 

La estrategia de la compañía se basó en presentar planes de retiro voluntario a los obreros sindicalizados a la par que ejecutaba despidos masivos contra centenares de trabajadores en lo que el sindicato denomina una “masacre laboral”. De 340 afiliados que tenía Sintramienergética en la Jagua de Ibirico antes de que comenzara el cierre tan sólo quedan 36.

Cuando llegó la pandemia de COVID-19 las cuarentenas y aislamientos jugaron a favor de la compañía, que encontró una disculpa perfecta para mandar a todo el mundo para su casa. Entonces realizaron una solicitud de suspensión de operaciones por dos años, que no fue aceptada por el Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque. Después renunciaron a los títulos y el contrato de operación minera.

La masacre laboral, que sigue en litigio jurídico ante el Ministerio de Trabajo, llegó hasta la Asamblea de Accionistas de Glencore en sus oficinas de Berna (Suiza) en 2023, durante una visita que realizaron sindicalistas de todo el mundo que trabajan en minas de la compañía.

Una de las razones de que la operación ya no sea rentable, según el sindicato, tiene que ver con que Prodeco no consiguió negociar que sus nuevas zonas de botadero de residuos se ubiquen dentro de un resguardo indígena Yupka cercano. Transportar los residuos más lejos les implicaría costos operativos más elevados que durante años se ahorraron lanzando los residuos en zonas aledañas a la mina: “La operación antes fluía con mayor rapidez porque no se requerían muchos recursos” explica Luis Fernando Ramírez. 

Glencore había adquirido la operación de las minas Calenturitas  y Cerrejón Central en 1995, cuando compró a Prodeco convirtiéndola en su filial. También compró la operación de Puerto Zuñiga en Santa Marta para exportar desde allí el carbón en buques cargueros. En 2005 Glencore compró Carbones de La Jagua, entre 2006 y 2007 adquirió varias minas pequeñas, entre ellas Carbones El Tesoro, lo que le permitió desarrollar la explotación de carbón a cielo abierto en más de 2.700 hectáreas del Cesar, con records de producción de 10 millones de toneladas en 2010, 14 millones en 2011 y 19.5 millones en 2014.

La multinacional Glencore sigue explotando el yacimiento de El Cerrejón en el departamento vecino de La Guajira, esta es una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo. Los trabajadores del Cesar exigen ser reubicados allá, algo que no ha ocurrido. Aunque Prodeco ya no tiene los títulos mineros del Cesar, sigue comercializando carbón que compra en explotaciones del Catatumbo o de otros yacimientos cercanos, pero su negocio ahora es más rentable porque no asume la carga del equipo operativo: “trabajan con poco personal y pocos gastos”, explica el sindicalista Ramírez.

La empresa fue multada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en 2024 por más de 1.400 millones de pesos debido a que incumplió la normatividad ambiental para zonas mineras y no instaló barreras en las zonas de botaderos de residuos. La compañía también incumplió con monitoreos de emisiones de gases y partículas contaminantes a la atmósfera, una vieja queja de las comunidades vecinas que han tenido que sufrir por décadas el impacto del material particulado que queda después de las explosiones y la remoción del carbón en la mina.  

El juzgado séptimo administrativo de Valledupar ordenó a la compañía ejecutar el plan de cierre en concordancia con las comunidades y trabajadores afectados, en dicho plan deben determinar y socializar las “obligaciones ambientales y sociales” a cargo de la empresa que aún no han sido cumplidas. 

Glencore se retira después de treinta años de operaciones en el Cesar, tras llevarse millones de toneladas de carbón, dejándole al país los enormes huecos desérticos sobre las 2.700 hectáreas de la antigua concesión minera, tan grandes que son visibles en la aplicación Google Maps como agujeros en espiral cuyos cráteres son más grandes que los pueblos y caseríos vecinos. También dejaron una cifra estimada de 7.500 obreros sin trabajo y una crisis social sin precedentes en los municipios de Becerril, La Jagua, Codazzi, El Paso y Chiriguaná, el llamado “corredor minero” del Cesar, donde también operan otras multinacionales carboníferas como la Drummond. 

Los cráteres de las minas son tan grandes que son visibles desde el espacio en plataformas como Google Maps

En compensación la ley dice que todos los equipos y activos que estén sobre el terreno deberían pasar a ser propiedad de la Nación, se estima que son más de 140 mil activos entre enseres y maquinaria. No obstante, la Contraloría alertó en noviembre pasado que no existe “un plan integral para la custodia, mantenimiento y conservación de los bienes objeto de reversión, cuya omisión podría derivar en deterioro, pérdida o afectación patrimonial significativa”.

*Solicitamos una entrevista formal con representantes de la compañía para abordar estos temas, pero al cierre de este reportaje no habíamos obtenido respuesta.