Calma y odio, vía Twitter

El 4 de agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez luego de la imputación de cargos por los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Las redes sociales explotaban en comentarios de apoyo, pero también de rechazo a la medida. En el caso de mi familia, la noticia fue motivo de celebración y alegría. A pesar de que la imputación no había sido por paramilitarismo, el sentimiento nuestro era que finalmente la justicia alcanzaba al hombre que creemos le ha causado tanto daño a Colombia y por supuesto a la región del Urabá.

Conocida como la “Tierra Prometida” o la “Tierra del Sol”, Urabá goza de una posición geográfica privilegiada por ser un acceso rápido al Caribe desde el occidente del país. Un suelo rico y un paisaje selvático hicieron de esa región un albergue de guerrillas y paramilitares quienes, en su lucha de poder, desangraron el pueblo urabaense con masacres y asesinatos que hasta hoy en día son recordadas con dolor y en su mayoría siguen impunes.

A partir de los años sesenta y setenta, muchas personas colonizaron el Urabá. Llegaron buscando el futuro que prometía una región de grandes desarrollos agroindustriales —banano y ganado— y portuarios. Entre los nuevos habitantes se encontraban mi madre, Margarita Vásquez, y su esposo Jorge Botero, con su hija de brazos, Carolina. Provenían de Quimbaya, un municipio cafetero en el que Jorge había trabajado como carnicero, mientras mi mamá se encargaba de la crianza de su hija. Casi un año después de haberse instalado en San José de Apartadó —el municipio más grande y poblado de la región—, nació su segundo hijo Jhon Jairo Botero Vásquez.

La familia completa duró menos de diez años porque Jorge, el papá, murió de cáncer. Desde entonces, fue Margarita, mi mamá, quien con ayuda de la familia Botero respondió por todas las obligaciones empleándose en cosas varias: desde fabricar juguetes hasta poner discos en Los Nogales —el bar más conocido de Apartadó—. Hacia 1992, mi mamá conoció a Antonio Cardona. Se enamoraron y él llegó a convertirse en papá, amigo y protector de mis dos hermanos.

De 1995 a 1997, Álvaro Uribe Vélez desempeñó el cargo de Gobernador de Antioquia. En 1996 emprendió la tarea de llevar “paz” a la región. Su mandato coincidió con la expansión de las acciones violentas por parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), los crímenes subrepticios de las Convivir y las campañas de arrasamiento por parte del ejército. Todo lo cual, en vez de paz, se tradujo en exterminio de personas y desplazamiento forzado.

Para ese entonces, Rito Alejo del Río, también conocido como “el pacificador de Urabá” era comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional. Su actividad militar en la zona bananera fue apoyada e impulsada por Uribe Vélez; años más tarde conoceríamos los fuertes lazos que el comandante y la Brigada tenían con los grupos paramilitares que allí habitaban.

La paz nunca llegó —ni ha llegado— a Urabá. La violencia se recrudeció y llegó a convertirse en el diario vivir. Mis padres cuentan que al salir de casa para laborar o comprar en la plaza de mercado podían contar hasta cinco muertos en el camino. Para que alguien saliera de la casa y no fuera tomado por guerrillero debía portar su documento de identidad. De eso dependía la vida misma.

En 1994, la masacre de La Chinita sacudió la región. Mis padres se cuestionaron si no debían irse a otro lado, si era seguro seguir en Apartadó. Desplazarse a los otros municipios de la región tampoco era una opción, allí el peligro era igual o peor. Mis padres sabían que la intervención del gobierno solo había empeorado las cosas, por lo que confiar en ello era inútil. Debido a que vivían solo con lo necesario y no había dinero para una mudanza, la decisión final fue quedarse y esperar a que la situación mejorara por sí sola.

Hoy mis padres se siguen preguntando lo mismo: ¿hubiera sido mejor irse? Y se responden que de haberlo hecho no habrían tenido que recibir el duro golpe de perder un hijo.

Mi hermano Jhon Jairo cumplió 18 años en junio de 1997 y a comienzos de noviembre seguía sin recibir la cédula. En la noche del 9 de noviembre se celebraba una fiesta en la placa polideportiva ubicada a tres cuadras de nuestra casa. Mi hermano quiso ir y decidió no portar la contraseña —el documento que le dio la Registraduría mientras recibía la cédula— porque le prometió a mi mamá que no iba a tardar y porque entre la fiesta y la casa solo mediaban tres cuadras.

Cuando apenas llevaba una hora en la fiesta, Jhon Jairo y un amigo fueron retenidos por dos hombres y sacados del lugar. El amigo mostró la cédula y lo dejaron ir, pero mi hermano no. A mi hermano lo acusaron de ser guerrillero por no llevar la contraseña consigo y le pegaron tres tiros en la cabeza. Uno de los dos asesinos, a quien todos en mi familia reconocían, era un paramilitar que constantemente rondaba el barrio donde vivíamos.

Aunque nací ocho meses antes de su muerte y prácticamente no conocí a mi hermano, mi madre se ha encargado de mantener viva la imagen de él en todos los rincones de la casa. Hay fotos en las que se le ve bailando en sus grados, jugando con mi hermana, abrazando a sus primas; su diploma de bachiller sigue colgado en la pared, así como una foto ampliada de esa cédula que nunca recibió.

De él sé que era carismático y divertido, alguien que amaba profundamente a su mamá y disfrutaba jugar fútbol con su padrastro. Su hermana Carolina era su mejor amiga y yo era, como cuenta mi madre, su tesoro.

En diciembre del 2020, mi mamá me contó cómo la había afectado perder a dos hijos —mi hermana Carolina murió de cáncer en 2014—. Entre tantas cosas que conversamos, me contó los planes que tenía Jhon Jairo para su futuro y el nuestro; llegó incluso a prometerle a mi papá que él se encargaría de toda mi educación.

Mi hermano ha llegado a convertirse en el modelo de la hija y hermana que quiero ser, pero también en la razón por la cual le temo a los gobiernos y a la fuerza pública. Esas autoridades que en alianza con paramilitares nos lo arrebataron.

Durante mi infancia viví en una burbuja, solo me habían revelado detalles mínimos de mi hermano; pese a ello, sentía el miedo colectivo que se respiraba en el aire debido a la presencia de las Farc en San José de Apartadó y a las acciones criminales del Estado: a mis 8 años me enteré de que en una vereda del pueblo la fuerza pública asesinó a ocho civiles, tres de ellos niños que fueron degollados. Esto fue suficiente para mostrarme que todos los grupos armados aterrorizaban a Urabá.

El resumen de la emoción de mi familia en un solo tweet aquel 4 de agosto del 2020 fue causa de amenazas e insultos en mi contra, tan llenos de odio que empecé a cuestionar esa bondad que considero existe en todo ser humano. Este cuestionamiento cesó cuando vi los mensajes de apoyo, que por mucho sobrepasaban a los hostiles.

La sección de respuestas del tweet se convirtió en un escenario para que otras personas contaran su historia como víctimas del conflicto armado.

Al principio, planeé responder a los tweets que difamaban a mi hermano y a mi familia. Solo respondí a cuatro de ellos; llegué a la conclusión de que la mejor respuesta que podía dar a tanto odio era mi silencio. Pensé en mi madre quien, a pesar de conocer al paramilitar que acabó con la vida de su hijo, decidió perdonar y callar. ¿Por qué habría yo de responder con la misma ira que me atacaban vía Twitter, cuando mi mamá solo ha respondido con paz?

Me contenté con saber que no estaba sola, que conté la historia de Jhon Jairo y que la persona que creemos propició toda esta violencia en Urabá no era inalcanzable para la justicia.