Antioquia y Córdoba, otra vez tierra de sangre
Julio 10 de 2020
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La liga contra el silencio
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Antioquia y Córdoba,
otra vez tierra de sangre
El Nudo del Paramillo, frontera natural entre los dos departamentos, es hoy un corredor que ocho grupos se disputan tras la salida de las Farc. Allí empobrecen, desplazan, masacran y desaparecen a la población. Recorrer la geografía de esta región es percibir el horror que viven las comunidades sometidas por la violencia.
Durante la pandemia se instaló una nueva normalidad en las 112 veredas de Ituango, Antioquia. Entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde los grupos armados restringieron la movilidad de los habitantes en la zona rural. La cédula no es válida, pero sí un carné con el que ellos deciden quién entra y quién sale de esos territorios.
Sin ese documento es imposible moverse por El Cedral, El Inglés, El Amparo, La Miranda, San Isidro, El Quindío, El Chuscal y Santa Lucía; veredas bajo el dominio de las disidencias de las Farc. Allí operó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Excombatientes (ETCR). Tampoco es posible moverse a las veredas Florida, Guacharaqueros, El Tinto, Palo Blanco y El Naranjo, porque allí mandan los paramilitares. “Yo pedí permiso para ir a Birrí. Me mandaron a decir que entrara, que ellos me decían cuándo iba a salir. Es decir, cuando a ellos les diera la gana”, cuenta un campesino*.
En el Paramillo, del lado cordobés, la orden es directa: ‘Si se quiere mover, tiene que pedir permiso verbal antes’. “En la zona rural de San José de Uré, nadie quiere ser presidente de una junta comunal, porque los líderes no quieren llamarse líderes. Tienen miedo. Y en el alto San Jorge, en Puerto Libertador, en límites con Antioquia, la gente vive arrinconada y asustada”, dice un representante de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba.
En este departamento, entre julio y noviembre de este año, se han cometido tres masacres, con nueve víctimas en Montelíbano, San José de Uré y Tierralta. Además 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Antioquia, con 20 masacres durante 2020, hasta el 13 de diciembre, registra el mayor número de estos crímenes. Allí 27 líderes y defensores fueron ejecutados.
Dueños de la vida y de la muerte
De noche se escuchan disparos en el casco urbano de Ituango. Policías y delincuentes intercambian balazos. Los valientes que estaban en La Peatonal, la zona rosa del municipio, corrieron a sus casas. Tres heridos leves y uno de gravedad, del que nunca se supo si sobrevivió, fue el saldo de un enfrentamiento el 8 de noviembre, a 200 metros de las sedes de la Policía, el Ejército y la Alcaldía. Todo ocurrió mientras se hacía la reportería para esta historia y demuestra que en esa región el posconflicto es una quimera.
En esto coinciden los líderes sociales de Antioquia y Córdoba, que accedieron a hablar sin incluir sus nombres. Dicen que los conflictos hoy son más enrevesados, pues de fondo están las disputas por la tierra, bien sea para narcotráfico o minería, con su reguero de muertos.
La vida y la muerte en el Paramillo están en manos de distintos grupos: las disidencias de los frentes 36 y 18 de las extintas Farc; las estructuras narcoparamilitares Virgilio Peralta Arenas o Los Caparros; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo; Los Pachelly; Los Mesa; Jalisco Nueva Generación; Sinaloa; y la delincuencia común.
Por su parte el Estado, a través de la Séptima División del Ejército Nacional, la Policía y la Sijín, dice que hace contención; pero los líderes aseguran que “ellos miran para otro lado”. En ese polvorín las Empresas Públicas Municipales (EPM) operan la cuestionada hidroeléctrica Hidroituango, y en Ituango hay siete empresas con títulos mineros y 45 solicitudes para explotar oro, arena, plata, níquel, gravas naturales y silíceas, según el mapa minero de la Gobernación de Antioquia.
Del lado cordobés hay 43 títulos mineros que ha otorgado la Agencia Nacional de Minería (ANM); diez de ellos suspendidos pero aún vigentes, según datos de 2019. Los intereses están en los yacimientos de oro y cobre, y en los jugosos dividendos que puede generar la compraventa de tierras, como contó La Liga en una investigación publicada en abril.
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“En el San Jorge existe un interés de explotar la mina de cobre que hay. Los mandos medios de los gaitanistas están acaparando tierra y la pagan enseguida. Lo único que piden es un papel que diga que el dueño tiene tiempo ahí. De lo demás ellos se encargan”, explica el líder cordobés.
Según la corporación Lazos de Humanidad, la nueva guerra en Ituango y otros municipios del norte de Antioquia, responde a intereses mineros y energéticos. “Se necesita un territorio sin gente para ejecutar esos proyectos. Si cruzamos la cantidad de tierras que están solicitando las mineras con la cantidad que tiene Ituango, menos el 52 % que hay en el Paramillo y el 8 % que tiene Hidroituango, solo queda el casco urbano. Si se siguen aprobando estas solicitudes, no tendremos dónde sembrar”, advierte el líder de Ituango, quien le reclama al alcalde Mauricio Mira haber incumplido su promesa de proteger el territorio ante la ‘avalancha’ minera.
En entrevista con La Liga, Mira admite que no sabe cuántos títulos mineros hay en Ituango. “Tratamos de que la minería ilegal no entre, pero ha ingresado con los grupos armados por la zona boscosa aledaña a Córdoba. Son temas que no controla el Municipio, sino el Gobierno nacional”, dice.
Las organizaciones campesinas pagan su permanencia y la defensa del territorio. “¿Cómo se resuelve este sancocho? Con muertos”, dice el líder de la red campesina de Ituango.
Quienes viven en estas veredas deben someterse al manual de restricciones, según el cual las familias no pueden salir en grupo. En casa debe quedar alguien. Incluso, durante la pandemia, ordenaron que una sola persona por vereda está autorizada para comprar víveres. Grupos delictivos le ordenan al conductor del bus escalera que lleve los mercados. Eso lo convierte en objetivo militar de un bando o de otro.
William Pérez, chofer de la empresa de transporte Coonorte, fue asesinado junto a su ayudante Juan Carlos Barrera, de 17 años, el 6 de junio pasado en la vereda Quebrada del Medio. A pocos metros mataron a Camilo Sucerquia Durango, de 15 años, hijo de una exguerrillera en proceso de reincorporación. El Ejército atribuyó esta masacre al Clan del Golfo. Antes, entre enero y junio, fueron asesinados Carlos Andrés Cardona, Dubiel Espinosa Zapata, Anderson Marín Chanci, César Darío Herrera, Robinson Carvajal, Jeison Taborda Gómez, Fabián Oquendo y otras personas que no han sido identificadas por las asociaciones campesinas. Estos hechos no se han esclarecido.
La Red de Asociaciones Campesinas del Norte y Bajo Cauca considera que las comunidades de El Cedral y las veredas en la frontera occidental del Nudo Paramillo son las más propensas a una nueva masacre. “Las que se han dado aquí ocurren en el momento en que un actor se ve obligado a retirarse porque va perdiendo la guerra. La masacre de Quebrada del Medio se dio tras la salida de los gaitanistas”, explica uno de los líderes de la organización.
Una nueva incursión armada ocurrió el 7 de diciembre. Una campesina de El Cedral informó que en la vereda no hubo ‘noche de velitas’ porque los paras asesinaron a Diego Piedrahita, tendero de la zona. Esta muerte no salió en los medios, pero fue corroborada por la Asociación Campesina de Ituango.
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Esta zona sigue entre los viejos planes del paramilitarismo. Está latente el recuerdo de los tiempos cuando las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, a través del Bloque Mineros, intentaron apoderarse de Ituango y del Nudo del Paramillo y fueron contenidos por el bloque José María Córdoba de las Farc. “El Paramillo es apetecido porque hay intereses económicos y militares. El que gane este territorio, ganará la hegemonía militar en Antioquia y Córdoba. En esta carrera la muerte de campesinos acecha”, advierte un miembro de la red campesina.
Según el Observatorio de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, el perfil de las víctimas corresponde a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, líderes del PNIS (del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), de las juntas de acción comunal, excombatientes y sus familias. Pero también están matando a quienes se involucran en las dinámicas sociales del territorio: conductores de buses, mototaxistas y comerciantes.
La zozobra va en aumento. Cuando la comunidad acude a la fuerza pública, esta no actúa de inmediato. Recientemente un líder comunal avisó a la Policía que el Clan del Golfo lo había citado a una reunión con varios vecinos. “¿Sabe cuándo fue la Policía allá? Al día siguiente de haberse dado el encuentro”, denuncia el comunero.
En medio de todos los males
Gustavo López, conocido en la guerra como ‘Agustín Rivera’, antiguo comandante del frente 18 de las Farc, dice que las muertes que salen a la luz corresponden a personas que desempeñaban unos roles visibles en sus comunidades. “El gobierno trata de justificar estas muertes con la confrontación en los territorios. Esto que está ocurriendo es la continuidad de lo que pasaba cuando estábamos en armas, solo que ahora es más continuo. Sabemos que además de esta disputa, hay otros intereses”.
Después del acuerdo, las comunidades de Ituango quedaron fraccionadas. Con la desmontada del ETCR salieron desplazados a Mutatá 46 firmantes con sus familias. En Ituango se quedaron sin protección 67 exmilitantes. “Nos dejó una comunidad dividida y mamada con el sobrediagnóstico. Las juntas comunales fueron utilizadas para obtener la información y para asuntos técnicos; y los comunales de Ituango hoy tienen un contrato enorme con Hidroituango. ¿Cómo vamos a pretender una postura crítica?”, admite el líder de Lazos de Humanidad.
Esta organización no cree que las masacres ocurran sin la anuencia del Estado. “Aquí hay un batallón del Ejército; es imposible que no vean pasar una camioneta llena de paramilitares. Esto que ocurre en nuestro territorio hace de la institucionalidad un actor más del conflicto”, dice un miembro de la corporación.
Yesid Zapata Fernández, vocero del Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos para el departamento de Antioquia, coincide. “Las masacres tienen que ver con la instauración de un orden social donde los paramilitares se mueven con la permisividad de las autoridades”, advierte.
Estas evidencias han sido analizadas por la Corporación Jurídica Libertad (CJL) en su reciente investigación “¡Paz, ni en el horizonte!”, que refiere las capturas del comandante de la Policía de Caucasia, Yermail Torres, y del patrullero Carlos José Rúa, registradas el año pasado, por vínculos con estructuras criminales; el relevo de todos los miembros de la Policía, y la denuncia en el corregimiento de Guaimaró (Tarazá) de que el Ejército Nacional fue informado de la ubicación de alias ‘Caín’ y alias ‘Flechas’, comandantes paramilitares de Los Caparros, y no los detuvo.
A Zapata Fernández le sorprende que el Gobierno no haya puesto a funcionar la comisión nacional de garantías compuesta por la sociedad civil, el Estado y firmantes de la paz. “Pareciera ser que hay una intención del gobierno Duque por no utilizar una estrategia clara y contundente para desmantelar unas prácticas parainstitucionales. El paramilitarismo es intocable, lo que hacen en este momento es darle golpes a medianos y bajos rangos dentro de la estructura”.
El Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba están bajo jurisdicción de la Séptima División del Ejército. Desde el 4 de enero de 2019 se activó en esta región la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, una unidad táctica de poco más de 2.000 hombres, pero su efectividad es cuestionada por la comunidad, como lo relató Verdad Abierta.
El olvido y la negación
Al norte de Antioquia y a dos horas y veinte minutos de Ituango está el corregimiento La Loma, municipio de Yarumal, junto al cañón del río San Andrés. Allí opera el comando antiparamilitar de las disidencias del Frente 36 de las Farc, que ocupa toda la frontera occidental y busca expulsar a mil hombres del Clan del Golfo, quienes entraron por Ituango en junio de este año en la llamada “Operación mil”. El Clan quiere controlar el Paramillo y el Urabá para transportar la coca hasta el Golfo de Morrosquillo.
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Para llegar a La Loma hay que caminar tres kilómetros desde el cañón y atravesar el río San Andrés en una polea artesanal; recorrer a pie o en moto los ocho kilómetros de vía que construyeron los hombres de la comunidad con dinero recaudado mediante rifas. Al otro lado hay un teleférico construido por la Gobernación de Antioquia, que costó 4.000 millones de pesos y funcionó un año y medio. Se dañó, nunca lo repararon y los habitantes de la vereda dicen que los gobiernos no quieren invertir en un pueblo señalado de auxiliar a las guerrillas.
La guerra enseñó a la gente de La Loma que cuanto menos sepan y hablen, más vivirán. Nadie comenta lo ocurrido en los años rudos del conflicto armado, a menos que surja la pregunta: “¿Por qué hay casas abandonadas, como esa en la esquina frente a la iglesia?”. Quienes vivían ahí fueron desplazados tras las amenazas de los grupos armados. En La Loma todo parece estar bien, a no ser que el cura del pueblo, quien llega cada 15 días, proteste porque el Gobierno no les ha cumplido a estas víctimas de masacres, desplazamientos, extorsiones y desapariciones.
Cuando se habla de La Loma se suele recordar el asesinato de los geólogos de la Continental Gold, a manos de disidentes del Frente 36 de las Farc en septiembre de 2018, en la zona vecina de Ochoalí. Pero casi nadie menciona el asesinato de Jaider Villa Vélez el 16 de junio de este año, a manos del comando antiparamilitar. Aquí todos acatan el letrero que está en la entrada del pueblo: “Bienvenido, pero sin chismes”.
Los que resisten
A siete horas de La Loma está el pueblo El Doce, municipio de Tarazá, una de las líneas calientes del Bajo Cauca. Allí operan Los Caparros y hay que pedirles permiso para movilizarse. A Sandra, una madre soltera, le costó la vida montar su negocio de ropa durante la pandemia sin el aval del grupo. Los criminales se la llevaron y días después circuló por WhatsApp el video de su decapitación.
De líneas imaginarias está lleno el Bajo Cauca, así como de restricciones impuestas por los actores armados. Si alguien desaparece, dicen los pobladores que se lo llevan a un sector conocido como el “Triángulo de las Bermudas”, un trayecto de 45 kilómetros entre el río Cauca y la troncal de occidente, desde Valdivia hasta Caucasia. Jóvenes motociclistas que viajaban desde Medellín o pueblos antioqueños fueron retenidos y desaparecidos. Los afortunados aparecen muertos a balazos, con las manos atadas y flotando en el río Cauca. Otros siguen desaparecidos.
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Desde Valdivia hasta Tarazá las casas a orilla de la troncal de occidente son también territorios de los grupos armados. Todas llevan el sello de las AGC, pintado en los paros armados de este año. Marcas similares hay en casas de los pueblos La Rica y Juan José, en Puerto Libertador; y en la zona rural de Tierralta, en el alto Sinú, departamento de Córdoba.
El paro armado más reciente duró tres días y la fuerza pública no lo contradijo. Un día antes, el 19 de noviembre, 40 asociaciones agromineras de Cáceres protestaron para exigir el cumplimiento del acuerdo de paz. La marcha fue breve porque se acercaba el toque de queda decretado en un panfleto.
El Bajo Cauca, tras la salida de las Farc, es disputado por Los Caparros y la disidencia del Frente 18. Al norte, entre el corregimiento Barro Blanco (Tarazá) y Cáceres, opera una alianza del ELN y las disidencias del 36 y el 18. En Puerto Libertador hay AGC, disidencias de Farc y Los Caparros. “Por estos lados del alto San Jorge había tres bases del Ejército. Las levantaron después de la firma del acuerdo. Hace dos años las AGC llegaron con el discurso de que venían a cuidar a la comunidad. Cuidarnos de quién si ellos son los que están haciendo daño”, dice el líder cordobés.
En Tarazá, un líder de las asociaciones campesinas levanta la voz: “¿Qué hacen los del Ejército aquí si no nos están cuidando? Lo pactado con nosotros en el acuerdo de paz se incumplió. Los grupos aprovecharon estos incumplimientos para llegar y quedarse. Son tantos ahora que no sabemos a quién obedecer”.
Según el IPC, a la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) le han asesinado 23 miembros, de los cuales 14 lideraban procesos comunitarios; les han desplazado a 99 y han recibido amenazas colectivas. “Este año se han presentado ocho desplazamientos masivos en esta subregión antioqueña. Aunque fueron cinco menos que en 2019, generaron gran impacto social porque aumentó el número de desplazados, de 1.410 a 2.160”, señaló Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, durante la rendición del informe ‘Derechos Humanos en tiempos de pandemia’, presentado el pasado 10 de diciembre.
De las 21 masacres registradas en Antioquia este año, según Indepaz, 11 ocurrieron en el Bajo Cauca. Las tres últimas se dieron en la misma semana: el 11 de diciembre, en la vereda Bamba Arriba, del municipio de El Bagre; el 13, en el corregimiento Cuturú, y el 15, en la vereda La Uribe, ambas poblaciones de Caucasia. En el primer ataque fueron asesinadas cuatro personas que no han sido identificadas. En el segundo mataron a Julio César Díaz, Diego Armando Sánchez, Danilo Rojas y Duván Flórez. Otras cinco personas resultaron heridas. Hombres armados y con uniformes de las fuerzas militares llegaron en lanchas por el río Nechí y dispararon contra quienes celebraban en una fiesta de grado. En el tercero ejecutaron a Anuar Mora, Alfredo Velásquez y Diego Castro.
Pero en Antioquia asesinan a gente que no figura en las estadísticas oficiales. “A sus parientes les dicen que si abren la boca los matan. Esas personas sepultan a su pariente y guardan silencio, o se van. Otras ni salen en las noticias, pues en el Paramillo está prohibido hacer periodismo”, sostiene el líder de Asociación Campesina de Tarazá.
Por ello no se conocen noticias como la orden impartida por Los Caparros en Popales, El Guaimaro, Urales, La Ilusión, El Cañón de Iglesias y Caracolí, que prohibió recoger los cadáveres de las confrontaciones, según denunció la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac), cuando el pasado 15 de junio fue asesinado Eder Adán Lopera, cuyo cuerpo estuvo a la intemperie más de 10 días.
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Lo mismo ocurrió en la vereda Santa Rosa, en Juan José, Córdoba. El primero de junio pasado mataron a Arcángel de Jesús Pantoja delante de su esposa e hijos. La familia fue obligada a salir de la parcela y solo cuatro días después recuperaron el cadáver para sepultarlo. “Estas disputas territoriales entre Grupos Armados Organizados Residuales se dan por el control de las rutas y economías subterráneas, que han desencadenado esta serie de hechos criminales”, señala Luis Degiovanny Behaine, secretario de Gobierno de Córdoba.
En el Bajo Cauca diariamente salen desplazadas cuatro familias; a los niños, a partir de los 10 años, les venden drogas; a los jóvenes les ofrecen 1,5 millones de pesos, un celular y una moto a cambio de unirse a los grupos delictivos, y a las mujeres las negocian sexualmente. Quien se opone, muere, y su cuerpo lo tiran al río. “Hace varios meses se nos perdió un compañero, fuimos a reclamarlo a Caucasia y nos dijeron: ‘Ustedes deben estar pendientes porque los cuerpos se los lleva la corriente. Si no lo recuperamos, no ingresa a las estadísticas. Así hay incontables casos”, lamenta otro líder del Bajo Cauca.
*Protegemos la identidad de varios entrevistados en este reportaje por motivos de seguridad.
Este texto hace parte del especial Masacres: un horror que no cesa de La Liga Contra el Silencio puedes hacer clic en el especial o en los otros dos textos: Cauca, una apuesta militar insuficiente y Una guerra entre ilegales desangra a Norte de Santander
