Anatomía de un ‘lobbista’

El nombre del médico Mario Andrés Urán ha sido asociado a casos como el desfalco de Caprecom o el “carrusel de la contratación”. Al mismo tiempo su trabajo ha sido bandera para los intereses de grandes farmacéuticas como la suiza Roche y ahora la estadounidense Abbott. Algunas de sus estrategias, éticamente cuestionadas, han ido en contra de los intereses del país.

Es probable que durante la administración Santos haya estado muy cerca de ocupar el cargo de Ministro de Salud. Él mismo lo dejaba saber en restaurantes o juntas gremiales. Razones, quizás, no le faltaban. A un temperamento incisivo, el  gerente comercial del laboratorio Lafrancol, Mario Andrés Urán, ha sabido sumar padrinazgos políticos de distinto tipo, cargos públicos con asuntos aún por abordar por parte de la Fiscalía y una aceptable reputación dentro del mundo corporativo de las multinacionales farmacéuticas.

 Una de las palabras que más se repiten para describir a Urán es “estratégico”. Y quizás pocas posiciones conjuguen mejor con su perfil como la que hoy tiene en un puesto directivo de una empresa como Lafrancol, una de las grandes de medicamentos genéricos en Latinoamérica, que desde 2014 está en manos del gigante estadounidense Abbott.

 Esa dualidad le ha dado pie para hilar un doble discurso. Por un lado, en defensa de la industria colombiana; y por el otro, a favor de las directrices que llegan desde Chicago, donde está la casa matriz, y de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

 Un miembro del sector de la salud afirma que el de Urán es un ejercicio de “equilibrista”. Cuando el Gobierno discutía durante el segundo semestre de 2018 la más reciente inclusión de anticonceptivos dentro del sistema de regulación de precios de medicamentos, que supone siempre un alivio para el sistema y para los pacientes, Urán se mostraba sigiloso en las discusiones en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde es desde hace años miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Medicamentos. O en el gremio de laboratorios colombianos, del cual es hoy vicepresidente (ASINFAR).

La descripción es de una de las 20 fuentes -entre políticos, químicos farmacéuticos, dirigentes gremiales, exfuncionarios públicos, académicos y abogados- consultadas por La Liga y que pidieron no revelar sus nombres en esta investigación en aras de poder hablar con mayor libertad sobre una persona que conocen.

 Todo lo que tenga que ver con regulación de precios irrita a las multinacionales. “A Mario Andrés le gusta caminar sobre el filo de la cornisa”, asegura una fuente que pidió respetar su anonimato, al igual que las demás personas que con su voz nutren este reportaje. “En lo de los anticonceptivos él trataba de desmarcarse con el argumento de que no era necesariamente su postura, sino la de la empresa”. Decía que no compartía del todo una posición u otra. Pero como tenía que ir a la embajada de los Estados Unidos, al final la línea la demarcaban sus jefes. “A su vez, sus jefes le escribían al embajador. Y la embajada presionaba al ministro. Así funcionan estas cosas”, prosigue la fuente.

La pregunta que surgía era clara: ¿Cómo es posible que una empresa perteneciente al gremio de la producción local esté ejerciendo presión al gobierno colombiano a través de la embajada norteamericana?

 También cuentan que jugó un papel duro como lobbista en las negociaciones para el ingreso del país en la OCDE durante el primer semestre de 2018, al final del Gobierno Santos. “Azuzando”, recuerda una de las fuentes entrevistadas, “a que la industria farmacéutica se opusiera a la entrada de Colombia por la regulación de precios de los anticonceptivos que se venía. Él me trató de explicar con argumentos técnicos por qué la gente de Abbott estaba en desacuerdo”. (Margarita García, en ese entonces en Pfizer, hoy en Abbott, y la española Yolanda Alagón de Janssen, el laboratorio de Johnson & Johnson, fueron las estrategas con el gremio de multinacionales, AFIDRO, que comandaron el bloque en contra de la entrada de Colombia).

 Otro de los entrevistados opina que Mario Andrés Urán, de 48 años, ha sido precursor en Colombia de algunas estrategias de lobby corporativo. Tan debatibles éticamente como eficaces a la hora de maximizar el rendimiento financiero de las empresas. “Son formas de evadir a toda costa el sistema de regulación de precios”, explica una de las fuentes, “a través de campañas que hacen énfasis en la tragedia humana. A través del sufrimiento y los padecimientos del paciente introducen política y socialmente la idea de que ciertos medicamentos de alto costo son indispensables”.

 Urán también fue gerente de asuntos corporativos del laboratorio Roche entre 2006 y 2010. A través del empuje y complicidad del cirujano, la empresa suiza, una de las dos más poderosas del mundo, recibió en los tres últimos años del gobierno de Álvaro Uribe cerca de 400 mil millones de pesos en recobros de medicamentos del Fosyga, el desaparecido fondo administrador de salud.

 Entre la lista de los medicamentos más recobrados figuraban varios productos de la casa suiza. “Él en el fondo es un lobbista”, indica una persona que lo conoce.  Agrega que juega a su favor que entiende muy bien la ingeniería del sistema de salud. “Y tiene  la capacidad que tienen los farsantes de convencer en principio con la idea de que le preocupa algo que en este momento interesa a todo el mundo y es el bienestar de la gente. Pero rápidamente se revela como lo que es”.

 De la misma forma, y al frente de Roche, impulsó la compra por parte del Estado colombiano de 426 mil dosis, por 16 mil millones de pesos, de un medicamento llamado Tamiflu para amortiguar la gripa porcina, o A-H1N1. Se trataba de un producto de Gilead -empresa representada por Roche en Colombia- que hoy fabrica el remdesivir, un antiviral que ha mostrado leves beneficios terapéuticos para tratar a pacientes graves de COVID-19.

 Urán no abandonó las instalaciones del Ministerio de Salud hasta haber firmado el contrato del Tamiflu con el Gobierno. Una fuente que estuvo presente esa noche de finales de abril de 2009, recuerda el ambiente de incertidumbre: “Él llegó y dijo: ‘la compañía tiene asignada una cantidad de dosis para Colombia. Si ustedes no compran el medicamento, se lo entregamos a otros países que también lo necesitan. Entonces lo toman o lo dejan’. A mi juicio esa fue una posición bastante extorsiva”.

 Ese mismo abril de 2009 la declaración de desastre nacional para enfrentar el virus y las noticias que llegaban de México o Estados Unidos no eran alentadoras. La gravedad de la enfermedad en Colombia, sin embargo, no resultó ser la que se había presagiado y más de la mitad de las dosis adquiridas caducaron en un sótano en la calle 32, en las dependencias del Ministerio de Salud de Bogotá.

 Conviene recordar que Colombia no fue el único país que perdió dinero por cuenta del Tamiflu. Para varias fuentes la acción del ministro de Salud de entonces, Diego Palacio, hoy condenado a seis años de cárcel por otros asuntos, fue hasta cierto punto prudente dado el mal pronóstico que difundía la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para la fecha de la compra del medicamento el número de contagiados en Colombia no pasaba de cinco.

 Desde organizaciones médicas independientes como Observamed explican que en realidad se contaba con datos suficientes para haber tomado otros caminos. Así mismo complementan una parte opacada de esta historia: boletines del INVIMA ya alertaban desde 2006 que el uso del Tamiflu estaba asociado a “efectos neuro-psiquiátricos” y que no ofrecía mayores beneficios frente a otros fármacos similares. Otros análisis internacionales señalaban contraindicaciones como “arritmias cardíacas e incluso aumentar la tendencia suicida”.

 En 2014 se conoció que Roche había ocultado datos vitales sobre los ensayos clínicos con el Tamiflu durante cinco años. Una organización no gubernamental inglesa llamada Cochrane Collaboration, conformada por 14 mil académicos, obtuvo finalmente la información faltante y los resultados fueron contundentes: el Tamiflu no tenía impacto relevante sobre el virus respiratorio.

Aunque Mario Urán nació en Medellín, su infancia la pasó en Sincelejo y aún conserva el acento de la costa. A la pregunta de si el caso del Tamiflu no le planteó algún dilema por ir en contra de los intereses del país, responde por teléfono: “tajantemente, no”. Y se apoya sobre dos argumentos que en realidad no responden a la pregunta: que otros dos laboratorios vendieron más dosis que Roche; y que Roche en ese momento “permitió, por solicitud del Gobierno, ingresar otros Oseltamivir (el nombre de la molécula), a pesar de que tenía la patente vigente”.

 Un veterano dirigente gremial sentencia: “Eso fue un negocio que él hizo con el ministro Diego Palacio (2003-2010). Yo puse la queja en privado a nivel Gobierno y no pasó nada. Se sabía que esos medicamentos para gripas estacionales no aplicaban. Pero esos son los negocios que le gustan a él (Urán)”.

En el principio era la izquierda

 Todo parece indicar que la inclinación de Urán por el poder fue temprana. Graduado de médico cirujano de la Universidad del Norte en Barranquilla, sus primeros pinos fueron en el Seguro Social entre 1996 y 2004. Un empleado que se lo cruzó en la Vicepresidencia de Pensiones del Seguro cuenta que por entonces “su ambición de poder ya era evidente y él no la negaba. Recuerdo que decía: yo quiero ascender y entre más rápido mejor. Ahí lo que no quedaba claro era si ascender para servir o ascender solo para enriquecerse”.

 Su siguiente paso fue en la alcaldía de izquierda de Lucho Garzón (2004-2007), donde llegó a ser subsecretario de Salud. Dos fuentes sostienen que su entrada al Distrito fue producto de una cuota política del neurocirujano barranquillero y exsenador liberal Dieb Maloof, condenado en 2007 a siete años de cárcel por vínculos con paramilitares.

 En aquella época se “jactaba” de venir de una familia de izquierda: “muy progresista y por tanto con diversas conexiones con el frente social y político”, sostiene un funcionario. Su tío fue el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cercano a grupos de izquierda y víctima del Palacio de Justicia, de donde salió con vida y fue posteriormente desaparecido. Y su papá, Joaquín Mariano, llegó a ser, a principios de los ochenta, un diligente y apreciado secretario de Agricultura de Sucre, bajo la gobernación del ganadero liberal Miguel Ángel Nule Amín, condenado décadas después a 28 años de cárcel por la masacre de Macayepo (octubre del 2000).

 Pero lo que impresionaba a los más veteranos en aquella época era la habilidad del médico cirujano para moverse a través de los circuitos del Concejo de Bogotá. “Tenía una agilidad impresionante para hacer puentes”, afirma uno de ellos. Y añade: “Yo además tenía la impresión de que él siempre decía lo que el otro quería escuchar. Se acomodaba muy rápidamente y eso generaba una cierta sensación de eficiencia que sorprendía mucho”.

 El paso de Urán por la alcaldía del Polo duró dos años y no deja de resultar paradójico para más de una fuente. Durante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, la alcaldía de Garzón seguía de cerca el proceso a través de asesores de la Secretaría de Salud. Mario Andrés Urán asistía a esas discusiones, de las que salían publicaciones o informes a veces críticos con lo que consideraban “imposiciones” de los Estados Unidos.

El mismo Urán recuerda que en ese entonces defendía “varias banderas. Entre otras, en temas alrededor de los efectos que pudo tener el TLC sobre las empresas farmacéuticas nacionales y obviamente sobre el acceso a medicamentos en la ciudad”.

 Se trataba de una visión clásica de la izquierda, a favor de la salud pública. “Yo lo recuerdo siempre pendiente”, afirma uno de los participantes de esas reuniones, “atento a los temas sobre patentes de segundo uso, por ejemplo (es decir, una figura que permite prolongar la duración del monopolio sobre las patentes). Él no era muy beligerante. Pero me sorprendió que la siguiente vez que supe de él estaba en Roche”.

Puerta giratoria: modo de empleo

 Urán pasó de una alcaldía de izquierda a la segunda empresa farmacéutica más poderosa del mundo. Luego, en 2010, dos semanas después de salir de Roche, saltó de nuevo a la esfera pública como director de Caprecom, la EPS hoy en liquidación que llegó a ser la más grande del régimen subsidiado. Una empresa que llegó a acumular tanto poder como casos de corrupción.

 Esta vez llegó de la mano del ministro Mauricio Santamaría y del médico cirujano y senador del Partido de la U Roy Barreras. Esta vez aterrizó en una entidad cuya situación él mismo describió a un allegado como “terrible. Llena de incendios, tierreros y problemas”. Pero ese era el momento político preciso. Se podía tratar de una parcela abonada para llegar al tan anhelado Ministerio de Salud.

 ¿Cuál es el legado de Urán en Caprecom? El gerente comercial de Lafrancol/Abbott sostiene que “depuró” la entidad en dos frentes:  “el financiero, debido al problema de iliquidez tan grande”. Así como también insiste en que entregó “negocios que no eran misionales y que generaban problemas financieros adicionales”.

Cuenta un investigador, sin embargo, que en la etapa de Urán y de José Ricardo Rodríguez Doncel, el director que lo sucedió en la dirección de la EPS, “degradaron todos los requisitos de contratación. Le metieron mano al reglamento de contratación de Caprecom con el argumento de que era una entidad que estaba compitiendo con entidades del sector privado, relajaron los principios de selección objetiva y transparencia”.

 A los cuatro meses de entrar a la entidad, detalla otra fuente, Urán “elimina todos los soportes que debe tener un manual de contratación estatal en términos de la Ley 80. Eso da vía libre para que todo se adjudique a dedo y una serie de empresas como Distritodo y Farmared empiecen extrañamente a verse beneficiadas de manera repetida”.

 Otro investigador más remata que la maleza de contratos estaba “obviamente tras un esquema de delegaciones para eludir responsabilidades”.

 El desfalco, en ese periodo, también corrió por cuenta de un puñado de ocho o diez cooperativas agrupadas bajo el paraguas de una entidad fantasma bautizada como Cooperamos. “Toda la contratación se le entregaba a ese grupo”,  indica un investigador, “donde se encontró una nómina paralela de cientos de contratistas y servicios tercerizados por parte de Caprecom a Cooperamos. Era una dualidad significativa, teniendo en cuenta que se trataba de servicios que podían ser asumidos por la nómina de Caprecom. Pero todos los temas de papelería, de ambulancias, los temas logísticos y los temas administrativos se los entregaron en contratos directos”.

Urán sostiene que todas las investigaciones en su contra “fueron concluidas”. Y explica que fue un proceso que “tomó mucho rato, pero finalmente están con auto de terminación. Son temas que se demuestran con documentos, no con palabras”. 

 Las denuncias y quejas relacionadas con el manual de contratación se radicaron en 2012 ante la Fiscalía y la Contraloría. A día de hoy, según abogados enterados del caso, las investigaciones en Fiscalía no han sido “impulsadas”. Tampoco han sido citados para responder por su responsabilidad ni Mario Andrés Urán ni José Ricardo Rodríguez Doncel.

La Liga Contra el Silencio encontró en los servicios de información de la rama judicial que Urán también tiene una sanción por desacato de 2011. No fue posible averiguar en qué consiste el proceso radicado en un juzgado de Medellín pero asesores legales explican que el proceso “no registra ningún avance”. 

 Meses después de haber abandonado la dirección de Caprecom, el por entonces nuevo presidente del Senado Roy Barreras llevó personalmente a Urán hasta el presidente Juan Manuel Santos para ofrecerlo como candidato para asumir el Ministerio de Salud. 

Y aunque el cirujano nunca llegó al puesto, la ministra de entonces, Beatriz Londoño, estuvo solo hasta septiembre de ese año al frente de la cartera. Diversas fuentes señalan que su salida, entre otras, fue forzada por la presión de las multinacionales y de los mismos sectores de la U que se aferraban al control de la salud.

 Más de un entrevistado concluye que fue un “error” del presidente Santos haberle entregado a Dilian Francisca Toro, a Roy Barreras y a cierto sector de la U “un poder sin contrapesos” de algunas instituciones. A saber, la Superintendencia de Salud y Caprecom.

En marzo de 2013 diversos medios publicaron noticias donde el exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, condenado a 13 años de cárcel, vinculaba a Mario Urán como “supuesto enlace” entre Roy Barreras y toda la maraña de contratos dentro de la trama conocida como el “carrusel de la contratación”. “Ese es un tema muy particular, debo confesar”, explica Urán, “yo nunca supe el origen ni cómo ataron el tema de Caprecom con lo de Bogotá. De hecho, sepa usted que en Bogotá, Caprecom no tenía usuarios, o sea que no tiene razón de ser ese comentario. No tiene ninguna relación real, ni causal, ni ningún tipo de vínculo real”.

Inspirado por la industria

 De los últimos tiempos hay una escena que, quizás, refleja bien una de las tantas facetas del carácter de Mario Urán. Un viejo conocido se lo encontró durante un foro de candidatos de cara a las presidenciales de 2018.

 El conocido cuenta que Urán estaba allí “metido de lleno” en la campaña de Iván Duque. Del ‘santismo’ más puro daba un salto al ‘duquismo’. Esta vez desde el sector privado como gerente corporativo del centenario laboratorio Lafrancol.

 ¿Otra vez estás con las multinacionales? Le preguntó la fuente a Urán. “Yo primero tuve que joder a las nacionales, después fui en contra de las multinacionales y ahora otra vez a joder a las nacionales ¡Ya ni sé qué voy a hacer! Pero bueno, alguna cosa haré”, fue la respuesta de Urán, según el testimonio del viejo conocido.

El gerente comercial de Lafrancol/Abbott asegura: “Nunca he militado en política, ni he sido militante de ningún partido político ni he hecho política con ningún parlamentario”. Tampoco niega tener contactos con algunos políticos. Pero lo minimiza a una cuestión circunstancial de sus labores en el Congreso y a su etapa como funcionario público.

Así mismo explica que los tiempos de trabajo fuerte de “relacionamiento público” quedaron atrás en los días de Roche, ocho años atrás. La suya, según dice, es ahora una responsabilidad de ventas en su empresa y de apoyo técnico a nivel gremial. 

¿Cómo explica, entonces, esa versatilidad para saltar con tanta facilidad entre lo público y lo privado?: “Así como en su momento defendí con toda vehemencia el capítulo de la Secretaría de Salud, luego cuando me correspondió defender lo que es… Finalmente mi empleador, pues lo hago, obviamente. Pero sin pasar por encima, ni mucho menos, de los principios. Repito: en los escenarios en los que hemos estado básicamente lo que hemos hecho es en función de defender lo que representamos”.

 Una fuente del sector de la salud traza similitudes entre sus prácticas corporativas y ciertas prácticas entre los visitadores médicos. Cuenta que estudia bien a las personas con las que se va a relacionar. Averigua cuántos hijos tiene su interlocutor, cuáles son sus gustos, qué hobbies tiene, o dónde nació. Y otra fuente añade elementos en la misma línea: “Él no es el tipo de lobbista agresivo. Nunca va a llevarte la contraria con vehemencia. Todo lo contrario. Siempre va por el lado de la zalamería, de alabarte la corbata o el reloj”.

 Casado con la odontóloga monteriana Paola Mercado, alta funcionaria de la compañía estatal de seguros Positiva, la más grande del país, es padre de dos hijas. Practica el golf y el softball. Vive en un apartamento de varios cientos de metros cuadrados a escasas cuadras del exclusivo parque de la 93 en Bogotá y tiene un lujoso apartamento de descanso en la zona turística de Coveñitas (Sucre).

 Así mismo explican desde la industria que su cargo en Lafrancol/Abbott es de resultados. Y como señala una fuente: “Con los gringos no es tomando del pelo”. En Abbott ha tenido que asegurarse de que los trámites del laboratorio ante el INVIMA funcionen bien, que los registros salgan a tiempo, y según él en otros tiempos lejanos que las relaciones con los políticos sean fluidas. Pero esa presión y la forma como opera la industria farmacéutica sigue dejando una serie de cuestionamientos éticos importantes.

 “Al final uno no sabe”, valora un veterano del sector, “si es el personaje en sí, con su forma de ser tan sagaz y sus ambiciones de escalar, o es la industria y su ambiente la que explota a personajes con ese perfil. Es un tema de doble vía en un terreno muy delicado porque acá usted no está vendiendo zapatos o televisores, sino medicamentos para la salud de millones de personas”.

 Otros apuntan que se trata de un carácter “camaleónico” que se ha sabido acoplar a diversos intereses. Siempre, sostienen, en busca de “provecho propio sin importar el sentido de la causa. Donde más ganancias ha encontrado es defendiendo a las multinacionales. Y hoy lo puede hacer aparentando que sobrepone por encima de todo los intereses locales de Lafrancol”.

 Mario Andrés Urán ha intentado llegar a la presidencia de la junta de ASINFAR, como también a la de la Cámara de Medicamentos de la ANDI. Sus líos en Caprecom, sin embargo, han sido el gran dique de contención para lograr sus metas. Dicen que ha ganado en discreción, que ha perdido interés en el sector público y que ha sido exiliado de algunos círculos. Pero el gerente comercial de Lafrancol/Abbott no baja la guardia. Menos aún en estos tiempos en los que todas las grandes farmacéuticas han volcado sus esfuerzos en hallar la vacuna para una neumonía atípica causada por un virus que ha trastornado al planeta como el SARS-CoV-2. Y es justo en ese terreno donde el ejecutivo reconoce que se mueve como un halcón: “Yo conozco bien a la bestia por dentro”.