Dos niños juegan. Sostienen un par de pistolas de agua. Se apuntan y luego se toman de los hombros. Ríen y tratan de mantenerse sobre el cartón y el plástico azul que cubren unos maderos, puestos encima de un montículo de tierra para darle forma a una banca, bajo la sombra de árboles medianos y plantas arvenses. Los niños forcejean. Pierde el primero en resbalar y pisar la carretera con sus pies descalzos.

A una distancia poco prudente, pasa una volqueta sin medir el tiempo del riesgo y deja el ruido impertinente de motor viejo. 

Detrás de la volqueta, un auto gris. Detrás del auto, un taxi y dos motocicletas. 

La vía no tiene berma y es de doble sentido. Sólo una bandera de Colombia, alzada en un asta improvisada a unos cuantos metros, advierte a los conductores desenfrenados. En ese tramo hay familias a la deriva.

— ¡Oigan!, cuidado con los carros —ordena una mamá joven mientras carga en sus brazos a una pequeña de menos de cinco años. Ella es una de las personas reunidas alrededor de una mesa de plástico, sobre la cual hay cartulinas y marcadores. Están a las afueras del predio conocido como el Parque de la Vida, en el borde de la ruta desplegada entre Pereira y el municipio de Marsella, en el sector de Turín. Conversan. Se preguntan qué escribir. Quieren hacerle llegar un mensaje al gobierno municipal. A veces los envuelve el humo lanzado por camiones a través del tubo de escape.

Unos pasos más, la olla se pone en una rejilla de metal. El fuego inicia. El agua se calienta. La promesa es un sancocho. Recostados contra el montículo de tierra, el plátano, la yuca, la papa, los cartones de huevos, las pacas de botellas de agua, donaciones de varios centros de acopio de la ciudad.

Del otro lado de la carretera, pegadas al talud y la vegetación ruderal, hay sillas de madera, armarios hechos con ratán sintético, una nevera, casas de campaña cubiertas por plásticos. Hay retazos de tejados de lámina, toldos verdes, plásticos y más plásticos. 

— Tenemos derecho a vivir en comunidad —dice Wilmar Agudelo mientras camina apoyado en un bastón, atento al paso de los vehículos. Es mediodía, y lo acompaño a entregar un mercado destinado al sancocho: aceite, arroz, un pollo entero, sal.

Ha pasado un mes del terremoto de 7.4 que cruzó el centro occidente de Colombia, y al igual que una gran cantidad de personas, en ese lunes 10 de agosto Wilmar se hizo voluntario. En el Campestre A, el barrio de su residencia en el municipio de Dosquebradas, se vinculó a un proyecto de construcción de casas para los afectados. Sus conocimientos en el trabajo con la guadua y madera lo respaldaron, pero también el cuidado de otros, su oficio de “toda la vida”, asegura. Wilmar lo dice con la experiencia de la mediana edad. Por muchos años cuidó a sus dos hermanos, quienes tenían una discapacidad que limitaba sus movimientos.

— La primera necesidad es tener un techo. Ojalá se pueda retomar el lugar donde estábamos de forma temporal, o mirar a través de un personero la forma de conseguir un permiso firmado, porque la gente puede trabajar. Lo que se necesita es meter la cabeza bajo un techo. Se necesita dónde vivir.

Como éxodo desde Pereira, al Campestre A llegó un grupo de 30 familias provenientes del albergue del Parque de la Libertad. La mayoría se dedica a la venta de frutas y verduras en el centro de la ciudad, comía en restaurantes pequeños y dormía en los hoteles o residencias cercanos llamados pagadiarios y que colapsaron. La noche les podía costar entre 10 mil y 15 mil pesos.

Fueron las lluvias desatadas cinco días después del sismo y la gran cantidad de damnificados en La Libertad las causas de su búsqueda de otro refugio. Recorrieron Pereira y preguntaron en varios puntos de ayuda. En ese deambular les comentaron de los albergues en el Campestre A y Campestre B. Allá podían recibirlos. Entonces decidieron encaminarse hacia Dosquebradas.

Pero por su manera de vivir, por su ausencia en los censos al no tener una casa propia o alquilada, al rentar habitaciones o piezas en hoteles para dormir la noche, los funcionarios encargados del alojamiento los rechazaron. Eso me dice una de las mujeres afectadas. No quiere dar su nombre, tampoco permite una entrevista; sólo manifiesta su contrariedad por la falta de solidaridad. A los integrantes de su grupo los señalan y les nombran falsos damnificados, una categoría promovida en videos publicados en las cuentas de plataformas sociales de medios locales como Entérate Pereira, Noticias UNOA y Pereira en Vivo.

El 17 de agosto las familias llegaron al Parque de la Vida, cuya administración pertenece al Batallón San Mateo. La decisión la tomaron en el Campestre A. El grupo ya conocía esta opción de tierra prometida temporal. Alguien de los suyos había estado en el lugar.

El Parque de la Vida parece encapsulado en los noventa. De esa década es difícil extraerlo. Sólo está ahí, en una habitación del olvido. A veces vuelve a la memoria, tal vez cuando pasamos en un auto por la vía a Marsella e intentamos descifrar su acceso entre la vegetación. Su nombre está ligado al terror engendrado por Luis Alfredo Garavito, cuando hace más de 26 años se descubrieron restos óseos de niños allí enterrados, niños abusados y asesinados. No obstante, en este espacio poco a poco personas en condición de pobreza construyeron un entorno llamado hogar, y así pasó con las familias procedentes de los albergues al buscar la posibilidad de pasar la noche entre ellos, bajo un techo, hasta lograr el apoyo de una reubicación. 

— El día que llegaron, vinieron la Defensoría del Pueblo y la alcaldía y decidieron dejarlos acá temporalmente. Dijeron que no podían meter a nadie más, pero eso fue imposible. Eso nos afectó y decidieron expulsar a todo mundo.

En la mañana del martes 1 de septiembre aparecieron miembros del ejército y la policía. Eran un escuadrón antidisturbios. Parecía el resurgimiento de las prácticas del antiguo ESMAD, nombrado en el gobierno anterior como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). 

Con sus escudos y armaduras puestas, obligaron a salir a la gente. En los videos de la intervención difundidos se muestra la destrucción de refugios de guadua a medio terminar y en cuya construcción participaba Wilmar; se exponen los empujones y forcejeos, el descargo contra jóvenes y madres, las agresiones físicas. Las grabaciones evidencian la falta de cuidado con los enseres y objetos de valor, tirados en el borde de la carretera, junto a los alimentos, retazos de lámina, toldos y plásticos. 

El medio Pereira en Vivo dijo que eran los falsos damnificados, que fue un “operativo articulado entre las autoridades municipales, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Policía Nacional”, que las autoridades recuperaron un predio invadido, que se reforzaron las “medidas de seguridad contra las ocupaciones ilegales en la zona”, que la intervención era un “mensaje contundente para garantizar que la emergencia actual de la ciudad no sea utilizada como pretexto para cometer actos al margen de la ley”.

Wilmar reitera la condición de estancia temporal, del derecho a vivir con dignidad y en comunidad. Hay, dice, una “revictimización” de las familias: han sido despojadas dos veces. En el terremoto, cuando sus vidas cambiaron, y en el campamento del Parque de la Vida, cuando fueron dejados al borde de la carretera, y no pueden volver. De cuando en cuando un soldado sale a la vía e impide la entrada.

Ahí esperan una respuesta a sus peticiones, escritas en las cartulinas colgadas de armarios, tejados y carpas. Ahí preparan el sancocho de todos, en la olla comunitaria. Aguardan una visita del alcalde. Ya remitieron una solicitud ante la Personería de Pereira, la Defensoría y la Procuraduría. Ya se manifestaron en videos publicados por activistas y medios independientes.

En uno de tantos aparece María Antonia Vela Correa, una de las líderes del grupo.

— Vinimos a este predio a buscar un refugio, no a apropiarnos de las tierras que no son de nosotros. Lo que buscamos es una reubicación para todas las familias, acá hay mujeres embarazadas, hay niños, hay personas de la tercera edad, personas con discapacidad, y la verdad hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Queremos que nos presten el terreno mientras nos escuchan y buscar algo para no correr peligro en la calle y buscar una vivienda digna, ya que la merecemos porque quedamos damnificados del terremoto.

***

Camino con Wilmar al borde de la carretera, y a unos cuantos metros encontramos la entrada a un planchón. Hay una casa hecha con maderos, guaduas y plásticos. Hay un par de tiendas de campaña. En el interior de una se estira un gato dorado, indiferente a la vida alrededor. Donde comienza la ladera se instaló un cocina. Los encargados de la comida entran y salen de la casa. Traen plátanos y papas. Revisan la cocción en la olla. 

Érika Castillo, de unos treinta años, sale a recibirnos. Vive en Centenario, y se ofreció de voluntaria en la segunda olla comunitaria del albergue del Parque Olaya Herrera. Afirma, como Wilmar y María, que no existe ninguna intención de apoderarse del lugar. Sólo están en espera de un acercamiento con el gobierno. Los refugiados en este espacio fueron afectados, y no hubo registro de ellos en un censo.

Aunque algunos ya han encontrado estadía en otras latitudes tras pedir o recibir ayuda de un familiar o amigo. Y los que se quedan, después del desalojo, han sido presionados. De una u otra manera los quieren sacar, dicen, y una de esas maneras fue el corte de los servicios de agua y energía eléctrica instalados en las casas construidas años atrás y en las cuales se ha dado alojamiento.

Érika me invita a pasar a la casa al lado de la cocina improvisada. Allí viven cinco personas. Es una especie de centro de acopio donde hay una buena reserva de botellas de agua.

La casa es, en realidad, un amplio cuarto compuesto de una cocineta, varias camas y un baño pequeño. Acomodada en un mueble, una niña de por lo menos nueve años mira videos en su teléfono celular.

Del baño sale Blanca, tal vez sesenta años, y saluda con movimientos lentos. Al caminar se apoya en las paredes de madera y guadua. Da un paso, corto, da otro, también corto. Intentan mantenerse de pie y articular un buenas tardes, pero una fuerza invisible la tumba y de repente se desmaya. 

De inmediato es atendida por Mauricio Hoyos, otro de los voluntarios. Sabe el procedimiento, sabe de los continuos desmayos de Blanca.

— Ella tiene un historial clínico —dice Érika—. Cada rato se nos desmaya. Nos toca ponerle alcohol para que vuelva en sí. Hoy se nos ha descompensado tres veces. ¡Mauro!, estírele la rodilla.

Al reponerse, buscamos una silla en la parte exterior, cerca de la puerta de entrada de la casa, y sentamos a Blanca. Se ve cansada. Su cuerpo parece pesarle.

Adentro, hablo con Gloria Inés, también en los sesenta. Me cuenta, sin especificar, que es desplazada del conflicto armado, que llegó al Parque de la Vida hace varios años y construyó la casa en la cual estamos.

— Nos quitaron el agua, nos cortaron la luz el día que vinieron acá. Nos cortaron la manguera en tres pedazos. No podemos recoger agua en ningún lado porque la mocharon definitivamente. Y si me voy vienen y me tumban la casa, porque allí abajo la tumbaron.

Y sí, a Blanca, aseguran, se la tumbaron el día del desalojo. También a un hombre mayor con una hinchazón en una de sus piernas. Ahí están partes de sus hogares, apilados en una esquina, perdidos entre la vegetación.

El terremoto, según Érika, expuso las dificultades enfrentadas por muchas personas antes de la contingencia. Son carencias en la alimentación, en el trabajo, en la vivienda; carencias agravadas luego del 10 de agosto. Por eso, la etiqueta de falsos damnificados le parece desacertada.  

Por qué negarle, dice, un desayuno o una comida a Blanca y Gloria Inés al acercarse a la olla comunitaria del Olaya Herrera. En ese encuentro comunitario las conoció y hablaron de tomar rumbo hacia el terreno donde construyeron sus viviendas, a un lado del Parque de la Vida. La idea parecía buena, sobre todo en un momento de crisis dentro del albergue y la urgencia del gobierno municipal por levantarlo. A ninguna se le ocurrió la posibilidad de un desalojo a futuro por el hecho de buscar dónde pasar la noche en tiempos de emergencia.

El 10 de septiembre, un mes después del caos surgido de la tierra, la Defensoría del Pueblo publicó un comunicado con la intención de enfatizar “los derechos de las personas en situaciones de movilidad humana” ante una contingencia.

En el penúltimo párrafo se utiliza el verbo exigir al enfocar la atención en la “protección de poblaciones que habitan en asentamientos informales ubicados en zonas de riesgo”. Reubicación planificada, acceso a la vivienda digna y segura, cuidado de la población en “condición de mayor vulnerabilidad” son las palabras utilizadas en el texto. Esas palabras son las acciones esperadas por las familias que viven al borde de una carretera.