Un ruido en el cafetal
Texto
Camilo Alzate González
Ilustración
Angélica Correa Osorio
Abril 03 de 2024
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Un ruido en el cafetal
La extraña muerte de un reincorporado de las extintas FARC en Riosucio, Caldas, revive viejos miedos en este territorio indígena azotado por la violencia. Autoridades y pobladores se quejan por la no implementación del Acuerdo de Paz.
Los hechos
Los hechos son crueles y rústicos y tuvieron lugar el 15 y 16 de febrero de 2024 en las montañas de Riosucio, Caldas. Darío de Jesús Hernández, vecino del resguardo de origen colonial Cañamomo y Lompaprieta, partió del rancho anunciando que no tardaría. “Cuando él decía que no demoraba, era porque no demoraba”, apunta Vanessa, su hija de crianza, una de las primeras personas que notó algo extraño en la ausencia de este hombre que, como ella misma cuenta, pregonaba una filosofía silvestre de que todo tiene solución en la vida.
Darío no acudió al almuerzo y tampoco llegó a dormir, lo que preocupó aún más a sus parientes. Al otro día Vanessa se fue a su turno como enfermera en un centro de salud local y la esposa de Darío junto con los vecinos empezaron a buscarlo por todas las zonas aledañas a Pulgarín, el caserío donde queda su rancho de tablitas, troncos y tejas de barro aún en construcción.
Vanessa asegura que los vecinos pasaron varias veces por el mismo paraje en el que, muchas horas después, iba a aparecer el cuerpo de Darío colgado de una rama que se dobló con el peso y lo dejó con las piernas arrodilladas sobre el suelo, casi parado, aunque muerto, envuelto por la fronda del cafetal. En uno de sus bolsillos había una nota explicando las supuestas razones de aquella determinación.
Ese papel lleno de garabatos tenía apenas un escueto mensaje, dice Vanessa, quien alcanzó a ojearlo más tarde pero no a tomarle foto, como era su propósito, antes de que los técnicos de la Fiscalía se llevaran cada evidencia para las pruebas grafológicas y demás inspecciones de rigor. En el papel se leía, según ella, que la determinación de acabar con su vida estaba motivada en que las autoridades no le dejaban otra opción y le pedía perdón a su familia.
La primera hipótesis no podía ser entonces más que la del suicidio, si no fuera por un elemento crucial: Darío de Jesús Hernández, el indígena y campesino que pasó tres décadas de su vida en entre el monte y los calabozos, militante desde los 13 años en la extinta guerrilla de las FARC y firmante del Acuerdo de Paz de 2016, no sabía escribir.
Por eso sus allegados insisten en que ni esa nota ni esa muerte pudieron ser obra de sus propias manos.
El entramado
Las primeras amenazas vinieron en diciembre de 2023. En esos días ocurrió un atentado contra Jorge Eduardo Gañán, otro firmante del Acuerdo y habitante del resguardo vecino de San Lorenzo, también en jurisdicción de Riosucio. Gañán, hijo de ese resguardo, había pasado una década en la guerrilla antes de la firma de la paz, con la que pudo volver a su tierra donde vivía sin problemas con su familia, hasta diciembre pasado en que unos desconocidos intentaron asesinarlo. En el caso de Darío las amenazas pasaron de la zozobra al hecho cumplido en la noche del 31 de enero. Antes de las diez escuchó el aullido de los perros de su casa y salió a revisar, pero entre la oscuridad sólo sintió un primer disparo que no lo alcanzó a él, sino que quedó incrustado en una esquina del rancho de madera.
Este era la vivienda que estaba construyendo Darío en la montaña.
“Para despistarlos se echó a rodar por un cafetal”, cuenta Vanessa. “Luego le hicieron el segundo tiro”, pero ya el hombre había logrado escabullirse en medio de la noche.
Aquello motivó que varios secretarios de despacho de la Alcaldía de Riosucio visitaran el resguardo el pasado 5 de febrero para conversar con algunos de los firmantes del Acuerdo. Dos días después, Darío se apareció en la oficina de la secretaria de gobierno, Martha Isabel Hernández, para informarle que “se iba a ir mientras se calmaba la situación”.
Desde entonces denunció que un grupo de hombres lo estaba presionando para que se uniera a una presunta disidencia de la guerrilla que busca rearmarse en aquellas montañas, a lo que él se había negado, comprometido como estaba con el proceso de paz. Una semana después fue cuando desapareció para que lo encontraran ya muerto. A pesar de la continuidad de los hechos, ninguna autoridad hasta el momento se atreve a confirmar que esos atentados y amenazas de los que han sido víctimas varios firmantes vengan del bando de las disidencias.
Darío puso en conocimiento de la Fiscalía tanto las amenazas como el atentado, aunque personas cercanas a este caso, que prefieren no ser citadas, aseguran que el mismo día en que rindió declaración ante las autoridades fue maltratado por una funcionaria de la Fiscalía, aunque no pudimos confirmar su nombre y cargo.
Paola Tovar, la jefa de prensa que coordinó las comunicaciones de la Fiscalía durante la administración de Francisco Barbosa, nunca respondió a las consultas que le hicimos sobre este caso puntual y tampoco brindó su apoyo para gestionar una entrevista con algún funcionario local que pudiera dar detalles sobre la investigación, como se lo habíamos solicitado en un correo.
Para mayor sorpresa, Darío contó a varios allegados que después de salir de una de las diligencias a las que fue citado para rendir versión por las amenazas, dos de los sujetos que lo habían buscado para que se uniera a las disidencias estaban vigilando sus movimientos desde una calle cercana. Esto sugiere que andaban al tanto de sus denuncias ante las autoridades.
Jhoan Felipe López, enlace territorial de la Agencia Nacional para Reincorporación (ARN), la entidad encargada de acompañar a los firmantes del Acuerdo, explica que desde el 2018 hay alertas tempranas que evidencian una situación de riesgo para esta población en los municipios del alto occidente de Caldas. Según los datos de esta oficina, en esta zona del país se han asentado una veintena de ellos, pues allí se movieron los frentes 47 y Aurelio Rodríguez de las FARC, así como varias células del Partido Comunista legal, con una tradición de décadas en la región.
Todos estos excombatientes han buscado reincorporarse a sus comunidades y dieciseis de ellos conformaron un colectivo llamado COMIPAZ, que impulsa proyectos productivos en Cañamomo y Lomaprieta. Sienten que la zozobra que hoy se cierne sobre su territorio es una amenaza frontal.
“La primera hipótesis de la muerte de Darío, en los términos de cómo lo pone la Fiscalía, es un suicidio; sin embargo, nos abstenemos como ARN de hacer cualquier aseveración, en tanto no se establezca el tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los hechos”, dice Jhoan Felipe López, enlace de la ARN en el Eje Cafetero, agregando que, independientemente de la causa, esta muerte llega en un contexto “complejo en asuntos de seguridad para el colectivo de firmantes”, una situación para la que, asegura, han movilizado todos los esfuerzos disponibles.
La doctora que certificó su defunción descartó que su muerte ocurriera por causas naturales.
La ARN confirmó que otro de los firmantes, vecino del resguardo de San Lorenzo, fue sacado de la región, en un operativo de extracción coordinado por esa entidad, a los pocos días después de la muerte de Darío, pues este otro hombre también denunció ser víctima de amenazas. López cree que la degradación de la seguridad a nivel nacional y en concreto en Riosucio y el occidente de Caldas funda sus causas en los retrasos y trabas que desde un comienzo tuvo la implementación del Acuerdo de Paz, un legado de dos gobiernos anteriores ahora heredado por el gobierno de Gustavo Petro.
“Los firmantes han estado muy solos. Las condiciones en que vivía don Darío eran muy precarias. Se necesitan garantías para el proceso de reincorporación”, dice Martha Isabel Hernández, la secretaria de gobierno del municipio: “Si quedaron unos compromisos del Acuerdo de Paz, pues que se materialicen”.
Las amenazas revisten tal gravedad que el cabildo indígena, en consenso con la administración municipal, autorizó el ingreso y patrullaje permanente de tropas del Ejército en su territorio, por el temor de que la situación se degrade. Un hecho insólito porque durante décadas las autoridades indígenas protestaron cada vez que el Ejército patrullaba o realizaba operativos en la zona, pues lo consideraban un actor armado hostil, con frecuencia señalado de aliarse con grupos paramilitares de ultraderecha que cometieron crímenes atroces y varias masacres contra los indígenas de Riosucio, como las matanzas de La Rueda y La Herradura.
El conteo de homicidios de la organización INDEPAZ, que empezó en noviembre de 2016 con la promulgación del Acuerdo de Paz, ajustaba una cifra de 415 firmantes del Acuerdo asesinados hasta feberero de 2024. El nombre de Darío Hernández no ha engrosado aún ese conteo, pues su caso no está esclarecido, aunque en el acta de defunción suscrita el 17 de febrero en el municipio vecino de Supía por la doctora Lina Constanza Marín se establece sin ambigüedad que su muerte no se debió a razones naturales.
Darío de Jesús Hernández estaba próximo a cumplir 53 años. Paso más de veinte en la guerrilla y cuatro en la cárcel, antes de salir amnistiado gracias al Acuerdo de Paz.
Queda de él una última fotografía que lo muestra con la carcajada alegre mientras sostiene una enorme raíz de yuca recién sacada del suelo, una raíz que parece un pulpo agitando sus tentáculos terrosos. Esa última sonrisa, tan vital y optimista, parece controvertir la hipótesis del suicidio, en la que no cree su familia.
“Con lo verraquito que era”, dice su hija, “sembraba café, estaba terminando de construir su casa, iba a cumplir 53 años en abril”. De esos 53 pasó más de veinte en la guerra, de la que no le gustaba hablar, y otros cuatro años en la cárcel hasta que salió amnistiado gracias al Acuerdo y pudo volver a su tierra.
“Que no nos sigan viendo con retrovisor”, le pidió Darío a Martha Hernández en una de esas visitas a su oficina: “que nos vean como lo que hoy somos y queremos ser”.
*Como respuesta a este artículo, el 3 de abril de 2024 la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación respondió con un correo electrónico a las preguntas sobre el tema que le habíamos hecho tres semanas antes. En un oficio firmado por la Dirección de Comunicaciones esa entidad aseguró que no existían procesos vigentes contra Darío de Jesús Hernández y que sólo se adelantan investigaciones por los delitos de amenazas de los que aquel fue víctima en 2019 y 2024, casos que están a cargo de la Unidad Especial de Investigación. Sobre su muerte aclararon que «se maneja una hipótesis delictiva frente a un posible suicidio». La Fiscalía descartó la presencia de grupos de disidencias en los municipios de Riosucio y Supía (Caldas), así como los municipios vecinos de Quinchía (Risaralda) y Jardín (Antioquía), asegurando que «no hay datos que permitan establecer presencia de grupos criminales» en esos territorios.
