Furia en el día, fuego en la noche
Texto
Camilo Alzate
En Alianza con La cola de rata
Fotos
Santiago Ramírez
Julio 10 de 2020
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Furia en el día,
fuego en la noche
Son ya varios días de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional que han dejado heridos y múltiples acusaciones mutuas. Acá algunos testimonios y un recorrido por lo acontecido en Pereira.
El fantasma del enemigo interno
Kevin tiene 17 años y Juanes, 16. Ambos rebuscan su plata en talleres de confección o pizzerías o puestos de comida rápida si les ofrecen trabajo. Ambos están repitiendo años del bachillerato. Ambos coinciden que en sus casas siempre escasea el dinero a fin de mes, siempre hay alguna factura que no alcanzan a pagar. La madre del primero es operaria de fábrica, la del segundo hace contratos de limpieza en casas. Ambos viven en un barrio de las montañas de Dosquebradas donde según el DANE hay índices de pobreza multidimensional que alcanzan hasta el 55% de la población. Recuerdan más de una anécdota con la Policía: requisas, insultos si los ven fumando marihuana, golpes y estrujones cuando llegan los motorizados a la esquina para hacer una redada. “¿Por qué decidieron ir a las marchas?”, les pregunto. “Por lo mismo que van todos –responden– para cambiar esto”.
El domingo 2 de mayo la Policía les dio una paliza que va más allá de lo anecdótico.
Kevin me enseña las magulladuras en su cuerpo. Tiene golpes y contusiones en los brazos, en las manos, en la espalda, en los costados, marcas de impactos que le pegaron con arma traumática antes de que fuera subido a un CAI móvil. El peor es un hematoma en la sien derecha que parece un tomate.
“El chino quedó con dos cabezas” se burla su amigo Juanes y los dos sonríen. A Juanes no le fue mejor: los policías lo golpearon en el cráneo con sus bolillos al revés, como si fueran martillos; también le dispararon con armas traumáticas cuando ya lo habían capturado. Pablo, otro amigo, quedó con una bala de goma incrustada en la cintura.
Su detención tuvo lugar ese domingo a las ocho de la noche cuando abandonaban la protesta en la plazoleta Ciudad Victoria. Ocho efectivos del ESMAD los rodearon en cuatro motocicletas, los redujeron y los apalearon allí mismo, frente a la estación del Megabús. Ninguno de los policías llevaba su número de identificación o apellido en el uniforme.
Ese día hubo concentraciones pacíficas en el centro de la ciudad, una marcha desde el populoso sector de Cuba y otra que nuestro equipo periodístico acompañó en un tramo mientras daba la vuelta por la Avenida Circunvalar y el barrio Pinares para volver al centro. La gran mayoría eran estudiantes universitarios junto a gente joven de barrio que vienen participando en los bloqueos desde el 28 de abril. Al anochecer la Policía cargó contra todos los concentrados en el parque Olaya Herrera. Ahí comenzaron los disturbios.
Kevin perdió el conocimiento en la golpiza. “No me respondían las piernas”, dice, y agrega que una mujer del ESMAD lo levantó de la sudadera y le puso algo frío en la cabeza, que él identifica como un arma: “si se intenta volar se lo estallo”, recuerda haber escuchado. Los llevaron con otros detenidos al patio de una estación de Policía próxima al Viaducto; allí Kevin vomitó hasta caer desvanecido. Estaba tan débil que no fue capaz de limpiar el piso como se lo habían ordenado. Juanes fue quien tomó la escoba y el agua para barrer.
“La noche es de nosotros”, les advirtieron los Policías justo antes de soltarlos.
Ilustración:
Stella Maris
Furia en las calles
El tatuaje que le cubre la espalda a Juan Alejandro es una figura negra representando dos manos que rodean un gran ojo. Entre la tinta oscura bajo el hombro derecho veo un círculo profundo color sangre: es la marca que dejó la bomba de gas lacrimógeno que un efectivo del ESMAD le disparó a quemarropa mientras él corría por la Avenida de Cuba durante los enfrentamientos del 1 de mayo.
Juan Alejandro viene marchando y participando de los bloqueos desde el 28 de abril. No pertenece a ninguna organización política ni juvenil. Aunque es bachiller, sólo consigue trabajo como obrero de la construcción. Tampoco se afilió a ningún sindicato, eso sí, permanece bien informado: conoce los nombres de los ministros, los términos generales de la fallida reforma tributaria, incluso siguió por internet la entrevista en la que Vicky Dávila y Alberto Carrasquilla se mofan al reconocer que ninguno tiene idea de cuánto vale una docena de huevos.
Juan Alejandro vive con estrechez –algo que se nota desde su camiseta hasta los zapatos– y eso no le impide hacer el siguiente relato: su salario mensual como obrero de construcción equivale a poco menos de 300 dólares. En Estados Unidos, asegura, un trabajador no cualificado gana lo mismo en cinco días. Más tarde haré el cálculo yo mismo para comprobar que, en efecto, tiene la razón.
Miles de jóvenes como él se han unido al paro desde los barrios marginales sin mayor convocatoria ni organización que su propia iniciativa en las redes sociales. Más o menos informados y politizados por el internet, estos muchachos han encontrado en las marchas el lugar que se les negaba en todas partes: son un nuevo actor político que recién descubre su poder y llega dispuesto a reclamarlo.
Estos muchachos se citan por Instagram y Facebook, forman grupos, coordinan bloqueos, avisan si hay detenidos, por cuál lado viene el ESMAD o por dónde andan las camionetas blancas que disparan contra los manifestantes. Transmiten los disturbios en vivo a través de Instagram y se conectan a ver “el aguante” de los que como ellos están marchando en Bogotá y en Cali. Todos comparten un sentimiento genuino de odio hacia la Policía, porque los ha hostigado y pateado desde que son niños en las calles de sus barrios. Llevan una sensación de desesperanza que se traduce en resentimiento frontal contra la institucionalidad. Uno de esos grupos de Facebook, creado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, tiene casi 30.000 seguidores.
Los sindicatos tradicionales, ya de por sí débiles en la ciudad, cumplen un rol marginal en la organización del movimiento, sobrepasados por la dimensión de la protesta se limitan a llevar registros de heridos o detenidos y a acompañar algunas de las marchas para evitar abusos de la fuerza pública.
El 28 de abril, primer día de las movilizaciones, cuatro grandes marchas llenaron las calles de Pereira. Miles de familias, trabajadores, barristas, estudiantes y personas del común ofrecieron una respuesta insólita al llamado de paro nacional contra el gobierno de Iván Duque. Un porcentaje bastante significativo de los marchantes eran estos muchachos de los barrios.
Esa misma noche comenzaron los bloqueos y enfrentamientos, acompañados de confusos reportes sobre ataques armados contra los manifestantes. Una asonada terminó con disparos en el barrio El Japón, cerca del Viaducto. Tres días más tarde se confirmó que el estudiante Agustín Quintero había recibido un balazo en su pierna derecha durante los disturbios del Parque Olaya el primero de mayo por la tarde. Trabajadores y habitantes de esa zona afirman que la Policía pasó en motos disparando contra los manifestantes que se replegaban hacia la Avenida Belalcázar. No obstante, al día siguiente nuestro equipo sólo pudo hallar en la zona una vainilla de pistola 9 milímetros con las siglas PAK que distinguen a la munición no letal de las armas traumáticas.
En los enfrentamientos resultó quemado el CAI del barrio Centenario, algunos manifestantes atacaron con piedras el edificio de la Gobernación y varios concesionarios de vehículos del Parque Olaya. Los medios de comunicación pusieron el foco en los vidrios rotos, no contaron que la autodenominada “primera línea” de marchantes formó un cerco para impedir el saqueo de los locales, algo que puede apreciarse en varios videos.
Desde el 1 hasta el 5 de mayo hubo protestas y bloqueos todos los días y disturbios durante cada noche sin interrupción. Han ocurrido choques en barrios de Cuba y Parque Industrial, cerca del Viaducto, en el Parque Olaya y sus alrededores.
A la par, la respuesta oficial ha ido escalando. Las cifras de agentes heridos confirmadas por la misma institución dan prueba de ello: 40 policías lesionados, algunos de mediana gravedad como el agente del ESMAD al que le explotó una bomba molotov encima. Con datos parciales recopilados por nuestro equipo confirmamos que hasta el 9 de mayo fueron atendidos en clínicas 23 manifestantes. Son números que no reflejan la realidad; muchos marchantes no están acudiendo a los hospitales o reportan los golpes como producto de un accidente de tránsito porque temen ser perseguidos y judicializados. Otros, la gran mayoría, acuden a refugios clandestinos en casas particulares donde médicos voluntarios prestan el auxilio.
Una estudiante de medicina que atiende a los integrantes de la “primera línea” aseguró que los heridos en las marchas superan el centenar y que ella misma ha atendido casos graves como el de un manifestante quemado por la explosión de una bomba aturdidora del ESMAD; otros de mediana complejidad con contusiones y “centenares de descompensados por los gases lacrimógenos”. En una sola clínica de la ciudad hay registro de cuatro personas con lesiones oculares producto de las balas de goma.
Hasta el viernes 7 de mayo se habían legalizado 43 capturas, pero los abogados y defensores de Derechos Humanos creen que esta cifra no alcanza a ser siquiera la mitad del total de capturados en el marco de las protestas. En nueve casos los jueces ordenaron la libertad de los detenidos al constatar la ilegalidad del procedimiento de captura. En uno era evidente que la Policía había golpeado a los detenidos en estado de indefensión; en otro, los testigos desestimaron la versión de los uniformados de que los capturados transportaban materiales peligrosos.
Este último fue el caso de Andrés Hernández y Marcelo Valencia, dos estudiantes universitarios capturados la tarde del 4 de mayo en el Viaducto. Los transeúntes grabaron el momento en que una docena de policías los atraparon y a estrujones los montaron en un furgón rojo. En el video es evidente que ninguno de los dos llevaba nada más que su pequeño morral a la espalda. Sin embargo, la policía los presentó esposados ante varios elementos que no estaban durante la captura: unas antorchas, una docena de palos, dos galones con combustible y aceite quemado, una botella de clorox, un bulto de ropa vieja…
“Cogen a los muchachos, los montan al camión, les dan una pela y los sueltan más tarde, una típica captura ilegal”, asegura un abogado que trabaja gratis asistiendo a los detenidos en el marco de la manifestación. “La estrategia no es judicializarlos, sino infligir terror”.
Terror, como el que sintió Miguel el viernes 30 de abril. Desde temprano había estado bloqueando y armando algarabía con sus amigos, pero no contaba con que a las siete de la noche su barrio, el 20 de Julio de Pereira, iba a ser militarizado. Según cuenta, regresando de la panadería, en un trayecto de menos de cien metros hasta su casa, el ESMAD lo agarró y se lo llevó capturado a un CAI que queda justo cruzando una pequeña avenida. Allí lo golpearon entre cinco policías con bolillos y también parándose encima de su cabeza. La historia clínica habla de “politraumatismos” que provocaron un “trauma cerrado de tórax con múltiples contusiones”, fractura de una costilla y un “neumotórax leve”, conceptos que sobre la piel se ven como un sartal de moretones protuberantes, dificultad para respirar y la rajadura de diez puntos que le afea la cabeza.
“Una mujer policía con chaleco de la SIJIN me dijo que me daba tres segundos para que corriera” cuenta Miguel, “ahí fue que yo me desmayé”. En los videos que grabaron sus vecinos se nota cuando Miguel intenta cruzar la avenida entre el CAI y su barrio, pero no logra dar diez pasos antes de caer desplomado.
Terror como el de Isa y Nayerli, dos muchachas que participaron de la toma del Viaducto el lunes 3 de mayo y regresaban caminando hacia Cuba en la noche. Un grupo del ESMAD las interceptó y golpeó cerca de la gasolinera de la carrera 12 con 26. Nayerli activó la cámara de su celular transmitiendo en vivo el momento en que el ESMAD se dispone a subirlas en un furgón rojo de placas XMA 808 sin ninguna insignia de la Policía, lo que alertó a los organismos de Derechos Humanos de la ciudad, quienes aseguran que este tipo de procedimientos rayan con la ilegalidad. “Todos iban con la cara tapada” recuerda Isa, quien luego sufrió un ataque de asma en los parqueaderos del Comando Metropolitano, donde permanecieron tres horas detenidas.
¿Frente común para disparar?
“Yo voy a tener que dar la orden: levantan el cierre de la vía a Cerritos a las buenas o a las malas, pero lo levantan”, dijo Carlos Maya, alcalde de Pereira, en una reunión privada el 4 de mayo con varios concejales para analizar la crisis de desabastecimiento. “Llevo cinco días en la Policía Metropolitana detrás de las 277 cámaras de seguridad ciudadana, hemos visto cómo la marcha que arranca pacíficamente se vuelve violenta porque alguien tira una piedra, a veces tiran una papa bomba, o los motociclistas consiguen gasolina y encienden fuego para alterar el orden público; la Policía y el ESMAD han tenido que intervenir” aseguró.
El alcalde habló de condenas ejemplarizantes contra los vándalos, de cómo evitar los desmanes, de las 38 estaciones de Megabús en Pereira —25 de ellas afectadas por los disturbios—, de las cuantiosas pérdidas económicas para los comerciantes tras un año de pandemia, de la grave crisis fiscal en la que está metido el gobierno central, habló de que ya no hay plata para proyectos y programas. Pero no habló de cómo iba a impedir que comerciantes y ciudadanos ofuscados por el paro tomaran las armas por su cuenta para salir a cazar manifestantes.
Por ejemplo a Jhonatan, quien asegura que unos hombres de civil en motocicleta le pegaron dos balazos en sus piernas después de que miembros del ESMAD le dieran una golpiza cerca al Parque Olaya, durante la media noche de aquel mismo 4 de mayo.
No hay registro en video, sólo la anotación de la historia clínica que comprueba que fue un agente quien lo llevó hasta urgencias. La trayectoria de las balas sugiere que el relato de Jhonatan es verídico: él se encontraba de costado en el suelo –lo estaban pateando– por eso los proyectiles de nueve milímetros entraron por la izquierda y salieron por la derecha, y por eso el orificio de salida quedó en la pierna más arriba que el de entrada. Si en el momento del disparo hubiera estado de pie o corriendo lo anterior sería bastante improbable, me explica una doctora que entiende de balística.
Este atentado no fue el primero en el contexto de las protestas, pero sí ocurrió un día después que el alcalde convocara a un “frente común” entre empresarios, seguridad privada y Fuerza Pública para impedir saqueos de locales comerciales y disturbios en el centro de la ciudad, algo que la opinión pública interpretó como un guiño a quienes buscan detener el paro por las armas.
Luego, el diario El Espectador reveló que en Pereira hay poderosos empresarios locales coordinando reuniones con los congresistas Gabriel Vallejo y Alejandro Corrales, ambos miembros del partido de gobierno, cuyo propósito es presionar a los medios de comunicación para que no divulguen información adversa a la que ellos consideren objetiva, exigiéndole a periodistas “que dejen de ser tan sesgados, que no le tiren así al Gobierno”, según dijo Corrales.
En la reunión citada por El Espectador también se consideró pasar a las “vías de hecho” para detener las manifestaciones. “Esto no es de sentarnos con el presidente de la república, de mandarle mensajes. Eso es muy importante, no lo demerito porque este país tiene muchos problemas” dijo el representante Gabriel Vallejo, “pero aquí tenemos un problema de orden público que se soluciona con el uso de la fuerza legítima del Estado. No hay otra manera de solucionarlo. Porque el orden público afecta la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos. Entonces si el Gobierno no entiende eso, pues es parte de lo que estamos reclamando”. Consultado por ese periódico, Vallejo se sostuvo en sus palabras y reafirmó su postura sobre lo que él denomina la “legítima defensa”: “Si esa legítima defensa implica salvaguardar la vida propia o de la familia, si eso implica el uso de un arma para defender, un arma tenida legalmente con un permiso de tenencia, pues, yo creo que es un principio básico”.
Desde el 1 de mayo se han comprobado una docena de ataques o amenazas con armas de fuego que tienen algún tipo de relación con las protestas. Los más sonados fueron los homicidios del líder estudiantil Lucas Villa –en pleno bloqueo del Viaducto la noche del 5 de mayo– y el de Héctor Fabio Morales Henao dos días más tarde.
Antes y después hubo ataques confirmados en puntos tan distantes como Boquerón, el barrio San Nicolás, la glorieta de Corales o el barrio El Bosque, siempre con el mismo modus operandi: hombres en moto o en camionetas polarizadas. En el reversadero de El Bosque ocurrió algo bastante llamativo: una camioneta blanca aparcó antes de las 11 de la noche del 4 de mayo y vació el proveedor de un arma traumática sin ningún blanco aparente. Es el mismo sector donde vivían Lucas Villa y varios de sus amigos.
“Desde Amnistía Internacional hemos verificado 34 hechos graves de uso excesivo de la fuerza que involucran a la Policía con armas letales y armas semiautomáticas apuntando directamente a manifestantes desarmados; son armas ilegales en el contexto de protestas, según las reglas internacionales”, asegura Daniela Camacho, quien es la encargada para Colombia de las campañas de esa organización y ha hecho seguimiento a casos que comparten el mismo patrón en diferentes puntos del país. “Para nosotros es claro que no son casos aislados, responden a un uso generalizado y sistemático de la violencia a nivel nacional. Nos preocupa que el descontento de la población sea calificado como terrorismo y vandalismo, y que se le dé un tratamiento militar”. Numerosos organismos internacionales han llamado a cesar la violencia contra las protestas, empezando por las Naciones Unidas.
Ilustración:
Stella Maris
Noches de fuego
El 12 de mayo los pereiranos volvieron masivamente a las calles. Se cumplían dos semanas exactas del inicio de las protestas y un día antes el Hospital San Jorge había confirmado el fallecimiento de Lucas Villa Vásquez.
Como si todo volviera a comenzar, dos grandes marchas pacíficas salieron desde Cuba y Dosquebradas para confluir en el Parque Olaya durante un nutrido acto cultural que se extendió hasta la noche. Otra vez había familias, trabajadores, jóvenes de los barrios, sindicalistas.
Otra vez hubo fuertes choques cerca al Viaducto que dejaron al menos una docena de heridos. De nuevo, los enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad fueron transmitidos en vivo por Facebook.
En una de estas transmisiones se ve cuando los policías atrincherados en la estación de la carrera novena con calle 10 disparan armas que parecen de fuego y no de fogueo. Otra de esas transmisiones logró cinco mil espectadores a las 11 de la noche; un día más tarde, el video tenía 42 mil reproducciones. En él se ve a un grupo numeroso de jóvenes que después de ocupar el Viaducto y resistir durante media hora los gases del ESMAD, logra escapar por el sector de Valher cruzando hacia Dosquebradas.
“Nos quieren reprimir, nos están matando” dice la voz del muchacho que graba, “nos estaban disparando… Somos muy poquitos, pero resistimos”. En Facebook una mujer pone en los comentarios que tiene un automóvil blanco y que va dispuesta a recogerlos, que se arrimen al Hospital de Santa Mónica. Los muchachos corren hasta allá por calles secundarias. En la entrada al barrio El Japón la Policía les ha tendido una emboscada, pero logran sortearla. Muchos ni siquiera se conocen entre sí. Se resguardan cerca de una cañada y de la nada aparece el carro blanco de la mujer que comentó antes en Facebook, se despiden unos de los otros, intercambian números telefónicos para llamarse y saber que llegaron bien a sus casas, suben al automóvil.
La transmisión se detiene. Ha terminado otra noche de fuego.
* Cubrimiento especial para LCDR y Baudó AP.
