El descontrol militar en Guayabero deja civiles heridos y el Estado calla

Texto: La liga contra el silencio
Ilustración: Camilo Vargas
Fotos: Bladimir Sánchez, Voces del Guayabero.
 

El descontrol militar en Guayabero deja civiles heridos y el Estado calla


La campaña de erradicación de cultivos ilícitos que adelanta la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en la región del río Guayabero deja heridos, hambre y miedo. Ninguna institución ha querido responder por esta violencia oficial. Pobladores piden diálogo y respeto al PNIS mientras la prensa campesina, única en un área que abarca al menos cien veredas, denuncia agresiones directas de los soldados.

El 4 de junio pasado, efectivos de las fuerzas militares y del ESMAD intervinieron en una protesta iniciada el 20 de mayo por cientos de campesinos en la vereda Tercer Milenio de Vista Hermosa, Meta, para impedir la erradicación forzada de cultivos de coca. Varios de los manifestantes resultaron heridos y Fernando Montes Osorio, reportero gráfico de Voces del Guayabero y quien cubría la refriega con su chaleco de prensa, fue objeto de dos disparos de fusil: uno atravesó su cámara y el otro le voló dos dedos de una mano.

Pablo Parrado, uno de los cinco voceros elegidos por las comunidades campesinas de esa región, dice que el ataque al reportero fue “un intento claro de homicidio” y explica que al día siguiente “el plantón se dispersó porque estaban tirando a matar a la gente, por ello tenemos varios heridos y se puso tan compleja la situación que estaban detonando artefactos explosivos cerca a donde estaba concentrada la comunidad”.

Aunque estas comunidades pertenecen administrativamente al Meta, se identifican como una región conformada por ambos lados del río Guayabero, frontera natural entre Meta, Caquetá y Guaviare. La ciudad más cercana a Tercer Milenio es San José del Guaviare, a siete horas en lancha rápida a través del río. Luego del impacto de bala, el reportero Montes cruzó al otro lado, pero no llegó hasta la ciudad sino hasta el casco urbano del corregimiento El Capricho, donde lo atendieron en el puesto de salud. 

Bladimir Sánchez, otro de los reporteros, cuenta que ese día la comunidad lo sacó de allí por una ventana, pues el Ejército arribó con intención de judicializarlo. Desde entonces Montes no ha vuelto a recibir atención médica ni pudo volver a trabajar con su cámara.

Ese fue el episodio que dio inicio a la campaña de erradicación forzosa de cultivos ilícitos que adelanta la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad con integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea creada en 2003 con el objetivo de enfrentar militarmente a la entonces guerrilla de las FARC. Desde 2019, parte de la misión de la Fuerza Omega es “neutralizar grupos armados residuales” en 13 municipios de la zona del Guayabero, según consta en la página web del Ejército Nacional.

La operación de erradicación que la Fuerza Omega empezó en Tercer Milenio ya ha pasado por dos veredas más de Vista Hermosa: El Silencio y Caño San José. En esta última, el campesino Luis Fernando Valoy Potes resultó herido y perdió una pierna por un artefacto explosivo que se detonó mientras él y el presidente de la junta de acción comunal se acercaban a los militares para dialogar, antes de que iniciara el operativo. Esto ocurrió el 10 de julio y según Parrado, en días anteriores la comunidad transitaba tranquilamente por allí, sin amenaza de minas antipersonales.

Montes, el reportero herido en Tercer Milenio, le contó a La Liga vía telefónica y por Whatsapp que ese día Maritza Montoya, otra periodista de Voces del Guayabero, intentó cubrir la situación pero los militares no la dejaron: “Había hecho unas tomas y todas se las hicieron borrar, le iban a quitar la cámara y le tocó borrar todo lo que había grabado”. De ser confirmado, esto sería ilegal, una clara violación al artícul0 20 de la Constitución, que explicita que “no habrá censura”, al 37 que consagra el derecho a la protesta pacífica y al 73, que dice “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas se  refirieron recientemente a la violencia policial contra la prensa en escenarios de protesta, recordando que “desempeña una función esencial de control público en las sociedades democráticas”. En el caso del Guayabero, ningún otro medio de comunicación estaba cubriendo este operativo sobre el terreno. 

Sin embargo, para Montes, lo más grave es que desde entonces “los miembros de la fuerza pública han venido preguntando por ella”. Cuenta el reportero que ante la insistencia, la comunidad se acercó a las tropas para saber por qué preguntaban por ella y les respondieron que sólo era curiosidad, “que ellos en ningún momento sabían que ella hacía parte de una red de reporteros, que por eso no la habían dejado grabar”. En todo caso, el artículo 20 de la Constitución garantiza el derecho a cubrir asuntos de interés público a “toda persona”, sin distinguir si es o no periodista.

Por los incidentes del 4 de junio la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar “contra funcionarios por establecer de la fuerza pública y la policía”, según confirmó la oficina de prensa de esta institución. La indagación es por las heridas causadas a una persona, pero no se precisa si es el reportero o un manifestante. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó información a la fuerza pública sobre las acciones adelantadas en las veredas de la zona. El departamento de prensa de la entidad confirmó a La Liga que estos mensajes fueron remitidos a la Procuraduría junto a un comunicado del 14 de julio en el que Voces del Guayabero denunció “el presunto seguimiento de parte de miembros del Ejército a una reportera”, Maritza Montoya. 

Pedro Arenas, politólogo investigador de Corporación Viso Mutop y miembro del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos, resalta que los campesinos pidieron la presencia de organismos de derechos humanos para la protesta en Tercer Milenio, pero ninguno llegó. “Nos ha parecido alarmante el hecho de que la Defensoría del Pueblo sólo haya visitado esa región más de un mes después de iniciada la protesta, cuando ya se habían materializado todas las situaciones en materia de derechos humanos”, señala Arenas. La entidad no autorizó una entrevista con La Liga sobre esta situación.

El reportero Montes dice que el caso de los cinco periodistas de Voces del Guayabero se agravó desde que empezaron a cubrir las erradicaciones. Días antes de los disparos que recibió, cuenta que los señalamientos hacia él eran frecuentes: “Me estigmatizaban tratándome de disidente de las Farc. [Le decían] ‘ojalá algún día se deje coger y verá lo que le va a pasar”. “Uno no toma en cuenta eso porque uno como reportero no cree que la fuerza pública vaya a atentar contra la integridad de un periodista, pero sí lo hicieron”, afirma.

Voces del Guayabero es un medio de comunicación comunitario que nació hace tres años de la organización de los campesinos de la región. Hoy son ocho reporteros en distintas veredas que publican su trabajo en Facebook, Youtube y WhatsApp, además los distribuyen a una red de organizaciones sociales y de derechos humanos. También colaboran con Noticias Uno.

La necesidad de volverse periodistas surgió, según explican Bladimir Sánchez y Fernando Montes, de la falta de representación de los civiles que pueblan el Guayabero en los noticieros nacionales, donde -ambos coinciden- “nos estigmatizaban como guerrilleros”. “Dijimos: ‘Pues vamos a hacer un proyecto para visibilizar, para mostrarle a la opinión pública lo que de verdad sucede en esta región tan olvidada del Estado’”, cuenta Montes.

Cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) conoció la situación de Voces de Guayabero, rechazó en un comunicado los ataques denunciados y señaló que  “la falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa”.

Las heridas de bala que Montes recibió no lo desanimaron y quiere seguir trabajando y formándose como periodista de su comunidad. Ahora les falta una cámara y un trípode.

La llegada de los ‘sin tierra’ a La Macarena

La región occidental del río Guayabero, en límites del Meta, Caquetá y Guaviare es un santuario de la naturaleza, un punto que conecta los Andes, el Llano y la Amazonía: la Serranía de la Macarena. 

Esta zona fue declarada zona de Reserva Natural por el Gobierno en 1948. Un  intento de protección que para 1964 ya había sido olvidado, pues en ese año se inauguró el puente Guillermo León Valencia, en homenaje al entonces Presidente y que atravesó el río Ariari por primera vez. Gracias al puente inaugurado por el mandatario Conservador, los campesinos pudieron instalarse en San Juan de Arama, Mesetas, La Uribe y Vista Hermosa. 

Así fue descrito por el profesor de geografía de la Universidad Nacional de Colombia, Óscar Arcila, en la monografía ‘Coca, guerrilla, colonización y narcotráfico en la Macarena’. Desde que pasaron el puente, explica el docente, los colonos han hecho lo necesario para establecerse en esa región: de sembrar maíz y plátano pasaron a la marihuana y, finalmente, se dedicaron a la hoja de coca.

Al caer los precios del cultivo ilícito, se endeudaron con comerciantes que, tiempo después, se quedaron con las tierras y las emplearon para ganadería. Algunos cultivadores de hoja de coca invirtieron también en ganado, pero el negocio ilícito no desapareció totalmente de la zona. Tres generaciones después, según describe Pablo Parrado, uno de los voceros de los campesinos del Guayabero, a las veredas de Vista Hermosa tampoco llegaron nunca la electricidad, los puestos de salud, la conectividad con las ciudades ni siquiera un CAI de Policía. “Nuestros hijos no están quedando bien educados”, recalca.

Él reclama la presencia de un Estado que no puede llegar porque la zona que habitan está declarada área de especial protección ambiental. El dilema es monumental, ya que la lucha de los campesinos es principalmente por el “derecho a la tierra y al territorio”. Esta es una de las razones por las que las comunidades de Tercer Milenio, El Silencio y Caño San José, veredas de Vista Hermosa, no suscribieron los acuerdos colectivos para acceder al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que nació del acuerdo de paz de 2012 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Para Parrado, el PNIS es “una pequeña parte” del punto 4 de ese pacto, “pero primero el uno que el dos. ¿Por qué no se aplica primero todo el tema de la Reforma Rural Integral?”. El reclamo de titular estas tierras para los que las habitan es antiguo. Campesinos desplazados de otras zonas piden que se les reconozca su propiedad sobre el nuevo asentamiento donde se han instalado desde cero y aupados por gobernantes de turno, pero sin éxito.

Un funcionario del PNIS confirmó que a los colonos “nunca se les va a titular”, pero agregó que las comunidades de esta región del Guayabero que se acogieron al programa tienen proyectos de ecoturismo, abejas meliponas y proyectos con productos no maderables del bosque como asaí, camu camu y copoazú. 

“No se les va a sacar”, aclara, y explica que “básicamente es: sigan ahí, pero no afecten más el medio ambiente”. Esa fue la promesa para la comunidad de Bellavista, otra vereda del Guayabero donde la comunidad se suscribió al PNIS y erradicó el 100 % de la coca, como indica el informe de seguimiento de Naciones Unidas de 2019.

Lo que dijo Eliza Mancilla, lideresa de esa comunidad, en un panel de la Comisión de la Verdad es que no hay proyectos productivos viables para ellos porque están dentro del área protegida de La Macarena, “como si la gente de Parques no tuviera derecho a vivir dignamente, no tuviera derecho a comer”. Mancilla contó que en estos tiempos de pandemia los militares están arrancando “las pocas matas que quedaron para que la gente pueda subsistir” y que están utilizando fumigaciones, lo cual está prohibido dentro de los parques nacionales.

Para ella el PNIS es “una de las mentiras más grandes que ha tenido el gobierno colombiano”.

Este tipo de situaciones dan argumentos a la comunidad de Parrado para exigirle al Gobierno que no les pida erradicar sin una alternativa viable de sustitución. Dice el vocero de Vista Hermosa que los campesinos sí quieren dejar la coca, pero con garantías.

Erradicación con sabor a desplazamiento forzado

La semana pasada, casi dos meses después de iniciado el operativo, una comisión de 20 personas de organismos de derechos humanos recorrió las veredas de Vista Hermosa por donde ya pasaron las tropas. Parrado estuvo allí. Él dice que “más que venir a erradicar la coca aquí lo que se está viendo es un intento de desplazamiento forzado por parte del Estado a las comunidades campesinas de este territorio”.  

En Tercer Milenio, El Silencio y Caño San José, los soldados no se limitaron a su tarea de arrancar  los cultivos ilícitos, sino que también se llevaron por delante los de pancoger, precisamente los que garantizan la seguridad alimentaria de la población. También han desaparecido 50 reses y otras vacas tienen heridas de machete. Cuenta Parrado que la comunidad está instaurando las denuncias correspondientes. 

Para el vocero, “la destrucción es total, la miseria es total” y niños y adultos le están cogiendo terror a los soldados.

El experto Arenas expresa su preocupación porque “buena parte de las quejas o denuncias de derechos humanos se registran cuando el Ministerio Público no está presente. Es decir, si el Ministerio Público acompañara este tipo de operativos habría menos vulneraciones y por lo tanto menos quejas en todos lo órdenes”. Arenas explica así mismo que esto hace parte de los protocolos de erradicación y que los organismos de derechos humanos han usado la pandemia como excusa para no cumplirlos.

En el caso de la Procuraduría, el experto cree que aunque no estuvo presente ha sido más “diligente”. Esta institución indicó a La Liga, a través de su oficina de prensa, que existe una Mesa Regional de Diálogo Social y Ambiental para los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá organizada por el Procurador judicial, ambiental y agrario de Villavicencio, Hilmer Fino. La Liga intentó concretar una entrevista con Fino, pero no obtuvo autorización de sus superiores para esa conversación.

El área de prensa de la Procuraduría indicó, vía WhatsApp, que están planeando una audiencia virtual para los primeros días de agosto con los ministerios de Defensa, Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Tierras. Parrado explicó que esta audiencia ya se intentó a inicios de julio, cuando él y otros voceros se levantaron de la misma porque no tenían garantizada la electricidad ni el internet. “Esa es la desventaja que hay en hacer esas reuniones virtuales, que sólo con oprimir un botón, pues ya nos dejan sin voz”, agregó.

La reunión se reprogramó en Villavicencio para el 17 de julio, luego para el 24 y al momento de esta publicación la fecha prevista era el 5 de agosto, vía virtual. 

Presentimientos fatales

Mientras las comunidades esperan a que las instituciones se organicen para conversar, la campaña de erradicación avanza sin vigilancia como una estela de miedo y hambre entre la población del Guayabero. La idea de que sus vidas están en peligro no es sólo imaginación, lo presienten desde el 27 de junio pasado, cuando uno de sus líderes más visibles apareció muerto.

Yohanni Yeffer Vanegas, uno de los voceros más críticos del Guayabero, estuvo al frente en las movilizaciones de Tercer Milenio y el 10 de junio participó en una reunión con Mindefensa y altos mandos militares en el municipio de La Macarena. Su cuerpo apareció en zona rural de San José del Guaviare. En el comunicado donde Voces del Guayabero da cuenta del homicidio de este líder, el medio también tuvo que desmentir los señalamientos de políticos y militares que lo acusaron de guerrillero. 

Horas antes del asesinato de Vanegas, su hermano Yilmer Enrique Cardona había sido capturado por soldados de la Fuerza Omega que lo retuvieron hasta después de aparecido el cuerpo inerte de Yohanni. Luego, el Ejército explicó en un comunicado que habían sido casos aislados y que a Yilmer lo sometieron a una diligencia de verificación de identidad por considerarlo sospechoso durante la erradicación que se adelanta en el Guayabero.

Parrado y los reporteros Montes y Montoya están angustiados. “Desde el Ministerio de Defensa, los generales del Ejército y el gobernador del Meta lo que han hecho es sabotear e intentar callarnos y cerrar la brecha del diálogo entre comunidades e institución”, dice el vocero de las comunidades.

El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Privada publicó el 14 de julio una base de datos donde recopiló, desde 2016, 95 enfrentamientos o altercados de la fuerza pública con poblaciones rurales durante labores de erradicación manual. 51 de estos incidentes (que representan el 42 % del total) han ocurrido durante 2020 y suceden en zonas tan dispares como El Retorno, en Guaviare, o Catatumbo, en Norte de Santander.

El defensor del pueblo, Carlos Negret, recordó el 1 de junio que “la erradicación forzada es el último recurso” y antes de implementarla se deben agotar todas las posibilidades de sustitución. La comunidad del Guayabero espera con hambre esa oportunidad y el funcionario sabe que no son los únicos, por lo que instó a crear “una ruta para garantizar la estabilización socioeconómica urgente de las familias que hayan resultado o resulten afectadas por los operativos de erradicación forzosa”.

Desde el 17 de julio La Liga buscó la versión de la Fuerza Omega sobre los hechos expuestos en este reportaje pero, según el área de prensa, el brigadier general Raúl Hernando Flórez Cuervo no tuvo tiempo de responder las preguntas hasta la fecha de publicación de este reportaje.

Mientras tanto el reportero Montes cuenta que a pesar de que dos de sus colegas están atemorizados por la actuación de la fuerza pública, él los anima a seguir. “La demora es que yo pueda salir y vuelva a tener mi cámara”, dice. Su intención es contribuir desde Voces del Guayabero a narrar una región apartada que conoce más la represión del Estado que su inversión social.

Hijas de la luna (Tawemakü Akü Gü)

Tawemakü Akü Gü

Daniela Ariza Rojas

Hijas de la luna
(Tawemakü Akü Gü)

Ser mujer tiene un significado muy importante para la comunidad tikuna de San Pedro de los Lagos. Además de ser la encargada de labores del hogar y la crianza de los hijos, también es pescadora, recolectora y trabajadora de las chagras. A diferencia de otras comunidades en las que la mujer es sometida, incluso con violencia, y delegada en asuntos secundarios, para los tikunas sanpedranos puede llegar a ser la jefe, la guía, y se le considera independiente, fuerte y capaz.
       San Pedro de los Lagos hace parte de las comunidades del territorio Yahuarcaca que se asientan sobre un sistema lagunar formado por un brazo abandonado del canal principal del río Amazonas. Está conectado por agua y por tierra al casco urbano de la ciudad de Leticia, departamento del Amazonas, extremo sur de Colombia.
       Para llegar hasta aquí hay que viajar en avión hasta Leticia y desde el puerto sobre el río Amazonas embarcarse en una canoa a motor durante hora y media. También se puede llegar por tierra tomando la carretera hasta el kilómetro 8 y después seguir caminando por entre la selva durante una hora.
        San Pedro de los Lagos está habitado por 130 personas que ocupan quince viviendas, una por cada núcleo familiar. “Uno de los primeros comentarios que cualquier visitante escuchará al llegar a la comunidad es ‘nosotros somos todos una familia’. Esta unidad es el valor diferencial respecto de las demás comunidades de Yahuarcaca, lo que la convierte en la más pequeña, en la más unida y en la más tradicional, según ellos mismos lo expresan”, dice Enric Cassú Camps, magíster en estudios amazónicos.
       Su cotidianidad y vida espiritual está construida a partir de rituales. La Pelazón (Yuü) es uno de ellos. Está dedicado a las mujeres y a su ciclo lunar. Consiste en arrancarles el pelo de la cabeza hasta dejarlas completamente calvas, con el fin de prepararlas en el dolor para estar listas cuando deban dar a luz.
        En los días previos, la mujer en edad preadolescente permanece unos cuantos días encerrada en su casa aprendiendo a elaborar artesanías y a usar plantas medicinales. Es un tiempo de introspección en el que solo pueden ser visitadas por la mamá y la abuela, y finaliza cuando le llega la primera menstruación.
        A partir de ese momento empieza el ritual, al que son invitadas las personas más cercanas de otras comunidades. La mujer sale de su casa vestida con una falda roja, un traje de plumas y con los ojos vendados, para volverse a encerrar, esta vez, en un corral hecho con hojas de canangucho durante dos días. Al tercer día, la mujer sale del corral y se expone para que un grupo de menos de diez mujeres —que están en formación para ser parteras o médicas— le quiten el pelo. Este grupo ha sido elegido previamente por la abuela, los papás y un hermano de la mujer.
       La manera tradicional y considerada como correcta para quitarle el pelo es que se lo arranquen a la fuerza. Sin embargo, desde hace unos seis años, la comunidad le permite a la mujer decidir si prefiere que sea con tijeras. La Pelazón dura toda la noche hasta el amanecer.
       El final del ritual consiste en lavar el pelo arrancado y luego ponerlo bajo tierra, como si lo estuvieran sembrando, bajo la creencia de que se volverá la raíz de los árboles. Los invitados y el resto de los presentes se bañan en el río y sumergen sus implementos y el atuendo lucido durante el ritual para que se conviertan en peces.
       Al final del ritual, las mujeres dicen experimentar mucha claridad, calma, tranquilidad y se sienten preparadas para comenzar su vida adulta.

Ser mujer tiene un significado muy importante para la comunidad de San Pedro de los Lagos, ubicada en medio de la amazonía colombiana”.

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El silencio de las niñas abusadas en Putumayo

Texto: La liga contra el silencio
Ilustración: Elizabeth Builes
 
 
 
 

El silencio de las niñas abusadas en Putumayo


Diez menores de cinco años sufren violencia sexual cada día en Colombia. Entre los 6 y los 11 años la cifra de víctimas aumenta a 19. La muerte reciente de una niña en Puerto Guzmán -aún en investigación- muestra la violencia contra menores de edad que existe en ese departamento, donde la institucionalidad débil y la presencia de grupos armados acentúan el problema.

El primer domingo de julio una niña de Puerto Guzmán, Putumayo, fue hallada muerta en su casa. Las primeras versiones hablaban de un suicidio, pero pronto las sospechas apuntaron a un posible caso de abuso sexual y homicidio. Las hipótesis evidencian violencias que no son excepcionales y que generan una alta impunidad.

Ángela Tatiana tenía ocho años, una hermana de diez y uno de dos. Su madre, Noelvia Caicedo, de 25, recuerda que le gustaba andar en bicicleta y que era “muy juiciosa”. El domingo 5 de julio se había encerrado a ver televisión como acostumbraba y cuando su hermana fue a buscarla la encontró en el piso.

“Fue cuando ella salió gritando: ‘Mami, mi hermanita está desmayada, está en el suelo’. Corrimos a ver lo que estaba pasando cuando a la niña la encontramos en el suelo, ahorcada. La encontramos con una guasca, con una piola, estaba hecho dos vueltas en la nuca”, relató la madre por teléfono.

La primera versión entregada por el comandante de Policía de Putumayo, coronel Francisco Gelvez, y recogida por algunos medios, fue que la niña “tomó la decisión de quitarse la vida una vez sus padres le hacen un llamado de atención para no salir a la calle (…) La niña decide encerrarse en su cuarto, suspenderse en una cuerda y quitarse  la vida”. Luego el coronel dijo en una radio que bajo “el principio de buena fe” creyó lo relatado por la familia, pero que había “dudas razonables” sobre el suicidio por elementos que estaban surgiendo en la investigación. El dictamen de Medicina Legal sobre las causas de la muerte está pendiente.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también habló de un supuesto suicidio. Dijo que tras lo ocurrido participó en un Consejo Municipal de Salud Mental con funcionarios locales y confirmó que la hermana mayor de Ángela Tatiana había sido llevada a un hogar sustituto mientras se realizaban las investigaciones.

Las hipótesis de un posible suicidio u homicidio estaban presentes, pero una nueva versión tomó fuerza. La periodista Alejandra Herrera, en su cuenta de Facebook y basada en “fuentes muy confiables”, contradecía lo dicho hasta entonces y mencionaba detalles que revelaban violación y asfixia. Herrera acompañaba el mensaje con una foto de la niña y otra de un pequeño féretro. A las pocas horas la periodista recibió del coronel Gelvez un pedido de eliminar la publicación y también amenazas de quien se identificó como madre de la niña.

“La Policía me quiso callar, ese señor me insinuó que lo que yo decía era falso, que por eso debía ser eliminado de mi cuenta”, explicó la periodista que trabaja en Neiva y que también cubre temas de Putumayo.

Herrera se refiere al comandante Gelvez. Al ser consultado por La Liga sobre el caso, el coronel reconoció que a dos periodistas, incluida Herrera, les hizo “una sugerencia” en el “ámbito de la confianza” porque se conocen desde hace tiempo. “Le dije: ‘mire, tenga cuidado con esa publicación porque eso no es oficial’, pero es una sugerencia que se le puede hacer a cualquier persona (…) No creo que eso sea interferencia en la libertad de prensa”. 

El mismo día Herrera recibió un audio a través de Facebook Messenger de quien se identificaba como la mamá de la niña. En el audio se escuchan reclamos e insultos por la publicación, y la amenaza: “Si usted estuviera aquí en este momento yo creo que le metería su par de puños para que aprendiera a ser seria”. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que entre sus proyectos impulsa La Liga Contra el Silencio, rechazó en un comunicado “las intimidaciones” contra la reportera y le pidió a la Fiscalía que indague de dónde provienen y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo de la periodista.

Nueve días después de la muerte de Ángela Tatiana, la Fiscalía anunció la detención de un vecino, Ramón Sánchez Ortiz, “por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años”. El ataque se dio en 2017 y su víctima tenía siete años.

“El investigado al parecer le daba alimentos a la niña, que era vecina suya, a cambio de que guardara silencio sobre los abusos”, indicó la Fiscalía. La detención del hombre se dio en el marco de las investigaciones por la muerte de Ángela Tatiana, pero por las fechas y las edades no está claro si el ataque fue contra ella o su hermana mayor. Ahora falta esclarecer dos hechos relacionados con la misma familia, el de 2017 y el de 2020. 

“Nos dijeron que habían capturado a un señor, un vecino de ahí al frente, que tenían pruebas de que él había como abusado, no sé, pero que había sido tiempo atrás”, explicó la madre a La Liga. “Si él es el culpable que pague por todo lo que él ha hecho”, dijo.

Un  día antes del fallecimiento de Ángela Tatiana, otra muerte de una niña de 4 años se confirmó en Neiva. Salomé estuvo cinco días en cuidados intensivos en un hospital tras ser violentada en Garzón, Huila, por un hombre de 27 años que está detenido mientras el proceso avanza. Pocas semanas antes se conocieron otros dos casos de abuso sexual en los que estaban involucrados militares. Las víctimas eran una niña embera en Risaralda y una niña nukak en Guaviare. 

En Colombia, entre enero y mayo de este año, Medicina Legal practicó 7.544 exámenes por presunto delito sexual. El 73 % fue a menores de 14 años, según el último boletín estadístico mensual de la entidad, que también registra 57 homicidios  y 47 suicidios en el mismo rango de edad. En la publicación Forensis de 2018, Medicina Legal registraba cifras de abuso sexual infantil y suicidio en “una clara tendencia al incremento”. El informe sugería “una importante asociación” entre los dos temas.

Los datos revelan el alto número de violencias de todo tipo, pero especialmente sexual, ejercidas contra menores de edad. Paula Robledo, Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, lo resume así: “En promedio cada día 10 niños y niñas menores de cinco años son víctimas de violencia sexual y 6 de violencia física (…)  19 niños y niñas entre los 6 y 11 años son víctimas de violencia sexual y 9 de violencia física”. 

Esa oficina advirtió “la falta o debilidad en las acciones por parte del Estado para el cumplimiento de la ley, de la focalización para la gestión y de la implementación de la política dirigida a la protección integral” de niños, niñas y adolescentes.

Violencias y silencios

Los casos de violencia sexual contra mujeres y menores de edad se registran en todo el país, pero las cifras de Putumayo superan la media nacional en relación con su población. Allí, además, se conjugan múltiples factores que agravan la situación.

Hay casos que llaman la atención. En julio de 2018, el entonces director seccional de Medicina Legal, Félix Antonio Ávila, fue capturado e imputado por los delitos de trata de personas; tráfico de niños, niñas y adolescentes; acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales abusivos con dos menores de 14 años. 

Esta región ha vivido la guerra y todas sus amenazas: guerrilla, paramilitares y ahora dos facciones disidentes de las FARC que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. También están presentes el Ejército y la Armada. Putumayo fue escenario del Plan Colombia auspiciado por Estados Unidos. 

Además hay minería ilegal, explotación petrolera, desplazamiento y despojo de tierras a indígenas. Hubo fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos y ahora erradicación forzada. Todo esto en una frontera selvática junto a Ecuador y Perú donde abundan los casos de explotación sexual infantil.

Putumayo “es un territorio históricamente marginado y abandonado por el Estado desde esa lógica centralista, abandonado en términos de inversión social y de presencia civil de la institucionalidad”, dice Valentina González, fundadora de Casa Amazonía, una organización que trabaja desde hace 15 años con mujeres y menores de edad.

Allá se impone igualmente una tradición de dominio patriarcal que permea las relaciones familiares y comunitarias y que se suma a las lógicas extractivistas y militaristas. “Eso implica que en las zonas rurales sucedan cosas que son totalmente desatendidas, que son silenciadas, que son en muchísimos casos normalizadas, y sobre todo son estos asuntos de violencias contra las mujeres, los niños y las niñas”, explica González.

Además las instituciones estatales trabajan con limitaciones materiales, sin personal idóneo, y son vistas con desconfianza por una población mayoritariamente rural.

En junio, en el Resguardo Siona de Buenavista, la guardia indígena detuvo a un hombre acusado de abusar de una niña siona y con varias denuncias anteriores por abuso contra otras tres niñas. La entrega a las autoridades de Puerto Asís estuvo llena de demoras, ineficiencia y falta de coordinación, lo que “casi permite la fuga del agresor”, según denunciaron los indígenas. En este caso intervino la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y otras organizaciones para pedir acciones.

Falta todavía mucho “por parte de la institucionalidad para dar una respuesta efectiva e inmediata en estos casos”, dice Paula Villa, de la CCJ, quien conoció el caso siona. En general, explica, además de la violencia propia de los actos, “hay una violencia institucional que termina revictimizando”.

La Defensoría del Pueblo, en un informe de 2018 sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en departamentos de frontera, muestra el aumento de casos de abuso sexual contra menores en Putumayo. La mayoría se presenta en la zona rural. También menciona el temor “a denunciar los diferentes delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, por las posibles represalias que se pueden presentar”. 

“Hay algunos sectores en Putumayo donde realmente denunciar es un riesgo altísimo y no tienen sentido. La gente dice: ‘para qué denuncio si no va a pasar nada y me voy a poner más en riesgo’”, dice González, de Casa Amazonía. Y cuando denuncian, en general, los casos “se quedan como un asunto de menor importancia, se van acumulando y la impunidad es altísima. No opera la justicia”, dice.

De los procesos penales por delitos sexuales contra menores registrados por la Fiscalía entre 2013 y 2017, 639 son casos de niñas de Putumayo. En 2018, 437 seguían en etapa de indagación y solo 30 habían llegado a ejecución de penas. La mayoría de las víctimas tenían 13 años (103), pero hay casos desde menos de un año (1) hasta 17 (30). Las cifras figuran en una base de datos publicada por El Tiempo.

“El sistema es una pared”

Nancy Sánchez, coordinadora de la Alianza Tejedoras de Vida, otra organización que trabaja en Putumayo desde hace más de dos décadas, confirma estas dificultades. Como parte de sus proyectos, la alianza representó legalmente nueve casos entre marzo de 2019 y el 10 de julio de 2020. Cuatro de ellos eran de menores de edad (dos por acceso carnal abusivo violento y dos por acto sexual con menor de 14 años). Los otros eran de adultas que sufrieron abusos sexuales cuando eran niñas. 

Acudir a la justicia, dice Sánchez, consiste en estar detrás de los casos y “empujar y empujar”. A veces se logran cosas y hay que seguir empujando. Consiguieron una condena por feminicidio y cinco órdenes de captura que aún no se han hecho efectivas. “La otra pelea es ir detrás de la justicia para que los capturen, ese es otro ‘camello’ grandísimo (…) El sistema es una pared completa”. A veces los funcionarios no son los más diligentes.

Ocurrió, por ejemplo, con dos niñas presuntamente violadas por un exmiembro de la Armada. Durante el tiempo que Tejedoras de Vida tuvo el caso no hubo avances y sí muchos cuestionamientos a la fiscal que lo llevaba. El expediente está en Puerto Leguízamo, en manos de la fiscal 40, Trinidad Ortega López, la misma que ahora está a cargo de la investigación contra ocho infantes de Marina por presunto abuso sexual de una mujer adulta. La fiscal registra en la Procuraduría una suspensión de un mes por faltas “graves” en un proceso a su cargo por delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El fallo menciona “su falta de preparación y solvencia en el desempeño de la labor acusatoria”, y además “su falta de pericia y preparación”. Ese caso terminó con la absolución del procesado. En febrero de 2020 se le abrió una nueva investigación disciplinaria.

Otros casos sí registran acciones por parte de la justicia, pero terminan siendo insuficientes. Luisa Martínez, abogada del área de acceso a la justicia y no violencia de la Corporación Sisma Mujer, en Bogotá, detalla algunas conductas recurrentes: “Los actos urgentes se realizan y se pueden incluso presentar capturas. En esa medida, la Fiscalía lo que hace es como dar ciertos resultados inmediatos, pero no se encarga de materializar que efectivamente se garantice una justicia y se dé con la sanción de los responsables”.

De ahí que la impunidad ronde el 97 %, según Martínez. Detalla algunas situaciones recogidas y analizadas en el “Informe de seguimiento a la Ley 1257: diez años de la ley de no violencias hacia las mujeres”, realizado por Sisma Mujer con datos de la Fiscalía. En los casos registrados de julio de 2016 a junio de 2018 correspondientes a delitos de violencia sexual (a excepción de acoso sexual) el 86,8 % estaba en indagación y solo el 2,28 % en ejecución de penas. Al tomar un periodo más largo y un delito específico -acceso carnal violento desde 2009 a 2018- los resultados no varían significativamente. “En cuanto a la mayoría de los casos, las cifras muestran que no superan la indagación y no están garantizadas las condiciones de acceso a la justicia”, concluye el informe.

“Es un sistema lleno de trabas burocráticas y una ruta de atención integral que no está completamente clara por las autoridades, menos por las víctimas”, dice Martínez. En las denuncias de casos que afectan a menores de edad se añaden otras dificultades. Necesitan del acompañamiento de adultos y crece el miedo porque el agresor suele ser un familiar o una persona cercana.

Entre enero y mayo de este año, Medicina Legal registró en Colombia 6.479 casos de presunto delito sexual en menores de 18 años, 84 % en mujeres. En Putumayo fueron 74 niñas y 11 niños. Los municipios con más casos fueron Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Valle del Guamuez.

Todas las expertas consultadas coinciden en que hay un subregistro que oculta las verdaderas cifras. Pero organizaciones como Tejedoras de Vida no bajan los brazos.

Durante la pandemia fortalecieron su campaña #NoEstásSola en Putumayo y lanzaron una línea de atención telefónica para prestar asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial a mujeres y menores de edad. Además organizaron vigilias en varios municipios de Putumayo para exigir justicia por la muerte de Ángela Tatiana. La Asamblea Departamental y varias organizaciones también se pronunciaron.

“Digan qué pasó, si fue víctima o no fue víctima de violencia y de feminicidio”, exige la coordinadora de Tejedoras de Vida. Ella dice que seguirá insistiendo ante las autoridades para evitar que el caso caiga en la indiferencia del sistema y el silencio impune.

Cosas qué hacer antes del retiro

Texto: Juan Miguel Álvarez 
TW: @cronista77
IG: @vidacronica
Ilustración: Opert_Ser
 
 
 
 

Cosas qué hacer antes del retiro

Encuentro con Rosemary Betancourt Claros

Ha recibido tantas amenazas de muerte que ya perdió la cuenta. Su labor ha sido la defensa de los derechos humanos y la gestión política de la organización comunitaria en el pie de monte amazónico colombiano. Líder de líderes, es una mujer de ideas en un país que suele aniquilar las ideas.

Esta entrevista tuvo lugar en los primeros días de octubre de 2018. En ese momento, según Indepaz, ya habían sido asesinados poco menos de 500 lideres sociales en el país desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc.

Rosemary narra ese momento como una fragmentada secuencia de episodios. Había luz de sol. Le habían vendado los ojos. Y la habían arrojado encima de un hormiguero. Los bichos le caminaban por los dobleces de la piel y la picaban una y mil veces.
            —Del susto, uno no siente ni mierda.
            Estaban en un paraje a orillas del río Magdalena, no sabe exactamente dónde, cerca de Pitalito. Ella no le podía ver la cara a sus captores, sabía que eran paramilitares y los escuchaba diciendo: “Le cortamos una oreja…va pal Magdalena…”. Se imaginaba la navaja cercenándola y su cuerpo cayendo al agua, ahogándose en el fondo. Con una varilla le pegaban en la cabeza y se reían. Era una risa de perversidad que la llenaba de pavor.
            —Yo pensé que ese día sí me iba a morir.
Aunque no precisa la fecha, recuerda que esto le sucedió antes de que mataran a su hermano en 2001. Tenía 31 años y era líder en las juntas de acción comunal de Paujil, municipio del noroccidente del departamento del Caquetá, de donde es oriunda. Rosemary cuenta que, estando ahí arrodillada y llena de hormigas, los paras jugaron a la ruleta rusa con ella. Dejaron una sola bala en el tambor de un revólver, lo pusieron a girar, montaron el gatillo y le apuntaron. Dice que el tiro salió y no entiende cómo no le pegó, que seguro no la querían matar tan pronto ni tan fácil. Parece que los asesinos se sentían ahítos de poder sobre la vida de ella y la subestimaron: creyeron que no sería capaz de escapar.
            —En un descuidito, yo corrí y corrí a lo que me diera el cuerpo. Las ganas de vivir son tan grandes que usted no se da cuenta de lo que hace.
            Ahora Rosemary Betancourt Claros tiene 48, el pelo negro cogido en cola de caballo y ya perdió la cuenta de las amenazas de muerte recibidas y de las veces que ha huido de su pueblo para salvar la vida. Su cargo actual es el de presidente de la Federación Comunal del Caquetá, representa a unas cien juntas de acción comunal ante el Gobierno Nacional. Es el lugar más visible e influyente de cualquier comunero en el departamento.
          Estamos en un café de un centro comercial en Florencia, la capital del Caquetá. No son las once de la mañana y la mayoría de los almacenes siguen con las rejas abajo. Detrás del sofá que ocupamos, a unos dos metros, el escolta de Rosemary bebe tinto a sorbos sin quitar la mirada de la puerta principal.

Todas las amenazas anónimas que mi familia y yo recibíamos en esos años eran de la policía y del ejército.

Rosemary empezó su trabajo como líder comunitaria siendo muy joven. De 19 años fue elegida concejal de Paujil, para el periodo 1990-1992, por la Unión Patriótica (UP). Era una época en que pertenecer a este partido y ganar un escaño en elecciones legislativas era un logro de dos caras: por un lado, la reivindicación política de una visión del país desde el punto de vista del campesinado, con sus preocupaciones por la redistribución de la tierra, el desarrollo de agricultura cooperativa y la creación de comunidades de paz en áreas distantes de los centros urbanos del poder político y económico.
       Por el otro, ser de la UP o admitirle simpatía públicamente era colgarse un cartel diciendo “máteme”. Así lo veían las fuerzas de seguridad del Estado, desde la misma fundación del partido en 1985. Ni los militares ni la policía ni las agencias de inteligencia le reconocían legitimidad política; consideraban que cada miembro o simpatizante de la UP era culpable de ser guerrillero y merecía morir. Para 1994, cuando Rosemary ya no estaba en el Concejo, habían asesinado a más de 300 miembros de la UP a lo largo del país.
          —Todas las amenazas anónimas que mi familia y yo recibíamos en esos años eran de la policía y del ejército.
           A mediados de los años noventa, la guerrilla de las Farc campeaba impune en el Caquetá y, tras el desmantelamiento de los carteles del narcotráfico, se había erigido como la dueña del mercado de pasta base de cocaína que tenía asiento en esta región. Si bien las Farc hacían presencia en los 16 municipios del departamento, su incidencia era más fuerte en los de la parte norte como San Vicente del Caguán, Puerto Rico y El Doncello. No en vano y como muestra de confianza, el Gobierno Nacional del presidente Andrés Pastrana, 1998-2002, aceptó adelantar conversaciones de paz con esta guerrilla en un territorio que se extendía desde el norte del Caquetá hasta el sur del Meta, porque era allí en donde los farianos creían controlar mejor su seguridad.
          A su turno, los ejércitos paramilitares llegaron en dos oleadas. Una inicial, en 1997, con hombres de la Casa Castaño que se hicieron llamar Frente Caquetá. Y una posterior, en 2001, como brazo del Bloque Central Bolívar, bajo órdenes de alias Macaco, bautizada Frente Sur de los Andaquíes. En la inicial, los paramilitares se dieron a conocer mediante una simplista lógica de supuesta “guerra contrainsurgente”: como las juntas de acción comunal estaban influenciadas por las Farc, cada comunero era guerrillero o colaborador.
           Con ese razonamiento, la familia de Rosemary quedó señalada como objetivo militar porque todos eran de la UP y venían trabajando y colaborando en obras comunitarias, ya desde las juntas de acción comunal o como simples ciudadanos interesados en el bien común. El primero en caer asesinado, en 1998, fue el papá. Rosemary supo que los cuatro hombres que prepararon el crimen y dispararon habían salido del cuartel de policía de Paujil. A ella también la iban a matar ese día o al siguiente, pero escapó evitando asistir al sepelio. Mientras el cortejo fúnebre con el ataúd de su papá marchó hacia el cementerio, ella disfrazó su aspecto y huyó en dirección opuesta.
           —La gente del pueblo nos ayudó. Teníamos buena aceptación de la comunidad.
           Dos años después, Rosemary regresó a Paujil, volvió a integrarse a las juntas de acción comunal y, de la mano de la alcaldía, emprendió un programa que buscaba darle vivienda popular a 65 familias. Pero pocos meses después de haber comenzando este trabajo, fue cuando la retuvieron y la llevaron a orillas del Magdalena para desaparecerla. Tras escapar, no pudo volver a su pueblo. Los paras volvieron a atacar a su familia matando a uno de sus hermanos.

No queremos volver a llegar a ese nivel de violencia con estos grupos delincuenciales que hay ahora.


           En su ausencia, su hijo le escribía notas que guardaba mientras podían reencontrarse. En ellas, el niño le expresaba el miedo que sentía y veía en la gente. Le narraba que los vecinos se habían escondido en el cieloraso de la casa y que los paras habían perforado los techos con chuzos para hacerlos salir. Y que luego había visto a esos vecinos correr sobre los tejados y los paras detrás disparando.
           —Fue un periodo de violencia y terror tan grande —dice—, que yo no sé cómo los niños se levantaron así. Ojalá pudiéramos superar todo eso. No queremos volver a llegar a ese nivel de violencia con estos grupos delincuenciales que hay ahora.
            Cada vez que Rosemary salía desplazada, el proyecto de vivienda se estancaba. Finalmente, en 2005, lograron terminarlo y entregar las casas. Al año siguiente se desmovilizó el Frente Sur de los Andaquíes. 512 hombres firmaron la ceremonia de desarme y, aparentemente, comenzaron su proceso de reinserción a la vida civil. Desde ese día y por unos cortos años, Rosemary gozó de una temporada sin la zozobra de saber que alguien la quería muerta. Como en algún momento de su vida había trabajado en una cadena privada de radio y había escrito artículos de prensa, le dio por fundar su propia emisora: Paujil Estéreo. En 2008 le otorgaron la licencia y alternó el trabajo comunitario con la comunicación social.
            La vida se le volvió a complicar a partir de 2012. En aquel año fue elegida, por primera vez, presidente de la Federación Comunal del Caquetá. Un reconocimiento a su trayectoria y a su determinación para haber confrontado a directivas anteriores que, según ella, habían usado el cargo para sacar provecho personal y no para ayudar a la organización social. Dos semanas después de su elección, sin embargo, la llamaron al celular: “Sabemos todo de su hijo, dónde estudia, cuál es su horario, se lo vamos a picar”. Para más angustia, el celular al que le habían timbrado era uno que le había asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP), como medida de cuidado por reconocerla como sobreviviente del exterminio de la UP. “Mierda, ¿y esto?”, se dijo, aterrada.
           —Antes de esa vez, yo recibía llamaditas de vez en cuando, llamaditas pendejas a las que uno no les copia mucho. Pero esta llamada fue muy dura porque se metieron con mi hijo. Si me hubieran llamado al celular personal, uno duda, cualquiera pudo haber sido. Pero me llamaron al celular que me dio el Estado, entonces, ¿qué supone uno?
           A los días, la Fiscalía encontró que la llamada había salido de otro celular registrado en la UNP, de alguien que se encontraba en el municipio de Cartagena del Chairá, sur del Caquetá. Rosemary devolvió el aparato, pero eso no evitó que la siguieran intimidando. En adelante, las amenazas telefónicas a su línea personal y a las de Paujil Estéreo fueron constantes.
            Una de esas llamadas fue para decirle que le iban a dañar la emisora o que iban a dañar —ese fue el verbo— a uno de sus empleados. La razón parecía ser que en la emisión de noticias Rosemary había denunciado hechos de corrupción en la alcaldía. Esa noche, en efecto, se le entraron a la emisora y destruyeron los equipos.
           —El fulano o los que hicieron eso se metieron por la empresa de servicios públicos, que queda al lado y dejaron una puerta abierta. La policía queda a quince pasos y no vio nada, absolutamente nada. Y ese alcalde hoy está en casa por cárcel.
           Durante su mandato como presidente, que iba hasta 2016, la Federación recibió varias distinciones. La Asamblea Departamental, el Ministerio del Interior, incluso la Gobernación del Caquetá que estaba en manos de un partido político opuesto, reconocieron en actos públicos los méritos de Rosemary. En esencia, destacaron su capacidad de liderazgo para unificar el trabajo de las juntas de acción comunal, capacitarlas y ayudarles a que obtuvieran el reconocimiento ante el Estado. Rosemary, además, ya se había ganado un puesto de debate en la comisión mineroenergética de la Confederación Comunal Nacional, esto es, el órgano que agrupa a las federaciones comunales del país.
            Motivada por los resultados, Rosemary se postuló por segunda vez a la presidencia y volvió a ser elegida. Estos comicios acostumbran ser a final de año y en ese 2016 coincidieron con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Su principal actividad desde entonces ha sido la de dar pedagogía sobre los puntos más sensibles del Acuerdo para el departamento del Caquetá. En sus palabras: el 4, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, porque en esta región la economía agraria ha estado transversalizada por el cultivo de coca, y el 1, “Reforma rural integral”, porque si los campesinos dejan la coca deben tener proyectos productivos claros y acordes a su cultura y ecosistemas.
            —Aquí el trabajo es convencer a la gente del porqué es tan importante la sustitución de cultivos de coca. Y dar esa pedagogía nos ha generado unos problemas los berracos.
             En agosto de 2017, Rosemary habló sobre la necesidad de la sustitución para un auditorio de doscientos comuneros, en Cartagena del Chairá. Acabada la conferencia, pasadas las dos de la tarde, Rosemary se dirigió hacia la terminal de transporte y al bajarse del taxi fue abordada por un hombre en moto. “Doña Rosemary, muy bonito lo que usted está haciendo, excelente, pero no nos venga a decir eso acá. No venga a decirnos más esas cosas aquí y usted ya sabe que soldado avisado no muere en guerra”. Tras de lo cual, el hombre dio la vuelta y se fue. Rosemary no pudo replicar nada. “Mierda, ¿qué pasó aquí?”, se preguntó ella, de pie a un lado de la vía, confundida o aturdida. “¿Qué hago? Me voy o me quedo”. Rosemary recordó que si se subía en el bus a Florencia debía pasar por un sector en el cual, dos semanas antes, habían asesinado a una conocida suya. Al rato, luego de largos minutos de reflexión sentada en un muro del andén, se dijo: “Me voy. En nombre de Dios”. Y se dio la bendición.
            Ya en Florencia, Rosemary corrió a contar en la Defensoría del Pueblo y a radicar la denuncia por escrito en la Fiscalía. Horas después, le cayó una amenaza por teléfono a nombre de las Águilas Negras. Y pocos días más adelante, otra amenaza directa: le dijeron “comunista hijueputa”. Rosemary curtida en eso de sortear intimidaciones comprendió que estas últimas no las podía subestimar. “Esta vaina ahora sí se puso delicada”, se dijo.
            Gracias a la gestión de la Defensoría, al trabajo de la Fiscalía y de la policía, la UNP le envió esquema de protección: escolta, chaleco blindado, botón de pánico y, semanas después, un carro blindado.
            Rosemary ya había salido como persona priorizada para un esquema de estos en ocasiones anteriores, pero ella se había negado a recibir escoltas y parecidos. En su opinión, las más efectivas medidas para evitar su asesinato son que el Estado investigue el origen de las amenazas, capture a los culpables y los meta presos. Además, moverse en un carro blindado y llegar a una comunidad dejándose ver acompañada por gente armada es casi una agresión visual contra la gente. Y no se presta para generar confianza. Sin embargo, dada la insistencia de esas amenazas a finales de 2017, más otra que llegó en forma de misiva a la oficina de la Federación sentenciando de muerte a todos los líderes de las juntas, Rosemary optó por acoger el esquema.
            —Desde que empecé dando pedagogía sobre el Acuerdo de Paz he recibido siete amenazas de muerte.
             —A su juicio, ¿alguna de esas amenazas proviene de grupos de narcotráfico que quieren evitar la sustitución de cultivos de coca?
             —Eso sigue siendo político —dice, sin dudarlo—. Tienen el mismo tinte.
           Y puede que no le falte razón; no es gratuito el “comunista hijueputa”.
           —Si compara la violencia de la época en que jugaron ruleta rusa con usted con la violencia actual, ¿ha cambiado en algo?
             Rosemary no tarda en empezar a responder. Explica que cuando estaban las Farc las comunidades rurales actuaban conforme a las imposiciones de esa guerrilla, aceptaban su ley aunque fuera tajante y mortal. La ventaja es que sabían qué hacer y qué no hacer. Pero ahora, sin Farc como dominador territorial y sin suficiente Estado que abarque las zonas apartadas, el territorio ha quedado en disputa.
           —Hay grupos de narcotráfico, a los que yo no podría llamarlos disidentes, que están ahí delinquiendo, cobrando vacunas, chantajeando, despojando, asesinando, y han venido amenazando y persiguiendo a los líderes sociales. El panorama ha cambiado en nuestra contra: al denunciar la falta de cumplimiento del Acuerdo de Paz y la falta de presencia del Estado en materia social y en seguridad, han venido las amenazas.
           —¿Ha cambiado en algo su relación con la policía y con el ejército?
           —La situación ahora es más favorable. Acá en el Caquetá antes veíamos a las Fuerzas Militares con mucho desagrado. Saber uno lo que tocó vivir. Mucha gente ha muerto a manos de agentes militares y de policía. Ahora la fuerza pública ha mejorado mucho el respeto a los derechos humanos. No todos los agentes, pero la gran mayoría sí.
             Vuelvo al dato que me dio sobre el asesinato de su papá: los cuatro hombres que ejecutaron el homicidio salieron del comando de policía de Paujil.
            —Pasado todo este tiempo, ¿usted ya confía en la policía?
             Rosemary entrecierra los ojos y hace cara como de decir que no.
            —Más o menos —responde—. Pero hay que mantener la buena relación. Uno no puede casar peleas con todo mundo.

A ningún amenazado de muerte le dan trabajo. Yo en este año no he podido trabajar.

            Nos paramos del café. Es mediodía y Rosemary me dice que debe dejar unos documentos en una oficina en el centro de Florencia. La acompaño. Su escolta conduce la camioneta blindada y ella se sienta en el puesto del lado. Lo trata con mucha confianza y amabilidad. El hombre apenas habla. Cuando la UNP le envió este guardaespalda, Rosemary aparecía clasificada en las personas en riesgo por ser integrantes y sobrevivientes de la UP. Pero luego, cuando llegó la misiva con la amenaza colectiva a todos los líderes de las juntas, la UNP quiso clasificar a Rosemary como lider social en riesgo. Con ello, consideró que la fuente de la amenaza es más coyuntural, más explicable desde las consecuencias del Acuerdo de Paz. Ya no desde su filiación a un partido político que fue aniquilado —hoy se cuentan más de 3000 asesinatos de militantes de la UP—. Y le quisieron cambiar el escolta, pero ella no dejó.
            —No conozco al que vayan a traer, no le tengo confianza y no es momento para ensayar.
            Luego de dejar los documentos, Rosemary y yo caminamos hacia una esquina en la que hay un puesto de venta de chontaduros. Su hombre de seguridad estaciona la camioneta en frente. Hace un sol selvático que pronto humedece la ropa. Le pregunto a ella si la familia no la presiona mucho para que deje su labor social, para que deje de arriesgar la vida buscando el supuesto bienestar de las comunidades. Me dice que sí, “sálgase de eso”, le piden. Y aunque hay razones, ella lo ve “muy difícil”.
             —A ningún amenazado de muerte le dan trabajo. Yo en este año no he podido trabajar. Me mantengo de lo que medio da la emisora y la familia colabora. Si no, qué cosa tan berraca es trabajar cuando sobre uno recaen amenazas de muerte. He comprado pólizas y ni así. Le quitan los contratos a uno. Pero lo otro es que la casa es un encierro para uno. Todavía tengo cosas qué hacer antes de pensar en retirarme.
            Pongo en discusión el hecho de que ella ha salido viva del genocidio de la UP y de la sangría paramilitar. Quizás los dos episodios de más violencia enfática y concentrada en la erradicación de ideas, ocurridos en el país en los últimos cuarenta años. Otra persona, con un poco menos de temple, seguramente se hubiera retirado tras volver a sentir la zozobra de la muerte, paradójicamente, luego de firmado un acuerdo de paz. ¿Sí siente miedo de que en algún descuido la maten?
            —Claro —contesta muy segura de sí misma—. Al miedo no le han hecho pantalones. 

Anatomía de un ‘lobbista’

Texto:  
La Liga Contra el Silencio 
Ilustración:
Jairo Guarnizo

Anatomía de un ‘lobbista’

 

El nombre del médico Mario Andrés Urán ha sido asociado a casos como el desfalco de Caprecom o el “carrusel de la contratación”. Al mismo tiempo su trabajo ha sido bandera para los intereses de grandes farmacéuticas como la suiza Roche y ahora la estadounidense Abbott. Algunas de sus estrategias, éticamente cuestionadas, han ido en contra de los intereses del país.

Es probable que durante la administración Santos haya estado muy cerca de ocupar el cargo de Ministro de Salud. Él mismo lo dejaba saber en restaurantes o juntas gremiales. Razones, quizás, no le faltaban. A un temperamento incisivo, el  gerente comercial del laboratorio Lafrancol, Mario Andrés Urán, ha sabido sumar padrinazgos políticos de distinto tipo, cargos públicos con asuntos aún por abordar por parte de la Fiscalía y una aceptable reputación dentro del mundo corporativo de las multinacionales farmacéuticas.

 Una de las palabras que más se repiten para describir a Urán es “estratégico”. Y quizás pocas posiciones conjuguen mejor con su perfil como la que hoy tiene en un puesto directivo de una empresa como Lafrancol, una de las grandes de medicamentos genéricos en Latinoamérica, que desde 2014 está en manos del gigante estadounidense Abbott.

 Esa dualidad le ha dado pie para hilar un doble discurso. Por un lado, en defensa de la industria colombiana; y por el otro, a favor de las directrices que llegan desde Chicago, donde está la casa matriz, y de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

 Un miembro del sector de la salud afirma que el de Urán es un ejercicio de “equilibrista”. Cuando el Gobierno discutía durante el segundo semestre de 2018 la más reciente inclusión de anticonceptivos dentro del sistema de regulación de precios de medicamentos, que supone siempre un alivio para el sistema y para los pacientes, Urán se mostraba sigiloso en las discusiones en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde es desde hace años miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Medicamentos. O en el gremio de laboratorios colombianos, del cual es hoy vicepresidente (ASINFAR).

 

La descripción es de una de las 20 fuentes -entre políticos, químicos farmacéuticos, dirigentes gremiales, exfuncionarios públicos, académicos y abogados- consultadas por La Liga y que pidieron no revelar sus nombres en esta investigación en aras de poder hablar con mayor libertad sobre una persona que conocen.

 Todo lo que tenga que ver con regulación de precios irrita a las multinacionales. “A Mario Andrés le gusta caminar sobre el filo de la cornisa”, asegura una fuente que pidió respetar su anonimato, al igual que las demás personas que con su voz nutren este reportaje. “En lo de los anticonceptivos él trataba de desmarcarse con el argumento de que no era necesariamente su postura, sino la de la empresa”. Decía que no compartía del todo una posición u otra. Pero como tenía que ir a la embajada de los Estados Unidos, al final la línea la demarcaban sus jefes. “A su vez, sus jefes le escribían al embajador. Y la embajada presionaba al ministro. Así funcionan estas cosas”, prosigue la fuente.

La pregunta que surgía era clara: ¿Cómo es posible que una empresa perteneciente al gremio de la producción local esté ejerciendo presión al gobierno colombiano a través de la embajada norteamericana?

 También cuentan que jugó un papel duro como lobbista en las negociaciones para el ingreso del país en la OCDE durante el primer semestre de 2018, al final del Gobierno Santos. “Azuzando”, recuerda una de las fuentes entrevistadas, “a que la industria farmacéutica se opusiera a la entrada de Colombia por la regulación de precios de los anticonceptivos que se venía. Él me trató de explicar con argumentos técnicos por qué la gente de Abbott estaba en desacuerdo”. (Margarita García, en ese entonces en Pfizer, hoy en Abbott, y la española Yolanda Alagón de Janssen, el laboratorio de Johnson & Johnson, fueron las estrategas con el gremio de multinacionales, AFIDRO, que comandaron el bloque en contra de la entrada de Colombia).

 Otro de los entrevistados opina que Mario Andrés Urán, de 48 años, ha sido precursor en Colombia de algunas estrategias de lobby corporativo. Tan debatibles éticamente como eficaces a la hora de maximizar el rendimiento financiero de las empresas. “Son formas de evadir a toda costa el sistema de regulación de precios”, explica una de las fuentes, “a través de campañas que hacen énfasis en la tragedia humana. A través del sufrimiento y los padecimientos del paciente introducen política y socialmente la idea de que ciertos medicamentos de alto costo son indispensables”.

 Urán también fue gerente de asuntos corporativos del laboratorio Roche entre 2006 y 2010. A través del empuje y complicidad del cirujano, la empresa suiza, una de las dos más poderosas del mundo, recibió en los tres últimos años del gobierno de Álvaro Uribe cerca de 400 mil millones de pesos en recobros de medicamentos del Fosyga, el desaparecido fondo administrador de salud.

 Entre la lista de los medicamentos más recobrados figuraban varios productos de la casa suiza. “Él en el fondo es un lobbista”, indica una persona que lo conoce.  Agrega que juega a su favor que entiende muy bien la ingeniería del sistema de salud. “Y tiene  la capacidad que tienen los farsantes de convencer en principio con la idea de que le preocupa algo que en este momento interesa a todo el mundo y es el bienestar de la gente. Pero rápidamente se revela como lo que es”.

 De la misma forma, y al frente de Roche, impulsó la compra por parte del Estado colombiano de 426 mil dosis, por 16 mil millones de pesos, de un medicamento llamado Tamiflu para amortiguar la gripa porcina, o A-H1N1. Se trataba de un producto de Gilead -empresa representada por Roche en Colombia- que hoy fabrica el remdesivir, un antiviral que ha mostrado leves beneficios terapéuticos para tratar a pacientes graves de COVID-19.

 Urán no abandonó las instalaciones del Ministerio de Salud hasta haber firmado el contrato del Tamiflu con el Gobierno. Una fuente que estuvo presente esa noche de finales de abril de 2009, recuerda el ambiente de incertidumbre: “Él llegó y dijo: ‘la compañía tiene asignada una cantidad de dosis para Colombia. Si ustedes no compran el medicamento, se lo entregamos a otros países que también lo necesitan. Entonces lo toman o lo dejan’. A mi juicio esa fue una posición bastante extorsiva”.

 Ese mismo abril de 2009 la declaración de desastre nacional para enfrentar el virus y las noticias que llegaban de México o Estados Unidos no eran alentadoras. La gravedad de la enfermedad en Colombia, sin embargo, no resultó ser la que se había presagiado y más de la mitad de las dosis adquiridas caducaron en un sótano en la calle 32, en las dependencias del Ministerio de Salud de Bogotá.

 Conviene recordar que Colombia no fue el único país que perdió dinero por cuenta del Tamiflu. Para varias fuentes la acción del ministro de Salud de entonces, Diego Palacio, hoy condenado a seis años de cárcel por otros asuntos, fue hasta cierto punto prudente dado el mal pronóstico que difundía la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para la fecha de la compra del medicamento el número de contagiados en Colombia no pasaba de cinco.

 Desde organizaciones médicas independientes como Observamed explican que en realidad se contaba con datos suficientes para haber tomado otros caminos. Así mismo complementan una parte opacada de esta historia: boletines del INVIMA ya alertaban desde 2006 que el uso del Tamiflu estaba asociado a “efectos neuro-psiquiátricos” y que no ofrecía mayores beneficios frente a otros fármacos similares. Otros análisis internacionales señalaban contraindicaciones como “arritmias cardíacas e incluso aumentar la tendencia suicida”.

 En 2014 se conoció que Roche había ocultado datos vitales sobre los ensayos clínicos con el Tamiflu durante cinco años. Una organización no gubernamental inglesa llamada Cochrane Collaboration, conformada por 14 mil académicos, obtuvo finalmente la información faltante y los resultados fueron contundentes: el Tamiflu no tenía impacto relevante sobre el virus respiratorio.

 

Aunque Mario Urán nació en Medellín, su infancia la pasó en Sincelejo y aún conserva el acento de la costa. A la pregunta de si el caso del Tamiflu no le planteó algún dilema por ir en contra de los intereses del país, responde por teléfono: “tajantemente, no”. Y se apoya sobre dos argumentos que en realidad no responden a la pregunta: que otros dos laboratorios vendieron más dosis que Roche; y que Roche en ese momento “permitió, por solicitud del Gobierno, ingresar otros Oseltamivir (el nombre de la molécula), a pesar de que tenía la patente vigente”.

 Un veterano dirigente gremial sentencia: “Eso fue un negocio que él hizo con el ministro Diego Palacio (2003-2010). Yo puse la queja en privado a nivel Gobierno y no pasó nada. Se sabía que esos medicamentos para gripas estacionales no aplicaban. Pero esos son los negocios que le gustan a él (Urán)”.

 

 

En el principio era la izquierda

 Todo parece indicar que la inclinación de Urán por el poder fue temprana. Graduado de médico cirujano de la Universidad del Norte en Barranquilla, sus primeros pinos fueron en el Seguro Social entre 1996 y 2004. Un empleado que se lo cruzó en la Vicepresidencia de Pensiones del Seguro cuenta que por entonces “su ambición de poder ya era evidente y él no la negaba. Recuerdo que decía: yo quiero ascender y entre más rápido mejor. Ahí lo que no quedaba claro era si ascender para servir o ascender solo para enriquecerse”.

 Su siguiente paso fue en la alcaldía de izquierda de Lucho Garzón (2004-2007), donde llegó a ser subsecretario de Salud. Dos fuentes sostienen que su entrada al Distrito fue producto de una cuota política del neurocirujano barranquillero y exsenador liberal Dieb Maloof, condenado en 2007 a siete años de cárcel por vínculos con paramilitares.

 En aquella época se “jactaba” de venir de una familia de izquierda: “muy progresista y por tanto con diversas conexiones con el frente social y político”, sostiene un funcionario. Su tío fue el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cercano a grupos de izquierda y víctima del Palacio de Justicia, de donde salió con vida y fue posteriormente desaparecido. Y su papá, Joaquín Mariano, llegó a ser, a principios de los ochenta, un diligente y apreciado secretario de Agricultura de Sucre, bajo la gobernación del ganadero liberal Miguel Ángel Nule Amín, condenado décadas después a 28 años de cárcel por la masacre de Macayepo (octubre del 2000).

 Pero lo que impresionaba a los más veteranos en aquella época era la habilidad del médico cirujano para moverse a través de los circuitos del Concejo de Bogotá. “Tenía una agilidad impresionante para hacer puentes”, afirma uno de ellos. Y añade: “Yo además tenía la impresión de que él siempre decía lo que el otro quería escuchar. Se acomodaba muy rápidamente y eso generaba una cierta sensación de eficiencia que sorprendía mucho”.

 El paso de Urán por la alcaldía del Polo duró dos años y no deja de resultar paradójico para más de una fuente. Durante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, la alcaldía de Garzón seguía de cerca el proceso a través de asesores de la Secretaría de Salud. Mario Andrés Urán asistía a esas discusiones, de las que salían publicaciones o informes a veces críticos con lo que consideraban “imposiciones” de los Estados Unidos.

 

El mismo Urán recuerda que en ese entonces defendía “varias banderas. Entre otras, en temas alrededor de los efectos que pudo tener el TLC sobre las empresas farmacéuticas nacionales y obviamente sobre el acceso a medicamentos en la ciudad”.

 Se trataba de una visión clásica de la izquierda, a favor de la salud pública. “Yo lo recuerdo siempre pendiente”, afirma uno de los participantes de esas reuniones, “atento a los temas sobre patentes de segundo uso, por ejemplo (es decir, una figura que permite prolongar la duración del monopolio sobre las patentes). Él no era muy beligerante. Pero me sorprendió que la siguiente vez que supe de él estaba en Roche”.

 

Puerta giratoria: modo de empleo

 Urán pasó de una alcaldía de izquierda a la segunda empresa farmacéutica más poderosa del mundo. Luego, en 2010, dos semanas después de salir de Roche, saltó de nuevo a la esfera pública como director de Caprecom, la EPS hoy en liquidación que llegó a ser la más grande del régimen subsidiado. Una empresa que llegó a acumular tanto poder como casos de corrupción.

 Esta vez llegó de la mano del ministro Mauricio Santamaría y del médico cirujano y senador del Partido de la U Roy Barreras. Esta vez aterrizó en una entidad cuya situación él mismo describió a un allegado como “terrible. Llena de incendios, tierreros y problemas”. Pero ese era el momento político preciso. Se podía tratar de una parcela abonada para llegar al tan anhelado Ministerio de Salud.

 ¿Cuál es el legado de Urán en Caprecom? El gerente comercial de Lafrancol/Abbott sostiene que “depuró” la entidad en dos frentes:  “el financiero, debido al problema de iliquidez tan grande”. Así como también insiste en que entregó “negocios que no eran misionales y que generaban problemas financieros adicionales”.

 

Cuenta un investigador, sin embargo, que en la etapa de Urán y de José Ricardo Rodríguez Doncel, el director que lo sucedió en la dirección de la EPS, “degradaron todos los requisitos de contratación. Le metieron mano al reglamento de contratación de Caprecom con el argumento de que era una entidad que estaba compitiendo con entidades del sector privado, relajaron los principios de selección objetiva y transparencia”.

 A los cuatro meses de entrar a la entidad, detalla otra fuente, Urán “elimina todos los soportes que debe tener un manual de contratación estatal en términos de la Ley 80. Eso da vía libre para que todo se adjudique a dedo y una serie de empresas como Distritodo y Farmared empiecen extrañamente a verse beneficiadas de manera repetida”.

 Otro investigador más remata que la maleza de contratos estaba “obviamente tras un esquema de delegaciones para eludir responsabilidades”.

 El desfalco, en ese periodo, también corrió por cuenta de un puñado de ocho o diez cooperativas agrupadas bajo el paraguas de una entidad fantasma bautizada como Cooperamos. “Toda la contratación se le entregaba a ese grupo”,  indica un investigador, “donde se encontró una nómina paralela de cientos de contratistas y servicios tercerizados por parte de Caprecom a Cooperamos. Era una dualidad significativa, teniendo en cuenta que se trataba de servicios que podían ser asumidos por la nómina de Caprecom. Pero todos los temas de papelería, de ambulancias, los temas logísticos y los temas administrativos se los entregaron en contratos directos”.

 

Urán sostiene que todas las investigaciones en su contra “fueron concluidas”. Y explica que fue un proceso que “tomó mucho rato, pero finalmente están con auto de terminación. Son temas que se demuestran con documentos, no con palabras”. 

 Las denuncias y quejas relacionadas con el manual de contratación se radicaron en 2012 ante la Fiscalía y la Contraloría. A día de hoy, según abogados enterados del caso, las investigaciones en Fiscalía no han sido “impulsadas”. Tampoco han sido citados para responder por su responsabilidad ni Mario Andrés Urán ni José Ricardo Rodríguez Doncel.

 

La Liga Contra el Silencio encontró en los servicios de información de la rama judicial que Urán también tiene una sanción por desacato de 2011. No fue posible averiguar en qué consiste el proceso radicado en un juzgado de Medellín pero asesores legales explican que el proceso “no registra ningún avance”. 

 Meses después de haber abandonado la dirección de Caprecom, el por entonces nuevo presidente del Senado Roy Barreras llevó personalmente a Urán hasta el presidente Juan Manuel Santos para ofrecerlo como candidato para asumir el Ministerio de Salud. 

 

Y aunque el cirujano nunca llegó al puesto, la ministra de entonces, Beatriz Londoño, estuvo solo hasta septiembre de ese año al frente de la cartera. Diversas fuentes señalan que su salida, entre otras, fue forzada por la presión de las multinacionales y de los mismos sectores de la U que se aferraban al control de la salud.

 Más de un entrevistado concluye que fue un “error” del presidente Santos haberle entregado a Dilian Francisca Toro, a Roy Barreras y a cierto sector de la U “un poder sin contrapesos” de algunas instituciones. A saber, la Superintendencia de Salud y Caprecom.

 

En marzo de 2013 diversos medios publicaron noticias donde el exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, condenado a 13 años de cárcel, vinculaba a Mario Urán como “supuesto enlace” entre Roy Barreras y toda la maraña de contratos dentro de la trama conocida como el “carrusel de la contratación”. “Ese es un tema muy particular, debo confesar”, explica Urán, “yo nunca supe el origen ni cómo ataron el tema de Caprecom con lo de Bogotá. De hecho, sepa usted que en Bogotá, Caprecom no tenía usuarios, o sea que no tiene razón de ser ese comentario. No tiene ninguna relación real, ni causal, ni ningún tipo de vínculo real”.

 

Inspirado por la industria

 De los últimos tiempos hay una escena que, quizás, refleja bien una de las tantas facetas del carácter de Mario Urán. Un viejo conocido se lo encontró durante un foro de candidatos de cara a las presidenciales de 2018.

 El conocido cuenta que Urán estaba allí “metido de lleno” en la campaña de Iván Duque. Del ‘santismo’ más puro daba un salto al ‘duquismo’. Esta vez desde el sector privado como gerente corporativo del centenario laboratorio Lafrancol.

 ¿Otra vez estás con las multinacionales? Le preguntó la fuente a Urán. “Yo primero tuve que joder a las nacionales, después fui en contra de las multinacionales y ahora otra vez a joder a las nacionales ¡Ya ni sé qué voy a hacer! Pero bueno, alguna cosa haré”, fue la respuesta de Urán, según el testimonio del viejo conocido.

 

El gerente comercial de Lafrancol/Abbott asegura: “Nunca he militado en política, ni he sido militante de ningún partido político ni he hecho política con ningún parlamentario”. Tampoco niega tener contactos con algunos políticos. Pero lo minimiza a una cuestión circunstancial de sus labores en el Congreso y a su etapa como funcionario público.

 

Así mismo explica que los tiempos de trabajo fuerte de “relacionamiento público” quedaron atrás en los días de Roche, ocho años atrás. La suya, según dice, es ahora una responsabilidad de ventas en su empresa y de apoyo técnico a nivel gremial. 

 

¿Cómo explica, entonces, esa versatilidad para saltar con tanta facilidad entre lo público y lo privado?: “Así como en su momento defendí con toda vehemencia el capítulo de la Secretaría de Salud, luego cuando me correspondió defender lo que es… Finalmente mi empleador, pues lo hago, obviamente. Pero sin pasar por encima, ni mucho menos, de los principios. Repito: en los escenarios en los que hemos estado básicamente lo que hemos hecho es en función de defender lo que representamos”.

 Una fuente del sector de la salud traza similitudes entre sus prácticas corporativas y ciertas prácticas entre los visitadores médicos. Cuenta que estudia bien a las personas con las que se va a relacionar. Averigua cuántos hijos tiene su interlocutor, cuáles son sus gustos, qué hobbies tiene, o dónde nació. Y otra fuente añade elementos en la misma línea: “Él no es el tipo de lobbista agresivo. Nunca va a llevarte la contraria con vehemencia. Todo lo contrario. Siempre va por el lado de la zalamería, de alabarte la corbata o el reloj”.

 Casado con la odontóloga monteriana Paola Mercado, alta funcionaria de la compañía estatal de seguros Positiva, la más grande del país, es padre de dos hijas. Practica el golf y el softball. Vive en un apartamento de varios cientos de metros cuadrados a escasas cuadras del exclusivo parque de la 93 en Bogotá y tiene un lujoso apartamento de descanso en la zona turística de Coveñitas (Sucre).

 Así mismo explican desde la industria que su cargo en Lafrancol/Abbott es de resultados. Y como señala una fuente: “Con los gringos no es tomando del pelo”. En Abbott ha tenido que asegurarse de que los trámites del laboratorio ante el INVIMA funcionen bien, que los registros salgan a tiempo, y según él en otros tiempos lejanos que las relaciones con los políticos sean fluidas. Pero esa presión y la forma como opera la industria farmacéutica sigue dejando una serie de cuestionamientos éticos importantes.

 “Al final uno no sabe”, valora un veterano del sector, “si es el personaje en sí, con su forma de ser tan sagaz y sus ambiciones de escalar, o es la industria y su ambiente la que explota a personajes con ese perfil. Es un tema de doble vía en un terreno muy delicado porque acá usted no está vendiendo zapatos o televisores, sino medicamentos para la salud de millones de personas”.

 Otros apuntan que se trata de un carácter “camaleónico” que se ha sabido acoplar a diversos intereses. Siempre, sostienen, en busca de “provecho propio sin importar el sentido de la causa. Donde más ganancias ha encontrado es defendiendo a las multinacionales. Y hoy lo puede hacer aparentando que sobrepone por encima de todo los intereses locales de Lafrancol”.

 Mario Andrés Urán ha intentado llegar a la presidencia de la junta de ASINFAR, como también a la de la Cámara de Medicamentos de la ANDI. Sus líos en Caprecom, sin embargo, han sido el gran dique de contención para lograr sus metas. Dicen que ha ganado en discreción, que ha perdido interés en el sector público y que ha sido exiliado de algunos círculos. Pero el gerente comercial de Lafrancol/Abbott no baja la guardia. Menos aún en estos tiempos en los que todas las grandes farmacéuticas han volcado sus esfuerzos en hallar la vacuna para una neumonía atípica causada por un virus que ha trastornado al planeta como el SARS-CoV-2. Y es justo en ese terreno donde el ejecutivo reconoce que se mueve como un halcón: “Yo conozco bien a la bestia por dentro”.

Trujillo

Texto: Camilo Alzate

@camilagroso
Ilustración:  Daniela Hernández
@Danielailustra

Trujillo

Las violencias que han tenido lugar en este municipio pueden leerse como la parte por el todo. El siguiente es un repaso que cada tanto debemos hacer para entender y no olvidar. En los muros de Trujillo se lee el presente.  

El gamonal                         
Nelson Fernández vuelve a esos sucesos que hoy percibe borrosos, cuando era un joven militante de la corriente holguinista del Partido Conservador en Trujillo, un pueblo —el suyo— recostado a las montañas que encierran el Valle del Cauca por el occidente. Eran los años setenta y aún no tenía esas arrugas finas que le cruzan las sienes y la frente sobre los ojos claros, casi trasparentes, y aún no lucía el cabello gris. “Yo fui concejal a título honorario, en esa época no pagaban” dice, encajando los detalles de una noche en la que no llegó a su casa después de las sesiones del Concejo Municipal, según era su costumbre, porque asistió con varios amigos a una fiesta en Ríofrío, el pueblo vecino.
       Cree que eso le salvó la vida.
       En mitad de la fiesta un hombre se acercó para hablarle. “Me pagaron por matarlo a usted” cuenta que le dijo enseñando un revólver en el bolsillo. “Perdóneme, usted no me ha hecho nada”. El hombre desapareció, pero Nelson supo de inmediato quién andaba ofreciendo plata por su vida: Leonardo Espinosa, un acaudalado negociante y cacique político conservador, que ya bordeaba los setenta años de edad sin que se le hubiera conocido mujer ni descendencia que pudiera heredar una fortuna estimada en miles de cabezas de ganado, más de treinta fincas, varias bodegas y compraventas de café, almacenes, locales y hasta un prostíbulo, fortuna que había acumulado en los años cincuenta durante la violencia bipartidista entre conservadores y liberales, cuando Espinosa aprovechó para adquirir propiedades de sus adversarios políticos a precios irrisorios. Eran tiempos en que las fincas no se negociaban con el dueño sino con la viuda. Leonardo Espinosa fue uno de los protectores y financiadores de León María Lozano “El Cóndor”, un célebre asesino a órdenes del Partido Conservador que sembró de terror el Valle del Cauca y el Eje Cafetero en aquella época.

El dominio de Espinosa sobre Trujillo fue omnímodo y absoluto desde los años cincuenta hasta su muerte en 1980.

       El escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal conoció en persona al viejo cacique. Sobre esa vida escribió una novela, El último gamonal (Plaza y Janés, 1987) que ciertos comentaristas muy osados emparejaron con Pedro Páramo de Juan Rulfo. En alguna reseña publicada en revista Semana el libro fue calificado como una “intrascendente” colección de rumores de alcoba, ideal para lectores “morbosos” tras el “rastro de sábanas manchadas”, un relato repleto de aberraciones “homosexuales”, porque a don Leonardo le gustaban los hombres, igual que a Gustavo Álvarez Gardeazabal.
       Con su dinero y su poder, Leonardo Espinosa consiguió poner un senador de la República. Aún se oye en el pueblo que bajo su mando tenía subordinados al alcalde, a la mayoría de los inspectores de policía y a nueve concejales, incluyendo dos del Partido Liberal —contrario al suyo—, pero no al cura, que siempre se mantuvo independiente e incluso se le enfrentó. El dominio de Espinosa sobre Trujillo fue omnímodo y absoluto desde los años cincuenta hasta su muerte en 1980, cuando el Loco Arenas, uno de sus lugartenientes, lo asesinó para vaciarle la caja fuerte donde decían que guardaba la plata por costalados.
        “Don Leonardo no dejaba vender una casa en el pueblo si él no quería” recuerda Nelson Fernández, “ya había matado a tres concejales antes porque se oponían a su voluntad”. Estas anécdotas, que parecen ligeras, contienen la clave para entender la espiral de violencia demencial que ha castigado a este pueblo.
        La historia me la narra Nelson una tarde de 2017 en el Parque Monumento a las Víctimas, construido en homenaje a las 342 personas que fueron asesinadas o desaparecidas en el marco de una segunda oleada de crímenes —denominada “Masacre de Trujillo”— desatada en los años ochenta y noventa, cuando Espinosa ya había fallecido y su dominio absoluto había sido reemplazado casi sin transición por otro tan brutal como efectivo: el de los narcotraficantes aliados con miembros de la fuerza pública.

Trujillo fue un laboratorio para ensayar aquella alianza entre narcos, militares y sectores completos de la institucionalidad que buscaban combatir a las guerrillas utilizando tácticas de la guerra irregular.

La masacre
La “masacre de Trujillo” es el nombre genérico con el que se conoce una andanada de violencia por la que fue condenado el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los hechos incluyen matanzas, desapariciones, torturas, secuestros y asesinatos cometidos entre 1986 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolívar, Riofrío y Tuluá, hechos enmarcados en una política sistemática de exterminio de las organizaciones sociales y campesinas de la región.
       Los narcotraficantes Henry Loaiza más conocido como “El Alacrán” y Diego Montoya alias “Don Diego”, se aliaron con el mayor del ejército Alirio Urueña para imponer en el pueblo un régimen de terror que incluyó algunos de los primeros casos conocidos de descuartizamiento con motosierra ocurridos en el país, torturas con sopletes de gasolina, la desaparición forzada como práctica rutinaria, el despojo de tierras y las matanzas grupales. Siempre bajo la complicidad y el apoyo logístico del ejército y la policía.
        Su pretexto declarado era contener el incipiente avance guerrillero, más puntualmente el arraigo de un frente del Ejército de Liberación Nacional que ganaba terreno en los cañones de la cordillera sobre la vertiente del Pacífico. Pero, detrás del discurso antisubversivo se camuflaban viejas disputas sectarias por el poder político heredadas de los tiempos de Leonardo Espinoza, y el deseo de venganza de narcos y militares, los primeros ofendidos por continuos robos de ganado y extorsiones a manos de la guerrilla, los segundos por una emboscada en la que murieron siete soldados.
        Las organizaciones sociales lideradas por el sacerdote del pueblo, Tiberio Fernández, eran percibidas como una fachada de la insurgencia. El viernes santo de 1990 el sacerdote también fue secuestrado, torturado y asesinado en una de las fincas de Henry Loaiza. Su cuerpo mutilado fue recuperado del río Cauca días después. Los tres acompañantes que iban con él nunca aparecieron.
        Trujillo fue un laboratorio para ensayar aquella alianza entre narcos, militares y sectores completos de la institucionalidad que buscaban combatir a las guerrillas utilizando tácticas de la guerra irregular. Y con ellas cualquier brote de organización y resistencia popular en Colombia.
        Por los hechos de Trujillo el Estado colombiano se ha visto obligado a pedir perdón dos veces. Una en cabeza del presidente Ernesto Samper en 1995 y otra durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el entonces ministro de justicia Yesid Reyes fue a poner la cara el 23 de abril 2016.
        De esa última fecha, en la que estuve presente, se me grabaron las palabras de Orlando Arboleda, hijo de una campesina asesinada en un caserío llamado La Sonora, mientras exponía al resto de víctimas y familiares que atendían al discurso del ministro Reyes: “queda a decisión de cada uno de ustedes si aceptan o no dar ese perdón, porque sólo ustedes saben lo que nos hicieron vivir”.
       Y luego las palabras de doña Ludivia Vanegas, a la que le mataron un hijo adolescente. “Es muy fácil venir a hablar acá” decía empuñando el micrófono con la mirada imperturbable detrás de las gafas empañadas, el cuerpo firme pero pequeño, como doblegado por los años o el sufrimiento o el abatimiento de ese momento tan esperado y decepcionante para ella y los demás familiares, un momento que llegaba veintitantos años tarde, convertido en feria publicitaria para las cámaras. “Pero lo difícil era esperar que llegara esa gente a levantar los colchones de las camas, a revolcar la casa, a llevarse a nuestros seres queridos y no tener nosotros a quién acudir”.
       Gustavo Álvarez Gardeazabal descifró bien la lógica del poder en estos pueblos, donde el control se logra “cuando la vida y la muerte llegan a valer lo mismo”. El gamonal, esa figura que acapara control económico y político al mismo tiempo, suele administrar ambos valores, el de la vida y el de la muerte. “Con ellas se juega, con ellas se disfruta, con ellas se abusa, con ellas se avanza” apunta el escritor en su novela. Los relatos de Trujillo le dan contorno a esa perversidad bestial y cristalina. Son horror auténtico que no admite términos medios ni atenuantes.
        Testimonios como el de Daniel Arcila —un campesino informante del ejército—, que declaró en contra de Urueña, cuyo relato fue publicado por la revista Semana el 3 de julio de 1995: “cuando amaneció, por ahí como a las siete de la mañana, llegó el mayor y le dijeron que había que torturarlos de una vez. Pero el ‘Tío’ dijo ‘no, desayunemos primero porque si no después nos da fastidio’. Les vendaron los ojos y los sacaron uno a uno de la bodega y se los llevaron para una cosa que llaman la peladora (…) Entonces les mocharon la cabeza con la motosierra para dejarlos desangrando para tirarlos al Cauca por la noche. A todos los mataron así y luego los cortaron en pedazos. Las cabezas las metieron en un costal y el resto de los cuerpos en otros costales. Eran como 12 costalados. En la noche del domingo primero de abril fueron y los botaron en la camioneta Ford 56”.
        O relatos como el de Porfidio Antonio Galeano, un hombre flaco y de rostro hundido a un paso de desbarrancarse en la vejez, al que yo escuchaba contar su recorrido a pie por más de cien kilómetros de orilla del Cauca —desde Marsella hasta Bolombolo—, una travesía desesperada buscando el cadáver de su hermano Norbey, quien en las fotos se ve idéntico de lo flaco, el rostro igual de hundido, con las mismas facciones de Porfidio, como si fueran dos versiones del mismo hombre pero una mucho más joven, mucho más lejana, extraviada de modo irremediable. Norbey Galeano era el capellán de la iglesia y fue desaparecido con el sacerdote Tiberio Fernández. Porfidio Antonio jamás encontró su cadáver. “Es tanto el desespero que todavía estamos en estas” me dijo.
        Pero también hay escenas de inmensa valentía, entre ellas las que propició la monja dominica Maritzé Trigos cuando reunió a las mujeres del pueblo desafiando el poder de los narcos para desenterrar de las fosas comunes a sus parientes desaparecidos. “Fueron las mujeres, viudas y mamás, las que corrieron ese riesgo” me explicó la hermana Maritzé, con un acento que es una mezcla del Santander dónde nació y la cadencia de los conventos franceses en los que se formó siendo joven, un canturreo golpeado y meloso, “teníamos que buscar quién nos ayudara a remover la tierra… ya sabiendo dónde estaban los muertos, pues íbamos y los traíamos”.
        A la hermana Maritzé la conocí el 21 de mayo de 2018 en el cementerio de Marsella, Risaralda, junto a un corredor de tumbas rústicas y lápidas con nombres o números pintados a mano en una caligrafía de niño de cuatro años, donde los familiares habían puesto las fotografías de las víctimas formando una galería; la exposición de un holocausto.
       La hermana Maritzé no se viste ni se comporta como religiosa. Sorprende el contraste que provoca su figura —tan canosa y menuda, tan cara de ancianita enternecedora— con la energía arrolladora de sus gestos, con la grandilocuencia de su lucha, con el ventarrón que le sale cada que habla aunque sólo tenga un interlocutor al frente.
        Aquella tarde en que entrevisté a la hermana la Fiscalía realizaba las primeras exhumaciones de cuerpos no identificados que habían sido rescatados de las aguas del río Cauca. Los técnicos abrían fosas, cavaban huecos, recogían huesos envueltos en retazos de ropa desecha. Atrás de las cintas de seguridad lloraba un grupo de parientes y una entre ellos recordaba que la noche a finales de los ochenta en que el papá salió de la casa y nunca volvió llevaba una camisa a cuadros, entonces no podía ser el mismo que acababan de desenterrar.
        Se presume que muchos de los cuerpos no identificados que reposan en el cementerio de Marsella podrían corresponder a los desaparecidos de Trujillo. Tres décadas después de las primeras desapariciones y asesinatos, la hermana Maritzé Trigos seguía ahí con los parientes de las víctimas, removiendo la tierra, como a ella le gusta decir.

“Cuál es la relación de todo esto con la política, con la economía, con la cultura” se pregunta el padre Francisco de Roux.

Los vestigios
El Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo posee una belleza tranquila que no compagina con el dolor contenido en él. Edificado en las faldas de una colina que domina todo el pueblo, allí se emplaza un ágora con forma de anfiteatro entre una ebullición de jardineras, de heliconias, de naranjos y palos de aguacate, de enredaderas resplandecientes que Essaú Betancur se ha esmerado en cuidar con sus manos de montañero ásperas, salpicadas de pecas.
       Essaú, quien también perdió un hermano durante la masacre, optó por el destierro muchos años. Essaú conoce la persecución y las amenazas. Sus ojos sin fondo, atrincherados en unas cejas azabaches igual de profusas e intrincadas que las enredaderas que riega cada mañana, han visto la guerra por dentro y por fuera. Sus ojos han mirado con odio y lo han visto también. Ahora Essaú cuida las flores del Parque. Es probable que nunca leyera estos versos de José Martí: “y para el cruel que me arranca/el corazón con que vivo/cardo ni ortigas cultivo;/cultivo la rosa blanca”, no obstante, los pone en práctica a diario.
       ¿Dentro de varios siglos que dirán las ruinas de este lugar? ¿Quién podrá descifrar las figuras talladas en bajo relieve? Son imágenes toscas, similares al rastro de una civilización antigua ya desaparecida. La lápida de Francy Adela Mejía Chilito lleva la siguiente inscripción: “Asesinato. 27 de agosto de 1991”. Las formas revelan a Francy Adela cruzada de brazos, mirando al frente, los ojos grandes, un vestido enterizo de señora de finca. A su lado Nohelia Mejía, asesinada el mismo día. Nohelia aparece de perfil, inclinada para regar o cuidar un espeso ramo de flores, atrás suyo se abre el botón inmenso que podría ser de girasol o de San Joaquín. Varios pasos adelante Reinaldo y Diego González. ¿Eran hermanos? ¿Primos? La escultura los muestra recolectando café. En otra escalinata está Gloria Estela Vascos moviendo algo que se asemeja a un trapiche, adelante Juan de Jesús Restrepo empuñando una pala, más allá José Bernardo Gutiérrez sosteniendo en su mano una manguera de la gasolinera donde trabajaba y Antonio José Alvear levanta su azadón, una leyenda indica que murió de la pena moral que le causó perder a sus familiares.
       “Cuál es la relación de todo esto con la política, con la economía, con la cultura” se pregunta el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad que tiene la espinosa tarea de sentar un veredicto sobre el conflicto armado, un consenso sobre lo que ocurrió para que no se repita. Es el mediodía sofocante del 18 de agosto de 2018, ha terminado la peregrinación que hacen cada año los familiares de las víctimas de Trujillo. El padre está bajo la sombra frondosa de los árboles que coronan el promontorio del Parque Monumento y yo estoy tratando de hacerle una entrevista decente antes que caigan encima las cámaras de la televisión a disparar preguntas atosigantes. “En todas partes hay Trujillos, hay monumentos a los mártires, hay recuerdos de memoria, para que el país le pierda el miedo a la verdad y comprenda que la verdad nos libera”.
        ¿La verdad nos libera? Y sobre todo ¿hay consensos en torno a la verdad del conflicto? Aquella misma jornada de 2018 me topé con el sacerdote jesuita Javier Giraldo, un veterano activista por los derechos humanos que ha acompañado movimientos de víctimas y comunidades de paz en varias regiones del país. Le pregunté por los acuerdos de paz y las posibilidades de cerrar por fin el ciclo de la barbarie. “Soy escéptico porque participé de una comisión en La Habana” confesó Giraldo, que ya no tenía puesta la sotana y había recuperado su aspecto cotidiano más parecido al de un profesor jubilado que al de un cura.
        La pasividad de su voz sin sobresaltos ni énfasis impedía captar lo terrible de unas predicciones que hoy se materializan. “La expectativa que había frente a las negociaciones era que llegaran a reformas que tocaran las raíces de la violencia” continuó hablándome Javier Giraldo, “dos principales, la tierra y el sistema político, lo que podríamos llamar la democracia. Eso no se tocó, se hizo de una manera ficticia: los acuerdos sobre la tierra fueron muy decepcionantes, los acuerdos sobre participación también. Esas raíces de la violencia siguen vivas”.
        Gustavo Álvarez Gardeazabal ya había escrito en un aparte de su novela que Trujillo era un pueblo “que se resistía a vestirse de etiqueta, a bajarse de la mula, a dejar de usar el revólver o la pistola como instrumento de justicia”.
        Trujillo como si fuera la miniatura de este país.

El mundo detrás de los muros

Texto: Felipe Marroquín

@fiebredefelipe
Ilustración: Angélica Jhoana Correa Osorio
@aaangelic_

El mundo detrás de los muros

¿Hasta qué punto la nueva normalidad es una suerte de paranoia? La vida en las calles de Bogotá ha sufrido mutaciones. Por ahora nadie sabe si serán temporales. Pero el efecto en las personas, quizás, sea indeleble.

Las ciudades latinoamericanas están detenidas en el tiempo. Por estos días, los 629 millones de habitantes de la región creemos estar amenazados por el covid-19. Las ciudades empezaron a diluirse.
       Por culpa de un virus, las sociedades se transformaron: en la avenida 9 de julio, en Buenos Aires, no hay nadie que disparara el flash por delante del obelisco. En las calles de Santiago de Chile el fuego de las protestas ciudadanas se extinguió. En La Paz las elecciones presidenciales se aplazaron. En Bogotá, el tráfico dejó de ser lo que era: pitos y cornetas, apiñamientos y bullicios, alaridos y lamentos, obstáculos y líos.

***

Dos mujeres caminan por el andén angosto. Los tacones repican contra el concreto mientras se acomodan las caretas de acrílico: un auxilio en tiempos de pandemia.
        —Qué Dios nos tenga en su misericordia —dice Estela. Treintaytantos. Asistente administrativa de una aseguradora. Me cuenta que todo el mundo se mira, se evita, que son otros tiempos, que mire nomás “el problema está aquí afuera, en el mundo”, que cuidado alguien tose, que hay mucho miedo, mucha incertidumbre, que esto va a empeorar si no se toma en serio. Y repite—: Muy en serio.
        Desde que entramos en cuarentena los viernes se extraviaron. No son, como tiempo atrás, el día más esperado de la semana. Sin importar qué diga el calendario, todos los días parecen iguales, salvo algunos vivos que aseguran la parranda cada viernes sin que les preocupe el contagio.
       Son tiempos donde nos piden #Quédatencasa, pero para muchos no es fácil. Rosa tiene una cara gruesa, algunos dientes y el resto es pura saliva en su encía. Rosa tiene un carricoche de dulces con que se gana la vida sobre un andén que ahora nadie lo desfila. Me pregunta:
       —¿Cómo voy a salir con ese tal virus que nos vienen pegando? ¿Ah? Rosa se lamenta.

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Según cifras del Dane, hay 5,7 millones de colombianos en trabajos informales, que vienen a ser el 47 por ciento de la población trabajadora del país. En Bogotá el 41,7 por ciento de la gente que trabaja es informal. Es decir, no salir de casa les representa pérdidas diarias, en promedio, de 50.000 pesos. Para épocas de confinamiento no comprar la alimentación básica y los implementos de aseo en tiempos de estornudos confirma la desigualdad en su máxima expresión.
       No tienen la manera, no hay cómo saciar las necesidades.
       Dicho de otro modo: hay 6,3 millones de personas con ocupación formal en Colombia. En América Latina hay 140 millones de trabajadores informales y de cada dos ciudadanos con trabajo formal hay una Rosa. Se calcula que al final del año 11,5 millones de personas estarán desempleadas, según el último informe elaborado por la CEPAL junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
       Decía, la desigualdad en ascenso sobre gripes capitalistas.

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La ciudad va tomando formas desiertas mientras los conserjes deforman las palabras del crucigrama. O se la pasan, en su turno, limpiando las puertas con la bayetilla roja y alcohol. Hay persianas abajo, hay cortinas cerradas: el síntoma de no acercarse al “otro”, el miedo a la muerte; cuerpos amenazados por fenómenos que ponen en emergencia a la especie humana.
        —Cuatro horas me tienen aquí sin hacer nada, mi hermano —me dice Andrés, quien maneja un bus de servicio público hace dos años, mientras se pone a limpiarle el polvo a la palanca. Lleva horas parqueado. No sabe qué hacer—. Nos tienen esperando, los horarios se modificaron por todo esto del Covid.
        El sol insiste. Los locales comerciales con sus rejas abajo.

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Al norte de Bogotá la autopista nunca es tan visible —sábado, mediodía— como ahora sin la marcha infinita de vehículos. Antes de la cuarentena, en el mundo se movilizaban más de mil millones de vehículos. En Bogotá, casi dos millones y medio: por cada tres habitantes hay un carro y por cada moto, cuatro carros.

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       —No hemos vendido ni 100.000 pesos —me cuenta Oscar. La escena es rara: Oscar y Alfredo son los encargados de vender gasolina en una estación desolada. Tienen las manos dentro del overol. El guarda, muy tranquilo, pasea el rottweiler.
       —¿Qué hora es? —me pregunta Oscar.
       —Diez para las cuatro.
       —A esta hora ya hemos vendido más de un millón de pesos.
       Alfredo, cuarentón, me cuenta que apenas ha tanqueado a cuatro camiones “cuando normalmente, ya llevaría más cien”.
       —En mi turno yo vendo por ahí unos 1.500 galones. Un promedio de doce millones de pesos. En el día se venden unos cuatro mil, cinco mil galones. Pero hoy solo he vendido unos treinta galones. Ha estado malo, muy malo.
        De repente llega un tractor de 28 llantas. Alfredo me dice que es el primer camión de esta tarde de abril y no da espera. Hay que atenderlo de inmediato “porque un carro de esos consume unos 200 galones”, que lo disculpe y corre a tanquearlo.
       El motor de la bestia ruge en plena estación de servicio.
       A principios de la pandemia, la venta de gasolina en el país cayó un 70%.

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Una pandemia pone en la misma escena a ricos y pobres. Nos iguala. Son tiempos donde nos entregamos a la información de los gobernantes, les obedecemos más o menos, los escuchamos con miedo, les discutimos detrás de la pantalla, nos desesperamos de nosotros mismos. Y nosotros mismos —hoy en día— somos una sospecha.

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       —Hay que orar mucho Carmencita, mucho mija —habla una señora por celular mientras se asoma en pijama por el balcón de su casa.
       El barrio Santa Fe es el infierno sin el fuego entre sus calles: conflictos y amoríos comprados. Los cuerpos de las putas refugiados. Uno que otro travesti se ofrece con temor. Sobre este barrio se levantan casas grandes y chicas, garajes vacíos, fachadas descascaradas, ventanas rotas con trapos color pastel que no cubren casi nada. Solo la sombra fantasmal del hombre sin zapatos y costales a su espalda recorriendo las calles al borde de la dosis.
       Y Chapinero es un hervidero de celdas sin música.

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Gabriel es un viejo canoso. Cumple 22 años en el gremio de taxistas. Me cuenta que hace un año se compró un Hyundai y ahora no sabe cómo pagar la siguiente cuota.
        —Esto del virus me ha jodido. Nomás un sábado me hago 150 mil pesos, por mal que me vaya. Y hoy llevo apenas dos carreras mínimas. —Dos mínimas significan 10.000 pesos—. Apenas Putin se enteró de esta joda, cerró la Rusia, pero fíjese lo que se demoró este pig —dice.
       Lo que produce la información difundida por los medios de comunicación es espanto: lávate las manos frecuentemente, tose con el codo, no te toques la cara, mantén el distanciamiento.
       Hay cien mil contagiados.
       Ahora somos extraños. Podemos llegar a ser, incluso, más extraños.
       Las filas en los supermercados doblan la esquina.
       Las pymes pequeñas, medianas, entregaron sus locales, congelaron sus servicios y suspendieron contratos. La fibra óptica en las casas colapsa, no es suficiente para el teletrabajo, y todos se desesperan por las megas que no alcanzan y por las que alguien, seguro, grita. Confirmamos que, en tiempos de crisis, navegar internet en algún artefacto es nuestra nueva normalidad plana.

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La Línea Púrpura se desborda. Según Medicina Legal, en lo que va de cuarentena, han sido violentadas más de nueve mil mujeres en el país. Eso demuestra que el riesgo que corre una mujer colombiana permaneciendo en su casa es más alto que allá afuera por el Covid-19.
       ¿Eso somos?

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       Sobre la autopista hay policías de tránsito. Hay rostros de jóvenes hundidos en sus manos porque les remolcaron el auto. Hay palomas que salieron de sus nidos y bajaron a la Plaza de Bolívar a paso lento. Hay un mendigo que ruega por una moneda detrás de una reja; al fondo una pareja se besa, indiferente. Hay EPS sin un alma en la sala de espera. O eso veo. Hay un hombre que acomoda las sandías en la plaza. Hay una mujer que recoge el excremento de su perro salchicha. Hay uno, dos, policías que se frotan las manos con gel antibacterial. Hay domiciliarios que no paran de correr, aunque no los dejan ingresar a los conjuntos residenciales. Hay un equipo de un operador de telecomunicaciones bajo una alcantarilla. Hay varios Mcdonalds con aviso cerrado.
       Hay gente haciendo fila en puntos corresponsales para pagar los recibos de luz, teléfono y gas, como la señora Aurora que me dice que no le cree a la alcaldía eso del plazo de diferir el consumo de los servicios públicos; que cómo se me ocurre creer en tal cosa que decretó esa loca. Aurora hace fila para pagar el recibo del gas porque no quiere que se lo corten “porque luego cómo voy a cocinar”. Hay buses de Transmilenio atestados de pasajeros. Hay pupitres vacíos. Hay canchas de fútbol sin juego. Hay columpios que nadie los mece. Hay señores y señoras con tapabocas. Hay señoras y señores sin tapabocas. Hay silencio.
       Hay incertidumbre, miedo, desespero, preguntas, ocio, más preguntas. Hay, sobre todo, bombillos encendidos en todos los edificios. Hay una mamá que le grita a su hijo que se entre; que hace mucho frío; que cierre la puerta con seguro.