La soledad de la Mojana

Texto: Carlos Piedrahita
Ilustración: Angélic-

La soledad de la Mojana

         Llegué a La Mojana en medio del verano inclemente que azota esta región en los primeros meses del año. Las ciénagas que en los mapas se ven pintadas de azul, porque permanecen llenas de agua casi todo el tiempo, son entre enero y mayo extensos descampados de hierba quemada llenos de búfalos y vacas.

         Mi primer destino fue Seheve, un poblado perteneciente al municipio de Ayapel, en el sur del departamento de Córdoba, pero al que es más fácil llegar desde San Marcos, municipio del sur del departamento de Sucre.

 

        A las siete de la mañana, Manuel me recogió en su moto. Aunque apenas salía el sol, los rayos ya golpeaban la piel con la fuerza de los del medio día. El mototaxista vestía chaqueta y un poncho envuelto en la cabeza para proteger todas las esquinas de su piel. Ahora me cuesta recordar su rostro sin el poncho y las gafas oscuras, pero sí recuerdo claramente su voz mientras me explicaba que había épocas en las que los potreros empolvados que veíamos en la carretera podían navegarse en canoa y Johnsons —que es como le dicen a las lanchas de motor—.

Al llegar a Seheve dos horas después y bajarme de la moto, me sacudí la ropa y dejé una nube de polvo amarillo flotando a mi alrededor.

 

        Manuel dijo no recordar que el trayecto desde San Marcos fuera tan largo y duplicó su tarifa. Me tocó pagarle treinta mil pesos, unos diez dólares. Ni protesté; realmente había sido una travesía por una carretera llena de huecos en la que con frecuencia tocó esquivar manadas de búfalos. Así de lejos y de difícil queda Seheve.

 

        A orillas del río San Jorge, uno de los tres ríos grandes que bañan La Mojana, se extiende una comunidad de pescadores y agricultores de unas setecientas personas. En los árboles situados frente al río, la Universidad de Córdoba y el Fondo de Adaptación instalaron hace meses unos letreros que alertan sobre el Cadmio, Arsénico, Plomo y Mercurio, metales pesados que contaminan el río, los peces y los cultivos, y por ende a las personas.

 

        José Rojas, líder comunitario de Seheve, me ofreció un café dulce probablemente hecho con aguas del río San Jorge y comenzó a contarme que su comunidad está muy enferma, muchas mujeres como su esposa han sufrido abortos espontáneos, muchos niños han nacido con labio leporino y presentan problemas de aprendizaje. Para darme una prueba, me llevó de casa en casa presentándome con los pobladores; casi todos se me quejaron de sufrir dolores en las piernas.

Rojas me pidió que grabara y les tomara fotos a dos jóvenes de 24 años, Angie y Miguel.

 

Esta sequía, que los lugareños catalogan como la más grave de su historia, llegó pocos meses después de que hubiera corrido la amenaza de una avalancha por culpa del posible colapso de la represa de Hidroituango.    

        Ambos de familias distintas, pero con una carencia cognitiva similar. Por primera vez, sentí que la cámara me pesaba y casi no logro enfocarlos de frente. Parecía que estos dos jóvenes no sabían hablar o expresarse pero me miraban fijamente y se reían cada tanto sin motivo aparente. Sus mamás decían que era posible que existiera un tratamiento para curarlos, pero que a ellas les quedaba muy difícil llevarlos al médico, que “no les alcanzaban las fuerzas”.

        Días después llegué al municipio de Achí, en el sur del departamento de Bolívar. Allí me esperaba Limberto, un lanchero que dedica la mitad de su tiempo a transportar los niños de su vereda hasta las escuelas de la cabecera municipal; y la otra mitad, a ejercer con pasión el papel de líder comunitario. Me dijo que mi visita le alegraba y me dio un abrazo como si me conociera de toda la vida. Luego, me llevó en su moto hasta su casa en la vereda Palmira; fue un recorrido de quince minutos en el que cruzamos un brazo del río Cauca que, según él, era primera vez en la vida que se secaba del todo, a tal punto que evitamos el puente y rodamos sobre el lecho arcilloso.

 

        Esta sequía, que los lugareños catalogan como la más grave de su historia, llegó pocos meses después de que hubiera corrido la amenaza de una avalancha por culpa del posible colapso de la represa de Hidroituango. En aquella ocasión, mediados de 2018, el ejército, la Cruz Roja y la Defensa Civil fueron de comunidad en comunidad advirtiendo el desastre. Limberto me contó que su madre pasaba las noches en vela llorando, esperando lo peor, mientras él hacía las cuentas de los seis metros por encima del suelo que decían tendría el flujo de la avalancha. Ahora, esa misma represa cerró sus compuertas por tres días lo que redujo el cauce del río Cauca a menos de la mitad. Limberto, a quien le pasa el Cauca por el frente de su casa, solo le ha restado esperar resignado e impotente.

 

        Sumergido en el Cauca con sus manos empujando una pequeña canoa y apenas con los ojos por fuera del agua, vi por primera vez a Christian, el chico de 23 años con ‘piel de plástico’. Dicen que no tiene poros, que no puede sudar y vive en un pueblo donde las temperaturas en un día normal alcanzan hasta los 40 grados, condenándolo a la vida de un anfibio que solo encuentra frescura y calma dentro del agua. A Christian tampoco le salieron nunca sus dientes delanteros, su madre con timidez repite la misma historia de las otras dos mamás: tal vez había tratamiento para él, alguna cirugía, pero ella se cansó de tramitar y recorrer Barranquilla y Sincelejo, gastar su poquita plata en vueltas, para finalmente desistir: las fuerzas no le alcanzaron para más.

 

        Cuando el cronista Juan Miguel Álvarez y el fotógrafo Víctor Galeano se unieron a mi viaje teníamos varias visitas programadas, una de ellas era el regreso a La Isla donde están las comunidades de Palmira y La Primavera. Allí recogimos los mismos relatos, frente a grupos de hombres y mujeres que salieron a nuestro encuentro para contarnos los mismos síntomas, frente al mismo río Cauca cercado por árboles que sostenían los mismos letreros del Fondo de Adaptación diciendo que ese río, como el San Jorge, como toda la Mojana, estaba contaminado. Juan Miguel me hizo notar que la recurrencia de los relatos de los campesino era la prueba de un problema mayor, de un problema de Estado y comenzó a confrontarme con preguntas para ayudarme a buscar el alma de este relato.

 

        Antes de regresar a la ciudad y luego de pasar un par de días escuchando diferentes testimonios en Guaranda, los tres nos embarcamos en la chalupa de ‘Mingo Loco’, para navegar  Cauca abajo. Cuarenta minutos después, llegamos a Galindo y luego a la La Encaramada, dos veredas del municipio de San Jacinto del Cauca, al sur del departamento de Bolívar. Después de una reunión con la comunidad de Galindo, donde unas diez personas salieron a nuestro encuentro, exámenes e historias clínicas en mano, nos quedó claro que todos padecían enfermedades comunes.

  

Estábamos escuchando el mismo relato de las otras comunidades: lo difícil que es atender o conseguir atención para un habitante enfermo.

        Ya en La Encaramada nos recibieron unos niños que jugaban y saltaban sobre los bordes de las canoas sin perder el equilibrio. En el sitio se eleva un cerro que le da nombre a la comunidad. Por los senderos que se descuelgan hacia el río, los habitantes bajaron a recibirnos. Nos sentamos a conversar con ellos repitiendo la misma metodología, pero esta vez Enrique, un líder de aspecto vigoroso y crespos colgantes nos hizo algunas preguntas primero. Quería saber para qué iba a servir nuestra visita. Yo dirigía la entrevista hasta ese momento en el que me quedé sin respuesta. Juan Miguel capoteó la situación, luego de aspirar una bocanada de aire: “Nuestro trabajo es hacer que su historia se conozca, y vamos a llevar esto, que es un problema nacional, hasta las autoridades”.

        Convencido y en confianza, Enrique le pidió a una mujer que trajera a su hijo de nombre Wandy, 32 años de edad. El joven llegó tambaleando y ayudado por otras personas. Su aspecto era esquelético, ojeroso, las manos le temblaban y se movían sin concierto. “Antes era un niño normal, como cualquiera de los que usted ve y mírelo ahora”, nos dijo Enrique. La cámara me volvió a pesar más que siempre. Busqué la fuerza que me estaba faltando en la cara de mis compañeros y vi que ambos tenían la mirada clavada en el suelo.

 

        Estábamos escuchando el mismo relato de las otras comunidades: lo difícil que es atender o conseguir atención para un habitante enfermo. Víctor se puso de frente a Wandy y tuvo que retratarlo, conseguir un ángulo que le hiciera justicia a esta víctima.

 

        De vuelta al hotel, concluí que en cada lugar visitado encontramos un caso de salud excepcional, serio, grave; dolencias casi siempre relacionadas con el sistema nervioso, convulsiones, dolores espontáneos de cabeza y extremidades, niños con carencias para hablar, dificultades en el aprendizaje, manchas en la piel o deformaciones.

 

        Más tarde, con las libretas cerradas y las grabadoras empacadas, Juan Miguel me preguntó de nuevo por el espíritu de este texto: “¿Qué fue lo que te dijo la gente que más se te haya grabado después de cada visita?”. Pensé en José Rojas, en Limberto y en Enrique. Los tres líderes comunitarios me lanzaron el mismo: “Solo pedimos una cosa: no nos dejen solos”.

Los escombros del Palacio de Justicia

Texto: Rigoberto Gil
Ilustración: Angélic-

Los escombros del Palacio de Justicia

        Cuando el grupo guerrillero M-19 decidió asaltar el Palacio de Justicia, yo tenía 19 años y mi preocupación mayor, en ese noviembre de 1985, era graduarme como bachiller pedagógico y pronunciar el clásico y lacrimógeno discurso de despedida en la ceremonia de grado. Mi discurso no fue escogido, pero un mes después yo sí fui elegido para prestar el servicio militar obligatorio.

La selección del nuevo contingente de soldados se hizo en el Batallón San Mateo de Pereira y un oficial, al caer la tarde, leyó mi nombre y me indicó que debía abordar uno de los buses que me llevaría a las instalaciones del Batallón Cisneros de Armenia. Juro que le rogué al oficial para que me permitiera abordar otro bus, uno que descargaría muchachos absortos en los batallones de Bogotá. Si iba a alejarme de casa por un año, dije, quiero estar lejos y asumir ese vacío como un acto heroico.

        De tanto rogar y con la condición de que si llegaba a sobrar personal en los batallones de la capital yo debía regresar por mis propios medios al batallón de Armenia, serpenteé el Alto de la Línea con el corazón en la mano. Sin conocer el lugar de llegada de la caravana militar que nos condujo a Bogotá, una fría mañana de diciembre, desperté, sobresaltado, en la plaza de armas del Batallón de Artillería de Usme. Años después y cuando el tema del Palacio de Justicia se me convirtió en obsesión, supe que de allí habían salido algunas de las tropas y los tanques Cascabel que el coronel Plazas Vega metió a la fuerza en el edificio de la Corte, para dar inicio a una masacre que pudo haberse evitado si en ese momento el país hubiera tenido un presidente en funciones.

        “Colombia patria mía/ Te llevo con amor en mi corazón,/ Creo en tu destino/ y espero verte siempre grande,/ respetada y libre”, eran algunas de las oraciones que solíamos corear en las madrugadas y que formaban parte del adoctrinamiento en las filas, mientras en los hangares de los dormitorios llorábamos por un amor no resuelto y vigilábamos que nuestros ‘códigos’ —como nos tratábamos entre reclutas—, no se robaran las botas, el betún, la reata o el camuflado. Lo otro era la instrucción militar a base de una gimnasia que solía confundirse con el castigo y de una relación permanente con el fusil, al que debíamos llamar “la novia”. Durante tres meses fuimos instruidos para obedecer y estar en condiciones de dar la vida por la patria y mi patria, en ese momento, eran los alrededores del Palacio de Nariño, la hacienda Hato Grande y las residencias de ministros y del propio presidente de la República, en las exclusivas zonas boscosas del norte de Bogotá.

        Bastaron tres meses para darme cuenta que la vida militar rayaba en el absurdo y que el juego de la guerra era azaroso, sobre todo cuando manipulábamos armas o recibíamos instrucción de contra-guerrilla a cargo de oficiales que habían sobrevivido a los duros combates en las zonas rojas y que, frente a nosotros, revelaban comportamientos extraños y actitudes un tanto delirantes. En ocasiones especiales, cuando la plaza de armas formaba a la perfección los varios contingentes de soldados, escuchábamos la imponente voz del comandante de la Escuela de Artillería, entonces teniente coronel Rafael Hernández López. Recuerdo su piel blanca, lastimada por el sol de la sabana; recuerdo sus labios gruesos y su nariz larga y abultada. Era una leyenda viva y de él se adocenaba el relato de su labor de inteligencia en contra de la guerrilla urbana, en un momento en que el M-19 se atrevió a robar un arsenal del Cantón Norte, situación que aprovechó el presidente Turbay Ayala, en 1979, para oficializar el Estatuto de Seguridad. El aguerrido Hernández López fue quien reemplazó en el Palacio de Justicia al coronel Plazas Vega, después de que éste se hiciera público e incómodo por sus declaraciones a los medios. Al ser preguntado por un periodista sobre la decisión que habían tomado frente al repliegue de los guerrilleros al interior del edificio de la Corte, Plazas Vega expresó: “Mantener la democracia, maestro”.

La memoria, como expresa un personaje de Mempo Giardinelli: “solo sirve para el dolor. Y sin embargo, tenemos que exprimirla como a una naranja. Es la que permite el uso de la palabra. La justifica”.

        Fue en enero de 1986, a dos meses de sucedida la masacre y a un mes de haber sido reclutado en las filas del Guardia Presidencial, cuando fui a visitar las ruinas del Palacio de Justicia. Sentí que allí podía encontrar una historia que relatar, aprovechando la experiencia de escritura que durante mis últimos años de colegio había adquirido con mis amigos del Taller de Escritores Mitograma, que en Pereira orientaba Isaías Peña. Los escombros daban pavor y se respiraba un aire a caucho quemado. Todo me parece difuso en esa imagen de vuelta y no sé si llovía, como llovió en la tarde del miércoles 6 de noviembre, cuando el comando guerrillero del M-19 sumaba siete horas en poder del Palacio de Justicia, mientras fuerzas militares, de diversas armas, respondían al ataque con disparos y tanquetas. Después fueron las llamas que ahogaron el edificio al caer la noche. Me veo tocando una loza, un pedazo de pared, un tubo de agua, una varilla retorcida; compruebo que los restos de la destrucción de una mole de cemento están calientes y los regreso de inmediato a su lugar. Es posible que mienta, a fuerza de vivir en la literatura, a fuerza de creer que la memoria es una suma de recuerdos inobjetables. La memoria, como expresa un personaje de Mempo Giardinelli: “solo sirve para el dolor. Y sin embargo, tenemos que exprimirla como a una naranja. Es la que permite el uso de la palabra. La justifica”. Digo que es posible que falte a la verdad en esta operación de recomponer el espejo roto de la memoria. En lo que sí estoy seguro es que a partir de allí, de esa breve experiencia frente a un cuadro de ruina y catástrofe, quise reconstruir, a mi manera, lo que había sucedido en ese imponente edificio de mármol jaspeado y lo que enfrentaron gentes de civil, magistrados, guerrilleros y soldados del Guardia Presidencial por el que yo había jurado bandera.

        Ahora bien, al concluir el año de servicio militar y de jugar a la guerra, volví a mi barrio en Pereira, un poco más serio, con menos cabello en mi cabeza y con la necesidad de hacerme a un empleo. Me reintegré a mi familia y me di a la tarea de formarme como lector para comprender los mecanismos profundos de la novela. ¿Cómo y qué investigar? ¿Cómo narrar? ¿De qué manera darle cuerpo a una voz que se aleje de mis prejuicios y sea ella, natural, observando lo que le es dado observar, desde ese tono secreto de la revelación, en esa intimidad del ojo sorprendido por la luz al final del laberinto? Casi escondido en un estrecho cuarto de la casa de mis padres, a un lado de la cocina, empecé a concebir una historia que tensara los hilos del Palacio de Justicia.

        Me di a la tarea de archivar documentos y libretas de apuntes que hicieran visibles mis preguntas y subrayaran mis sospechas. Me hice visitante asiduo de la Hemeroteca de la Biblioteca Pública Municipal, en la antigua estación del ferrocarril. Los periódicos tienen la virtud de registrar los detalles más nimios del día a día, condensan en sus límites de tinta el puzzle de lo acontecido. Los periódicos, como los relatos de ciencia ficción, son noticias anticipatorias para los lectores del futuro. En las páginas de El Espectador, El Tiempo, Vea y El Espacio, logré encontrar los motivos para armar una historia que siempre imaginé como una historia de amor. En efecto, en medio de declaraciones oficiales, de testimonios de sobrevivientes, de fotografías impactantes tomadas los días miércoles 6 y jueves 7 de noviembre de 1985, de columnas de opinión, del registro de documentos clasificados, las declaraciones de una rehén, quizá adscrita a una de las oficinas de algún magistrado que perdiera su vida en esos días de la toma guerrillera, dieron inicio, como imagen, como voz, a mi historia. Según la rehén, en medio del fuego cruzado entre militares y subversivos, en medio de las llamas que amenazaban con destruir el edificio y llenar de humo espeso la ilusión de salir con vida de la ratonera, escuchó que una voz anónima, tal vez de una guerrillera que disparaba en la oscuridad, le preguntaba a su hombre: “¿Estás bien, mi amor?” De esta pregunta surge mi historia, brota el relato de Mariana, una mujer que habría participado en la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, alineada en las filas del M-19. Fruto de esta experiencia fue la escritura de una historia que publiqué en Medellín en 1992, bajo un título que quizá debió ser más breve y menos obvio: El laberinto de las secretas angustias.

        Afuera de mi cuarto el mundo transcurría a su manera, con las leyes propias y laxas de la marginalidad. Llegamos a vivir al barrio San Judas en 1978. Mi padre compró allí una casa de bahareque, a punta de fabricar pantalones y pegar cremalleras con su máquina de coser Singer. Recuerdo bien el año en que llegamos con nuestros enseres, porque ese año se celebró el Mundial de Fútbol en Argentina, en momentos en que ya no se podían ocultar las atrocidades de la Dictadura Militar. También era difícil ocultar lo que sucedía en San Judas, un barrio ubicado en la frontera entre Pereira y Dosquebradas, a orillas del río Otún. A los pocos días de estar viviendo allí, a mi hermano mayor le robaron un reloj de pulsera; el vecindario nos daba la bienvenida. Luego fue el robo de una monareta, cuando mi hermano y yo bordeábamos la línea última de este barrio estrecho y laberíntico, queriendo reconocer su plano asimétrico.

        Después sería el peso de la realidad convertida en amenaza, cuando a principios de la década del ochenta la ciudad vio surgir, desde la oscuridad más extrema, el llamado grupo de la “Mano Negra” cuyo propósito era “limpiar” la ciudad de lo espurio, darles de baja a unos cuerpos que terminaban como bultos en el basurero de Combia. Y lo espurio respiraba en mi barrio en sus esquinas, día y noche. Lo espurio tenía alias y prontuarios delictivos. Lo espurio tenía edad y era aún joven en figuras como Cantinflas, Carnegato, Carevaca y, por supuesto, Coringa, uno de mis personajes de la novela Perros de paja.

Fue tal la improvisación en la retoma, que las mismas fuerzas se atacaron entre sí. La voz clamorosa del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, que insistió desesperadamente en hablar con el presidente Betancur para que detuviera la masacre, subraya la sospecha de la investigadora: las fuerzas militares no estaban dispuestas a negociar con subversivos y si al mismo tiempo mandaban un mensaje aterrador a los magistrados, cuyas últimas decisiones en materia civil para penetrar el mundo hermético de los militares los tenía molestos, se podían dar por bien servidas.

        Desde entonces supimos que nuestro lugar en el mundo sería ese barrio único, de invasión, grande en la memoria de la ciudad a través de su leyenda negra, como procuro ampliarla en mis libros, a partir de personajes con los alias que hoy abundan en los carteles del crimen organizado. Las historias de malandros y expendedores de drogas serían otras historias que luego se convertirían en narraciones que aún me conmueven y que me regresan, sin más, a los días de mi infancia, como habitante de un barrio con muro propio, pegado a las barrancas que dan nido a La Popa, esa zona de todos y de nadie que ahora es atravesada por un puente colgante, atractivo en su abismo para los suicidas que a veces prefieren caer en el lecho de un río atestado de piedras gigantes como huevos prehistóricos.

        Como recluta asombrado frente a los escombros tengo una vaga memoria visual del 6 y 7 de noviembre de 1985, días en que los guerrilleros del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia, tomaron como rehenes a los magistrados de la Corte, con el fin de hacerle un consejo de guerra al presidente Belisario Betancur. Observo cómo una tanqueta de guerra se dirige a la entrada principal del edificio asediado. A lado y lado de la entrada reconozco el color caqui de los integrantes del Guardia Presidencial que exhiben sus fusiles y esperan órdenes para entrar. El Palacio de Justicia arde en llamas y el color del fuego se acentúa con la oscuridad de la noche: la prensa empieza a hablar de “Holocausto”. En la televisión se repiten las mismas escenas: un comando antiterrorista baja desde un helicóptero hasta la azotea y en esta arriesgada maniobra vemos cómo uno de los halcones cae estrepitosamente contra el piso. Al final, cuando el edificio del Palacio parecía emerger de un terremoto, las cámaras filmaron la salida de varios sobrevivientes mientras miembros de la Defensa Civil y la Cruz Roja los trasladaban en camillas a la Casa Museo del Florero.

        Era muy temprano en la historia para hablar de desaparecidos. No era oportuno aún establecer responsabilidades civiles y militares. El libro El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana, de Ana Carrigan, reportera colomboirlandesa en los años ochentas de The New York Times, me sirvió para entender lo que ahora leo como un pedazo de metáfora de un país incierto. Carrigan plantea puntos de vista comprometedores al descubrir en su investigación una suerte de escenario montado por fuerzas estatales para evadir cualquier responsabilidad frente a la historia. La reportera no oculta hipótesis ni deja sus presunciones en manos del lector. Ella toma partido y desde allí se da a la tarea de recoger testimonios de primera mano, a pocos meses de sucedida la tragedia, aprovechando que se encontraba por “casualidad” en el país. La de Carrigan es una lectura policiaca y allí estriba el valor de su trabajo de campo, porque igual lee entre líneas y bajo sospecha, el «informe de la morgue», las diapositivas donde se congela la escena de la masacre en el baño del cuarto piso del Palacio, los diagramas que uno de los dibujantes del Departamento de Criminalística elaboró con base en los testimonios de los sobrevivientes a la masacre y los informes de prensa de la época. Cada vez que se reúne con una de sus fuentes —en especial sobrevivientes y familiares de los desaparecidos o asesinados al interior del edificio emblemático—, le parece que alguien la sigue, que un ser anónimo, sentado en la otra mesa de una cafetería céntrica, está alerta a lo que la fuente le narra con aprensión. La actitud paranoica y temerosa de los testimoniantes remarca el clima de desconfianza que siguió al balance de la tragedia.

        Carrigan insiste en señalar la responsabilidad del presidente Belisario Betancur en la masacre. Ante el “vacío de poder”, los miembros de las Fuerzas Armadas, al mando del general Vega Uribe, decidieron arremeter con toda su fuerza bélica, sin detenerse a considerar el riesgo que corrían los rehenes. Encerrado en su Palacio de Nariño el presidente Betancur, apoyado en su fe —“yo soy un hombre de fe”, dijo el poeta presidente ante el Tribunal Especial de Instrucción que investigó los hechos—, creyó lo que más le convino creer a su ministro de Defensa, cuando expresó que la vida de los magistrados no corría peligro y que si ellos no avanzaban en la “retoma”, la capital podía revivir la oscura época del Bogotazo. De este modo le cobraban al presidente sus actuaciones en los fracasados intentos de paz donde no había tenido en cuenta a las fuerzas armadas.

Fue tal la improvisación en la retoma, que las mismas fuerzas se atacaron entre sí. La voz clamorosa del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, que insistió desesperadamente en hablar con el presidente Betancur para que detuviera la masacre, subraya la sospecha de la investigadora: las fuerzas militares no estaban dispuestas a negociar con subversivos y si al mismo tiempo mandaban un mensaje aterrador a los magistrados, cuyas últimas decisiones en materia civil para penetrar el mundo hermético de los militares los tenía molestos, se podían dar por bien servidas.

 

Treinta años después los responsables de la masacre aún no pagan por su crimen y todo el proceso se envuelve en una retórica eufemística que ha hecho carrera en nuestra vida republicana. Tengo razones, me digo, para borrar de mi memoria esta oración que a mis diecinueve años retumbaba en mis oídos: “Mi ambición más grande/ es la de llevar con honor/ el título de colombiano,/ y llegado el caso, morir por defenderte”.

        La ingenua hazaña de treinta y cinco guerrilleros al mando de Luis Otero, Alfonso Jacquin y Andrés Almarales contra cerca de dos mil soldados más diversas unidades de Inteligencia y Contrainteligencia, según Carrigan, puso en peligro la vida de 300 personas atrapadas dentro del Palacio. Un centenar de ellas se registra en las listas necrológicas. Para no hablar de otras muertes: las de los desparecidos.

        Lo que cuenta Carrigan en su libro me sirvió para comprender lo que a finales de los años ochenta apenas si intuía e intentaba asimilar desde los terrenos no siempre estables de la ficción. El ejercicio de mi escritura empezaba a tomar forma en casa de mis padres. Una escritura tan marginal tal vez como el lugar del que me sé aún habitante.

        Cada vez que recorro los alrededores del Palacio de Nariño, con la nostalgia de ver al recluta que aguantó frío y abulia en el centro del poder político colombiano, vuelvo a sentir el ardor que me produjo un fragmento del Palacio en ruinas. Vuelvo a escuchar la voz desesperada del magistrado Reyes Echandía, cuando los medios de comunicación interrumpieron de pronto sus informes sobre la incursión subversiva, por decreto de la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín. Y a cambio, nos pusieron a ver un insulso partido del fútbol profesional colombiano. Treinta años después los responsables de la masacre aún no pagan por su crimen y todo el proceso se envuelve en una retórica eufemística que ha hecho carrera en nuestra vida republicana. Tengo razones, me digo, para borrar de mi memoria esta oración que a mis diecinueve años retumbaba en mis oídos: “Mi ambición más grande/ es la de llevar con honor/ el título de colombiano,/ y llegado el caso, morir por defenderte”.