Mes: noviembre 2018

La muchacha del páramo

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Texto: Camilo Alzate
Ilustración: Opert_ser

La muchacha del páramo

         —Tanto que luchamos el día que nació —dice Leidy—, ahora pa’ que se venga a morir ahorita…

        El animalito es un normando manchado de blanco y café claro. Los mira con resignación, me mira a mí, después se queda acurrucado en el pasto frío atrás de la casa. Inmóvil, conforme.

—¿Y cuánto no luchan las mujeres con los hijos? —dice Carlitos— ¡Y también se les mueren!

Rubén no dice nada, sólo sostiene con sus manos enrojecidas de frío el cuello del animal, que parece de acuerdo con que lo manoseen.

—Hace días que no se muere un ternero  —advierte Aldairo—. ¿Será que le va a tocar a este?

        Entonces Aldairo, que tiene unas cejas tan grandes que se le convirtieron en sobrenombre, le clava una jeringa con la medida justa para vacunar elefantes. Uno, dos, tres pinchazos. Al cuarto escurre un chorro de sangre y todos comentan que por fin encontró la vena.

—¡Sí está afiebrado ese hijuemadre! —ahora sí habla Rubén, que apenas se limitaba a agarrar al animal. Aldairo inyecta el antibiótico en el cuello del ternero y limpia la aguja con su ruana. ¿No hay que hervirla? Pues sí, pero acá no la hierven. Somos cinco hombres, un ternero enfermo y una muchacha: mi compañero y yo somos extraños, Rubén, Carlitos, Aldairo “Cejas” y Leidy nacieron y viven en este páramo helado. La finca se llama El África, hay regadas por sus valles doscientas reses, un rebaño de ovejas, mulas y caballos, peñascos, lagunas y hasta una pareja de cóndores que a veces se asoma. No habita otra alma en muchos kilómetros a la redonda, sólo un montón de frailejones y humedales recostados en un cañón del nevado de Santa Isabel.

        Hemos caminado dos días remontando la cordillera Central hasta cruzarla por el sur del Santa Isabel, rumbo al departamento del Tolima. Vinimos para conocer a Leidy López, ‘la chinita’, como le dicen los otros, una muchacha que ajusta dos años sin bajar al pueblo y casi seis meses sin salir de esta finca colgada en las cimas del Parque de los Nevados. Una prisionera del frío y la lejanía.

 

 

Las mujeres son el 47% de la población rural y el Ministerio de Agricultura calcula que una tercera parte de ellas son pobres, situación que se agrava en las regiones del postconflicto.

        Sería la misma historia de la madre, de la abuela, de la bisabuela, si no fuera porque ahora algunas tienen fogones de gas y páneles de energía solar. Poco más ha cambiado en el páramo. Las mujeres cumplen a cabalidad su función de ‘guisanderas’ –las que guisan, las que cocinan y arreglan la casa–, se encargan de ordeñar las vacas cuando el hombre anda muy encartado y aguardan a que padres, hermanos o maridos resuelvan los ajetreos de la vida  en la montaña: los hombres hacen negocios, compran y venden el ganado, colocan a nombre de ellos las escrituras de las tierras, son quienes bajan con regularidad a Santa Isabel, el pueblo más cercano a un día en caballo, para mercar y subir la remesa cada tanto. Hay matices, hay circunstancias particulares, pero este fenómeno es el mismo a lo largo y ancho del país en las zonas rurales dispersas, no importar mucho la región o la cultura.

       “En el entorno rural se ven mucho más marcados los roles y estereotipos de género: que la mujer es de la casa, que es la de criar los hijos –explica Laura Cardoza, feminista y asesora en temas de género–. Hay menos oportunidades para que las mujeres salgan a estudiar o a trabajar. Son prejuicios que siguen muy arraigados en el sector rural y eso termina redundando en que muchas menos mujeres accedan a la tierra de manera autónoma: la herencia pasa a los hijos varones, o si una mujer se casa la tierra que se compra queda a nombre del esposo y no de ella, el acceso a la tierra es mínimo”.

        Aunque se cree que hay un alto subregistro, las cifras son elocuentes. Las mujeres son el 47% de la población rural y el Ministerio de Agricultura calcula que una tercera parte de ellas son pobres, situación que se agrava en las regiones del postconflicto: el Dane reveló que allí el 82% de quienes sobreviven con ingresos inferiores al salario mínimo son mujeres. Apenas poco más del 1% de las mujeres campesinas logra algún nivel de educación superior y sólo el 8,9% declara haber terminado la básica secundaria, porcentajes muy bajos que contrastan con aquel escandaloso 35% de mujeres campesinas que no tienen ningún tipo de nivel educativo, según datos del Ministerio de Agricultura.

        “Las niñas del campo no tienen futuro” asegura la feminista Gloria Escobar, que conoce en carne propia el asunto porque vivió su niñez en una finca cafetera de Risaralda. “Muchas no pueden acceder a la educación, ahora el gobierno ha hecho programas de ir por ellas hasta las veredas, pero el problema es que los padres no ven en ellas un futuro, en el campo se cree que la niña es una carga porque algún hombre se la va a llevar o porque va a quedar embarazada rápidamente”. 

        Los movimientos de mujeres y algunas organizaciones internacionales han señalado que las brechas en el acceso a las tierras son una de las principales causas de la desigualdad de género en el campo. Apenas el 26% de la titularidad de las tierras del país figuran a nombre de mujeres, en otras palabras, aquel es el porcentaje de tierras que, al menos sobre el papel, pertenece a las mujeres. Resulta lógico entonces que el censo nacional agropecuario indicara que en el campo las decisiones productivas las tomas los hombres (61%) mientras que el poder de decisión de las mujeres es muy reducido (21%).

        Por eso la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó a los Estados a garantizar el derecho de las mujeres a un tratamiento igual en los programas de reforma agraria: “las leyes, políticas, costumbres y tradiciones que restringen a las mujeres el acceso igualitario al crédito y los préstamos, les impiden además adquirir y heredar tierras, propiedades y vivienda, y las excluyen de una plena participación en el proceso de desarrollo son discriminatorias y pueden contribuir a la feminización de la pobreza”.

        “Feminización de la pobreza”, un concepto para indicar que entre los más pobres del campo están las mujeres.

Leidy dice que ella por lo menos le pagan. A su mamá, en cambio, se le fue la vida entera haciendo eso mismo gratis. 

        A los ovejos hay que cortarles la cola cuando están chiquitos para que se pongan lindos. “Son muy feos colilargos” dice Leidy, pero ella le tiene lástima a este al que acaban de cortársela, porque lo crió con tetero, como si fuera un hijo propio. “El tetero hay que dárselo al calor de la leche de la mamá” dice. El corderito la llama y restriega su trasero ensangrentado por las tablas del piso hasta que Aldairo, que aunque no es el dueño de la tierra viene a ser algo así como el patrón acá, ordena que lo saquen.

        Leidy tiene 23 años, la piel cobriza, los ojos muy negros. Es bonita y charlatana. Habla duro, con decisión, como si estuviera dando un discurso. Tiene el acento típico de los montañeros del páramo. Está casada con Rubén, que vive y trabaja en otra finca más abajo, a una hora de camino. Ambos tienen un hijo pequeño de tres años, Cristian, que ahora está con el abuelo paterno porque la comisaría de familia les quitó la custodia del niño.

        Fueron problemas con un patrón en otra finca donde trabajaron antes: los aventó y denunció con falsedades, asegura ella.

        Fue porque el niño estaba descuidado, con bajo peso y sucio el día que aparecieron los del Bienestar Familiar por la finca, asegura Aldairo.

        Fue porque en esos días Rubén casi se mocha un dedo trabajando y ella tuvo que hacerse cargo de todas las tareas de la finca: no le quedaba tiempo de andar pendiente del niño, vuelve y asegura.

        “Aquí a uno le toca estar a cuatro ojos con los niños: que la laguna, que el río” cuenta Leidy. “Hay unas mujeres que con los hijos eso se enredan. Ese camino bien feo, se cae una bestia con uno, se aporrea, los pobres chinitos son los que pagan. Ellos sí sufren harto”. Y agrega que los del Bienestar Familiar están locos: si ya es difícil para un adulto mantenerse limpio en el campo, ¿ahora no se va a ensuciar un niño que anda revolcándose por ahí?

        Igual que la madre y que la abuela, Leidy no es dueña de ningún pedazo de tierra. En la finca El África solo está contratada como ‘guisandera’ pero se hace cargo de todas las labores domésticas: lava la ropa de Aldairo –el único que vive acá de modo permanente con ella– y cuando su esposo Rubén viene a visitarla lava la ropa de él también; prensa los quesos, está pendiente de las ovejas y los patos, ordeña cuando toca y a toda hora vive pegada de dos fogones, el de leña y el de gas, con el almuerzo y la cena a punto. Su trabajo es de tiempo completo los siete días de la semana, durante todos los meses. No hay descanso. Gana doscientos mil pesos mensuales, menos de 70 dólares, un dinero que en Colombia apenas es una cuarta parte del salario mínimo. Thalia Kidder, experta consultora de la organización Oxfam, ha señalado que este tipo de labores desempeñadas por las mujeres representan el 20% del Producto Interno Bruto del país, pero suelen no tener remuneración o son pagadas muy mal.

        Leidy dice que ella por lo menos le pagan. A su mamá, en cambio, se le fue la vida entera haciendo eso mismo gratis. 

Pero no se trata sólo de tierras: ser mujer en el campo es difícil. ¿Cómo se puede acceder a una citología o a los métodos de planificación familiar selva adentro o en una montaña remota? ¿Cada cuánto llega un ginecólogo a un puesto de salud rural o a un municipio apartado? ¿Es posible desarrollar un sistema de guarderías rurales para aliviar las cargas del cuidado a las mujeres del campo? ¿Quién hace seguimiento a casos de violencia sexual y abuso en las zonas rurales, donde estas conductas suelen ser normalizadas y aceptadas culturalmente?

        Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la tierra es el recurso más importante para las familias que dependen de la agricultura. Por lo tanto, fortalecer el acceso de las mujeres a la tierra y su control sobre ella es el medio principal para mejorar su condición y su influencia en la familia y la comunidad.

        Hay leyes, hay iniciativas, hay políticas agrarias con enfoque de género en el país por lo menos desde la ley 160 de 1994 que contempló algunos mecanismos especiales de acceso de las mujeres a los beneficios de la reforma agraria. Aún así, según la Comisión Colombiana de Juristas apenas el 11% de las mujeres del campo pudo acceder a los beneficios de esa ley, por eso la presión de organizaciones de mujeres como la Asociación de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas motivó la sanción de una nueva ley, la 731 de 2002 o ley de mujer rural, una norma específica que busca mecanismos preferenciales para la inclusión de la mujer en el campo en temas como vivienda, subsidios, créditos y acceso a tierras. Algunas de las disposiciones de la ley son un buen ejemplo del atraso y la condición de inferioridad a la que están sometidas muchas mujeres en el campo, por ejemplo, se contemplaba la necesidad urgente de realizar jornadas de expedición de cédulas en regiones apartadas para que las mujeres pudieran ser reconocidas ciudadanas con plenos derechos como votar o acceder a los servicios del Estado.

        El resultado no fue el esperado. Si bien se incorporó el enfoque de género a la legislación, materializarlo ha derivado en un camino de tropiezos porque la ley no fue reglamentada en su totalidad y los programas están desfinanciados o no tienen dolientes en las instituciones. Las organizaciones han pedido que se destine un 10% del presupuesto para la agricultura a un fondo de mujeres rurales y que la titulación de tierras sea paritaria: 50% a los hombres y 50% a las mujeres, algo que se ha logrado parcialmente en los procesos de restitución a víctimas del conflicto.

        Pero no se trata sólo de tierras: ser mujer en el campo es difícil. ¿Cómo se puede acceder a una citología o a los métodos de planificación familiar selva adentro o en una montaña remota? ¿Cada cuánto llega un ginecólogo a un puesto de salud rural o a un municipio apartado? ¿Es posible desarrollar un sistema de guarderías rurales para aliviar las cargas del cuidado a las mujeres del campo? ¿Quién hace seguimiento a casos de violencia sexual y abuso en las zonas rurales, donde estas conductas suelen ser normalizadas y aceptadas culturalmente?

        Laura Cardoza fue asesora de la subcomisión de género que abordó estos temas en los diálogos de La Habana. El propósito era impulsar las leyes que ya existían y darles una mirada diferencial a los acuerdos para que el tema de género fuera transversal en todos los puntos. “En concreto hay unas medidas muy particulares en los acuerdos de La Habana, por ejemplo en términos educativos, puntos específicos para lograr especial atención a mujeres campesinas que quieran acceder a educación formal o no formal en los espacios rurales. Lo mismo en términos de salud, está contemplado un enfoque diferencial: ¿cómo están las mujeres en las veredas? ¿Cómo están en el campo colombiano y qué es lo que necesitan?” puntualiza Cardoza. Sin embargo, el último informe del Instituto Kroc que hace seguimiento a la implementación de los acuerdos llamó la atención en especial sobre el componente de género porque el gobierno central no ha hecho nada para que se materialice. 

Leidy sólo conoce tres ciudades: Ibagué, la capital del Tolima, donde fue una sola vez cuando era adolescente, Murillo, un municipio pequeño cerca del nevado del Ruiz, al que bajó en una ocasión para las vacunas del niño, y Santa Isabel, el pueblo de su abuela, al que ha ido tantas veces que ya le aburre: las mismas casas, las mismas calles, la misma gente.    

        El riche, dice Leidy, es el “rebujito” de la papa, lo que queda sobrando cuando sacan la cosecha, esa papita minúscula y sabrosa de las sopas en el páramo. “Mi mamá me empezó a enseñar a cocinar desde los siete añitos” recuerda mientras empuja más leña al fogón. “Mi mamá le daba siempre miedo que uno se quema, pero así me ponía”.

        Los hombres, dice, por lo menos salen y ven montañas y se entretienen con los cultivos, con el ganado… “Uno sí todos los días que la cocina, que lave loza, que pele papas. Este es el oficio más desagradecido, pero bueno, gracias a eso tiene uno trabajo”.

      Las trozas de madera, dice, son peligrosas y pueden matar la gente, como pasó con un tío suyo al que un tronco le rajó la cabeza cuando arriaba unas cargas de madera con el abuelo.

        Los ríos del páramo, dice, a veces se encabritan y se crecen y se llevan a los campesinos borrachos que tratan de cruzar cabalgando. Esos ríos que uno ve como una agüita no más pero cuando se ponen bravos son capaces de arrastrar un caballo.

        Las culebras, dice, son unos bichos miedosos a los que les tiene pavor, por eso no le gusta la tierra caliente y prefiere vivir acá, sin televisión, sin electricidad, sin carreteras, al lado de tres nevados y entre las nieblas perpetuas.

        El estudio, dice, es muy complicado por estas lejanías. Ella cursó hasta quinto de primaria en la escuela de La Estrella, un caserío del páramo, y no siguió porque su papá no quiso vender un novillo para pagarle un internado en el pueblo. “Yo me aburrí porque él era muy trinca conmigo, osea, me tiraba muy duro a mí. Yo era la de todo y mi hermano un año menor y él no hacía nada, y yo que ordeñe, que encierre, que arregle una cosa, que la otra, y mi hermanito por ahí”. Pero el hermanito, dice, también se aburrió pues para él tampoco hubo estudio.

        Leidy solo conoce tres ciudades: Ibagué, la capital del Tolima, donde fue una sola vez cuando era adolescente, Murillo, un municipio pequeño cerca del nevado del Ruiz, al que bajó en una ocasión para las vacunas del niño, y Santa Isabel, el pueblo de su abuela, al que ha ido tantas veces que ya le aburre: las mismas casas, las mismas calles, la misma gente.

     “Yo estuve tres meses en el pueblo y se me hicieron como un año. Cuando fui a esperar a mi hijo, fue un desespero horrible. Uno acostumbrado a los animalitos, que las vacas, que una cosa, que la otra” recuerda. “Y eso en el pueblo ¿que saca uno con andar por ahí en la calle y todos los días vea carros, gente, casas, carros, gente? En cambio uno por aquí pues ve algo diferente. Que sale uno por allí de pa’ allá, pues ve una cosa diferente, o está uno jodiendo con animales. Y en el pueblo todo es plata, mientras que por aquí uno tiene la lechita, el quesito, en el pueblo hay que comprar que una libra de papa, que la panela, que el queso, que la leche”.

      Leidy termina de arreglar la comida y se cambia de ropa porque, después de seis meses, va a salir con su marido Rubén: irán a una fiesta en La Ermita, una aldea bajando por el cañón del río Totarito, a dos horas en caballo. Ahí sigue el ternero enfermo acurrucado sobre el pasto frío. La vaca lo dejó abandonado en una morrena del páramo cuando parió… ¡Tanto que lucharon con él, dándole tetero y calentándolo, para que se venga a morir ahora!

Y ahí es cuando Leidy, que hace tanto no ve a su hijo, recuerda que así fue con otra parejita de corderos a los que tuvo que criar con tetero. “Se murió el machito y quedó la hembra” cuenta “somos más resistentes las mujeres”.

 

 

 

 

 

Los derechos del río y de la gente

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Texto: Carlos Piedrahita
Ilustración: Opert_ser

#SubiendadeRío
Chocó

Cobertura: Una parte por millón

Los derechos del río y de la gente

         Son las dos de la tarde y en Andagoya hace un calor sofocante. Por el puente que conecta los dos lados del pueblo camina sudoroso un joven de unos 16 años empujando una carretilla con algunos enseres; ante el desempleo, los jóvenes del pueblo se dedican a llevar recados y cargar mercados de un lado al otro para ganarse unas cuantas monedas. Como un acto acostumbrado, sin generar mayor sorpresa entre la gente que mira, el joven se detiene y sin quitarse ninguna prenda salta al río Iró para darse un chapuzón, sale fresco, se sacude un poco y continúa con su recado.

 

En Chocó la gente le canta al río, baila con él y se sumerge en busca de frescura o diversión, allí lavan la ropa y buscan los peces o el oro para subsistir. Para la cultura, la vida y la economía de los pueblos del Pacífico, el río lo es todo. En mayo del 2017 la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de una tutela del Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra digna’, haciendo un reconocimiento del río Atrato como sujeto de derechos que “implica su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración”. Este fallo puso un límite de seis meses para que el Estado colombiano se hiciera responsable y actuara en contra de la minería ilegal en la zona. Las comunidades ribereñas han denunciado los impactos a la salud que viven por culpa de la contaminación por mercurio en el río Atrato, como infecciones genitales y cutáneas, hongos o abortos espontáneos. El fallo de la Corte hace responsable al Estado y le endilga la responsabilidad de las vulneraciones de derechos generadas con la afectación del río: “las autoridades estatales demandadas son responsables de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medioambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas demandantes por su conducta omisiva al no realizar acciones efectivas para detener el desarrollo de actividades mineras ilegales, que han generado la configuración de grave crisis humanitaria y ambiental en la cuenca del río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños”.

 

Pero el tiempo y el daño no se detienen como la burocracia de las leyes suponen, un año después, con el plazo cumplido dos veces para la ejecución de la sentencia, la situación no cambia mucho y contrario a eso, empeora. Las autoridades no cambian la praxis que claramente ha fracasado, se limitan a seguir con operativos militares muy mediáticos, persiguen y queman maquinaria, principalmente a la altura del Río Quito por donde hay que esquivar esqueletos de dragas hundidas; pero la esencia del problema, el origen, sigue intacto y las máquinas rápidamente reaparecen a toda marcha.  Como siempre, es fácil ver los dragones y las ‘retros’ a lado y lado del río destruyendo el paisaje en busca de oro frente a los ojos indiferentes de todos. Las soluciones paliativas por parte de las entidades responsables nunca han sido suficientes y su falta de efectividad se ve reflejada en una cifra que entrega el secretario general de Codechocó Yoileth Ibargüen con un tono de frustración, “En este momento los datos que se reportan en la corporación dicen que más del 95% de la minería que se desarrolla en el Chocó es ilegal. En este momento los peores casos de minería ilegal están ubicados sobre la cuenca del Río Quito y en los municipios de Certeguí, Unión Panamericana y parte de Quibdó, que hacen parte de la cuenca media del Atrato. Son los municipios que en este momento están siendo más afectados al igual que la zona del medio Atrato”.

 

Esta minería ilegal se ha dispersado por el territorio ante la persecución poco planificada de los operativos militares, lo que empuja a los mineros río arriba y selva adentro. Así es como las comunidades se ven con las manos atadas por las presiones económicas pero también por las amenazas de grupos armados que no les dejan alternativas y los convierte en la mano de obra de los ‘inversionistas’ que ponen la maquinaria. “No es un deber de la gente enfrentarse a un aprovechador de minería ilegal. La gente no tiene por qué generar estos enfrentamientos, es el Estado quién debe cuidar la tierra. Porque las retroexcavadoras son muy grandes, pasan por las carreteras de Colombia y ningún habitante del Chocó tiene un recurso tan grande para comprarse dos o tres de ellas; en el Chocó y en las entrañas de la selva no se hacen retroexcavadoras. Las dragas y las retroexcavadoras vienen de afuera y no es en el sitio cuando ya esté instalada la draga donde se controla” comenta la investigadora chocoana Mabel Torres respecto a su visión de la situación.

Cuentan los ribereños que si pasan más de cuatro meses fuera de sus poblaciones corren el riesgo de regresar por el río y no reconocer el camino de vuelta, pues las máquinas tienen una capacidad de destrucción tan voraz que desfiguran el paisaje a gran velocidad.

 

 

        El río y sus habitantes sufren desde diferentes frentes con la minería de dragones, el primero de los problemas está en la contaminación con mercurio, esta afectación se nota en las altas concentraciones del metal en el agua, como lo explica Alexis Castro del laboratorio de aguas de Codechocó, “encontramos concentraciones en agua por encima de dos partes por millón, es decir dos miligramos por litro, eso es una cantidad exagerada de mercurio. Generalmente las cantidades de mercurio se deben reportar en microgramos por litro, pero hemos tenido casos donde hemos detectado en miligramos por litro. O sea, mil veces por encima de la concentración”.

 

Cuentan los ribereños que si pasan más de cuatro meses fuera de sus poblaciones corren el riesgo de regresar por el río y no reconocer el camino de vuelta, pues las máquinas tienen una capacidad de destrucción tan voraz que desfiguran el paisaje a gran velocidad. Pero el daño no es solo paisajístico, acá se identifica el segundo problema donde agrega Alexis, “La forma en que cortan las orillas con dragas altera el curso natural del río, eliminan el meandro, que es una curva natural que tiene el río y que no es capricho de la naturaleza, sino la forma en que el agua disipa la energía. Por eso el agua comienza a bajar con mucha velocidad, esto genera procesos erosivos y como la mayoría de nuestros pueblos están ubicados en las orillas, literalmente se los ha llevado”. El último de los problemas ensucia el agua, se nota al navegar el río Atrato cerca a la desembocadura de algún lugar donde se haga minería, a simple vista  la turbiedad del río dragado irrumpe con una textura pantanosa que permite dimensionar el daño. Los sólidos suspendidos en el agua impiden que los procesos de fotosíntesis se den dentro del río. Cuando se eliminan las plantas, la cadena alimenticia desaparece, se está matando el río, se le está quitando el oxígeno y el alimento de los peces, las máquinas no solo se llevan el oro, se llevan la salud del río sumiéndolo en esta fangosa oscuridad.

 

En consecuencia, estos cambios físicos y ecológicos traen de la mano unos impactos culturales, porque desintegran las comunidades en sus prácticas sociales y culturales;  la Dra Mabel Torres, ha seguido este impacto de cerca en sus investigaciones y por eso comenta, “Yo creo que una de las rupturas más importantes por el tema de la minería es que hemos roto los lazos y la unión entre los pueblos, porque la minería ha generado que los ríos se desborden, por lo tanto la gente ya no se puede comunicar como lo hacía antes por los ríos. Se han perdido esas dinámicas de los niños que se iban a jugar con sus madres a la orilla del río porque hay peligro de que se ahoguen en los huecos y fosas que dejan, hemos tenido casos de niños ahogados en fosas donde un río antes era normal. Pero también es esa dinámica de la gente que va a lavar su ropa al río o a pescar  y ya no puede porque ya no hay agua limpia, así de sencillo”.

 

Aunque el fallo de la Corte constitucional también hace un llamado a que las medidas que tome el Estado vayan en armonía con las necesidades de la población afectada, la percepción de los pobladores locales es diferente, y más que protegidos por las medidas se han sentido perseguidos. En este enfrentamiento entre la realidad de la contaminación y la economía de un pueblo minero, otra vez la aplicación de la ley no es comprensiva. El marco jurídico que establece el Estado para hacer minería no ofrece oportunidades para que los locales compitan en igualdad de condiciones con los inversionistas foráneos que en la mayoría de los casos tienen los recursos para ser los dueños finales del oro, pagando pequeños porcentajes a las comunidades por permitirles de manera informal su entrada al territorio. De esta forma se ha criminalizado a pequeños mineros y eliminado cualquier posibilidad de que los mismos habitantes del Chocó puedan hacer minería. 

La estigmatización del minero con la etiqueta de minería ilegal, sin un trabajo de educación o formalización de los pequeños mineros, y con medidas legales y militares que terminan por eliminar la única opción económica del chocoano, tienen un efecto contrario al esperado, pues eleva los costos del oro ilegal y lo hace más rentable, ante la falta de recursos y controles de las entidades que simplemente terminan siendo testigos silenciosos de la actividad.

 

 

         Esta persecución indirecta termina reforzando la desconfianza y la violencia en la zona. En Playa de Oro por ejemplo, Lazer Mosquera habla con muchas precauciones mientras ve pasar las horas esperando clientes en la entrada de su tienda de enseres, que en algún momento fue una exitosa compraventa de oro, “La minería ya se está acabando porque usted para comprarle ya un tomín de oro a la persona si no tiene todo lo de la ley, ahí se murió de hambre con él guardado, porque no hay quién se lo compre. Hoy en día se llevan la gente que está laborando por ahí en la minería. El gobierno para qué se lleva unas personas como nosotros, que estamos de pronto laborando para darle de comer a nuestros hijos. Se los llevan para la cárcel. Entonces se está formando una guerra porque usted con hambre qué no hace.” La estigmatización del minero con la etiqueta de minería ilegal, sin un trabajo de educación o formalización de los pequeños mineros, y con medidas legales y militares que terminan por eliminar la única opción económica del chocoano, tienen un efecto contrario al esperado, pues eleva los costos del oro ilegal y lo hace más rentable, ante la falta de recursos y controles de las entidades que simplemente terminan siendo testigos silenciosos de la actividad.

 

La falta de control es histórica y en otros tiempos, permitió una bonanza de oro que sacó a las poblaciones campesinas de sus cultivos, casi hasta llevarlos a olvidar su vocación agrícola. En general la minería como actividad única desestimuló cualquier otra opción económica y productiva; hoy la gente vive con la sensación de no tener más opciones, fácil es encontrarse por todo el territorio del Chocó a personas como la minera Luz Amira Pino, habitante de Playa de Oro que comenta, “ Por qué lo dejaron avanzar hasta acabar todo, tras de que hemos sido pobres, viene el mercurio de otra parte, de Antioquia. Porque los chocoanos no trajimos el mercurio, y permitieron que la cosa avanzara hasta acá. Llega el presidente dice que se acaba la minería ilegal, se acaba todo y no está pensando en una población minera. ¿Y la vida de nosotros qué?  nosotros aquí qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir… eso es lo que nos tiene preocupados.  Aquí no hay empresas, el 75% del chocoano era minero y ahora que no hay minas nos miramos es la cara el uno al otro. Tenemos miedo de que esto se vaya a volver un África”.

 

En estos términos las sanciones como la sentencia de la Corte, las medidas legales como la ley del mercurio o los operativos militares, pueden representar un avance, pero carecen de una base que se sustente en las necesidades reales de la población. El problema está alcanzando el punto de ebullición, y a largo plazo solo representa más vulneraciones de derechos para los chocoanos.  El Estado colombiano se queda corto en el  Chocó, no hay una visión general ni concluyente del problema, no hay medidas suficientes para combatir la crisis evidente, no hay un plan serio o contextualizado para combatir la minería pero tampoco hay opciones para que el chocoano deje de hacerla.

 

La voz de uno del investigadores recoge este panorama, pero hace una salvedad que tal vez pueda dar algo de esperanza, según su visión, el Chocó está a tiempo de cambiar su realidad, “¿Que te puedo decir ahora?… que hay mercurio en el agua y que el mercurio no debería estar ahí, pero ahí está. Estamos en un punto de alarma, pero todavía no hemos llegado al punto más grave. Todavía estamos a tiempo de revertir esto o de recuperarlo de alguna manera, porque todavía hay especies que se pueden consumir, hay regiones que todavía no tienen minería y se puede trabajar. Las regiones que están afectadas están en un punto en que se pueden recuperar. Pero el problema es que si seguimos como vamos, si no hacemos nada y seguimos pensando que eso es un problema del otro, vamos a llegar a un punto en que no vamos a poder volver a empezar y ahí si ya no hay nada qué hacer.”