Los derechos del río y de la gente

Son las dos de la tarde y en Andagoya hace un calor sofocante. Por el puente que conecta los dos lados del pueblo camina sudoroso un joven de unos 16 años empujando una carretilla con algunos enseres; ante el desempleo, los jóvenes del pueblo se dedican a llevar recados y cargar mercados de un lado al otro para ganarse unas cuantas monedas. Como un acto acostumbrado, sin generar mayor sorpresa entre la gente que mira, el joven se detiene y sin quitarse ninguna prenda salta al río Iró para darse un chapuzón, sale fresco, se sacude un poco y continúa con su recado.

En Chocó la gente le canta al río, baila con él y se sumerge en busca de frescura o diversión, allí lavan la ropa y buscan los peces o el oro para subsistir. Para la cultura, la vida y la economía de los pueblos del Pacífico, el río lo es todo. En mayo del 2017 la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de una tutela del Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra digna’, haciendo un reconocimiento del río Atrato como sujeto de derechos que “implica su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración”. Este fallo puso un límite de seis meses para que el Estado colombiano se hiciera responsable y actuara en contra de la minería ilegal en la zona. Las comunidades ribereñas han denunciado los impactos a la salud que viven por culpa de la contaminación por mercurio en el río Atrato, como infecciones genitales y cutáneas, hongos o abortos espontáneos. El fallo de la Corte hace responsable al Estado y le endilga la responsabilidad de las vulneraciones de derechos generadas con la afectación del río: “las autoridades estatales demandadas son responsables de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medioambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas demandantes por su conducta omisiva al no realizar acciones efectivas para detener el desarrollo de actividades mineras ilegales, que han generado la configuración de grave crisis humanitaria y ambiental en la cuenca del río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños”.

Pero el tiempo y el daño no se detienen como la burocracia de las leyes suponen, un año después, con el plazo cumplido dos veces para la ejecución de la sentencia, la situación no cambia mucho y contrario a eso, empeora. Las autoridades no cambian la praxis que claramente ha fracasado, se limitan a seguir con operativos militares muy mediáticos, persiguen y queman maquinaria, principalmente a la altura del Río Quito por donde hay que esquivar esqueletos de dragas hundidas; pero la esencia del problema, el origen, sigue intacto y las máquinas rápidamente reaparecen a toda marcha. Como siempre, es fácil ver los dragones y las ‘retros’ a lado y lado del río destruyendo el paisaje en busca de oro frente a los ojos indiferentes de todos. Las soluciones paliativas por parte de las entidades responsables nunca han sido suficientes y su falta de efectividad se ve reflejada en una cifra que entrega el secretario general de Codechocó Yoileth Ibargüen con un tono de frustración, “En este momento los datos que se reportan en la corporación dicen que más del 95% de la minería que se desarrolla en el Chocó es ilegal. En este momento los peores casos de minería ilegal están ubicados sobre la cuenca del Río Quito y en los municipios de Certeguí, Unión Panamericana y parte de Quibdó, que hacen parte de la cuenca media del Atrato. Son los municipios que en este momento están siendo más afectados al igual que la zona del medio Atrato”.

Esta minería ilegal se ha dispersado por el territorio ante la persecución poco planificada de los operativos militares, lo que empuja a los mineros río arriba y selva adentro. Así es como las comunidades se ven con las manos atadas por las presiones económicas pero también por las amenazas de grupos armados que no les dejan alternativas y los convierte en la mano de obra de los ‘inversionistas’ que ponen la maquinaria. “No es un deber de la gente enfrentarse a un aprovechador de minería ilegal. La gente no tiene por qué generar estos enfrentamientos, es el Estado quién debe cuidar la tierra. Porque las retroexcavadoras son muy grandes, pasan por las carreteras de Colombia y ningún habitante del Chocó tiene un recurso tan grande para comprarse dos o tres de ellas; en el Chocó y en las entrañas de la selva no se hacen retroexcavadoras. Las dragas y las retroexcavadoras vienen de afuera y no es en el sitio cuando ya esté instalada la draga donde se controla” comenta la investigadora chocoana Mabel Torres respecto a su visión de la situación.

El río y sus habitantes sufren desde diferentes frentes con la minería de dragones, el primero de los problemas está en la contaminación con mercurio, esta afectación se nota en las altas concentraciones del metal en el agua, como lo explica Alexis Castro del laboratorio de aguas de Codechocó, “encontramos concentraciones en agua por encima de dos partes por millón, es decir dos miligramos por litro, eso es una cantidad exagerada de mercurio. Generalmente las cantidades de mercurio se deben reportar en microgramos por litro, pero hemos tenido casos donde hemos detectado en miligramos por litro. O sea, mil veces por encima de la concentración”.

Cuentan los ribereños que si pasan más de cuatro meses fuera de sus poblaciones corren el riesgo de regresar por el río y no reconocer el camino de vuelta, pues las máquinas tienen una capacidad de destrucción tan voraz que desfiguran el paisaje a gran velocidad. Pero el daño no es solo paisajístico, acá se identifica el segundo problema donde agrega Alexis, “La forma en que cortan las orillas con dragas altera el curso natural del río, eliminan el meandro, que es una curva natural que tiene el río y que no es capricho de la naturaleza, sino la forma en que el agua disipa la energía. Por eso el agua comienza a bajar con mucha velocidad, esto genera procesos erosivos y como la mayoría de nuestros pueblos están ubicados en las orillas, literalmente se los ha llevado”. El último de los problemas ensucia el agua, se nota al navegar el río Atrato cerca a la desembocadura de algún lugar donde se haga minería, a simple vista la turbiedad del río dragado irrumpe con una textura pantanosa que permite dimensionar el daño. Los sólidos suspendidos en el agua impiden que los procesos de fotosíntesis se den dentro del río. Cuando se eliminan las plantas, la cadena alimenticia desaparece, se está matando el río, se le está quitando el oxígeno y el alimento de los peces, las máquinas no solo se llevan el oro, se llevan la salud del río sumiéndolo en esta fangosa oscuridad.

En consecuencia, estos cambios físicos y ecológicos traen de la mano unos impactos culturales, porque desintegran las comunidades en sus prácticas sociales y culturales; la Dra Mabel Torres, ha seguido este impacto de cerca en sus investigaciones y por eso comenta, “Yo creo que una de las rupturas más importantes por el tema de la minería es que hemos roto los lazos y la unión entre los pueblos, porque la minería ha generado que los ríos se desborden, por lo tanto la gente ya no se puede comunicar como lo hacía antes por los ríos. Se han perdido esas dinámicas de los niños que se iban a jugar con sus madres a la orilla del río porque hay peligro de que se ahoguen en los huecos y fosas que dejan, hemos tenido casos de niños ahogados en fosas donde un río antes era normal. Pero también es esa dinámica de la gente que va a lavar su ropa al río o a pescar y ya no puede porque ya no hay agua limpia, así de sencillo”.

Aunque el fallo de la Corte constitucional también hace un llamado a que las medidas que tome el Estado vayan en armonía con las necesidades de la población afectada, la percepción de los pobladores locales es diferente, y más que protegidos por las medidas se han sentido perseguidos. En este enfrentamiento entre la realidad de la contaminación y la economía de un pueblo minero, otra vez la aplicación de la ley no es comprensiva. El marco jurídico que establece el Estado para hacer minería no ofrece oportunidades para que los locales compitan en igualdad de condiciones con los inversionistas foráneos que en la mayoría de los casos tienen los recursos para ser los dueños finales del oro, pagando pequeños porcentajes a las comunidades por permitirles de manera informal su entrada al territorio. De esta forma se ha criminalizado a pequeños mineros y eliminado cualquier posibilidad de que los mismos habitantes del Chocó puedan hacer minería.

La estigmatización del minero con la etiqueta de minería ilegal, sin un trabajo de educación o formalización de los pequeños mineros, y con medidas legales y militares que terminan por eliminar la única opción económica del chocoano, tienen un efecto contrario al esperado, pues eleva los costos del oro ilegal y lo hace más rentable, ante la falta de recursos y controles de las entidades que simplemente terminan siendo testigos silenciosos de la actividad.

Esta persecución indirecta termina reforzando la desconfianza y la violencia en la zona. En Playa de Oro por ejemplo, Lazer Mosquera habla con muchas precauciones mientras ve pasar las horas esperando clientes en la entrada de su tienda de enseres, que en algún momento fue una exitosa compraventa de oro, “La minería ya se está acabando porque usted para comprarle ya un tomín de oro a la persona si no tiene todo lo de la ley, ahí se murió de hambre con él guardado, porque no hay quién se lo compre. Hoy en día se llevan la gente que está laborando por ahí en la minería. El gobierno para qué se lleva unas personas como nosotros, que estamos de pronto laborando para darle de comer a nuestros hijos. Se los llevan para la cárcel. Entonces se está formando una guerra porque usted con hambre qué no hace.” La estigmatización del minero con la etiqueta de minería ilegal, sin un trabajo de educación o formalización de los pequeños mineros, y con medidas legales y militares que terminan por eliminar la única opción económica del chocoano, tienen un efecto contrario al esperado, pues eleva los costos del oro ilegal y lo hace más rentable, ante la falta de recursos y controles de las entidades que simplemente terminan siendo testigos silenciosos de la actividad.

La falta de control es histórica y en otros tiempos, permitió una bonanza de oro que sacó a las poblaciones campesinas de sus cultivos, casi hasta llevarlos a olvidar su vocación agrícola. En general la minería como actividad única desestimuló cualquier otra opción económica y productiva; hoy la gente vive con la sensación de no tener más opciones, fácil es encontrarse por todo el territorio del Chocó a personas como la minera Luz Amira Pino, habitante de Playa de Oro que comenta, “ Por qué lo dejaron avanzar hasta acabar todo, tras de que hemos sido pobres, viene el mercurio de otra parte, de Antioquia. Porque los chocoanos no trajimos el mercurio, y permitieron que la cosa avanzara hasta acá. Llega el presidente dice que se acaba la minería ilegal, se acaba todo y no está pensando en una población minera. ¿Y la vida de nosotros qué? nosotros aquí qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir… eso es lo que nos tiene preocupados. Aquí no hay empresas, el 75% del chocoano era minero y ahora que no hay minas nos miramos es la cara el uno al otro. Tenemos miedo de que esto se vaya a volver un África”.

En estos términos las sanciones como la sentencia de la Corte, las medidas legales como la ley del mercurio o los operativos militares, pueden representar un avance, pero carecen de una base que se sustente en las necesidades reales de la población. El problema está alcanzando el punto de ebullición, y a largo plazo solo representa más vulneraciones de derechos para los chocoanos. El Estado colombiano se queda corto en el Chocó, no hay una visión general ni concluyente del problema, no hay medidas suficientes para combatir la crisis evidente, no hay un plan serio o contextualizado para combatir la minería pero tampoco hay opciones para que el chocoano deje de hacerla.

La voz de uno del investigadores recoge este panorama, pero hace una salvedad que tal vez pueda dar algo de esperanza, según su visión, el Chocó está a tiempo de cambiar su realidad, “¿Que te puedo decir ahora?… que hay mercurio en el agua y que el mercurio no debería estar ahí, pero ahí está. Estamos en un punto de alarma, pero todavía no hemos llegado al punto más grave. Todavía estamos a tiempo de revertir esto o de recuperarlo de alguna manera, porque todavía hay especies que se pueden consumir, hay regiones que todavía no tienen minería y se puede trabajar. Las regiones que están afectadas están en un punto en que se pueden recuperar. Pero el problema es que si seguimos como vamos, si no hacemos nada y seguimos pensando que eso es un problema del otro, vamos a llegar a un punto en que no vamos a poder volver a empezar y ahí si ya no hay nada qué hacer.”

Texto: Carlos Piedrahita
Ilustración: Opert_ser

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