Pescado envenenado

Texto: Carlos Piedrahita
Ilustración: Opert_ser

#SubiendadeRío
Chocó

Cobertura: Una parte por millón

Pescado envenenado

        Chocó, un pueblo que vive y cobra sentido a partir de sus ríos, como ejes de desarrollo, transporte y sobre todo alimentación, se enfrenta a la incertidumbre de no poder comer pescado tranquilamente.

        El paisaje de Condoto es pintado por una lluvia constante, un río ancho que abraza al pueblo por el norte, una quietud en las calles que asusta y una camiseta de ChocQuibTown cada diez habitantes. La agrupación natal de este pequeño pueblo minero ha mordido un bocado de éxito en la industria musical con gritos de identidad y entre ellos, un par de protesta. “Yo no me como ese pescado así sea del Chocó, ese pescado envenenado ese no lo como yo”. Aunque no está claro a qué hacen referencia exactamente con la canción, cuando le preguntan a los chocoanos por el mercurio en los peces, varias veces terminan entonando este coro. Además de un estribillo pegajoso, para el departamento esta canción representa una verdad que ha cambiado la vida de los locales desde la base de su economía, su alimentación y su estilo de vida.

 

        Toxicólogos de la Universidad de Cartagena publicaron recientemente un estudio sobre la contaminación del mercurio por la minería de oro en la región biogeográfica del Chocó. Para el estudio analizaron un total de 258 peces, de 16 especies que fueron capturados en febrero de 2016 con la ayuda de pescadores locales en 11 lugares diferentes en el río Atrato, cubriendo lugares tradicionales de pesca, pantanos y bocas de varios afluentes. Al analizar los peces se encontraron que los valores totales de mercurio en ellos variaron entre 0.01 mg/g (microgramos por gramo)  y 3.88 mg/g, los mismos resultados mostraron concentraciones más altas en especies carnívoras como el bagre sapo (Pseudopimelodus schultzi), la doncella (Ageneiosus pardalis), el quícharo (Hoplias malabaricus), el barbudo (Rhamdia quelen), y el veringo (Sternopygus aequilabiatus). Para cada una de estas especies el nivel total de mercurio estuvo por encima del recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para consumo humano (0.5 mg/g) y se encontraron al menos tres veces por encima de los límites establecidos, el bagre sapo, una especie altamente consumida por los rivereños fue la que presentó la medida más alta con un promedio 2.01 partes por millón.

 

        Para Jorge Perea, un líder minero de Condoto, hace falta un estudio que abarque mayor territorio, personas y peces, este corpulento minero ya entrado en años, habla a orillas del río San Juan sobre lo que implica en el imaginario de las poblaciones la idea de no poder comer pescado, “Es que haya poca oferta alimentaria, por ejemplo, en el río Atrato hay bocachico y por todos los impactos negativos ya la oferta de bocachico es mínima, ya está demostrado que hay bocachicos contaminados con mercurio. En el tema del mercurio uno no puede escandalizarse que: ¡Ay tan contaminado!, no. Vamos despacito, hagamos una investigación seria porque puede ser verdad o puede ser mentira… Hay que ir muy despacito porque es  muy delicado decir que está contaminado, pues es una fuente principal de alimentos para estos pueblos tan pobres.”

Nosotros antes nos íbamos a pescar, cogíamos un barbudo y era un pescado limpio un pescado muy bonito. Pero ahora lo cogemos y tiene un poco de manchas, un poco de burbujas; entonces esa es la cuestión del mercurio que ha acabado con nuestra alimentación.

 

 

       A pesar de que la población en general no tiene acceso a las pocas investigaciones realizadas, la contaminación por mercurio en peces es conocida popularmente. De esta manera se genera una ruptura en la forma como ellos se identifican con un alimento que hace parte de sus costumbres ancestrales. El relato de Lazer Mosquera, un exminero en Playa de Oro (Tadó), deja en evidencia esta afirmación, “nos dimos cuenta que el mercurio es una cosa que impacta a nuestras comunidades. Porque nosotros antes nos íbamos a pescar, cogíamos un barbudo y era un pescado limpio un pescado muy bonito. Pero ahora lo cogemos y tiene un poco de manchas, un poco de burbujas; entonces esa es la cuestión del mercurio que ha acabado con nuestra alimentación. Un chocoano sin pescado y un indígena sin pescado no es chocoano”.

 

        A su manera el chocoano entiende la cadena de contaminación que afecta a los peces de manera lógica, “algunos ya no estamos comiendo pescado del río. Hay unos peces que se alimentan del sustrato de las piedritas y el mercurio como es tan pesado se asienta en las piedras. No vamos a decir que todo el pescado, pero como sabemos que en el ecosistema todo es una cadena, el uno se alimenta del otro. Entonces eso hace que vaya circulando la contaminación”, mientras pule un anillo de oro en su taller, el joyero Henry Valoyes, cuenta cómo ha sustituido el pescado por pollo o carne en su dieta, aunque estos son más costosos y en la mayoría de los casos no se producen en la región. “La economía del Chocó parte de la agricultura y se perdió por la violencia en los campos y la minería. Hay personas que venden el pescado, y sin ese pescado es difícil que se sostengan, para ellos antes sobrevivir era muy fácil, porque solo iban los ríos tiraban sus redes y cogían cantidad de pescados… ahora es muy difícil para ellos y para nosotros. Con una arroba de pescado ¿cuánta gente come ahí?, se puede comer quince días de seguido y la gente acá no se cansa de comer pescado.”

 

        A pesar de que existe una preocupación ante el consumo de peces y ésta ha disminuido notablemente por la presión de la contaminación, el Chocó es el departamento de Colombia con mayor índice de pobreza monetaria, (59% de la población del departamento vive con menos de 114.692 pesos mensuales según el DANE). Esto se traduce en la necesidad de obtener el alimento del ambiente, específicamente de la pesca, que además hace parte de la tradición cultural de los lugareños.

Nosotros antes nos íbamos a pescar, cogíamos un barbudo y era un pescado limpio un pescado muy bonito. Pero ahora lo cogemos y tiene un poco de manchas, un poco de burbujas; entonces esa es la cuestión del mercurio que ha acabado con nuestra alimentación.

 

 

 

       Otra parte del estudio tomó muestras de cabello en las poblaciones de río Quito (112 muestras) y Quibdó (258 muestras), aunque el estudio no puede ser concluyente por el tamaño de la muestra (0,2 % en Quibdó aproximadamente), sí demuestra resultados alarmantes en algunos individuos que pueden dar un panorama de una situación má grave. Yúber Palacios, coautor del estudio, lo explica de la siguiente manera: “Obtuvimos datos de personas que tenían 116.4 partes por millón. (En los humanos hay un límite máximo permitido de lo que pueden tener en su organismo que es una parte por millón). Entonces, había personas que tenían ciento quince veces un valor más alto de lo que deberían tener en el organismo. En general más del 13% de las personas encuestadas tenían valores que superaban las diez partes por millón.” Estos niveles de contaminación se atribuyen según los investigadores a la frecuencia en el consumo de peces afectados por el mercurio, lo normal por ejemplo en una persona que según la entrevista era consumidor frecuente, era que sus niveles de mercurio superaran las 15 partes por millón.

 

        La contaminación en las personas de Quibdó, donde no se hace minería actualmente, está hasta cinco veces por encima de la encontrada en Río Quito (un sector crítico de actividad minera mecanizada, donde se usa el mercurio). El investigador Palacios es un chocoano que entiende la dinámica de su pueblo y aplica este conocimiento en la lectura de los resultados de su estudio, “en el Río Quito por el estado de contaminación actual y la perturbación del hábitat natural, ya se ven los efectos a nivel del ecosistema acuático. Entonces ya tú vas a hacer una faena de pesca y difícilmente vas a capturar un pez. Debido a ello la comunidad no cuenta con recursos para obtener su proteína animal, entonces consumen pocos peces. En el caso de Quibdó se encontraron un promedio de 6.72 partes por millón y eso es entendible, porque a Quibdó, con frecuencia llegan a vender pescado de diferentes poblaciones asociadas al Río Atrato, que tienen la vocación pesquera, está Riosucio, Tanguí y Beté, la Sierra de Marriaga que van a vender todos esos peces a la capital chocoana. La capital es la que tiene mayor número de habitantes que pueden comercializar ‘tranquilamente’ sus productos.” 

 

        En las afueras del mercado de Quibdó una escena enmarca la realidad de una cultura pesquera arrasada por este fenómeno, un camión frigorífico descarga pescado, Bocachico importado desde Argentina y mojarras rojas de criadero, una negra sonriente lucha por bajar los precios casi cantando con dos paisas que conducen el negocio, al frente solo dos mujeres, mayores de 70 años ambas, raspan y sacan las vísceras con gran habilidad de unos diminutos bocachicos pescados en el Río Atrato. Antes la canciones de  decenas de estas mujeres ofreciendo sus pescados llenaban el ambiente de mercado en la capital chocoana, hoy, solo plátanos, apuestas y cervezas mantienen medio vivo el negocio, en este lugar también la gente vive en espera, esperan que llegue la subienda en diciembre aunque antes comenzaba desde noviembre, para revivir por al menos un mes esos tiempos donde en su río no se veía el pescado envenenado.

 

 

CONSULTA EL ARTÍCULO CIENTÍFICO CITADO  AQUÍ: https://bit.ly/2P7hU5

Los amures de Lizeth

Texto: Camilo Alzate
Ilustración: Opert_ser

Los amures de Lizeth

       Lizeth dice que a los once años fue abusada por su padre.

 

       Antes de los trece se drogó por primera vez con varias amigas del barrio –ninguna otra terminó en la calle– eran niñas curiosas y alborotadas: juntas compraron un frasco de pegante amarillo para zapatos y a escondidas se pusieron a inhalarlo; querían probar eso qué hacía, qué se sentía, qué producía. A los catorce Lizeth había probado la marihuana y el cigarrillo, ya conocía el licor, pero su papá no le permitía tener novio y aún la castigaba, como cuando era pequeña que la azotaba con los cables de la grabadora por cualquier niñería, o la obligaba a arrodillarse encima de unas tapas de gaseosa. “Oiga, tocayo, ¿usted es que está guardando esa niña para usted o qué?” recuerda ella que decían sus tías de ver cómo la trataba su padre.

       A los dieciséis se había ido de la casa y andaba la calle para arriba y para abajo, mantenía una relación tempestuosa de apasionamiento con el basuco, fumaba heroína ocasionalmente quemando la droga en láminas de papel aluminio, aspirando con un tubito ese hilillo de humo viscoso color cemento, denso como un yogur metálico o un fantasma. “Fue por evadir, por evadir esa realidad tan trágica que empecé a consumir” asegura Lizeth. En esa época comenzó a prostituirse y a inyectarse, aunque siempre le tuvo miedo a las jeringas

En ese submundo feroz de las “ollas” donde se transan papeletas de basuco y “pegados” de marihuana a mil pesos, en esa vorágine de los “amures” y la abstinencia enfermiza y el atraco con navaja a bordo y el chute obligatorio de heroína por la mañana y por la noche, en ese agite del rebusque de la dosis diaria y la mejor traba, las mujeres son una minoría significativa pero llevan las de perder. La calle –repiten las abuelas– es de los hombres.”

       Entre 1991 y 2014 el consumo de drogas ilícitas creció 459% en el país. Si antes Colombia era fundamentalmente un enclave productor y exportador, durante los noventa se produjo un cambio en las lógicas del narcotráfico que algunos estudiosos atribuyen al declive y fragmentación de los grandes carteles y organizaciones mafiosas: narcos de segunda línea descubrieron en el mercado local de consumo y distribución de drogas una gran oportunidad de negocio. El motivo era tan simple como pragmático: la cosa seguía siendo rentable y los Estados Unidos nunca iban a solicitar la extradición de unos bandidos de poca monta que controlaban la venta de marihuana y basuco en las esquinas de Cali, Medellín o Pereira. La policía con su jerga de página judicial llama a este fenómeno “el microtráfico”.

 

       Pero lo de “micro” es un eufemismo, porque la población consumidora no ha parado de aumentar en las últimas tres décadas. Un estudio de 2008 calculaba que en Colombia existían 250.000 usuarios de sustancias psicoactivas con graves problemas de abuso y dependencia, o lo que en la terminología especializada se denomina como “consumo problemático”; son personas sometidas a condiciones degradantes y marginales, con frecuencia habitando en las calles, involucradas en dinámicas que afectan radicalmente su salud, su vida y la de sus familias. Según el Reporte de Drogas de Colombia del año 2015, elaborado por el Ministerio de Justicia, la cifra de consumidores problemáticos casi se duplicaba con relación al 2008 superando las 484.000 personas. Lo llamativo es que una quinta parte de esta cifra, es decir 89.968, fueron mujeres.

 

       Antes las drogas eran un asunto casi exclusivamente masculino. En 1991 por cada veinte consumidores había una mujer, sin embargo esta brecha se ha venido igualando a la par que crece la población usuaria de drogas: finalizando los noventa ya eran sólo diez hombres por cada mujer y una década después, en 2008, eran cuatro hombres por una mujer consumidora. Tal porcentaje es similar al que reveló el último estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas del 2013.

       En ese submundo feroz de las “ollas” donde se transan papeletas de basuco y “pegados” de marihuana a mil pesos, en esa vorágine de los “amures” y la abstinencia enfermiza y el atraco con navaja a bordo y el chute obligatorio de heroína por la mañana y por la noche, en ese agite del rebusque de la dosis diaria y la mejor traba, las mujeres son una minoría significativa pero llevan las de perder. La calle –repiten las abuelas– es de los hombres.

 

 

 

Lizeth tiene 27 años y ya completó doce inyectándose heroína. Ha pasado por ocho centros de rehabilitación con igual número de recaídas. Ha robado, ha recogido chatarra y reciclaje en las basuras para conseguir cualquier peso, ha sido prostituta, ha mendigado dinero y comida en las esquinas.” 

 

 

       La primera de las tres veces que han intentado violarla en la calle, Lizeth no sabía que nadie regala dosis y menos a una desconocida. Fue un tipo en una ladera boscosa del barrio San Judas, debajo del Viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas. “Yo pensaba que a uno le brindaban sin esperar nada a cambio” recuerda Lizeth, “y él me dijo ‘se va a dar un pipazo que todo bien’, yo le dije ‘bueno, gracias’, y él me respondió ‘¿gracias? ¿Cómo así? Le dije que se diera el pipazo que todo bien, vamos es a culear’. Me alcanzó a quitar la ropa y cuando le di un golpe en los testículos fue que él cayó al piso y yo arranqué a correr con el pantalón en la mano”.

 

       Ella narra todo con tono neutro y tranquilo, un tono que parece de costumbre o resignación, mientras conversamos en una cafetería del centro de Pereira –calle 12 con carrera sexta– a una cuadra de la residencia barata donde vive hace algunos meses. En la zona se alternan los burdeles y las cantinas arrabaleras con las chatarrerías, los depósitos de reciclaje y algunos almacenes de muebles. Cerca hay varios de los expendios de droga más famosos y antiguos de la ciudad, de modo coloquial se los conoce como “la olla de la doce” o “la olla de los puentes”.

       

       “Otra vez, acá donde quedaba la fábrica de Bavaria, también un negro me cogió con un cuchillo”. Cuenta que en esa ocasión se salvó porque llorando logró convencer al tipo de que estaba embarazada, pero era mentira. “Donde yo tuviera hijos ya no estaría en estas” dice, aunque eso no lo puede garantizar nadie, ni siquiera ella. Lizeth tiene 27 años y ya completó doce inyectándose heroína. Ha pasado por ocho centros de rehabilitación con igual número de recaídas. Ha robado, ha recogido chatarra y reciclaje en las basuras para conseguir cualquier peso, ha sido prostituta, ha mendigado dinero y comida en las esquinas. “Para mí la última opción era rebuscarme por ahí con el cuerpo, esa era la última opción. Yo prefería irme a robar, ya si veía que no podía robarme nada, ya, tocaba. Prefería arriesgarme: o gano, o me dan duro, o me cogen, pero no me tocaba acostarme con ninguna gonorrea”.

 

      Lizeth cuenta que nunca ha pasado más de dos días sin bañarse, que a veces, cuando no tenía dinero para pagar una habitación en pensiones de mala muerte, bajaba hasta el río Otún pues no soportaba sentirse untada de mugre. Aunque pesa 45 kilos y tiene varios dientes negros y la piel llagada, salpicada de cicatrices, ella sigue pintándose las uñas de rosado, aún se arregla el cabello, aún escoge adornos y pulseras para sentirse linda. Hubo un diciembre en que no tuvo opción sino dormir varias noches en la calle. El día 31, el último del año, despertó en un andén a pleno cemento, con dolor de espalda, con la ropa sucia y oliendo mal. Estaba “amurada”, desesperada por conseguir como drogarse, en el bus la gente la esquivaba o se hacía a un lado.

       Tantas veces frente al espejo Lizeth vuelve a hacer la misma pregunta: ‘¿quién es esta persona que estoy viendo? ¿En qué momento me convertí en esta persona?’.

no hay políticas específicas y consistentes de los gobiernos de la región para enfrentar el problema de la drogodependencia en mujeres”    

       “La misma condición desigual de la mujer hace que esto sea así” me explica la profesora y activista Gloria Inés Escobar cuando le hablo sobre casos como el de Lizeth. “Los hombres más fácil se alían entre ellos y atracan, o lo hacen de manera individual, porque tienen una fuerza física distinta y porque en general siempre se ha dicho que el espacio de los hombres es la calle y el de las mujeres es la casa. Los hombres en la calle se sienten a sus anchas, para ellos no es un espacio tan hostil como lo es para las mujeres, a pesar de que es hostil”.

 

       Las drogas duras le hacen honor a su nombre, pero son más duras para las mujeres. Según el informe “Mujeres y drogas en las Américas” de la Organización de Estados Americanos “en ningún lugar de las convenciones o de los acuerdos internacionales hay mandatos o compromisos relacionados con la necesidad de tratar la crisis mundial [de drogas] a través del lente de género”, lo que en otras palabras significa que no hay políticas específicas y consistentes de los gobiernos de la región para enfrentar el problema de la drogodependencia en mujeres, esto a pesar de que la Comisión sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas recomendó en una resolución “promover estrategias y medidas que aborden las necesidades específicas de la mujer”.

 

       El debate reciente sobre la prohibición de la dosis personal es un ejemplo revelador de que en Colombia las respuestas institucionales son erráticas, contradictorias y por lo general enfocadas en el señalamiento, la criminalización y persecución de los consumidores, que son tratados por el grueso de la sociedad como intocables reducidos a la condición infrahumana de “drogadictos”, “vagos”, “viciosos”, indigentes”, “locos”; seres desechables y caídos en desgracia cuya condición es igual o peor que la de un animal; seres sin voluntad, sin remedio, sin futuro.

       

       Claro que hay resultados contudentes de las políticas represivas. La primera causa de encarcelamiento de mujeres en el país desde hace por lo menos una década es la fabricación, el porte y tráfico de estupefacientes. Según reportó el Ministerio de Justicia, en 2017 la mitad de las presas en Colombia –unas 3.603– estaban en la cárcel por algún asunto de drogas, se estimaba que el 93% de ellas eran madres y el 52% cabeza de hogar.

 

       “No existen políticas públicas con enfoque diferencial y de género, ni para consumidores de drogas, ni para habitantes de calle” asegura Erika Tobón, de la Ruta Pacífica de las Mujeres. En el modelo de atención que el Ministerio de Salud diseñó