Texto
Camilo Alzate González
Fotografías
Víctor Galeano
Octubre 7 de 2024
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¿Quién limpiará el agua del Arroyo Guerrero?
En La Guajira, uno de los departamentos más áridos del país, varias comunidades Wayúu ven con preocupación una obra para tratar aguas residuales que podría contaminar el Arroyo Guerrero, único afluente del que se surten. Esta es la historia de un litigio que apenas comienza.
La carta fue enviada a la Presidencia el pasado 21 de agosto, pocos días después de que Gustavo Petro cumpliera dos años en la Casa de Nariño. “Respetado Señor Presidente”, se lee en su encabezado: “nos dirigimos a usted, de nuevo, con tristeza y frustración, para exponer una situación que afecta gravemente a la costa de La Guajira y sus comunidades”.
El documento iba a nombre de varias comunidades como Marwasella, Las Piedras, Fortaleza, Playa Perdida, El Colorado, Cachaca I, II y III, Puente Guerrero, Puerto Caracol, Jamiche, Ceibita y otros veinte asentamientos rurales al sur de la ciudad de Riohacha, capital del departamento.
El decálogo de agravios condensa lo que los pobladores consideran que es un atropello directo a su soberanía y a sus derechos como pueblo indígena.
“Nuestro caso es un claro ejemplo de racismo ambiental”, aseguran en el documento, “es una ironía dolorosa”. En su argumentación exponen que La Guajira padece de un enorme atraso de infraestructura, “continuamos cocinando como si estuviéramos en el siglo XVI”, a pesar de que esa tierra es la que provee la energía —carbón y gas— para que en otros países disfruten de sus comodidaes tecnológicas a costa de que estas comunidades sufran la contaminación por el polvo de carbón y la pérdida de sus arroyos.
Este preámbulo, que resume los tantas veces documentados conflictos provocados por el extractivismo, el abandono y la desigualdad crónica en la península, concluye que los indígenas Wayuu son las “víctimas de una emergencia climática que no provocamos. Esto dice mucho sobre cómo las autoridades realmente consideran a su propia población”.
La carta tarda varios párrafos para entrar en materia finalmente y agregar lo que las comunidades consideran el último atropello de esa larga lista de “racismo ambiental”. Se trata de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que, dicen ellos, no fue sometido a la consulta previa con los indígenas del lugar: “un procedimiento abiertamente ilegal y violatorio de los derechos humanos de nuestro pueblo”.
De acuerdo con las coordenadas establecidas por la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, la planta de tratamiento será levantada en un lote próximo a la carretera que conduce a Santa Marta, muy cerca del mar y a unos siete kilómetros al suroeste de la capital de La Guajira, justo a un costado del puente sobre el Arroyo Guerrero, un curso de agua del que se abastecen las treinta comunidades aledañas.
La obra contempla reactores de un sistema que en la jerga técnica se denomina “aeróbico de medio fijo”, algo que en los planos se ve como un conjunto de grandes tanques circulares conectados entre sí por donde irá pasando el agua para su purificación. La primera consultoría del proyecto, contratada por el Ministerio de Vivienda a través de la Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de La Guajira, tuvo un costo de 1.372 millones de pesos en febrero del 2022.
Esta consultoría planteó como justificación la urgencia de una obra que garantizara “la solución definitiva a la problemática de vertimientos de aguas residuales hacia el mar Caribe que se presenta en la actualidad, de tal manera que se minimicen los impactos ambientales, sociales y económicos que se puedan dar por los vertimientos de aguas residuales que se generan en el municipio”.
El Arroyo Guerrero, aledaño a la obra, es el centro de la discordia entre los indígenas Wayúu y algunas entidades como la Empresa de Servicios Públicos, la Gobernación o la Alcaldía de Riohacha, todas interesadas en desarrollar el proyecto que permitirá descontaminar las aguas negras de Riohacha, una ciudad donde habitan algo más de 170 mil personas según el último censo poblacional del DANE.
El problema es que el trasvase de las aguas residuales terminará en el Arroyo Guerrero, un cauce de agua de donde se surten más de treinta comunidades rurales de Riohacha, que además sirve para el pastoreo de animales en sus orillas y para la pesca artesanal.
Así se desprende de la respuesta de Andreina Susana García Pinto, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, quien contestó el pasado 8 de julio un derecho de petición de la comunidad: “Este arroyo ha sido identificado como el cuerpo de agua autorizado mediante el permiso de vertimiento expedido por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) al Distrito”.
Varias comunidades aseguran que el proyecto no fue socializado con la mayoría de caseríos aledaños, algo que confirmó la propia Empresa de Servicios Públicos de La Guajira en un documento oficial donde reconocieron únicamente haber llevado a cabo la consulta previa con las comunidades de Irranchón y El Jope, situadas aguas arriba del Arroyo Guerrero.
De hecho, en su respuesta del 8 de julio, la gerente de la Empresa de Servicios Públicos se negó a aportar la información completa solicitada por los indígenas en relación al valor y las negociaciones de los posibles predios en donde se construirá la obra, argumentando que “se protegen bajo reserva los datos considerados como secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de empresas públicas de servicios públicos”.
Sin embargo, el Ministerio del Interior ha dado visto bueno al proyecto. Según esta cartera, encargada del relacionamiento con las minorías étnicas, ya se surtió el trámite de la consulta previa, consagrado en la Constitución Política de 1991 y obligatorio para cualquier proyecto u obra de infraestructura que vaya a realizarse en territorios étnicos.
El documento iba a nombre de varias comunidades como Marwasella, Las Piedras, Fortaleza, Playa Perdida, El Colorado, Cachaca I, II y III, Puente Guerrero, Puerto Caracol, Jamiche, Ceibita y otros veinte asentamientos rurales al sur de la ciudad de Riohacha, capital del departamento.
El decálogo de agravios condensa lo que los pobladores consideran que es un atropello directo a su soberanía y a sus derechos como pueblo indígena.
“Nuestro caso es un claro ejemplo de racismo ambiental”, aseguran en el documento, “es una ironía dolorosa”. En su argumentación exponen que La Guajira padece de un enorme atraso de infraestructura, “continuamos cocinando como si estuviéramos en el siglo XVI”, a pesar de que esa tierra es la que provee la energía —carbón y gas— para que en otros países disfruten de sus comodidaes tecnológicas a costa de que estas comunidades sufran la contaminación por el polvo de carbón y la pérdida de sus arroyos.
Sobre el caso puntual del proceso de la PTAR de Arroyo Guerrero, Álvaro Echeverry, secretario general de la entidad, declaró en una visita a Riohacha la primera semana de agosto que tiene “la plena confirmación y demostración de cómo se implementa el derecho a la consulta previa de modo transparente e incluyente para las comunidades étnicas, convirtiendo el diálogo social en una forma colectiva de construcción de modelos de desarrollo en todo el territorio nacional”.
Pero el Ministerio tenía conocimiento o al menos dudas sobre la manera cómo se estaba llevando el proceso, pues Alexandra Córdoba, de la subdirección de consulta previa, envió en julio un oficio a Andreina Susana García, gerente de la Empresa de Servicios Públicos, pidiéndole que informara “si las actividades, áreas de influencia, intervención e impactos del proyecto que se ocasionan en los medios físicos, bióticos y socioeconómicos han variado respecto de lo analizado previamente […] y si se determina una posible afectación directa sobre estas comunidades”.
Se refería, como es obvio, a las otras comunidades que no fueron tenidas en cuenta en la consulta previa y con las cuáles nunca se socializó el proyecto, entre ellas La Cachaca, la misma comunidad donde Baudó Agencia Pública estuvo reporteando a comienzos de este año un caso puntual de erosión costera y desplazamiento por causa del cambio climático que ya ha provocado la salida del territorio Wayúu de al menos 17 personas.
“En caso de que se produzca una crecida de las aguas residuales por lluvias abundantes, estas aguas no se pueden tratar, ¿dónde irán sin ser tratadas? ¿Cuál es la localización exacta propuesta para la depuradora? ¿Cuáles son los plazos estimados para la construcción y puesta en funcionamiento de la depuradora? ¿Cómo se garantizará que la depuradora no contamine el arroyo? ¿Está preparada para eliminar metales pesados y virus y bacterias patógenas?”.
Estas fueron algunas de las preguntas, aún sin respuesta, que los indígenas formularon en varios derechos de petición enviados a entidades como la Corporación Autónoma de La Guajira, autoridad ambiental del departamento, también a la Procuraduría local y al Ministerio de Vivienda.
“¿Qué planes existen para compensar a la comunidad por cualquier impacto negativo ¿Quién se responsabilizará en caso de que se produzcan fallos? ¿Qué planes de contingencia existen caso se produzca una emergencia como el caso de una inundación?”, se pregunta Clarena Fonseca, una activista y líder comunitaria de La Cachaca.
Por ahora no hay una respuesta clara. Según ella, el proyecto ni siquiera cuenta con estudios de impacto ambiental, ni se tramitó una licencia ambiental para la obra, que ya tiene destinados más de 25 mil millones de pesos en aportes conjuntos del Ministerio de Vivienda, la Gobernación de La Guajira y la alcaldía de Riohacha.
BaudóAP se comunicó con Samuel Lanao, director de Corpoguajira, la autoridad ambiental del departamento, quien confirmó que el proyecto aún no tiene licencia ambiental, pues aquella sólo se expide por parte de la autoridad correspondiente una vez se haya realizado la consulta previa. La empresa de servicios públicos aún no ha formulado la solicitud de licencia para el proyecto y se ampara en el decreto 2820 de 2010 que indica que para las ciudades con menos de 200 mil habitantes no es necesaria una licencia ambiental tramitada ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales al momento de construir su planta de tratamiento, sino que basta un permiso de vertimientos de aguas residuales que lo otorgaría CORPOGUAJIRA.
Según Lanao, en tal caso el proyecto necesitaría una certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que acredite que la población de Riohacha no ha superado aún los 200 mil habitantes, toda vez que en el último censo del año 2018 la cifra alcanzó las 177 mil personas.
Aunque los términos de referencia previstos para este tipo de obras por la resolución 1285 del 30 de junio del 2006 del Ministerio de Vivienda establecen que se debe “dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales (comunidades, patrimonio cultural y arqueológico)” añadiendo que es imperativo “expresar claramente, los impactos sobre los cuales aún existe un nivel de incertidumbre”, nada de aquello ha sido puesto en conocimiento de las comunidades.
Además, la resolución indica que se debe “incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de información, discusión y concertación —si es el caso— de los impactos generados por el proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se consignarán en las respectivas actas con las comunidades”.
Las comunidades han agotado diferentes instancias y en la última semana de septiembre instauraron una acción de tutela alegando que se vulneró su derecho constitucional a la consulta previa. Este litigio jurídico recién comienza y como ha ocurrido en otros casos similares podría tardar años o incluso décadas.
“Entendemos la necesidad de dicha planta [de tratamiento] y no nos negamos a su construcción, tan solo no queremos sus vertidos en nuestro entorno prístino y menos en un sitio sagrado como es el Arroyo Guerrero”, asegura la carta de los indígenas al presidente Petro, que ha hecho de La Guajira epicentro de sus campañas políticas y discursos, y que además obtuvo una aplastante mayoría en la votación de ese departamento, donde superó a su contendor Rodolfo Hernández con el 64% de los votos.
“Fuimos condenados a desaparecer por el capricho de unos pocos que nos ignoran” concluye la carta que, por ahora, sigue sin respuesta.
