La mina El Jade todavía no cuenta con socavones y túneles bajo tierra, pero ya tiene página de Facebook y letreros que prohíben el paso a sus propiedades. Aunque nadie haya extraído un solo gramo de carbón, la mina ya destruyó un bosque centenario y amenaza con envenenar las fuentes de agua de las que dependen miles de pobladores en Vélez, Chipatá, Bolívar y El Peñón, en el sur de Santander.

A pocos metros de la carretera sin pavimento que comunica a Vélez con Bolívar y El Peñón, atravesando la cima de la Serranía de los Agataes, se aprecia un trozo de la montaña convertido en tierra arrasada después de cruzar por la vereda Palo Blanco. Las cercas de alambre y los letreros de propiedad privada prohibiendo el paso señalan los linderos del proyecto en poder de la empresa CIMYTRACOAL.

El 6 de octubre un equipo de Baudó Agencia Pública visitó el lugar como parte de una Misión de Verificación Internacional organizada por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) y acompañada por cooperantes extranjeros adscritos a la organización alemana Agiamondo y el Servicio Civil para la Paz de Alemania. A la Misión le fue imposible acceder al terreno, pese a que por allí cruza un camino centenario que hasta hace poco era usado por campesinos de varios caseríos para llegar a sus fincas. La minera clausuró este camino y otro que es más estrecho y cercano. Los pobladores lograron habilitar de nuevo el segundo, con ayuda de la alcaldía. El camino más ancho y más antiguo sigue cerrado por órdenes de la minera.

Hombres al servicio de CIMYTRACOAL se apostaron en la entrada del lugar, aparentemente armados, en una clara actitud intimidante en contra de la Misión de Verificación y la comunidad que intentaba acercarse al punto donde ocurrió la devastación ambiental para corroborar si la empresa aún realiza obras y trabajos. En teoría, las labores de la minera deberían estar suspendidas, pues así lo obligó un auto de la Corporación Autónoma Regional del Santander (CAS) como medida cautelar mientras se investigan las posibles irregularidades y daños al medio ambiente causados por su operación.

CIMITRACOAL es el nombre corto de la compañía comercializadora de minerales, tierras raras y carbones, una empresa cuyo domicilio para efectos legales se registra en una casa de un barrio residencial del norte de Bogotá, pero cuyas caras visibles son Luis Hermes Vera Parra, un empresario oriundo de Chitagá, Norte de Santander, y Juan Sebastián Morelli Pérez, un cucuteño y empresario de la construcción vinculado a múltiples proyectos inmobiliarios en ese mismo departamento.

La empresa es poseedora del título minero EFJ-091 que comprende 280 hectáreas en la cresta de la Serranía de los Agataes, justo en el punto donde se forma una estrella fluvial que separa las aguas entre las cuencas de los ríos Minero, Opón y Suárez. La concesión primero le fue entregada en 2005 a otra empresa santandereana conocida como CARBOLAND, o Carbones de Landazuri, una minera que explota socavones de carbón en el corredor que comunica a Landázuri, Santa Helena del Opón y Cimitarra, tres municipios relativamente cercanos que hoy viven agobiados por la minería ilegal y la violencia. 

Pese a que la concesión minera tiene dos décadas desde que fue otorgada, nunca había sido explotada por sus propietarios, hasta comienzos de 2025 cuando CIMITRACOAL ingresó al terreno talando el bosque y removiendo grandes cantidades de tierra sobre un nacimiento de agua que surte a varias comunidades en la parte baja de la montaña.

Los más viejos recuerdan que la finca Berlín, donde se encuentra el proyecto minero, hace casi un siglo tuvo una explotación artesanal de carbón en cabeza de don Federico Rivera, un médico del pueblo de quien sólo se conserva su leyenda. Cuentan que vivía allí mismo, en una casa construida con bloques sólidos de carbón en vez de ladrillos. A don Federico lo mataron unos sujetos que aparecieron cierta noche haciéndose pasar por enfermos, en tiempos de la violencia, y la propiedad la heredó Urbano Rivera, un pariente suyo. Después la finca cambió muchas veces de manos y fue reforestada por Dionisio Ariza, otro campesino de la región que plantó robles para recuperar el terreno. A finales de los noventa fue ocupada varios años por los paramilitares del Bloque Central Bolívar, que dominaron esa zona hasta comienzos del nuevo milenio, antes de la negociación con el gobierno de Álvaro Uribe.  

El carbón, cuentan los vecinos, podía recogerse directamente en los potreros de la finca, porque afloraba de manera natural sobre los barrancos y cortes de la montaña. Aún hoy pueden verse restos de carbón en muchos taludes a lo largo de la Serranía de los Agataes.

Ahora los mineros clausuraron el paso por el camino ancestral que cruzaba la vieja finca de don Federico Rivera, con el pretexto de que se encuentra dentro de su propiedad privada. La Policía, en lugar de respaldar a los pobladores, hizo un allanamiento irregular en la casa de don Rozo, un labriego que toda su vida había transitado por el lugar sin problema y que se atrevió a quitar los letreros que prohibían el paso.

Lo que agotó la paciencia de la comunidad ocurrió en abril de 2025, cuando descubrieron que la empresa había arremetido con maquinaria pesada para talar el bosque y aplanar el lugar donde se presume que quedará ubicada la bocamina y la plataforma de perforación del proyecto.

El 12 de mayo la comunidad de la vereda Palo Blanco solicitó una inspección de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), autoridad ambiental del departamento, pidiendo que constataran la destrucción que estaba provocando la minera. Y el 25 de mayo cientos de habitantes de las veredas aledañas se concentraron en los alrededores de la finca Berlín, donde se encuentran apostados los mineros, exigiendo que detuvieran los trabajos. Aquello motivó la intervención del alcalde municipal Orlando Ariza, quien respaldó a la comunidad y apeló a una figura legal poco conocida y aún menos usada por las autoridades locales en el país: una medida preventiva de suspensión de actividades que le fue impuesta a la empresa el 15 de junio de 2025.

“Yo no debiera decirlo, pero las movilizaciones y plantones pacíficos son importantes”, aseguró durante la Misión de Verificación el alcalde Ariza, quien ganó las elecciones en 2023 con el 55% de los votos gracias a una coalición del Partido de la U, la Fuerza de la Paz, la Alianza Social Independiente y Cambio Radical. “Hay un acuerdo municipal que prohíbe ese tipo de explotaciones en Vélez, pero ellos por desgracia están por encima de esos acuerdos”, agrega el alcalde. 

Ariza se refiere a las ordenanzas municipales y acuerdos departamentales que proscriben la minería y la explotación de petróleo en muchas regiones del país, pero que fueron anulados por la Corte Constitucional cuando dejó sin efectos las consultas populares realizadas en casi cincuenta municipios, bajo el argumento central que no podían ser los entes territoriales quienes definieran la política minero energética del país. 

“Este es un territorio que no tiene ni vocación, ni cultura minera”, insiste el alcalde Ariza: “Oponerse a la minería no es oponerse al desarrollo, tenemos que proteger el medio ambiente; no tenemos tradición minera”. 

La Corporación Autónoma visitó el terreno el 12 de mayo y se encontró con un escenario preocupante. El informe de la autoridad ambiental en poder de Baudó establece que  se “identificaron múltiples evidencias de uso reciente de maquinaria amarilla en labores de apertura y ampliación de vías, así como remoción de vegetación […] se destacan tocones de árboles recientemente cortados, huellas frescas de maquinaria sobre el terreno y varios árboles caídos dispuestos a lo largo del trazado vial, lo que sugiere una intervención reciente mediante el uso de maquinaria pesada […] se hallaron troncos dispersos en el área, lo que indica el aprovechamiento forestal reciente de individuos arbóreos, probablemente durante las actividades de adecuación del terreno. Es importante señalar que el terreno aledaño al área intervenida presenta originalmente una cobertura vegetal arbustiva bien conservada […] madera encontrada en el sitio estaría siendo utilizada para diferentes adecuaciones dentro de la actividad minera, como la construcción de áreas destinadas al almacenamiento de herramientas”. 

Pero lo más grave es que la Corporación confirmó lo que habían señalado los campesinos: que la minera taló especies protegidas que requieren permiso especial para su aprovechamiento, entre ellas unos centenarios robles de montaña (Quercus humboldtii) y los populares “helechos machos” o “helechas” (Cyathea caracasana), cuya tala está vedada.

La Corporación confirmó también que la empresa había destruido dos fuentes de agua pues realizó “un desvío de la cañada natural de este cuerpo de agua […] sin contar con el permiso o autorización correspondiente por parte de la autoridad ambiental competente. Esta acción constituye una alteración directa del ecosistema y podría implicar afectaciones a los servicios ecosistémicos asociados”, se lee en el documento.

Luis Hermes Vera Parra, uno de los socios de CIMYTRACOAL, dijo a Baudó AP que él ya no es el representante legal de la empresa pero que todos los procedimientos se han hecho conforme a la ley. Agregó que se ha quebrado tres veces tratando de legalizar el título minero, una labor en la que, según él, lleva más de 15 años: “hicimos todo al pie de la letra, como lo exigen las autoridades ambientales”.

Vera Parra sostiene que la compañía “no ha infringido norma alguna” y que no es cierto que hayan talado el bosque: “lo que se cortó fueron dos árboles y no se dañaron las quebradas, se hizo el desvío de una escorrentía”. 

El empresario sostuvo que los rumores sobre la posible explotación de tierras raras en la zona –que surgieron por el nombre de la empresa- son infundados puesto que “en la Cordillera Oriental no hay tierras raras”. Dijo no saber nada sobre los señalamientos de que empresas carboníferas de la región están relacionadas con paramilitares como Arnubio Triana Mahecha alias “Botalón”, algo que han sugerido varios activistas ambientales del Santander que prefieren no ser citados. 

Pese a la versión del empresario, la Corporación Autónoma ya profirió un concepto que evidencia el daño ambiental causado por la minera. Pero Gloria Milena Durán, la directora de la Corporación, reculó ante la comunidad y algunos líderes ambientalistas de Santander en una reunión presencial que tuvo lugar en el municipio de San Gil durante la Misión de Verificación.

“Estoy abierta a estos espacios porque debo trabajar de la mano con la comunidad y estoy totalmente de acuerdo con la participación ambiental. Quiero darle un parte de tranquilidad a la comunidad, estamos haciendo todo lo que nos permite la ley, de pronto el resultado final no sabemos cuál va a ser, si favorable o desfavorable, porque una vez se analicen los temas diremos hasta dónde va la competencia de la Corporación, hasta dónde podemos avanzar”, apuntó Gloria Milena Durán. 

Durán es señalada de ser cercana al clan Díaz Mateus, en cabeza del general retirado y actual gobernador del Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien es hermano del excongresista conservador Iván Díaz Mateus, condenado por corrupción. Los Díaz Mateus han sido promotores y simpatizantes de la minería en Santander, especialmente en la zona aledaña al Páramo de Santurbán, epicentro de uno de los conflictos sociales y ambientales más álgidos del país en la última década.  

La directora Durán fue ambigua en su postura y en ningún momento quiso comprometerse a tomar acciones reales para detener el proyecto, como lo exige la comunidad. “Ustedes quieren que yo les diga que hoy voy a revocar la licencia minera, pero eso no lo van a escuchar”, dijo la directora: “es una licencia que viene desde hace once años atrás […] el ejercicio lo estamos haciendo y lo vamos a hacer bajo la normatividad”. 

Quienes han interpuesto demandas y solicitudes de revocatoria de la licencia ambiental y del título minero son la Asociación de Acueductos Comunitarios y el Colectivo José Alvear Restrepo (CAJAR). La abogada Rosa María Mateus, oriunda de la región y también integrante del CAJAR, asegura que “lo jurídico puede ser lo más riesgoso y peligroso en medio de todo lo que hay qué hacer”.

Se refiere a la confianza ciega que la gente tiene en la institucionalidad pero que a veces deriva en decisiones que terminan lesionando los intereses de las comunidades y beneficiando a las multinacionales y los proyectos extractivos. “El derecho es un arma de doble filo”, insiste la abogada Mateus, quien recalca que lo más importante es la movilización popular, que hasta ahora ha logrado frenar este proyecto y otro similar en poder de la empresa Zurich International Trading, que busca desarrollarse a pocos kilómetros en el municipio de La Paz, sobre la misma Serranía de los Agataes.

Como ejemplo de la gran frustración que ha dejado la lucha legal contra el extractivismo en la región están las consultas populares de Sucre y Jesus María, pueblos vecinos de Vélez que en votaciones masivas y aplastantes que significaron más del noventa por ciento de la votación le dijeron no a la minería y a la explotación petrolera en el año 2017. Esa voluntad popular fue invalidada tras el fallo de la Corte Constitucional un año más tarde, que desconoció la votación de miles de personas a lo largo del país, como lo contamos en otro reportaje de Baudó AP, a propósito de la consulta popular contra el petróleo en Tauramena (Casanare). 

Una consulta similar contra la minería en El Peñón (Santander), donde también se pronosticaba que ganaría en las urnas el rechazo rotundo a los proyectos extractivos, no alcanzó a realizarse en 2018 porque el gobierno de Juan Manuel Santos la boicoteó con una tutela ante el Consejo de Estado.

El proyecto minero tiene en vilo dos fuentes hídricas que surten al municipio de Bolívar: las quebradas La Ture y La Funcia. Además, afectará las veredas Tebaida, Llanadas, Monte Oscuro y Palo Blanco del municipio de Vélez. El impacto negativo podría llegar hasta los municipios de Chipatá y La Paz, que comparten límites con Vélez en lo alto de la Serranía. 

Los pobladores pronostican además un deterioro del tejido social “como en la parte de abajo”, explica el labriego Jairo González, refiriéndose al apogeo de la violencia y la prostitución en los municipios de Landazuri, Santa Helena del Opón y Cimitarra, ubicados unos cuántos kilómetros más al norte, sobre la carretera que comunica a Vélez con el Magdalena Medio. En Landázuri ocurrieron dos masacres en 2022 relacionadas con las disputas por ganancias de unas minas, mientras que Cimitarra ha sido eje de operaciones del rearme del Clan del Golfo en la región, precisamente allí fue abatido en mayo de 2022 el capo Juan Larrison Castro alias “Matamba”, jefe de esa banda criminal en el suroccidente del país. Informes de inteligencia y declaraciones judiciales de testigos protegidos por la Fiscalía indican que, en Puerto Araujo, un caserío cercano sobre el río Carare, se llevó a cabo la reunión para reunificar las diferentes facciones del Clan del Golfo después de la extradición de su máximo comandante, Dairo Antonio Úsuga “Otoniel”.

“Vemos a nuestros campesinos preocupados y con miedo”, aseguró Diana Hernández, ingeniera, ambientalista y concejal del municipio de Vélez, quien impugnó el proyecto con varios recursos jurídicos ante la CAS. Las alcaldías de Vélez y Chipatá han considerado la posibilidad de comprar los predios concesionados a las mineras para declararlos zonas de reserva natural destinadas a proteger el agua, pero Wilmer Mauricio Camacho, Secretario de planeación del municipio de Chipatá insiste en que “las mineras tienen la ventaja, porque pueden ofrecer más dinero por los predios que el que ofrece el municipio”.

Kennedy Cruz, un campesino que ha pasado toda su vida en estas montañas, zanja la situación en una frase: “queremos que se respete la Constitución, que no se siga vulnerando a las comunidades”.