A finales de noviembre de 2023, el presidente Gustavo Petro despidió a Danilo Rueda como Alto Comisionado para la Paz a través de un escueto mensaje en su cuenta de la red social X. Rueda
había sido determinante en la planeación de la estrategia de paz del actual Gobierno, incluso
desde antes de que Petro se sentara en la Casa de Nariño.

Por esos días yo me encontraba en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí aguardando una
entrevista y me di cuenta de que la noticia había caído como un trueno entre los voceros de la
llamada Oficina de Envigado recluidos allí. Algunos de ellos me abordaron preocupados para
confirmar la salida del funcionario. Rueda era el hombre con quien venían cruzándose mensajes
desde hacía meses y con quien sostenían las reuniones en el proceso de crear confianza entre las
partes, hasta con partidos de fútbol, para poder darle inicio a las negociaciones. Gracias a esa
confianza fue que varios de los capos más temidos del Valle de Aburrá le dieron la cara al país por
primera vez en un acto público el 2 de junio de 2023 para anunciar su voluntad de paz.

Danilo Rueda (Bogotá, 1964) se mueve hoy con la tranquilidad de los que no tienen cuentas
pendientes, ni enemigos agazapados. Desde su salida de la Oficina del Alto Comisionado para la
Paz, una dependencia adscrita a la Presidencia de la República que tiene como misión el
acercamiento con los grupos armados ilegales del país —sean insurgentes o puramente
criminales—, Rueda se ha dedicado a lo mismo que había hecho toda su vida: caminar los rincones
más remotos del país para hablar con sus gentes impulsando el Movimiento Social por la Paz, una
plataforma que recoge dinámicas locales e iniciativas humanitarias en diferentes regiones del país.

Hace meses anda recorriendo los territorios golpeados por la violencia, conversando con comunidades víctimas del conflicto y repitiendo ideas y fórmulas que, según él, quedaron inconclusas en la política de paz del actual gobierno, de la que fue su primer arquitecto. 

Nos cruzamos el 8 de julio en Samaniego (Nariño) durante un encuentro comunitario convocado por la iglesia católica para hacerle seguimiento a las negociaciones de paz que se llevan a cabo en ese municipio con los Comuneros del Sur, una facción disidente del Ejército de Liberación Nacional que se apartó de la mesa nacional con esa guerrilla para sacar adelante su propio proceso de paz, más expedito y hasta ahora el único que avanza en las negociaciones con grupos que vienen de la insurgencia. 

Rueda atribuye el crecimiento de las disidencias de las FARC a problemas estructurales que subsistieron después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana y asegura que deben atacarse las causas económicas de la violencia, ligada a la acumulación de capital y las economías ilícitas que han creado “Estados de facto” en muchas regiones en donde impera la ley de los armados, quienes regulan la economía y la vida cotidiana de los pobladores. Asegura que se necesitan nuevas fórmulas para hacer la paz y que faltó voluntad del Congreso de la República para echar andar un marco jurídico que diera piso a la suma de voluntades.

¿Cuál es su balance de la situación actual? ¿Cómo ve el país en términos de conflicto armado?

Creo que está aflorando lo que la pandemia ocultó de alguna manera. Están aflorando un conjunto de Estados de facto en un alto porcentaje del país. Esto ha surgido a partir de un cambio en la política.

¿Cómo fue ese cambio en la política?

El nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente hizo una apuesta por un acuerdo nacional, una apuesta por un diálogo con diversos grupos armados de distinta naturaleza, y un enfoque de reconstrucción del ejercicio legítimo de la fuerza por parte del Estado a partir de lo que se llamó la “seguridad humana”. Esta estrategia incluía un respeto irrestricto a los Derechos Humanos y un énfasis particular en operaciones de inteligencia tendientes a prevenir la violencia y a desmontar a quienes están detrás de la acumulación de capitales o la transferencia de capitales a partir del ejercicio de la violencia. También hubo un escenario de diálogo político que permitiría resolver el conflicto armado de más de sesenta años con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como una nueva propuesta para cerrar definitivamente el ciclo de violencia a nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que, aunque tuvo un avance sustancial en el Acuerdo de Paz de La Habana en 2016, dejó unos residuos por resolver. 

La estrategia de seguridad humana contempla varios componentes y el militar es sólo uno de ellos, la pregunta es si esa estrategia funcionó…

Yo creo que hay un inicio de desarrollo de esas políticas y ese es el camino planteado desde el comienzo, pero entendiendo los giros que hoy se están dando por diversos elementos coyunturales de la geopolítica. 

Analistas como los de la Fundación Ideas para la Paz desde el principio cuestionaron con vehemencia la política de paz total que usted lideró. Argumentan que era ambigua y provocaba más conflicto en los territorios. La narrativa es que el país está prendido y descuadernado por culpa de Danilo Rueda, que se sentó a hablar con los criminales. ¿Qué responde?

Lo curioso es la incoherencia de los propios analistas, con todo el respeto que se merecen. Que alguno de ellos pruebe que, en 2016, antes de la firma del Acuerdo de Paz, los que eran 150 o 300 hombres agrupados en torno a la figura del disidente Gentil Duarte se vinieron a consolidar después del 7 de agosto de 2022. Que nos prueben qué pasó con los 25 grupos ilegales en diversas regiones del país que desde 2016 ya estaban operando a nombre de las FARC. Es una realidad, es algo fáctico, no es una invención. Ahora, si creemos que el Acuerdo de Paz de La Habana en 2016 fue perfecto, o que la dejación de armas de los paramilitares entre 2003 y 2006 fue perfecta, ¿cuáles son las razones para que haya habido una reingeniería o una nueva fase del desarrollo del paramilitarismo después de las Autodefensas Unidas de Colombia? Y así mismo: ¿cuáles son las razones para que haya una reingeniería a nombre de las FARC? Ahondemos sobre las causas, que tienen que ver en algunos casos con asuntos muy subjetivos que no se refieren a asuntos ideológicos. Por ejemplo, trámites internos de cada organización que no fueron resueltos adecuadamente y llevaron a desconocer el proceso de dejación de armas; también la ausencia de una respuesta estratégica del Estado. ¿Eso viene desde el 2022? Las Autodefensas Gaitanistas hoy llamadas EGC, las Autodefensas de la Sierra Nevada, todas las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá ¿se inventaron en el 2022? O las estructuras armadas de Buenaventura, que se decía que eran simples bandas, pero ¿alguien se ha tomado la molestia de ver quienes pasaron desde el Bloque Calima de los paramilitares hacia Los Rastrojos, hacia La Empresa? ¿Quiénes fueron sus fundadores y creadores? O los grupos criminales de Quibdó, que fueron creados por un ex miembro de las Autodefensas a solicitud de un sector de políticos, comerciantes y empresarios con intereses en el Chocó.

¿Quién era ese exmiembro de las AUC del que me habla en el Chocó?

La justicia es la que debe investigar. Pero hay otro tema, ¿de quién es la responsabilidad de la seguridad? ¿De quienes dialogábamos? ¿O el diálogo es una forma de resolver los asuntos estructurales que llevan a que se configuren grupos armados? Ahora, volvamos a los hechos: ¿cuántos hombres tenía la banda criminal del Tren de Aragua y en dónde operaban el 7 de agosto de 2022? Se han expandido, yo le pregunto: ¿hubo diálogo con ellos?

No, no hubo

¿Y entonces por qué crecieron? ¿Si dialogamos tenemos responsabilidad en eso que llaman la inseguridad del país?

Pero es inocultable que los grupos se expandieron desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro, el único que retrocedió fue el ELN… Miremos lo del Clan del Golfo, ¿cómo explica que un gobierno de izquierda le permita crecer a un grupo narcoparamilitar? 

Esas son las preguntas que habría que hacerle a las fuerzas de seguridad del Estado, a la inteligencia y a la propia Fiscalía General de la Nación. Es que dialogar no significa “hablemos y ustedes expándanse”. ¿Cuáles son los límites del diálogo? Es para ver cómo hacemos acuerdos de transformación de las razones por las cuáles los grupos están en armas, pero, ¿a quién le corresponde el desmonte de grupos criminales? Hay una narrativa errada…

Concuerdo en que hay una narrativa, pero ambos componentes son parte del mismo Gobierno, tanto la estrategia de paz como la fuerza militar, entonces reformulo la pregunta, ¿qué fue lo que falló?

Insisto en que hay un diseño de la paz total que fue adecuado. En desarrollo de presiones, coyunturas y circunstancias hubo cambios. Pero insisto, hay elementos clarísimos del enfoque de seguridad humana que eran las matrices para definir unas salidas estructurales del conflicto: primero, una política social que empezaba a enfrentar las desigualdades por las cuáles muchos jóvenes se vinculan a la violencia. Segundo, los asuntos ambientales para enfrentar nuevos factores que permiten acumulación de capital para el desarrollo de la violencia: ganadería, minería, todo eso. Tercero, la depuración interna de las Fuerzas Armadas, que buscaba garantizar el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. También se buscó que las operaciones militares priorizaran dar con las cabezas de las economías ilícitas, con sus planificadores y beneficiarios. Eso va en concordancia con una Fiscalía que desarrolla sus hipótesis investigativas priorizando a las cabezas. Cuarto, una política internacional que pone en discusión el asunto de las drogas pero que también plantea temas de respeto a la soberanía de los pueblos, caso Palestina, y también un nuevo ejercicio de relacionamiento entre los países para abordar temas de crimen trasnacional. Y finalmente el diálogo con grupos armados que quisieran disponerse. ¿Qué ha fallado? La aplicación, seguramente; la necesidad de un poco más de tiempo para que la sociedad pudiera comprender de qué estábamos hablando: diálogos con el conjunto de los actores de la vida del país, más profundización en los asuntos de la política internacional. De fondo hay otra cosa, ¿qué quiere el país? ¿Queremos seguir ensayando los modelos de militarización? Si la militarización funciona, ¿por qué después de la muerte de Gentil Duarte en un bombardeo durante el gobierno Duque continuaron las disidencias? En el 2022 cuando yo llegué al Yarí la mayoría de comandantes de las disidencias estaban ahí en reuniones, hay testigos internacionales que estuvieron en el proceso de paz de La Habana que pueden confirmar eso. ¿Yo cree las disidencias? ¡Ya existían!

Fue muy evidente el saboteo a la paz total desde la Fiscalía bajo la administración de Francisco Barbosa, ¿qué interpretación hace usted de eso?

Creo que no fueron los únicos, hubo bastantes saboteadores. A mí se me han acercado periodistas a pedirme perdón y yo les pregunto ¿de qué los debo perdonar? Me decían que no comprendían y que atacaron todo lo que hicimos desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La práctica periodística no se tomó el tiempo de contrastar, de comprender. Con la Fiscalía en su momento hubo un linchamiento falso de lo que se estaba haciendo y un ambiente que generó ruido en muchos sectores de la sociedad. Con el fiscal Barbosa tuvimos una reunión extensa al inicio de un espacio de diálogo con la disidencia de la Segunda Marquetalia, hay testigos de esa reunión, y la única objeción que presentó el fiscal a la política de paz total fue que no podíamos negociar con la Segunda Marquetalia porque eran un grupo reincidente, a todo lo demás nos dijo “avancemos”. Pero a los ocho días hizo un conjunto de acusaciones y de falsas afirmaciones atacándome. 

A usted se lo señaló de haber gestionado los traslados para alias Iván Mordisco en helicópteros con el propósito de que reagrupara las facciones disidentes de cara al proceso de paz…

Iván Mordisco estaba en la zona. Que verifiquen quiénes se trasladaron en los helicópteros en los cuáles yo ni siquiera me moví. Y eso fue en una etapa posterior, en el 2023. Pero ya en el 2022 había reuniones de comandantes sin necesidad de helicópteros, ni de cese bilateral al fuego. Hace parte de los asuntos falsos que me endilgan. 

¿Es factible dialogar con disidentes?

El modelo de diálogo con las Farc, que derivó en el Acuerdo de Paz de 2016 y que se debe cumplir, está acoplado con el del Viernes Santo [que selló la paz entre el Ejército Republicano Irlandés y el Reino Unido]. Muy importante, fue un paradigma. Pero no es el nuestro, porque nuestra realidad es distinta. En Irlanda hubo una entrega de armas paulatina, una serie de garantías cumplidas y allí se señaló que quien volviera a las armas sería tratado con los procedimientos legales existentes y toda la severidad posible. ¿Es lo mismo en nuestro país?

Se ha aplicado tal cual en contra de quienes se apartaron de los procesos de paz de las AUC y las FARC, pero hasta ahora no ha servido para contrarrestar la reincidencia en las armas…

Exactamente. Entonces podemos intentar nuevas fórmulas. Nuevas fórmulas que no demeritan ni la dejación de armas de las AUC ni el proceso de paz con las FARC.

Es un hecho que la paz total no funcionó, el presidente lo reconoció en público y ahora la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en cabeza de Otty Patiño se decanta por un modelo de paz territorial que, por el momento, tampoco ha funcionado. En su opinión, ¿por qué fracasó la paz total?

Desde la misma expresión de paz total… ¿quién la acuñó?

¿El excanciller Álvaro Leyva?

Él se atribuyó eso hace unos días, pero averigüen, hay cosas que no son reales, que no existieron. La posición del presidente Petro en un evento en Cali fue hablar de “eso que llaman paz total”. En las conversaciones con los grupos nosotros hablábamos de una paz integral. Desde el comienzo era claro que las transformaciones territoriales eran algo sustancial, pero hay que recordar los elementos de la seguridad humana. 

¿Qué fue lo que fracasó entonces?

La ausencia de coherencia en la aplicación de esos componentes de la seguridad humana. Los debates en el Congreso que no se hicieron sobre los proyectos de ley. Hubo varios proyectos de ley formulados desde la Oficina del Alto Comisionado para hacer la paz con los grupos criminales o no rebeldes. No se debatieron nunca.