En abril de 2026 se vivió en Santa Marta, Colombia, la Primera Conferencia para la transición Más allá de los combustibles fósiles: un evento de multilateralismo que, convocado por el Gobierno de Colombia en alianza con Países Bajos, reunió a representantes de más de 50 países, organizaciones sociales, científicos y ONGs, quienes hicieron un llamado para acelerar la salida del uso de combustibles fósiles.

Sobre las complejidades del tema conversamos con Ana Carolina Gonzáles, quien con más de 20 años de experiencia académica y profesional en materia de energía, minería y cambio climático, integra hoy la Junta de Oportunidades de InterNodos, plataforma que busca articular a los actores involucrados a la discusión y que ahora mismo reúne a más de 150 actores entre líderes comunitarios, ingenieros e inversores. La plataforma es liderada por Movilizatorio (Colombia) y financiado por Safer Complex Systems, un programa de Engineering X (Reino Unido), desde donde se aportan 730.500 libras esterlinas para un período inicial de tres años.

¿Cómo se entiende o en qué consiste la transición energética justa?

Cuando hablamos de transición energética nos referimos a unos cambios muy profundos en el cómo consumimos energía a nivel global y a la necesidad de luchar contra el cambio climático reduciendo la principal fuente de emisiones de CO2, que es la energía que proviene de los combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas. Alrededor del 80% de las emisiones de CO2 provienen del sector energía, entonces no hay manera de reducirlas a no ser que se cambie la forma de consumir energía, la matriz energética.

Sin embargo, no se trata solo de eso, transformar las fuentes de energía conlleva un montón de implicaciones sobre nuestra economía. Entonces esa transformación termina siendo una transformación económica y diría yo, una profunda transformación de nuestra forma de comportarnos y de pensar. 

¿Cuáles son las implicaciones sobre la economía de Colombia con la transición energética?

Colombia vende petróleo al mundo, y de esas ventas se derivan unas rentas importantes. Alrededor del 10% de los ingresos públicos vienen del petróleo y alrededor de la mitad de exportaciones están asociadas al petróleo. El tema es entonces una transformación profunda de la economía que exige diversificar, pensar en otros sectores. En la medida en que el consumo global de petróleo deje de crecer y tienda a disminuir, nuestro mercado internacional se va a ir cerrando.

¿Eso quiere decir que la transición energética también es un cambio de paradigma cultural, o un cambio mental de concepción del desarrollo?

Sí, tenemos que abocarnos a ese cambio. Entendemos que para muchos el petróleo ha sido una fuente importante de ingresos y el desarrollo va de la mano de ese consumo de energía tan alto porque efectivamente la energía es muy importante en la vida cotidiana: se requiere para estudiar en las noches, para que los negocios tengan una cadena de frío y no se les dañe la comida, hay un montón de cosas indispensables. Hemos asociado siempre un mayor consumo de energía a un mayor desarrollo y eso tiene que cambiar en nuestro chip. Si todas las personas tuvieran acceso a energía como tenemos muchos de nosotros, no habría fuentes renovables suficientes para ese consumo. Se requieren cambios de comportamientos en términos de eficiencia energética: hay muchas transformaciones que son mentales, que son de comportamientos humanos. Al final estamos hablando de no solo una transición energética, ni de una transformación económica, sino una transformación muy sistémica.

En esa discusión siempre hay un tema de narrativas. En contexto preelectoral tras un Gobierno que apostó de cierta manera por la transición energética, ¿cree usted que es posible abordar el tema desde una orilla o es algo necesariamente ligado a la lectura y/o apuesta de la política de turno?

El objetivo es que podamos dar una discusión de país más amplia, que vaya más allá de los gobiernos de turno, porque estas transformaciones requieren mucho tiempo, no toma ni siquiera un periodo de gobierno, ni siquiera dos periodos de gobierno, una transformación productiva de la amplitud de la que estamos hablando puede tomar décadas, dos o tres décadas. No podemos esperar a que se produzcan los cambios en la demanda internacional y ahí sí pensar qué vamos a hacer, no. Tenemos que desarrollar habilidades nuevas para entender que hay cosas que van a suceder y para las que tenemos que prepararnos desde ya.

Este gobierno ha ido construyendo una narrativa casi extrema del tema, ¿cómo lo explica usted?

En este gobierno se ha politizado mucho el discurso alrededor de la transición energética porque se ha visto como un objetivo y lo han ligado de cara a la forma en la que se le plantea el tema a la gente: “el carbón y el petróleo” “el diablo y el coco”; y ese tipo de narrativas sumado a la falta de claridad sobre sobre la ruta a seguir son una primera barrera.

Este gobierno no inventó la transición energética, ya durante el gobierno de Santos e, incluso, el gobierno de Duque, se habían puesto piedras adelante para definir una diversificación de la matriz energética dándole espacio a las renovables, a la eólica, etcétera. Colombia abrió una puerta muy importante durante el gobierno de Duque liderando temas de atracción de inversión en energías renovables. Lo que diferencia al gobierno actual es que sí se empieza a hablar de algo que muy importante: ¿Cómo vamos a pensarnos un país más allá del petróleo y del carbón, más allá de los combustibles fósiles?, lo que ocurre es que la narrativa instaurada ha sido poco asertiva y la propuesta tuvo un rechazo desproporcionado, esa es una realidad.

¿Por qué dice que el gobierno no ha sido claro sobre la hoja de ruta?

La idea de diversificar la economía en países altamente dependientes de materias primas viene desde los 50. Si lo planteas como que mañana vamos a cerrar el chorro del petróleo y del gas, lo que tendrás será una oposición muy grande. Y la forma en cómo se planteó desde este gobierno la ruta fue para contribuir a la lucha global contra el cambio climático, y lo realmente cierto es que si Colombia deja de producir petróleo o reduce sus emisiones del sector energético, la contribución global al final no es mayor. Y si bien cada contribución cuenta, en Colombia no le estamos haciendo un favor al mundo ni al planeta, se hace por garantizar nuestra propia supervivencia económica como país, no es solo el planeta el que sufre, es nuestra propia economía. Por eso es que es un reto y por eso necesita un diálogo amplio con muchos sectores, con una mirada a largo plazo, que polarice menos y brinde un poquito más hacia adelante.

¿Qué  otras barreras existen?

La segunda barrera son los intereses económicos propios de la industria y la tercera barrera es mental. 

Es difícil pensarse el desarrollo de una manera diferente porque ¿a quién le preguntas tú sobre el sector energético? Los expertos en energía siempre han visto al sector energético funcionando de la misma manera, entonces tienden a anticipar pensando en el pasado. Pero hay que retar esa mirada business as usual que tienen los expertos en economía o en el sector extractivo porque no va a estar siempre. Es mucho más cómodo hacer lo que ya sabes hacer porque así lo conoces y será más difícil enfrentarse a lo desconocido.

Se llevó a cabo en Santa Marta la ‘Primera conferencia para la transición energética: más allá de los combustibles fósiles’ y de cierta manera parece que el país ha asumido un liderazgo en el tema y puede eso ser contradictorio respecto a lo que usted señala

Santa Marta es una más. No es la conferencia que te va a dar la hoja de ruta, es la iniciativa del tratado para la no proliferación de combustibles fósiles. Veo esa conferencia como parte de esas muchas iniciativas y confluencias. El gobierno colombiano la está organizando al final de su mandato, después de que su hoja de ruta no fue clara. Hay un liderazgo, en foros globales Colombia ha hablado de este tema, pero ha sido un liderazgo narrativo que no se ha visto reflejado en la política pública del país. Entonces ese liderazgo pierde credibilidad.  

En Santa Marta lo que están haciendo es solo recoger insumos de muchas organizaciones sobre cuáles son los cómos de la transición económica y energética. Solo están recogiendo ese conocimiento y poniéndolo al servicio y creo que es una contribución importante.

¿Y no pasa algo similar en las conferencias de otros países?

Estamos en un momento global muy paradójico. Nunca antes se había planteado con tanta fuerza la necesidad de definir rutas claras más allá de los combustibles fósiles para las economías consumidoras y productoras. En este debate llevamos no sé cuántas COPs y hasta la reciente COP26 se empezó a hablar del elefante en la sala. Antes hablábamos de de adaptación, de reducir emisiones, de descarbonizar aquí y allá, pero recién se pone una meta clara en términos de carbono en la COP26: vamos a iniciar un proceso de transición más allá del carbón y luego, en la COP 28, vamos a hacer una transición de los combustibles fósiles, de manera progresiva, ordenada, justa, etcétera. 

En la COP30, a pesar de que no quedó en el texto, 80 países dijeron “definamos una hoja de ruta”. Hay mucho apetito por conversar sobre este tema porque se había vuelto tabú hablar de la posibilidad de tener economías más allá de los combustibles fósiles. 

¿Qué se viene entonces para la COP31? 

Nunca ha habido un momento tan importante. Hay un montón de iniciativas, incluyendo el liderazgo de la presidencia de la COP30 de Brasil, que está organizando una serie de conversaciones sobre el Transition in This Way que llaman ahora TAF (Transition Aceleration Framework). La idea es que eso desemboque en unos insumos para la COP31, así lo ha planteado la presidencia brasileña, pero no es solo eso, hay un montón de iniciativas: está el Gas Alliance, una alianza de países que quiere mover la agenda adelante; esta una iniciativa de la OCDE, donde se reúnen a ver el tema de precios países consumidores y países productores porque esta volatilidad es una locura, tiene que ver cómo regulan un poco esos precios porque efectivamente el proceso de transición puede implicar mucho dramatismo en el movimiento de los precios. 

Se criticó mucho a la COP de Dubai porque el presidente era un petrolero. Hay una crisis actual del multilateralismo, entonces se instala una narrativa de que esto no sirve para nada, ¿Cómo lee estos fenómenos alrededor de las discusiones?

Las críticas al multilateralismo son claras y son relevantes, no son infundadas. Hay líderes globales que se salen de esos espacios y líderes globales que invaden otros países buscando recursos naturales, sin embargo es muy paradójico que al mismo tiempo, nunca haya existido tanto interés en avanzar en esta discusión. Hace cinco años no se hablaba de una hoja de ruta para transitar más allá de los combustibles fósiles, los procesos son también cíclicos y las instituciones tienen crisis y seguramente estaremos abocados a hacer transformaciones profundas de ese sistema global. Algunos hablan de que vamos a empezar a movernos en coaliciones más regionales, como con bloques, y por eso esas coaliciones de países avanzando en el tema también valen, no tienen que ceder. 

¿Cómo coordinar todas las agendas y momentos de los países alrededor de esto?

Nos va a tocar buscar formas de conversar porque no hay un manual para hacer la transición y se tiene que construir a partir del intercambio de conocimiento. La colaboración Sur-Sur,  la colaboración Sur-Norte y la cooperación internacional es más relevante ahora que nunca. Estamos aprendiendo mientras hacemos y probablemente lo que sirvió en Dinamarca no sirva para América Latina, entonces nos toca más bien aprender entre Brasil y Colombia o entre México y Brasil. Esos espacios son muy valiosos para hacer ese intercambio de conocimiento entre pares y entre gobiernos, pero también haciendo un llamado al sector privado y a la sociedad civil sin olvidar que estos procesos son liderados por seres humanos y tendemos a aspirar de las instituciones resultados y comportamientos que no son humanos.

En Baudó AP hemos fijado nuestra mirada hacia las comunidades que están alrededor de los lugares donde se hacen las extracciones y esa es una de las partes más importantes de esa transición energética justa, ¿cómo debe el país tomar las decisiones respecto a donde explotar, donde no y cómo? 

No hay respuestas simples y estamos en una era en la que los seres humanos parecemos necesitar respuestas simples, soluciones concretas y definidas o culpables para nuestros problemas. Lo cierto es la complejidad, y es justamente que la realidad vivida por una comunidad no es la misma que la que vive otra. Cuando piensas en transiciones y transformaciones productivas y transición energética tienes que entender o tendríamos que poder entender esas realidades diversas y de alguna manera incorporar esa diversidad en la forma de pensar. Obviamente esto suena muy filosófico, pero en la práctica no lo es tanto. 

¿Existen ejemplos en la práctica?

En Natural Resource Governance Institute (NRGI) hicimos un informe en el que hablamos de transiciones movilizadas por la gente, el People-Powered Energy Transitions lo llamamos, pensando al menos en tres tipos de escenarios. Tres escenarios tipos. Uno es efectivamente que la gente quiere tener acceso a energía. En muchos casos estamos hablando de transición energética y la gente te pregunta pero “¿transición de dónde a dónde, si es que yo no tengo energía?” o “la energía que tengo es muy costosa” o “la energía que tengo es intermitente”. En un país como Colombia el porcentaje de acceso a la energía es muy alto, pero es cierto que aún hay muchas comunidades que no tienen acceso a la energía, entonces se necesita buscar que con lo que sea que estemos haciendo se garanticen unos mínimos de acceso a energía a esas comunidades que no la tienen. Si esa transición no garantiza que esa gente tenga acceso a energía, ¿Qué estamos haciendo?

¿Cuál es el costo de la transición para las comunidades que habitan lugares colindantes con proyectos mineros?

Para las comunidades que habitan los territorios de donde salen los minerales de la transición, los llamados minerales críticos estratégicos, la experiencia de la transición es distinta. Si vas a Putumayo sabrás que las comunidades no quieren saber nada de la transición energética porque la forma en la que les ha llegado la idea de una transición energética es “explotemos cobre en el Putumayo”. 

Luego están las comunidades que habitan en zonas de producción de hidrocarburos, que han dependido durante muchos años de las rentas de esos hidrocarburos y han sido afectadas por los pasivos sociales y ambientales que ha ido dejando la industria. En estos contextos hay mucho temor de que se reduzca la producción, de que se vaya la industria, porque entonces ¿cuál va a ser la fuente de empleo? ¿Quién va a limpiar todo esto? ¿Quién va a asumir los impactos en la salud? Dependiendo del lugar donde te sitúes en Colombia, la visión de la transición energética va a cambiar. Eso no significa que no pueda haber un plan común, tiene que haber una ruta común, pero tiene que nutrirse de la diversidad de necesidades, ambiciones y oportunidades que hay en los distintos territorios. 

Las energías renovables pueden ser una oportunidad importante para generación de empleo y de acceso a energía, pero las renovables no necesariamente se van a dar ahí donde se da la industria del petróleo. El petróleo está en un lado, el potencial solar y eólico puede estar en otro. Pasa lo mismo con proyectos de minería de litio en otros lugares de América Latina. Entonces sí debe tenerse consideración por esa diversidad de miradas y de experiencias respecto a lo que implica esta transformación. 

¿Cuáles pueden ser las condiciones mínimas para llegar de manera consensuada sirviendo a una causa común? 

Cualquier política pública de Colombia o de otro país que piense en esta transformación tiene que, al menos, respetar unos principios básicos. Reconocer los derechos de las personas es un punto de partida: el derecho de las comunidades donde se van a instalar proyectos mineros,  el derecho de las comunidades que habitan las regiones productoras de petróleo y el derecho de las comunidades que no tienen energía. También se deben garantizar los derechos de los trabajadores: ¿qué va a pasar con ellos?, ¿cuál es la compensación que van a recibir?, ¿qué niveles de protección social están ligados a la transición?. También se tiene que pensar específicamente en las mujeres porque la experiencia es muy distinta, no puedes hacer planes para los trabajadores de la industria que son hombres en una mayoría y dejar por fuera a todas las mujeres que están en la economía informal: en la tienda de barrio, la que vendía los almuerzos, la que tenía un hotelito, etcétera. En este primer punto se tiene que saber qué quiere la gente porque no es solamente un tema de compensación y de víctimas, la gente es un motor, las comunidades son un motor. Y el segundo principio tiene que ver con cómo distribuimos los beneficios y aprovechamos ese motor. 

Esta transición sí puede dejar muchos perdedores, pero también puede ser una oportunidad para nuevos emprendimientos, para que por fin estos emprendimientos tengan acceso a una energía de bajo costo, por ejemplo, para que de repente tú seas emprendedora como mujer de un proyecto de energía renovable y le vendas energía al sistema, para mil cosas. De repente hay un proyecto minero y se genera algún tipo de valor agregado alrededor de esos minerales, pero se necesita que esa distribución de beneficios sea equitativa y que puedas realmente utilizar a la gente como un motor de transformación también.

El tercer punto es la participación. Pareciera que la democracia pasó de moda, pero no podemos desfallecer en el intento de pensar que los sistemas tienen que tener vocación democrática, que las decisiones deben ser colectivas. Elegimos presidente y esa persona da dirección, pero para eso existen los pesos y los contrapesos y diferentes poderes, para eso existen alcaldes, gobernadores, Juntas de Acción Comunal, existen un montón de instituciones creado para ser vehículo de la conversación entre intereses. Cualquier transformación o transición energética tiene que contar con esas instituciones democráticas, permitiendo la participación de los ciudadanos en la definición del futuro. Es posible que haya regiones que sí tienen vocación a la minería y quieren que ese sea su futuro. Y es posible que haya regiones donde hay división en ese aspecto y otras en la que no sea una opción la minería y la población no quiere, o son territorios indígenas o son territorios de alta sensibilidad ecosistémica, etcétera.

¿Serán las comunidades que viven ahí quienes tendrán la última palabra sobre si hacer o no explotación? 

Hay que generar todos los mecanismos posibles para que se expresen esas opiniones, pero también con toda la información. Soy una convencida de la autonomía y la sabiduría de la comunidad, y si la comunidad tiene toda la información puede tomar una decisión, entre más espacios de participación haya más posibilidad existe de que salgan mejor algunos proyectos. Existen las instituciones y su deber es proteger el medio ambiente: qué tal que la comunidad quiera hacer minería ilegal en el río: ¿eso es lo que quiere la comunidad? Nos hemos puesto de acuerdo globalmente sobre unos principios mínimos de protección de la naturaleza, o de salud pública, y no podemos hacer eso así la comunidad entera de ese pueblito quiera la minería ilegal y el mercurio o qué se yo.  

¿Qué papel juegan ahí los otros actores?

Hay otros actores que también su deber es mostrar el potencial minero que tiene la región o actores más regionales cuyo deber es rechazar la minería. Son alternativas, porque plantear el debate en términos maniqueos de si “me parece” o “no me parece” es muy difícil. Se tendría que realizar preguntas sobre la vocación productiva de un territorio, contemplar si se pueden combinar diferentes actividades, algo de minería, algo de esto, algo de esto otro. 

Una de las cosas que conversamos en InterNodos es justamente la necesidad de tener una política de Estado que permita el ajuste, la variabilidad, la diversidad, que dé orientación y norte a la discusión y tenga unos acuerdos mínimos en medio de las diferencias.

¿Qué lectura tiene de lo que está pasando en Putumayo con el proyecto de Liberocobre y el planteamiento de cambiar el petróleo por minería a gran escala?

Es muy importante sincerar la discusión que muchas veces se plantea en términos de “frescos, tranquilos que ya no hay petróleo pero habrá minería y eso nos va a salvar”, no es así; incluso si hubiera minería, las rentas de la minería no van a reemplazar las rentas del petróleo. Lo cierto es que sí depende mucho de las empresas que están ahí presentes: ¿son empresas con vocación de explotar el mineral o son empresas que están esperando vender su proyecto a otras empresas? Eso cambia absolutamente la conversación. ¿Yo creo entonces que Putumayo se salvó porque ahora el petróleo se acaba y viene la minería? Claramente no.

¿Cuál es el tono que debe adoptar el nuevo gobierno frente a estos temas? 

Desde la sociedad civil tenemos que tener un rol más proactivo en definir rutas, no esperar a ver qué ruta nos va a marcar el siguiente gobierno.

Hay mucho conocimiento y creatividad y sí se pueden proponer cosas: políticas que dialoguen con el sector privado y con diferentes intereses, con el contexto colombiano. Soy optimista y creo que estos cuatro años de conversación intensa sobre el tema sí han generado un capital social enorme y un acervo de conocimiento muy bueno en la sociedad civil alrededor de estos temas y que podría ser capitalizado, sea cual sea el gobierno. La sociedad civil va a tener que sentar una posición un poco más sólida, con opciones, posibles salidas y recomendaciones. Incluso si es un gobierno afín al actual y quiere dar continuidad a esta idea, pues ya sabemos que no fue ejecutada. 

No está muy claro cuáles son las ideas nuevas y no podemos quedarnos esperando a que vengan de ahí. 

¿Cuál es el mensaje que desde InterNodos están tratando de dar ahora con todo este ejercicio?

El mensaje es que este es un tema con muchas aristas y probablemente no va a tener acuerdos definitivos sobre todas, pero es muy importante que haya una visión de futuro compartida, lo más compartida y lo menos cortoplacista posible. Esto implica comprender el reto desde una perspectiva de largo plazo, que tenga en cuenta cómo coyunturas recientes han acelerado cambios estructurales en la demanda y en las transiciones energéticas.

¿Cómo llegar a esos acuerdos?

Con una visión compartida más alineada con el largo plazo, tampoco es que haya una respuesta definitiva, hay que calibrar el corto con el largo plazo y esa visión tiene que ser un poquito más disruptiva con las formas de comprensión tradicionales; los retos de política pública a los que nos enfrentamos son mayúsculos e implican un cambio de narrativas muy importante, se debe insistir, persistir y utilizar diversos lenguajes para comunicar este tema. 

¿Qué recomendación haría usted si tuviéramos que tomar una decisión democrática sobre este tema de transición energética?

Es necesario tener una comprensión clara de cómo el contexto global afecta a Colombia, pero recomendaría mirar más allá. Mirar no solo Colombia, sino el concierto global y las perspectivas hacia futuro. Es necesario saber cuáles son los riesgos pero también las oportunidades para Colombia. Hay que tener propuestas concretas, menos histriónicas. Y pueden ser varias porque, de nuevo, es un problema con muchas aristas y se requieren soluciones más claras en términos de políticas.