En la última semana de noviembre y la primera de diciembre de 2025, la JEP llevó a cabo la audiencia pública de reconocimiento de nueve comparecientes de las extintas Farc-EP que ostentaban rangos de mando en la columna Daniel Galvis y en la Jacobo Arenas, al momento en que fue firmado el Acuerdo de Paz con el gobierno del presidente Santos, en 2016. Estos nueve comparecientes llegaron a ser algunos de los más valiosos combatientes de esta guerrilla porque acumulaban, cada uno, más de dos o tres décadas fusil en mano.

La columna Daniel Galvis operó en las montañas del sur del Valle del Cauca y su presencia fue temida, sobre todo, en Florida y Pradera y algunas veredas de municipios colindantes como Palmira. La Jacobo Arenas, a su turno, se movía entre los municipios de mayoría nasa en el norte del departamento del Cauca como Caldono, Toribío y Jambaló, y otros de mayoría negra más cercanos al río Cauca como Buenos Aires y Cáceres. Ambas estructuras eran fuerzas de ataque y control territorial, estaban preparadas para hostigar permanentemente a la fuerza pública, asaltar pueblos y secuestrar personas de alto valor político. Ambas respondían a las órdenes directas del Secretariado, la máxima instancia de poder fariano. La JEP alcanzó a atribuirles unos 4.800 hechos victimizantes —generales e individuales— entre los que se encuentran ataques a cabeceras municipales con carros bomba y cilindros bomba, y crímenes que menoscaban la existencia misma de las minorías étnicas como el reclutamiento de menores de edad, los homicidios selectivos de líderes comunitarios y el confinamiento debido entre otros a la ubicación de minas antipersonal en caminos veredales y tierras de cultivo.

Esta audiencia pública de reconocimiento tuvo lugar al sur de Cali, primero en las instalaciones de una universidad con sede en el barrio Meléndez y luego en un salón de hotel en el barrio Ciudad Jardín. El primer día fue una sesión general en la que confluyeron grupos de víctimas y voceros de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas no étnicas. En los tres días siguientes cada comunidad tuvo espacio propio para reclamarle verdad a los comparecientes. Se trató de un momento culminante en el Macrocaso 05, que es uno de los tres macrocasos que entienden al territorio como víctima, junto con el 02 —sobre el pacífico nariñense— y el 04 —Urabá—.

A pesar de que sobre algunos de los comparecientes existen amenazas de muerte, al parecer provenientes de sus antiguos compañeros de guerrilla y que hoy hacen parte de las disidencias que asolan al departamento del Cauca, y a pesar de que sobre las víctimas se cierne la zozobra de una violencia que no cesa, la audiencia pudo ser desarrollada a plenitud. Además del análisis judicial con enfoque étnico de los hechos victimizantes sobre las personas y las comunidades, este Macrocaso 05 hace énfasis en el daño a los ecosistemas y en general al entorno ambiental ocasionado por el conflicto armado. Fue este grupo de magistrados el que acreditó al río Cauca como víctima y por lo tanto sujeto de derechos, mediante el Auto 226 de 2023.  

La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los hechos y conductas puede ser el pilar que sostiene el resto de las instancias de la JEP. Se encarga de investigar, contrastar y priorizar los casos más graves, luego de haber revisado los informes suministrados por la ciudadanía y las instituciones del Estado, así como de recibir y estudiar las versiones voluntarias de los comparecientes para establecer la verdad judicial de los hechos y el grado de responsabilidad. En momentos distintos de esta audiencia subieron a la mesa central el magistrado Óscar Javier Parra Vera y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidente y vicepresidente de la Sala. Toda la audiencia, sin embargo, fue presidida por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez y el examen del magistrado auxiliar Carlos Castro.

Sánchez Sánchez es uno de los rostros más cautos y serenos que la JEP deja ver ante el país. Al mismo tiempo de su lugar en esta Sala, este magistrado compone la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, muy sonada en estas últimas semanas luego de que a mediados de diciembre de 2025 sentenciara a veinte años de cárcel a Publio Hernán Mejía, coronel retirado del Ejército, por su responsabilidad penal en más de setenta Falsos Positivos. En los minutos previos al inicio de la última jornada de esta audiencia en el Macrocaso 05, nomás abrió la mañana, el magistrado Sánchez Sánchez me aceptó esta entrevista en un rincón del lobby del hotel que ya estaba guarecido con escoltas y agentes de policía. 

 Quiero saber su opinión sobre la calidad de los reconocimientos. Lo que más he escuchado en estos cuatro días son reconocimientos de responsabilidad indirecta. Muy pocos casos reconocidos como responsabilidad directa. Incluso, homicidios de personas importantes para las comunidades. Y sentí como si dijeran: lo matamos, pero fue una orden desde el Secretariado.

R/ Son varias cosas. Lo primero: acuérdese del “quizás, quizás, quizás” [el magistrado hace referencia a la cínica y desvergonzada respuesta de Jesús Santrich cuando en 2012 un reportero de la TVE le preguntó si las Farc estaban preparadas para pedirle perdón a los colombianos] y vea que ahora ya estamos en esta etapa en que sí reconocen. Para llegar acá pasaron muchísimas fases. Se realizaron 91 versiones voluntarias con los comparecientes que usted ha visto. En esas instancias, las víctimas han demandado muchísima verdad y el acto jurídico de las versiones voluntarias ha logrado establecer mucha verdad sobre hechos generales y hechos concretos.

Lo segundo: este caso tiene más de 180.000 víctimas acreditadas y las afectaciones fueron divididas en dos bloques: las individuales, como son el asesinato, el secuestro y demás, y las generales como el confinamiento y los daños al medio ambiente. Tenemos, además, nueve comparecientes de dos estructuras. Eso quiere decir que cuando se habla de hechos individuales no todos tienen el conocimiento, no todos saben qué pasó en cada caso.

Y lo tercero: si una de estas columnas no tuvo responsabilidad directa en un hecho, la aceptación de ese hecho va a ser muy genérica. Si hablamos de asesinatos, así no esté la persona que cometió el asesinato o que ordenó el asesinato, los comparecientes reconocen que hubo una serie de asesinatos en medio de la guerra. Al final lo que hace una audiencia pública de reconocimiento es tomar ciertos hechos ilustrativos o representativos para traerlos acá. Si nos ponemos a hablar de los 4.800 casos, aquí nos quedaríamos…no sé, tres años o cuatro haciendo el reconocimiento uno por uno. Pero, enhorabuena digo yo. En las versiones voluntarias todas estas demandas de verdad por parte de las víctimas han sido satisfechas y por eso estamos acá en esta audiencia pública de reconocimiento. Es más un tema de agilidad procesal.

Es decir: en las versiones voluntarias que son privadas, los grupos de víctimas han escuchado la verdad de sus casos…

R/ Así es. Primero, esta audiencia pública ha tenido una preparación previa en la que comparecientes y víctimas ya se han visto, se han acercado y han identificado unos pasos previos para entender la metodología. Segundo, en efecto: mire Juan Miguel, las versiones voluntarias han sido poderosas, muy poderosas, porque ha habido aporte de verdad, porque ellos han reconocido directa o indirectamente. Es impresionante. Tercero, porque en esas versiones voluntarias ha habido mucha reconciliación, actos de perdón, las víctimas se han acercado de una manera más tranquila. Como le digo, esto es un proceso y esta audiencia pública de reconocimiento es la culminación de un proceso.

¿Qué ha sentido usted con respecto a las actuaciones individuales de los comparecientes en la comisión de homicidios o desapariciones por fuera de la orden de mando de la columna o por fuera de la instancia superior que era el Secretariado? ¿Se presentaron muchos casos por fuera de la unidad de mando al punto de ser casos problemáticos? O en realidad todos o la mayoría actuaron por unidad de mando.

R/ No, yo creo que no todos actuaron por unidad de mando. Evidentemente, las estructuras que están compareciendo hoy también tenían su autonomía. Pero eso también ha quedado claro en las versiones voluntarias. Inclusive acá. Lo hemos visto en los reconocimientos que han hecho de las tomas a pueblos o en hechos individuales. Ambas cosas hacían parte de un plan general de las Farc en lo que se denominó: La toma del poder. Pero en la realidad es que ellos actuaban con esa autonomía. Y aquí ha quedado plasmado frente a hechos individuales; eso es lo que más nos ha llamado la atención.

Quiero preguntarle por un caso puntual citado acá por la hermana de una de las víctimas, una mujer del pueblo nasa a la que le asesinaron a un hermano. Y uno de los comparecientes de la Jacobo Arenas dijo: “lo recuerdo perfectamente, yo le prometí a él que no le iba a pasar nada”. El compareciente narró el caso y dijo: “es un cargo de conciencia que me ha quedado desde entonces”. Fue un superior de él el que lo mandó a asesinar. La hermana lloró contando todo, les reclamó con dolor e indignación y rabia, como si no hubiera recibido ninguna explicación antes. Pero ahora que usted me dice que todas las víctimas ya habían recibido las explicaciones en las versiones libres, ¿cómo se entiende esa expresividad tan adolorida y ese reclamo tan hondo y honesto si a esta mujer ya estos comparecientes le habían contado todo a puerta cerrada?

R/ Como le digo, en las versiones voluntarias este ejercicio ya se había hecho. Le explico la metodología de esas versiones voluntarias: la magistratura pregunta sobre hechos concretos y luego pregunta por hechos generales. Luego preguntan las víctimas y después pregunta el Ministerio Público. A través de esas respuestas es que se accede a esa verdad. Entonces, en las audiencias públicas puede volver a salir todo lo que ya se había dicho en las voluntarias. Lo cual es muy importante. Una víctima siempre querrá escuchar la verdad. Lo otro es que cuando se habla de un hecho individual, la gente que hizo parte de las Farc hace una reflexión mayor. Y entonces salen casos como uno de la semana pasada en el que un compareciente dijo, palabras más palabras menos, que si hubiera sabido todo lo que causó ni siquiera se hubiera metido a las Farc. Eso es un acto muy fuerte, muy poderoso. Los comparecientes se dan cuenta de los daños y las afectaciones que le causaron a la población civil.

Hubo un compareciente que en esta audiencia dijo: “ahora entiendo que con nuestras acciones nos estábamos autodestruyendo”. Si lo pudiera comparar con otros grupos de comparecientes, ¿cómo ha sentido el nivel de autoreflexión de estos comparecientes?

R/ Es un nivel alto teniendo en cuenta el bagaje que ellos tienen. Recordemos que ellos eran combatientes, que ellos estaban en el campo, que tenían una doctrina militar y política propia, y que reincorporarlos a la vida civil no es fácil. Y eso es lo que está pasando acá. Pero lo importante es que han venido reconociendo, se han venido comprometiendo y han pedido perdón. Lo cual es absolutamente valioso. Repito: la experiencia de ellos es completamente diferente: son personas que durante veinte o treinta años estuvieron alejados de la sociedad civil, sumidos en un proceso endogámico como hombres de las Farc. Pero como es un proceso, hemos pasado de un momento inicial en el que había cierta incomodidad, cierta perspicacia, a un momento actual donde ya son más abiertos. Eso es lo importante.

Una de las cuestiones que desde siempre ha sido difícil que las Farc reconozcan es el reclutamiento de menores de edad que siempre es forzado. Acá estos comparecientes han hablado de que ellos hacían una diferencia: los de 15 en adelante sí eran reclutables, mientras los de 14 para abajo no. Y han dicho que los de 15 en adelante integraban estas columnas porque ellos mismos pedían ingreso. ¿Por qué les cuesta tanto a los comparecientes aceptar el reclutamiento forzado?

R/ No hablaría de reclutamiento sino de la lógica de la guerra. Lo que nos hemos dado cuenta con Farc y con miembros de la fuerza pública es que estuvieron tan metidos en la guerra que olvidaron las reglas de la guerra. Entonces, su propia lógica los lleva a apartarse de lo jurídico. Obviamente, ni los militares ni los miembros de Farc son expertos en Derecho Internacional Humanitario. Y no tuvieron la capacidad de entenderlo ni aplicarlo permanentemente. Ahí empezaron a fallar. En la lógica de la guerra cualquier actor armado piensa que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y al final del día ese es el inconveniente: el actor armado entra a la sociedad civil y ahí le dicen: lo que usted estuvo haciendo no estuvo bien. Eso genera un choque, una confrontación consigo mismo y ahí empieza el proceso de señalarse cómo fueron las circunstancias en el reclutamiento, en el desplazamiento, en los asesinatos, todo lo que cabe en un conflicto armado.

¿Hasta qué punto cabe una interpretación cultural? Hay comunidades rurales que consideran que una persona de 15 años ya es un hombre para la vida, para casarse y trabajar por un hogar, por lo cual es un hombre para colgarse un fusil e ir a la guerra. ¿Ustedes han tenido en cuenta esa interpretación?

R/ Nosotros hicimos un estudio profundo para hacer imputación a estas nueve personas. Incluimos elementos históricos, sociales y culturales. En los históricos hablamos de la exclusión y marginalización de los pueblos indígenas, la esclavitud y sufrimiento de las comunidades afrodescendientes. Pero también nos pasamos al otro lado. Lo que usted dice es un tema social, un tema cultural, de cómo en muchas ocasiones lo que se cree que está bien pues realmente no está bien. Entonces, cuando en este caso 05 llegamos a decirle a los actores armados: lo que ustedes hacían no estaba bien porque las normas —o del DIH o las internas— así lo establecen, para ellos es difícil asimilarlo.

Otra de las cosas que para las Farc ha sido difícil aceptar es la participación directa en el narcotráfico. Esto es un tema de discusión histórica. Pero es que en el norte del Cauca, muchos laboratorios y cristalizaderos fueron incrustados en zonas montañosas controladas por las Farc, al igual que en los caminos de herradura que descienden hasta las selvas y costas del Pacifíco y que han servido para llevar la droga a los embarcaderos. ¿Por qué le cuesta tanto a las Farc reconocer su participación directa en el narcotráfico y decir apenas que lo que hacían era cobrar impuestos a los narcos como le cobraban impuestos a cualquier comerciante?

R/ Pues, nosotros en la investigación que hicimos en el macrocaso 05 no evidenciamos una relación directa de las Farc como cultivadores, procesadores, cosas así. Lo que sí evidenciamos es una relación entre narcotráfico y guerrilla por medio de los impuestos, del gramaje, de la protección que les estaban dando, etcétera. Eso alimenta las arcas de cualquier grupo irregular. Esto está documentado en el Auto de Determinación de Conducta.

Disculpe magistrado, ¿le estoy entendiendo que en este macrocaso 05 la JEP no encontró ni un indicio ni recibió ni un testimonio de la comunidad que diera cuenta de que las Farc era productora directa de narcotráfico?

R/ Exactamente. En el Auto de Determinación de Conducta está establecido cómo se nutrían de economías ilegales: minería, narcotráfico, extorsión. Pero del rol de narcotraficante que es el que cultiva, empaca, procesa, transporta, negocia, no tuvimos evidencia.

Otra cosa de la que tampoco dijeron nada es sobre el río Cauca como víctima. Se sabe que quienes lo convirtieron en fosa común fueron los paramilitares, pero el auto habla de que también fue víctima por los vertimientos de desechos de los laboratorios de procesamiento de cocaína. ¿Las Farc reconocen haber contaminado el río Cauca con vertimientos de los laboratorios?

R/ Lo primero que hay que decir es que cuando se acredita el río Cauca como víctima se hace a petición de las comunidades afro. Lo segundo es que los que lo convirtieron en fosa común fueron los paramilitares. Las guerrillas no tienen ningún tipo de vínculo ahí…

¿No hay evidencia de que la guerrilla haya arrojado ni un cuerpo de sus víctimas al agua?

R/ Exactamente. Primero, estamos hablando netamente de grupos paramilitares; eso está investigado, registrado; hay testimonios, informes, procesos; por eso, esta audiencia no era para que las Farc reconociera algo sobre el río Cauca. Segundo, volvemos a lo mismo: los vertimientos eran cosa de los narcotraficantes, de los laboratorios y no de la guerrilla. Y tercero, cuando hemos tocado la afectación al medio ambiente… discúlpeme el ejemplo tan coloquial: no tenemos a un árbol denunciando nada. La afectación es para todos, para la sociedad. Ayer uno de los comparecientes contó que, al bañarse en un afluente, él y sus compañeros causaron una contaminación porque luego se dieron cuenta de que esa cañada era la fuente de un acueducto municipal. Lo que sí quedó claro es cómo ellos a través de ciertas prácticas y medios de guerra causaron daño al medio ambiente. Por ejemplo, aceptaron que con la explosión de una mina antipersonal afectaron al medio ambiente porque afectaron directamente a la fauna y a la flora.

CODA

Con esta audiencia pública de reconocimiento no termina el Macrocaso 05. Las investigaciones siguen su curso y los comparecientes deberán seguir explorando en sus recuerdos para traer más respuestas y explicaciones que le deben a las víctimas. De hecho, el magistrado Óscar Javier Parra Vera les dijo a estos comparecientes que destacaba y aplaudía el valor de lo que venían reconociendo, pero que para encuentros futuros trabajaran más sobre el detalle de los casos y así pudieran fortalecer el momento de los reconocimientos. La JEP tiene unos 250 nombres de excombatientes que en la cadena mando estaban por debajo de estos nueve comparecientes y es con ellos que sigue la tarea de encontrar las verdades que le urgen a estas comunidades.

Off the record, uno de los investigadores de este macrocaso 05 me dijo que los avances de este proceso eran destacables no solo por el encuentro entre víctimas y exguerrilleros y las muestras espontáneas de reconciliación, sino también por la claridad judicial de una cantidad de crímenes de los que la justicia ordinaria no tenía ni remota idea.

—Hay que ver esto desde una óptica realista. ¿Cuántas sentencias crees tú que había contra estos nueve personajes, antes del proceso de paz? —me preguntó y contesté que creía que ninguna.

—No se les conocía ni la identidad —añadí—, menos iba a existir un mínimo indicio contra alguno de ellos.

—Mira, al de más alto rango de estos nueve ni siquiera le tenían una nota judicial. Y esto hay que compararlo con los del Macrocaso 03, que es el de asesinatos y desapariciones forzadas. En el 03 los imputados ya estaban en la justicia ordinaria, muchos tenían sentencia y otros estaban en el proceso. Las víctimas pudieron recibir muchos detalles. Pero en este 05 todo empezó de cero. Acá nadie sabía nada de nadie. Un ejemplo: otro de los comparecientes de esta audiencia, que es uno de los que mejor habla, confesó en una de sus versiones libres quince asesinatos cometidos por la columna y un montón de reclutamiento y otras cosas. De ninguno de esos crímenes se tenía nada antes.

Esta misma Sala también viene trabajando en derivaciones del Macrocaso 05 que vinculan a miembros de la fuerza pública como posibles responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad:

Una: con respecto a la acreditación del río Cauca como víctima, esta magistratura se dispone a escuchar en versiones voluntarias a un puñado de militares que pudieron haber actuado en asocio con los paramilitares del Bloque Calima y que participaron o tuvieron algún poder de decisión en la orden de arrojar los cuerpos de las víctimas al agua para facilitar la desaparición.

Otra: si bien estas columnas son responsables de haber fusilado intrafilas a menores de edad, los comparecientes han expresado que estos asesinatos tuvieron origen en información que inculpaba a esos menores como informantes del ejército. Y en esta investigación esta Sala avanza en dos sentidos: de un lado, colaborar con las autoridades públicas es un deber ciudadano y asesinar a una persona por el simple asunto de esa colaboración es un delito gravísimo; de otro lado, el Estado colombiano puso en riesgo a muchas comunidades tras la puesta en funcionamiento de la red de informantes. Esta red es una estrategia anterior a 2002, pero justo a partir de ese año elevó su nivel de acción hasta el punto en que existen los casos de menores de edad que se infiltraron en campamentos guerrilleros fingiendo deseo de integrar la organización y que, una vez adentro, no sólo suministraban información a la fuerza pública sino que también fueron capaces de asesinar guerrilleros.

Y una tercera: la Sala ha venido recibiendo testimonios de comparecientes sobre el asesinato de alias Alfonso Cano que dan cuenta de un posible crimen de guerra y no de haber sido dado de baja en combate. El Partido Comunes presentó una solicitud de investigación en ese sentido y uno de los testimonios recibidos en versión voluntaria narra en detalle el bombardeo aéreo sobre el campamento, el asalto terrestre de fuerzas especiales y finalmente el instante en que Cano, desarmado y rodeado, cae acribillado.