“Con las comunidades negras hacen lo que les da la gana”
Texto
Camilo Alzate
Ilustración
Felipe Rivera
Marzo 1 de 2024
Compartir
Con las comunidades negras
hacen lo que les da la gana
Una problemática persistente en la contratación de profesores en las zonas rurales de tres municipios de mayoría afrocolombiana en la costa Pacífica caucana revela una actitud de racismo estructural hacia estas comunidades.
«Necesitamos maestros, porque estamos atrasados en el colegio, necesitamos aprender: miren las aulas cómo las tenemos”, se quejó la niña Ilda Salazar, una estudiante afrocolombiana oriunda del caserío San Antonio de los Brazos en el río Saija, en un video que se hizo viral en redes sociales denunciando una grave crisis educativa en las zonas rurales del Pacífico caucano, donde en febrero algunos colegios no habían iniciado clases por retrasos en la contratación de los maestros.
“No es justo que seamos la única institución educativa que no ha empezado clases”, se quejaba otra estudiante en una asamblea comunitaria realizada el 13 de febrero de este año, donde se radicaron varios derechos de petición en la Gobernación del departamento y la Secretaría de Educación, cuestionando lo que las comunidades consideran que es la raíz del problema: un modelo de contratos tercerizados para los profesores en una figura denominada ‘maestros oferentes’.
De acuerdo con uno de los derechos de petición a los que Baudó AP tuvo acceso, estos contratos son culpables de la “vinculación tardía de los docentes oferentes, las contrataciones empiezan cuando el año escolar está avanzado” lo que en palabras de la comunidad “genera deserción escolar y afectación económica en los padres de familia, ya que se ven obligados a trasladar sus hijos a otras instituciones apartadas del núcleo familiar”.
Pero hay más problemas. En su oficio la comunidad asegura que este modelo ha propiciado “desigualdad en el pago” de los oferentes con relación a los nombrados y causa “falta de garantías laborales a nuestros docentes, que en su gran mayoría son personas del territorio, no tienen estabilidad laboral porque los contratos son por un corto tiempo”.
El modelo, además, viola un precepto fundamental de la Constitución Política de 1991, que reconoce la existencia de los pueblos étnicos, como los afrocolombianos, y les otorga derechos a la autodeterminación, pues según denuncian los líderes de la comunidad, “tanto la Secretaria de Educación Departamental como el contratista nunca convocan a la autoridad étnica para diseñar, coordinar y mucho menos ejecutar este tipo de programas”.
En el ranking de puntajes por colegio de las Pruebas Saber del 2023 para el departamento del Cauca, que miden el desempeño de los estudiantes según la educación que reciben, aparecen cuatro instituciones de la costa caucana entre los diez últimos puntajes de 484 colegios, lo que en opinión de la comunidad es el resultado lógico de que sus jóvenes no cumplan con un calendario académico completo por culpa de las contrataciones tardías que retrasan el inicio de las clases.
Ningún colegio de la costa está siquiera cerca de los primeros puestos del listado. El primero que figura es la Institución San Pedro y San Pablo del municipio de Guapi en el puesto 264, seguido por la Normal La Inmaculada en el puesto 360 y el Colegio Manuel Valverde en el 390. Más adelante aparece la Institución Dos Quebradas del municipio López de Micay en el puesto 393. El primer colegio del municipio de Timbiquí que figura en el listado es precisamente la Institución Educativa de Puerto Saija, en el puesto 431.
Los datos más recientes sobre la contratación de maestros oferentes disponibles en línea son del año 2010, cuando la Secretaría de Educación del Cauca viabilizó contratos con varias organizaciones privadas como el Vicariato Apostólico de Guapi o el Gimnasio Moderno del Cauca, que a su vez subcontrataron a 3.175 maestros oferentes para prestar el servicio de educación en zonas rurales, según la Secretaría aquello permitió garantizar el derecho a la educación para 54.360 estudiantes.
El problema es persistente y lleva décadas en cuestión. En un debate de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes con la entonces ministra de educación María Cecilia Vélez White, el 25 de febrero de 2009, la entonces representante a la Cámara por el Cauca Gema López denunció que en su departamento existían “maestros oferentes o maestros de contratos”, un modelo que según la representante generaba corrupción y gastos dobles al Estado pues muchos de los docentes nombrados en propiedad se negaban a ir a los territorios más apartados y se terminaba “engañando la comunidad, porque le quitaron su plaza [de maestro nombrado] y pagando doblemente el Ministerio por el maestro que no quiso ir y por el maestro que está contratado”.
Acabar con las contrataciones de maestros oferentes fue una de las peticiones que algunas comunidades hicieron en la formulación de los Pactos Territoriales para la Transformación Regional después de los Acuerdos de Paz de La Habana. No se debe olvidar que estos pactos sirvieron como insumos para formular posteriormente los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, la más ambiciosa propuesta de inversiones en los territorios golpeados por el conflicto armado que debía, al menos en el papel, sentar las bases económicas para superar la violencia.
La modalidad de maestros oferentes también contradice la propia ley general de educación, o ley 115 de 1994, que en teoría ofrece garantías especiales a las comunidades étnicas, entre ellas los afrocolombianos, para “afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización”.
Baudó AP no conoció la cifra exacta de cuántos maestros se encuentran actualmente contratados en la modalidad de oferentes en el Cauca. Aunque enviamos un oficio puntual elevando la consulta al correo institucional de la Secretaría de Educación Departamental, no obtuvimos respuesta. Tampoco respondió a la consulta el subsecretario de educación del departamento, Wanner Suarez Mantilla, quien conoce de primera mano esta problemática, pues fue alcalde de López de Micay entre 2020 y 2023, uno de los municipios de la costa caucana donde las comunidades han cuestionado este tipo de contratos.
Para entender mejor la denuncia de las comunidades conversamos con el líder social Luis Carlos Montaño Saa, representante legal del Consejo Comunitario Parte Baja del Río Saija, en el municipio de Timbiquí, quien no duda en asegurar que este tipo de contratos precarios que socavan el derecho a la educación de sus comunidades son producto de una actitud de racismo estructural hacia ellos por ser negros.
¿Cuál es el cuestionamiento que los Consejos Comunitarios hacen de la contratación de docentes?
Cuando los docentes nombrados se pensionan o se retiran, la Secretaría de Educación del Cauca, en lugar de nombrar un reemplazo así sea provisional, lo que hace es crear contratos que por lo general son con el Vicariato Apostólico de Guapi. Esos contratos empiezan en marzo, así que los estudiantes no reciben clases durante el mes de febrero. A veces hasta junio no han contratado todavía y los estudiantes pierden varios meses del año lectivo.
Lo que pedimos, basados en los derechos que tenemos como pueblo afrocolombiano, es que se nos garantice una buena educación mientras se realizan los concursos docentes [para llenar las plazas], pero que no estén en esas condiciones de inestabilidad laboral.
Lo otro que pedimos es que tenemos derecho a exigir el modelo de educación que queremos. Cuando realizan estos contratos no tienen en cuenta a las autoridades étnicas que son los Consejos Comunitarios. Eso es una violación al artículo 49 de la ley 70 de 1993 y también a la ley 115 de 1994 en sus artículos 55 y 56, donde dice que nosotros debemos definir nuestro modelo educativo y seleccionar a los docentes de acuerdo a nuestra cultura.
La otra queja es que, por lo general, los salarios de esos contratos están entre 1.300.000 pesos para básica primaria. Es un pago que no tiene en cuenta que en la costa Pacífica el combustible y la canasta básica familiar son un 20 % o un 25 % más caros que en el resto del país. Por eso algunos docentes renuncian y lo que hacen las autoridades de Educación es contratar a normalistas o bachilleres. Y eso está desmejorando la educación.
¿Cuántos maestros están en esa situación?
En nuestro Concejo Comunitario, en la cuenca baja del río Saija, actualmente hay cuarenta docentes oferentes, es decir, con contratos temporales, y veinte nombrados. Aproximadamente 1.500 niños están siendo afectados.
¿Esas cifras son sólo en la parte baja del río Saija? ¿Esta situación podría afectar a muchos más niños?
Sí, sólo en el Consejo Comunitario del Bajo Saija. Y somos ocho Consejos Comunitarios los que estamos peleando que se nos garanticen los derechos. Yo creo que son más de seis mil niños afectados, porque en el Consejo Comunitario del Río Naya hay 63 docentes oferentes.
¿Es algo generalizado en el Pacífico entonces?
En el Pacífico caucano: Timbiquí, Guapi y López de Micay.
¿Qué les responde la Secretaría de Educación Departamental?
Pues realmente no nos han dado respuesta. Elevamos un derecho de petición a la Secretaría y hasta el momento no han respondido. En octubre enviamos una carta al Ministerio de Educación solicitando que se nombrara a los docentes, pero respondieron que era responsabilidad de la Secretaría de Educación Departamental, porque la educación está descentralizada. Hicimos una asamblea del Consejo Comunitario y declaramos ese tipo de contratación por oferentes como no grata en nuestro territorio.
¿Por qué cree usted que reciben ese trato?
Por la política. En el departamento de Nariño sucedía lo mismo y el gobernador anterior los nombró a todos en modalidad provisional. En el departamento del Valle del Cauca no hay ese tipo de contratación. Ese modelo sólo funciona en el departamento del Cauca.
¿Esto tiene que ver con una actitud racista hacia sus comunidades? ¿Esto también pasa en Popayán, por ejemplo?
No pasa en Popayán. Considero que sí es discriminación. Los indígenas tienen un modelo basado en sus costumbres y nosotros estamos pidiendo que sea igual, teniendo en cuenta que en el convenio 169 de la OIT se dice que todos los pueblos étnicos tienen derechos por igual. Eso lo ratificó la sentencia T823 de la Corte Constitucional. A eso se le puede llamar discriminación o racismo. Es en las comunidades negras donde hacen lo que les da la gana.
¿Qué consecuencias ha tenido esta política para los niños?
Si se mira un promedio de las Pruebas Saber, los resultados más bajos los obtienen los estudiantes de nuestra región, principalmente en los colegios de zonas rurales en los que existe este tipo de contratación. Es muy difícil que un estudiante que se gradúa en estos corregimientos pueda entrar a una universidad pública porque el puntaje es muy bajito. Obviamente, un estudiante que pierda uno o dos meses es mucho lo que deja de aprender.
