Cosas qué hacer antes del retiro

Texto: Juan Miguel Álvarez 
TW: @cronista77
IG: @vidacronica
Ilustración: Opert_Ser
 
 
 
 

Cosas qué hacer antes del retiro

Encuentro con Rosemary Betancourt Claros

Ha recibido tantas amenazas de muerte que ya perdió la cuenta. Su labor ha sido la defensa de los derechos humanos y la gestión política de la organización comunitaria en el pie de monte amazónico colombiano. Líder de líderes, es una mujer de ideas en un país que suele aniquilar las ideas.

Esta entrevista tuvo lugar en los primeros días de octubre de 2018. En ese momento, según Indepaz, ya habían sido asesinados poco menos de 500 lideres sociales en el país desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc.

Rosemary narra ese momento como una fragmentada secuencia de episodios. Había luz de sol. Le habían vendado los ojos. Y la habían arrojado encima de un hormiguero. Los bichos le caminaban por los dobleces de la piel y la picaban una y mil veces.
            —Del susto, uno no siente ni mierda.
            Estaban en un paraje a orillas del río Magdalena, no sabe exactamente dónde, cerca de Pitalito. Ella no le podía ver la cara a sus captores, sabía que eran paramilitares y los escuchaba diciendo: “Le cortamos una oreja…va pal Magdalena…”. Se imaginaba la navaja cercenándola y su cuerpo cayendo al agua, ahogándose en el fondo. Con una varilla le pegaban en la cabeza y se reían. Era una risa de perversidad que la llenaba de pavor.
            —Yo pensé que ese día sí me iba a morir.
Aunque no precisa la fecha, recuerda que esto le sucedió antes de que mataran a su hermano en 2001. Tenía 31 años y era líder en las juntas de acción comunal de Paujil, municipio del noroccidente del departamento del Caquetá, de donde es oriunda. Rosemary cuenta que, estando ahí arrodillada y llena de hormigas, los paras jugaron a la ruleta rusa con ella. Dejaron una sola bala en el tambor de un revólver, lo pusieron a girar, montaron el gatillo y le apuntaron. Dice que el tiro salió y no entiende cómo no le pegó, que seguro no la querían matar tan pronto ni tan fácil. Parece que los asesinos se sentían ahítos de poder sobre la vida de ella y la subestimaron: creyeron que no sería capaz de escapar.
            —En un descuidito, yo corrí y corrí a lo que me diera el cuerpo. Las ganas de vivir son tan grandes que usted no se da cuenta de lo que hace.
            Ahora Rosemary Betancourt Claros tiene 48, el pelo negro cogido en cola de caballo y ya perdió la cuenta de las amenazas de muerte recibidas y de las veces que ha huido de su pueblo para salvar la vida. Su cargo actual es el de presidente de la Federación Comunal del Caquetá, representa a unas cien juntas de acción comunal ante el Gobierno Nacional. Es el lugar más visible e influyente de cualquier comunero en el departamento.
          Estamos en un café de un centro comercial en Florencia, la capital del Caquetá. No son las once de la mañana y la mayoría de los almacenes siguen con las rejas abajo. Detrás del sofá que ocupamos, a unos dos metros, el escolta de Rosemary bebe tinto a sorbos sin quitar la mirada de la puerta principal.

Todas las amenazas anónimas que mi familia y yo recibíamos en esos años eran de la policía y del ejército.

Rosemary empezó su trabajo como líder comunitaria siendo muy joven. De 19 años fue elegida concejal de Paujil, para el periodo 1990-1992, por la Unión Patriótica (UP). Era una época en que pertenecer a este partido y ganar un escaño en elecciones legislativas era un logro de dos caras: por un lado, la reivindicación política de una visión del país desde el punto de vista del campesinado, con sus preocupaciones por la redistribución de la tierra, el desarrollo de agricultura cooperativa y la creación de comunidades de paz en áreas distantes de los centros urbanos del poder político y económico.
       Por el otro, ser de la UP o admitirle simpatía públicamente era colgarse un cartel diciendo “máteme”. Así lo veían las fuerzas de seguridad del Estado, desde la misma fundación del partido en 1985. Ni los militares ni la policía ni las agencias de inteligencia le reconocían legitimidad política; consideraban que cada miembro o simpatizante de la UP era culpable de ser guerrillero y merecía morir. Para 1994, cuando Rosemary ya no estaba en el Concejo, habían asesinado a más de 300 miembros de la UP a lo largo del país.
          —Todas las amenazas anónimas que mi familia y yo recibíamos en esos años eran de la policía y del ejército.
           A mediados de los años noventa, la guerrilla de las Farc campeaba impune en el Caquetá y, tras el desmantelamiento de los carteles del narcotráfico, se había erigido como la dueña del mercado de pasta base de cocaína que tenía asiento en esta región. Si bien las Farc hacían presencia en los 16 municipios del departamento, su incidencia era más fuerte en los de la parte norte como San Vicente del Caguán, Puerto Rico y El Doncello. No en vano y como muestra de confianza, el Gobierno Nacional del presidente Andrés Pastrana, 1998-2002, aceptó adelantar conversaciones de paz con esta guerrilla en un territorio que se extendía desde el norte del Caquetá hasta el sur del Meta, porque era allí en donde los farianos creían controlar mejor su seguridad.
          A su turno, los ejércitos paramilitares llegaron en dos oleadas. Una inicial, en 1997, con hombres de la Casa Castaño que se hicieron llamar Frente Caquetá. Y una posterior, en 2001, como brazo del Bloque Central Bolívar, bajo órdenes de alias Macaco, bautizada Frente Sur de los Andaquíes. En la inicial, los paramilitares se dieron a conocer mediante una simplista lógica de supuesta “guerra contrainsurgente”: como las juntas de acción comunal estaban influenciadas por las Farc, cada comunero era guerrillero o colaborador.
           Con ese razonamiento, la familia de Rosemary quedó señalada como objetivo militar porque todos eran de la UP y venían trabajando y colaborando en obras comunitarias, ya desde las juntas de acción comunal o como simples ciudadanos interesados en el bien común. El primero en caer asesinado, en 1998, fue el papá. Rosemary supo que los cuatro hombres que prepararon el crimen y dispararon habían salido del cuartel de policía de Paujil. A ella también la iban a matar ese día o al siguiente, pero escapó evitando asistir al sepelio. Mientras el cortejo fúnebre con el ataúd de su papá marchó hacia el cementerio, ella disfrazó su aspecto y huyó en dirección opuesta.
           —La gente del pueblo nos ayudó. Teníamos buena aceptación de la comunidad.
           Dos años después, Rosemary regresó a Paujil, volvió a integrarse a las juntas de acción comunal y, de la mano de la alcaldía, emprendió un programa que buscaba darle vivienda popular a 65 familias. Pero pocos meses después de haber comenzando este trabajo, fue cuando la retuvieron y la llevaron a orillas del Magdalena para desaparecerla. Tras escapar, no pudo volver a su pueblo. Los paras volvieron a atacar a su familia matando a uno de sus hermanos.

No queremos volver a llegar a ese nivel de violencia con estos grupos delincuenciales que hay ahora.


           En su ausencia, su hijo le escribía notas que guardaba mientras podían reencontrarse. En ellas, el niño le expresaba el miedo que sentía y veía en la gente. Le narraba que los vecinos se habían escondido en el cieloraso de la casa y que los paras habían perforado los techos con chuzos para hacerlos salir. Y que luego había visto a esos vecinos correr sobre los tejados y los paras detrás disparando.
           —Fue un periodo de violencia y terror tan grande —dice—, que yo no sé cómo los niños se levantaron así. Ojalá pudiéramos superar todo eso. No queremos volver a llegar a ese nivel de violencia con estos grupos delincuenciales que hay ahora.
            Cada vez que Rosemary salía desplazada, el proyecto de vivienda se estancaba. Finalmente, en 2005, lograron terminarlo y entregar las casas. Al año siguiente se desmovilizó el Frente Sur de los Andaquíes. 512 hombres firmaron la ceremonia de desarme y, aparentemente, comenzaron su proceso de reinserción a la vida civil. Desde ese día y por unos cortos años, Rosemary gozó de una temporada sin la zozobra de saber que alguien la quería muerta. Como en algún momento de su vida había trabajado en una cadena privada de radio y había escrito artículos de prensa, le dio por fundar su propia emisora: Paujil Estéreo. En 2008 le otorgaron la licencia y alternó el trabajo comunitario con la comunicación social.
            La vida se le volvió a complicar a partir de 2012. En aquel año fue elegida, por primera vez, presidente de la Federación Comunal del Caquetá. Un reconocimiento a su trayectoria y a su determinación para haber confrontado a directivas anteriores que, según ella, habían usado el cargo para sacar provecho personal y no para ayudar a la organización social. Dos semanas después de su elección, sin embargo, la llamaron al celular: “Sabemos todo de su hijo, dónde estudia, cuál es su horario, se lo vamos a picar”. Para más angustia, el celular al que le habían timbrado era uno que le había asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP), como medida de cuidado por reconocerla como sobreviviente del exterminio de la UP. “Mierda, ¿y esto?”, se dijo, aterrada.
           —Antes de esa vez, yo recibía llamaditas de vez en cuando, llamaditas pendejas a las que uno no les copia mucho. Pero esta llamada fue muy dura porque se metieron con mi hijo. Si me hubieran llamado al celular personal, uno duda, cualquiera pudo haber sido. Pero me llamaron al celular que me dio el Estado, entonces, ¿qué supone uno?
           A los días, la Fiscalía encontró que la llamada había salido de otro celular registrado en la UNP, de alguien que se encontraba en el municipio de Cartagena del Chairá, sur del Caquetá. Rosemary devolvió el aparato, pero eso no evitó que la siguieran intimidando. En adelante, las amenazas telefónicas a su línea personal y a las de Paujil Estéreo fueron constantes.
            Una de esas llamadas fue para decirle que le iban a dañar la emisora o que iban a dañar —ese fue el verbo— a uno de sus empleados. La razón parecía ser que en la emisión de noticias Rosemary había denunciado hechos de corrupción en la alcaldía. Esa noche, en efecto, se le entraron a la emisora y destruyeron los equipos.
           —El fulano o los que hicieron eso se metieron por la empresa de servicios públicos, que queda al lado y dejaron una puerta abierta. La policía queda a quince pasos y no vio nada, absolutamente nada. Y ese alcalde hoy está en casa por cárcel.
           Durante su mandato como presidente, que iba hasta 2016, la Federación recibió varias distinciones. La Asamblea Departamental, el Ministerio del Interior, incluso la Gobernación del Caquetá que estaba en manos de un partido político opuesto, reconocieron en actos públicos los méritos de Rosemary. En esencia, destacaron su capacidad de liderazgo para unificar el trabajo de las juntas de acción comunal, capacitarlas y ayudarles a que obtuvieran el reconocimiento ante el Estado. Rosemary, además, ya se había ganado un puesto de debate en la comisión mineroenergética de la Confederación Comunal Nacional, esto es, el órgano que agrupa a las federaciones comunales del país.
            Motivada por los resultados, Rosemary se postuló por segunda vez a la presidencia y volvió a ser elegida. Estos comicios acostumbran ser a final de año y en ese 2016 coincidieron con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Su principal actividad desde entonces ha sido la de dar pedagogía sobre los puntos más sensibles del Acuerdo para el departamento del Caquetá. En sus palabras: el 4, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, porque en esta región la economía agraria ha estado transversalizada por el cultivo de coca, y el 1, “Reforma rural integral”, porque si los campesinos dejan la coca deben tener proyectos productivos claros y acordes a su cultura y ecosistemas.
            —Aquí el trabajo es convencer a la gente del porqué es tan importante la sustitución de cultivos de coca. Y dar esa pedagogía nos ha generado unos problemas los berracos.
             En agosto de 2017, Rosemary habló sobre la necesidad de la sustitución para un auditorio de doscientos comuneros, en Cartagena del Chairá. Acabada la conferencia, pasadas las dos de la tarde, Rosemary se dirigió hacia la terminal de transporte y al bajarse del taxi fue abordada por un hombre en moto. “Doña Rosemary, muy bonito lo que usted está haciendo, excelente, pero no nos venga a decir eso acá. No venga a decirnos más esas cosas aquí y usted ya sabe que soldado avisado no muere en guerra”. Tras de lo cual, el hombre dio la vuelta y se fue. Rosemary no pudo replicar nada. “Mierda, ¿qué pasó aquí?”, se preguntó ella, de pie a un lado de la vía, confundida o aturdida. “¿Qué hago? Me voy o me quedo”. Rosemary recordó que si se subía en el bus a Florencia debía pasar por un sector en el cual, dos semanas antes, habían asesinado a una conocida suya. Al rato, luego de largos minutos de reflexión sentada en un muro del andén, se dijo: “Me voy. En nombre de Dios”. Y se dio la bendición.
            Ya en Florencia, Rosemary corrió a contar en la Defensoría del Pueblo y a radicar la denuncia por escrito en la Fiscalía. Horas después, le cayó una amenaza por teléfono a nombre de las Águilas Negras. Y pocos días más adelante, otra amenaza directa: le dijeron “comunista hijueputa”. Rosemary curtida en eso de sortear intimidaciones comprendió que estas últimas no las podía subestimar. “Esta vaina ahora sí se puso delicada”, se dijo.
            Gracias a la gestión de la Defensoría, al trabajo de la Fiscalía y de la policía, la UNP le envió esquema de protección: escolta, chaleco blindado, botón de pánico y, semanas después, un carro blindado.
            Rosemary ya había salido como persona priorizada para un esquema de estos en ocasiones anteriores, pero ella se había negado a recibir escoltas y parecidos. En su opinión, las más efectivas medidas para evitar su asesinato son que el Estado investigue el origen de las amenazas, capture a los culpables y los meta presos. Además, moverse en un carro blindado y llegar a una comunidad dejándose ver acompañada por gente armada es casi una agresión visual contra la gente. Y no se presta para generar confianza. Sin embargo, dada la insistencia de esas amenazas a finales de 2017, más otra que llegó en forma de misiva a la oficina de la Federación sentenciando de muerte a todos los líderes de las juntas, Rosemary optó por acoger el esquema.
            —Desde que empecé dando pedagogía sobre el Acuerdo de Paz he recibido siete amenazas de muerte.
             —A su juicio, ¿alguna de esas amenazas proviene de grupos de narcotráfico que quieren evitar la sustitución de cultivos de coca?
             —Eso sigue siendo político —dice, sin dudarlo—. Tienen el mismo tinte.
           Y puede que no le falte razón; no es gratuito el “comunista hijueputa”.
           —Si compara la violencia de la época en que jugaron ruleta rusa con usted con la violencia actual, ¿ha cambiado en algo?
             Rosemary no tarda en empezar a responder. Explica que cuando estaban las Farc las comunidades rurales actuaban conforme a las imposiciones de esa guerrilla, aceptaban su ley aunque fuera tajante y mortal. La ventaja es que sabían qué hacer y qué no hacer. Pero ahora, sin Farc como dominador territorial y sin suficiente Estado que abarque las zonas apartadas, el territorio ha quedado en disputa.
           —Hay grupos de narcotráfico, a los que yo no podría llamarlos disidentes, que están ahí delinquiendo, cobrando vacunas, chantajeando, despojando, asesinando, y han venido amenazando y persiguiendo a los líderes sociales. El panorama ha cambiado en nuestra contra: al denunciar la falta de cumplimiento del Acuerdo de Paz y la falta de presencia del Estado en materia social y en seguridad, han venido las amenazas.
           —¿Ha cambiado en algo su relación con la policía y con el ejército?
           —La situación ahora es más favorable. Acá en el Caquetá antes veíamos a las Fuerzas Militares con mucho desagrado. Saber uno lo que tocó vivir. Mucha gente ha muerto a manos de agentes militares y de policía. Ahora la fuerza pública ha mejorado mucho el respeto a los derechos humanos. No todos los agentes, pero la gran mayoría sí.
             Vuelvo al dato que me dio sobre el asesinato de su papá: los cuatro hombres que ejecutaron el homicidio salieron del comando de policía de Paujil.
            —Pasado todo este tiempo, ¿usted ya confía en la policía?
             Rosemary entrecierra los ojos y hace cara como de decir que no.
            —Más o menos —responde—. Pero hay que mantener la buena relación. Uno no puede casar peleas con todo mundo.

A ningún amenazado de muerte le dan trabajo. Yo en este año no he podido trabajar.

            Nos paramos del café. Es mediodía y Rosemary me dice que debe dejar unos documentos en una oficina en el centro de Florencia. La acompaño. Su escolta conduce la camioneta blindada y ella se sienta en el puesto del lado. Lo trata con mucha confianza y amabilidad. El hombre apenas habla. Cuando la UNP le envió este guardaespalda, Rosemary aparecía clasificada en las personas en riesgo por ser integrantes y sobrevivientes de la UP. Pero luego, cuando llegó la misiva con la amenaza colectiva a todos los líderes de las juntas, la UNP quiso clasificar a Rosemary como lider social en riesgo. Con ello, consideró que la fuente de la amenaza es más coyuntural, más explicable desde las consecuencias del Acuerdo de Paz. Ya no desde su filiación a un partido político que fue aniquilado —hoy se cuentan más de 3000 asesinatos de militantes de la UP—. Y le quisieron cambiar el escolta, pero ella no dejó.
            —No conozco al que vayan a traer, no le tengo confianza y no es momento para ensayar.
            Luego de dejar los documentos, Rosemary y yo caminamos hacia una esquina en la que hay un puesto de venta de chontaduros. Su hombre de seguridad estaciona la camioneta en frente. Hace un sol selvático que pronto humedece la ropa. Le pregunto a ella si la familia no la presiona mucho para que deje su labor social, para que deje de arriesgar la vida buscando el supuesto bienestar de las comunidades. Me dice que sí, “sálgase de eso”, le piden. Y aunque hay razones, ella lo ve “muy difícil”.
             —A ningún amenazado de muerte le dan trabajo. Yo en este año no he podido trabajar. Me mantengo de lo que medio da la emisora y la familia colabora. Si no, qué cosa tan berraca es trabajar cuando sobre uno recaen amenazas de muerte. He comprado pólizas y ni así. Le quitan los contratos a uno. Pero lo otro es que la casa es un encierro para uno. Todavía tengo cosas qué hacer antes de pensar en retirarme.
            Pongo en discusión el hecho de que ella ha salido viva del genocidio de la UP y de la sangría paramilitar. Quizás los dos episodios de más violencia enfática y concentrada en la erradicación de ideas, ocurridos en el país en los últimos cuarenta años. Otra persona, con un poco menos de temple, seguramente se hubiera retirado tras volver a sentir la zozobra de la muerte, paradójicamente, luego de firmado un acuerdo de paz. ¿Sí siente miedo de que en algún descuido la maten?
            —Claro —contesta muy segura de sí misma—. Al miedo no le han hecho pantalones.