Migrar tocando tierra

Texto: Edu León
Fotografías: Edu León

Migrar tocando tierra

        Estas imágenes bien podrían ocupar las portadas de los periódicos europeos. Se repiten los mismos pies desgastados por el camino, rostros quemados por el viento y el sol, y familias arrastrando maletas en su huida de la tierra que les vio nacer que vimos en la ruta de los Balcanes durante el verano de 2015. Pero esta vez no hay primeras páginas de grandes diarios, ni organismos internacionales dando la voz de alarma, sólo un silencioso éxodo de todo un pueblo, en este caso con acento venezolano, y nuevas fronteras atravesadas por historias de dolor.  

 

        Este verano, las colas para cruzar el puesto fronterizo de Rumichaca -entre Ecuador y Colombia– se han hecho aún más numerosas. Ante el temor de que el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, cierre sus fronteras, el número de personas que cruzan este control para seguir su éxodo por Ecuador ha pasado de 3.500  diarias a principios de año a unas 5.000 en agosto. Muchos de estos venezolanos viajan sin pasaporte, esperando que con sus gastados carnets de identidad puedan conseguir la carta andina que les permita seguir cruzando países y fronteras en busca de un lugar donde puedan reemprender sus vidas. Hasta ahora, la mayoría tenían como destino Perú, donde han llegado más de 350.000 venezolanos en los últimos años después de que el gobierno andino les garantizara un permiso de residencia temporal que les permite trabajar.  

 

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         Según las Naciones Unidas, en los últimos cuatro años 2,3 millones de venezolanos abandonaron su país por la falta de comida, de medicinas y atención médica, así como por una inflación que hace imposible para la mayoría de la población adquirir los recursos básicos. Según este mismo organismo, más de 1,2 millones de las personas que han tenido que exiliarse sufren desnutrición. Con la aceleración del éxodo que se está viviendo en estos meses, se estima que en 2019 serán más de 4 millones los huidos en los cinco años que dura esta crisis humanitaria, una cifra que se aproximaría a la de los 5,6 millones de refugiados que ha dejado el conflicto sirio desde 2011.

 

        Más allá de las cifras, los 1676 kilómetros que separan Cúcuta, la ciudad fronteriza colombiana con Venezuela, de la capital ecuatoriana de Quito, están plagados de testimonios de unos caminantes que al cruzar los Andes pierden a compañeros de viaje por el frío del páramo colombiano; mujeres secuestradas por la guerrilla en el norte de Colombia; y, finalmente, la explotación laboral que les espera en Ecuador. Han tenido que dejar a su familia atrás, a los más vulnerables: madres, padres, hermanos y amigos que no cuentan con el dinero para huir. El futuro de una sociedad que ha quedado esparcido por Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, fundamentalmente.

   

        Estamos ante el mayor movimiento migratorio de la historia reciente de Latinoamérica, que ha quedado opacado por la disputa política y mediática entre el chavismo y el antichavismo, entre los llamados Ejes del bien y del mal. Sin embargo, lejos de esa polarización, de esos reduccionismos a los ‘ismos’, hay una realidad compuesta de grises y de historias de vida que evidencian la necesidad de una urgente actuación global ante un problema humanitario.  

 

        Las nuevas regulaciones impuestas por países como Ecuador y Perú que restringen el libre transito de los migrantes venezolanos, hacen que este migraciòn tenga que pasar a través de puntos fronterizos no oficiales como los Aguaverdes, entre Ecuador y Perú, que ya han sido utilizados por narcotraficantes y mafias. los migrantes en otras ocaciones como en el éxodo de haitianos hace años. 

Riosucio, memorias en resistencia

Texto: Maria Paz Gómez Gaviria
Ilustración: Opert_ser

Riosucio

memorias en resistencia

        En el sinuoso camino que conduce al municipio de Riosucio (Caldas) se contemplan paisajes que parecen abrazados entre las montañas. Por la ventanilla del auto van apareciendo fértiles campos sembrados con café y kilómetros de cañaduzales que se extienden a los costados de la vía, sembrada hasta el último centímetro de tierra interrumpida por el asfalto de la carretera. Los cultivos son diversos: cafetales, plataneras, árboles de frutas, plantas aromáticas, flores silvestres y cruces. Cuatro cruces a un costado del camino, a la altura del paraje de La Herradura a unos 15 minutos del centro del municipio.

        La masacre que ocurrió allí se perpetró el 8 de junio del año 2003. Ese día el pueblo conocido por tener dos plazas, dos iglesias y un diablo carnavalero y dionisíaco, vivió un acontecimiento que quedó inscrito en la dolorosa memoria de los pueblos indígenas del Eje Cafetero. Cada una de las cruces de La Herradura lleva un nombre: Hugo Tapasco Guerrero, Diego Suárez, Fabio Hernán Tapasco y Gabriel Ángel Cartagena, quienes fueron asesinados por una emboscada cuando se dirigían a la inscripción oficial como candidato a la alcaldía de Riosucio de Gabriel Ángel, después de haber sido gobernador indígena del resguardo Cañamomo Lomaprieta por tres periodos consecutivos.

        El portal de noticias VerdadAbierta.com narró los hechos así:

Gabriel Ángel Cartagena, viajaba con varios acompañantes hacia la vereda de San Lorenzo donde iba a presentar su candidatura a la alcaldía del municipio de Riosucio. Alrededor de las 13 horas, a la altura del paraje conocido como La Herradura, unos hombres vestidos de militar –entre los cuales había varios de civil atacaron el vehículo con armas de largo alcance y granadas. (Verdad Abierta, 28-08-2009)

        Días antes de la masacre Mercedes Tapasco, viuda de Gabriel Ángel, tuvo un sueño premonitorio. Soñó que unos encapuchados agredían y golpeaban a su esposo hasta causarle la muerte y en medio de la pesadilla también era asesinado el tío de Mercedes, Fabio Hernán Tapasco. Por momentos, los sueños y las pesadillas parecen estar hechos de los mismos materiales. Sueño irreal y muerte verdadera pusieron fin a los líderes sociales Embera Chamí aquel funesto junio. Mercedes estaba por dar a luz cuando llegó la noticia de la muerte de su esposo y Gabrielito tiene los mismos años que su padre de muerto.

        El sueño no fue lo único que los había alertado. A Gabriel Ángel le habían llegado múltiples amenazas con el fin de amedrentarlo, diezmar su liderazgo y el empoderamiento que había dado en temas de conservación y defensa del territorio a los habitantes del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta, que comprende cuatro cerros y dos ríos ubicados entre los municipio de Supía y Riosucio.

 La comunidad lo recuerda combativo y alegre, amable y camarada. Mercedes lo recuerda a la hora del café y en los días de lluvia, cuando observa desde la puerta de su casa el jardín en el que cultiva plátanos, naranjas y flores silvestres, también cultiva la memoria como una semilla en tierra fértil. 

        En ella sigue viva la lucha que heredó de su difunto esposo y es la presidenta del Movimiento de Víctimas del resguardo, que exigen justicia, verdad y reparación por la violencia que ha atravesado históricamente sus territorios.

        Conrado de Jesús Reyes es un sobreviviente de la masacre de La Herradura y un superviviente de la vida. Es un hombre octogenario de mirada cáustica, camina con un bastón en la mano izquierda y lleva colgada una mochila tejida con el estampado de la imagen del Che Guevara, que siempre aparece con su pelo despeinado por el viento de la historia. “La vida es hermana gemela de la muerte”, me dice Don Conrado, con actitud de estoicismo y belleza filosófica. Se define a sí mismo como el último de su generación, es el médico tradicional del resguardo y asegura haber sobrevivido cien muertes por esos caminos donde la violencia ha estado presente desde la guerra ancestral entre Liberales Vs. Conservadores.

        226 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 112 municipios de Colombia desde que se firmó en 2016 el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, según lo indica el informe que entregó este año el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Cambian los gobiernos pero no los dolores transversales del país. El informe señala que durante los primeros 100 días en la presidencia de Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y otros movimientos.

       

        Recuerda con dolor, pero no por ello sin heroísmo, cómo burló la muerte aquel 8 de Junio del 2003, mientras iba en una camioneta Land Rover que había sido adaptada como ambulancia y servía ese día de medio de transporte para acompañar a Gabriel Ángel a inscribirse a la candidatura municipal de Riosucio. Don Conrado habla con lucidez y recuerda los hechos sin titubear. Al preguntarle por la masacre, hace una reflexión histórica que lo lleva a la década de los años 80:

        Todas estas muertes tienen un origen político en estos territorios y la masacre de La Herradura no es la primera vez que matan a nuestros líderes sociales. Ya habían asesinado también a Gilberto Motato, quien fuera candidato indígena a la alcaldía de Riosucio en 1988, luego en 2002 mataron a la gobernadora indígena del resguardo Nuestra Señora de la Montaña… Todos debemos heredar esta memoria y esta lucha para no olvidar lo que pasó. Porque como dice el refrán conocido: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.

         La frase final pronunciada por Don Conrado queda resonando en el aire y se aplica de manera oprobiosa a la realidad colombiana. Ya en 1988 se había denunciado ante Amnistía Internacional las violaciones a los derechos humanos en los territorios ancestrales de Caldas, por la tortura y ejecución Gilberto Motato el 22 de marzo de 1988, cuando era candidato indígena a la alcaldía de Riosucio. La historia se repitió el 9 de abril de 2002 con el asesinato de la gobernadora indígena y también candidata a la alcaldía María Fabiola Largo. La noticia del deceso llegó a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que exigió al gobierno nacional tomar medidas urgentes para preservar la integridad física y el derecho a la vida de los líderes indígenas Embera Chamí del departamento.

        La similitud de la historia de Gabriel Ángel Cartagena con estas muertes es perversa, las dos primeras: líder y lideresa del resguardo Nuestra Señora de la Montaña y la tercera del también candidato a la alcaldía por el resguardo Cañamomo Lomaprieta. La historia se repite a lo largo y ancho del territorio nacional dando cuenta de un fenómeno social que es innegable: el asesinato sistemático de líderes sociales.

        226 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 112 municipios de Colombia desde que se firmó en 2016 el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, según lo indica el informe que entregó este año el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Cambian los gobiernos pero no los dolores transversales del país. El informe señala que durante los primeros 100 días en la presidencia de Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y otros movimientos.

        La Herradura es una de las 2505 masacres que registra el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia entre 1982 y 2007, pero esas 4 muertes del resguardo de Cañamomo Lomaprieta se han convertido en una conquista simbólica que no se ha diezmado por los males ancestrales del país: la peste del olvido y la monumentalización de la memoria que se da en los ámbitos estatales. El 8 de junio se han convertido en una manera de resistir en su territorio y de re-existir en una memoria que es capaz de mirar hacia el futuro.

El asesinato de líderes sociales en los cuatro resguardos indígenas del municipio no se detiene. Una familia embera fue asesinada el pasado 24 de noviembre de 2018 en el resguardo indígena de San Lorenzo. Serafín Díaz Guevara de 63 años, líder comunitario y músico; su esposa María Gabriela Tapasco Bueno de 52 y su hijo César Díaz Tapasco de 33 años, coordinador de la escuela del resguardo, fueron masacrados. Aquella noche la hija menor de la familia Díaz Tapasco también estaba en la casa y logró escapar súbita y milagrosamente de la afrenta.

        Ese día se marcha, se canta, se combate, se recuerda, se conmemora. Se lucha para que los nombres y las historias de los asesinados no desaparezcan en esa otra muerte que es el olvido. Con sonrisas, con rabia, consignas y cantos los indígenas de Riosucio marchan en medio de un paisaje bucólico, entonando consignas a cada paso:

        ¡Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio y toda una vida de lucha!

Palabras vivas como el recuerdo se pronuncian en la marcha de la memoria que recorre las calles de Riosucio. La marcha empieza con la cofradía de la comunidad en la Casa de la Cultura Gabriel Ángel Cartagena -una vivienda de dos pisos hecha en guadua que fue construida por el líder indígena, ubicada en el corregimiento de Sipirra- y finaliza en el cementerio del pueblo para llevar flores a las tumbas de los desaparecidos. Esta marcha por la memoria no solo se ha convertido en un acto de los pueblos indígenas, también se conmemora la vida de las más de 6300 víctimas que se registran en Riosucio.

        Trece años después de la masacre, el 16 de noviembre de 2016, se vivió un deplorable acto de violación a la Ley de Víctimas y a la memoria colectiva de la comunidad Embera Chamí. Fue destruido el monumento de cruces blancas con los nombre de los líderes indígenas asesinados. Como un acto de intimidación “con mucha bajeza” describió la comunidad a aquella acción vandálica que pretendió intimidar nuevamente la lucha campesina de estos territorios, despertando la vieja herida de la guerra en los procesos de reparación y memoria que se comenzaban a implementar. Las palabras de los líderes indígenas del resguardo se difundieron por prensa y redes sociales:

        Desalmados han destruido el estandarte del más trágico acontecimiento, el más luctuoso de nuestra historia, la execrable Masacre de la Herradura, en la que vilmente le arrebatan la vida a nuestro líder Gabriel Ángel Cartagena y a otros comuneros más. Esto es una agresión en contra de nuestro pueblo, re-victimiza a nuestras familias, crea un manto de duda si volverá la violencia e insta a provocaciones en nuestro entorno. (Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta. Noviembre de 2016).

        Ante esta gramática de la violencia, la pregunta hecha por Sófocles en la tragedia griega de Antígona resuena con renovado asombro, cuando Tiresias se dirige a Creonte: “¿Qué sentido hay en volver a matar al que ya está muerto?”. La pregunta se multiplica hasta el cansancio en un país de Antígonas, en el que han convertido hasta a la memoria en un campo de batalla.

        El asesinato de líderes sociales en los cuatro resguardos indígenas del municipio no se detiene. Una familia embera fue asesinada el pasado 24 de noviembre de 2018 en el resguardo indígena de San Lorenzo. Serafín Díaz Guevara de 63 años, líder comunitario y músico; su esposa María Gabriela Tapasco Bueno de 52 y su hijo César Díaz Tapasco de 33 años, coordinador de la escuela del resguardo, fueron masacrados. Aquella noche la hija menor de la familia Díaz Tapasco también estaba en la casa y logró escapar súbita y milagrosamente de la afrenta.

  Durante 2018 el departamento del Cauca lideró el prontuario de muertes a dirigentes sociales con 48 asesinatos, le siguen el departamento de Antioquia con 33, el Valle del Cauca tiene 19, Norte de Santander y Putumayo 18, Nariño 13 y Córdoba, Meta y Caquetá 11.

 

 

 

        Estamos condenados a repetir la historia, un nuevo líder asesinado en Colombia, una masacre más que tiñe de sangre los pueblos originarios de Caldas. La versión oficial de los hechos dice que el móvil fue un intento de robo, pero los atacantes no hurtaron nada después de embestir a tiros a la familia. Este lamentable acontecimiento vuelve a prender las alarmas en una zona marcada por la violencia, que ha denunciado abiertamente la presencia de personas armadas desconocidas amedrentando a los habitantes de estos territorios. “La cosa se está volviendo a prender”, afirma un habitante del resguardo, que para dar su versión de lo ocurrido prefiere proteger su identidad:

        La comunidad ha venido denunciando que hay gente armada que transita por los territorios y las autoridades desestiman los hechos, diciendo que se trata de delincuencia común para negar la presencia de grupos armados en Caldas, en época de un supuesto postconflicto.

        El Consejo Regional Indígena de Caldas rechazó el accionar violento y manifestó su preocupación por la continuidad de asesinatos en los resguardos indígenas de la zona. Si bien Caldas no es uno de los departamentos con mayor índice de desapariciones de líderes sociales, sí ha sido el epicentro de una guerra silenciosa contra los líderes indígenas.

        Mientras escribía esta crónica llegó la denuncia del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDE) de 2 crímenes más. El 2 de diciembre en el resguardo de Escopetera y Pirza se perpetró el homicidio de Deyanira Marín Agudelo, de 73 años, en la vereda Juan Díaz de Bonafont. La hallaron con un disparo de escopeta en un cafetal. A los dos días el comunero Edison de Jesús Naranjo, líder social del resguardo Nuestra Señora de la Montaña, fue impactado por una bala a la altura del tórax cuando se dirigía a su trabajo bajo el sol de las 8 de la mañana.

        Durante 2018 el departamento del Cauca lideró el prontuario de muertes a dirigentes sociales con 48 asesinatos, le siguen el departamento de Antioquia con 33, el Valle del Cauca tiene 19, Norte de Santander y Putumayo 18, Nariño 13 y Córdoba, Meta y Caquetá 11. Con una sistematicidad estremecedora el asesinato de líderes sociales en el territorio nacional es un fenómeno transversal que se ha convertido en epicentro del debate después de la firma de los acuerdos de paz. Las muertes se multiplican, las preguntas se duplican. La labor de los periodistas es seguir escribiendo. Mientras se tenga preguntas y no se tenga respuestas hay que seguir escribiendo. En promedio cada tres días asesinan a un líder social en Colombia y todos los crímenes parecen unidos por un hilo invisible, un perverso intento de acallar a aquellos que defiende el territorio y luchan por sus derechos. Las voces insurgentes que exigen justica parecen representar una amenaza para muchos y devela, que a pesar del acallamiento de los fusiles de la guerra, los mecanismos de la violencia pretenden seguir instaurando su poder.