Se cumplen cuarenta años de la erupción del Nevado del Ruíz, una de las peores catástrofes naturales del siglo XX y, sin duda, la peor y más mortífera en la historia de Colombia.

La noche del 13 de noviembre de 1985 el volcán nevado del Ruíz entró en erupción derritiendo los casquetes de hielo de la montaña, lo que provocó una avalancha de magnitudes gigantescas que se derramó por las cuencas de los ríos Lagunilla y Chinchiná arrasando todo lo que encontró a su paso.

Más de 23.000 personas murieron, principalmente en el municipio de Armero, Tolima, que quedó completamente sepultado por la avalancha. Decenas de miles perdieron sus familiares, casas, enseres y cultivos. 

Si bien la mayoría de las víctimas estuvieron sobre el costado oriental de la cordillera, en el departamento del Tolima, una tragedia menos conocida tuvo lugar al occidente, en Caldas, donde la avalancha del río Chinchiná destruyó puentes, veredas y fincas en la zona rural de Villamaría y Chinchiná dejando un saldo de tres mil muertos y miles de damnificados.

La crisis social que dejó esta catástrofe en Caldas fue tan grande que sus consecuencias son visibles hasta el día de hoy. Varios de los barrios informales de Chinchiná son producto de las invasiones que liberaron los damnificados que perdieron todo durante la avalancha. De acuerdo con el diario El Tiempo, cerca de 15.000 personas llegaron al municipio buscando una solución de vivienda. No todos eran damnificados de la erupción.

La catástrofe del Nevado del Ruiz era inevitable, porque no se puede impedir la erupción de un volcán.

Pero la tragedia humana que siguió a la avalancha sí pudo evitarse, o atenuarse, si el gobierno de Belisario Betancur hubiera escuchado a los ambientalistas y expertos que meses antes de los hechos alertaron sobre la inminente erupción y pidieron planes de evacuación y atención a las comunidades en la zona aledaña del volcán.

El gobierno de Belisario Betancur y su ministro de minas,  Iván Duque Escobar (padre del expresidente Iván Duque), desestimaron hasta último momento la gravedad de la situación y no ejecutaron la evacuación de los pobladores en las zonas de mayor riesgo.

En opinión del líder social y ambientalista, Guillermo Castaño, una de las personas que denunció el hecho en su momento, aquello ocurrió porque era más fácil lidiar con los muertos que con 23.000 damnificados vivos.

Al otro lado de la cordillera las ruinas de Armero le siguen recordando al país el dolor de esta catástrofe, una tragedia amplificada por la desidia y la omisión institucional.

El entonces ministro de las culturas y los saberes, Juan David Correa, visitó el lugar hace dos años y ofreció disculpas a las victimas nombre del Estado. También anunció el propósito de crear allí un sitio de memoria que significa un resarcimiento simbólico para la comunidad. No obstante, el proyecto aún continúa en ejecución.