La Justicia Especial para la Paz (JEP) anunció esta semana un hecho trascendental en materia jurídica: una región geográfica completa será acreditada como víctima del conflicto armado interno, lo que significa, en palabras del alto tribunal, que no sólo se tendrán en “cuenta los graves crímenes cometidos, sino la manera en que marcaron a una región entera” reconociendo “las luchas de las víctimas y de sus organizaciones sociales”.
La acreditación se da en el macrocaso 08 de la JEP que investiga y juzga los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública u otros agentes estatales en asociación con terceros.
Un precedente importante lo constituye la acreditación del río Cauca como víctima del conflicto armado en el macrocaso 05, que investiga hechos del conflicto armado ocurridos en Cauca y Valle del Cauca. En concreto, la jurisdicción sostiene que el río fue usado como “fosa común” por mafiosos, guerrilleros y paramilitares que arrojaban en él a sus víctimas.
Los Montes de María son una serranía montañosa ubicada en el Caribe colombiano, entre los departamentos de Sucre y Bolívar, un corredor estratégico que conecta con el Canal del Dique y el río Magdalena, habitado principalmente por campesinos y colonos que perdieron sus tierras durante el conflicto.
La región fue el epicentro de algunas de las peores masacres paramilitares ocurridas en el norte del país, como la masacre de El Salado, que dejó un saldo de más de sesenta personas muertas y toda la población desplazada de este pequeño caserío.
La zona también sufrió la violencia guerrillera, que sembró de minas antipersona campos y caminos, además cometió múltiples tomas y ataques a las poblaciones, así como asesinatos selectivos y desplazamientos.
En este contexto de guerra sin límites empresas y terratenientes aprovecharon para adquirir tierras abandonadas y despojadas por la violencia que hoy hacen parte de procesos de restitución a las víctimas y campesinos desplazados.
Baudó Agencia Pública recorrió esta región y desarrolló un proyecto de periodismo comunitario en la vereda Brasilar del municipio de San Jacinto (Bolívar) donde los campesinos que han retornado a sus tierras se dedican a cuidar y restaurar uno de los últimos relictos de bosque seco de la zona.
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El profesor Alejandro Castillejo, uno de los miembros de la Comisión de la Verdad, explicó a Baudó que la declaratoria de los Montes de María como una región víctima del conflicto armado acerca a la Justicia Especial para la Paz al concepto de justicia ambiental y reparativa, que busca restaurar el medio ambiente para proteger a sus comunidades.
Castillejo participó en la elaboración del volumen testimonial de la Comisión de la Verdad, precisamente donde se recogen historias de dolor y resistencia de las comunidades en los Montes de María.
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