El Fracking fue uno de los principales caballos de batalla en las discusiones presidenciales alrededor del tema ambiental en Colombia y, sin duda, ayudó a definir los votos de una gran cantidad de la población que apoyó a Iván Cepeda por su oposición al uso de esta técnica en el país, por otro lado Abelardo de la Espriella prometió “Fracking a lo que dé” y eso no solo es una propuesta para el sector energético sino la visión de desarrollo del nuevo presidente de Colombia.

Hay que comprender el Ambiente y su protección como un todo, cada conflicto ambiental está conectado con otro y termina generando un impacto acumulativo. Por esa razón presentamos los que consideramos los principales retos que enfrentará Colombia en materia ambiental con el fracking y más allá de él.

Extractivismo

«El mundo está en una carrera por recursos estratégicos, y Colombia está en el centro de la disputa», declaró recientemente el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Rodrigo Botero. 

De manera abierta países como Estados Unidos han mostrado sus intenciones de extraer minerales y combustibles fósiles de Dinamarca, México, Irán y Colombia, incluso por la fuerza, como ya lo están haciendo en Venezuela. Este escenario aumenta los conflictos socioambientales que, en Colombia, suelen traducirse en una intensificación de la violencia ejercida por los grupos armados que controlan los territorios donde se extraen o se pretende extraer recursos.

Abelardo de la Espriella ha propuesto “agilizar, destrabar y flexibilizar” las licencias ambientales, y estas presiones tienen profundas repercusiones ambientales y sociales. Un caso crítico es el Proyecto Mocoa (propiedad de Copper Giant Resources Corp, antes LiberoCobre), un megaproyecto que planea una mina de cobre y molibdeno a cielo abierto en el Macizo Colombiano, ecosistema vital de la región andino-amazónica. 

Aunque la compañía logró protocolizar la consulta previa mediante un acuerdo con el Cabildo Inga Condagua, el Consejo Comunitario de Puerto Limón y otros resguardos de Mocoa, Villagarzón y San Francisco, sostienen que el impacto ambiental trascenderá esas fronteras afectando a todo el territorio. La resolución de este conflicto estará marcada por la visión administrativa que trae el nuevo gobierno y su enfoque: priorizar los intereses del capital económico sobre los intereses de las comunidades involucradas e ignorando el impacto sobre el ambiente.

Crisis climática

Todas las mediciones y proyecciones de los expertos apuntan a una intensa temporada de sequías asociada al fenómeno de ‘superniño’. Las temperaturas podrían alcanzar niveles sin precedentes, con impactos significativos sobre las fuentes hídricas. Sin medidas de prevención y una gestión adecuada del agua, el país podría enfrentar nuevamente racionamientos en las principales ciudades y el aislamiento de numerosas comunidades debido a la disminución de los caudales de los ríos que las conectan.

Colombia debe jugar su papel en la reducción del calentamiento global. Un ejemplo de ello es que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la deforestación en departamentos como Caquetá, Meta y Putumayo ya superan la capacidad de sus bosques para capturar CO 2. Según el informe Tendencias y dinámicas de la deforestación en la Amazonía colombiana, de FCDS, este proceso responde a un modelo de ocupación territorial y apropiación ilegal de tierras. A su vez, las investigaciones de Amazon Underworld e InfoAmazonia han rastreado los flujos financieros que sostienen las economías criminales responsables de impulsar esta deforestación en las zonas de frontera entre Colombia, Brasil y Venezuela.

Defensores ambientales

Colombia es el país más violento del mundo para los defensores del medio ambiente: más de 700 líderes con enfoque estrictamente ecológico o territorial han sido asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz (2016).

Según Global Withness e Indepaz sólo en el último año se registran 178 asesinatos a líderes sociales de los cuales entre el 25 y 40% pueden ser líderes enfocados en temas ambientales. 

Los ataques, entre los que hay además de asesinatos un alto número de amenazas y desplazamientos, se concentran principalmente en líderes indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos de Antioquia, la Orinoquía y departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Las amenazas coinciden territorialmente con oposiciones a la minería ilegal pero también a proyectos de monocultivos, represas hidroeléctricas y grandes proyectos mineros.

Para esto será clave el impulso y ratificación del Acuerdo de Escazú, que fue sancionado en noviembre de 2022 por el presidente Gustavo Petro luego de una prolongada oposición por presiones corporativas en el Congreso.

Minería ilegal 

Según el balance oficial presentado en 2025 por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares, la minería ilegal aumentó un 28 % y ya afecta cerca de 82.000 hectáreas del territorio colombiano. Los departamentos más impactados son Chocó, Antioquia, Bolívar y Amazonas. Sus efectos van mucho más allá de la extracción ilegal de minerales. 

Esta actividad destruye cauces de ríos, acelera la deforestación y libera mercurio que contamina el agua, los peces, la fauna silvestre y las comunidades que dependen de estos ecosistemas. En distintos puntos del país se han registrado concentraciones de mercurio que superan en varias decenas de veces los niveles considerados seguros para la salud humana y ambiental.

Transición energética y economía

El gobierno saliente asumió un liderazgo internacional en materia de transición energética y acción climática. En el plano interno, esta apuesta implicó restringir la expansión de la exploración y explotación de combustibles fósiles, una decisión que ha alimentado el debate sobre el equilibrio entre la protección ambiental y los posibles efectos de esta política sobre la economía y la seguridad energética del país. 

Como respuesta, la estrategia económica del gobierno buscó impulsar otros sectores para compensar la menor dependencia de las actividades extractivas. La agricultura registró un crecimiento del 7,1 %, con efectos positivos sobre la reducción de la pobreza rural. A ello se sumaron crecimientos del 4,6 % en comercio y transporte, del 10 % en entretenimiento y recreación, y del 10 % en turismo, sector que alcanzó un récord histórico de USD 13.498 millones en ingresos durante 2025.

En 2025, Ecopetrol reportó utilidades por 9 billones de pesos, una disminución frente a los 33,4 billones registrados en 2022, cuando alcanzó ganancias récord. Ecopetrol destinó entre el 14 % y el 24 % de su presupuesto anual a inversiones en Energías para la Transición. Por el contrario, el nuevo presidente plantea un rumbo distinto: impulsar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluido el desarrollo del fracking, con el argumento de fortalecer la principal fuente de ingresos del Estado y aumentar la autosuficiencia energética.

Un capítulo aparte merece el fracking. Durante la campaña, de la Espriella prometió hacer «fracking a lo que dé», retomando el debate sobre los impactos ambientales y económicos de esta técnica, especialmente sobre los ecosistemas, las fuentes hídricas y la viabilidad de mantener una alta dependencia de los hidrocarburos en un contexto de transición energética.

La discusión, sin embargo, no parte de cero. Aunque el gobierno de Gustavo Petro mantuvo la prohibición del fracking en Colombia, Ecopetrol continuó participando en proyectos de extracción mediante esta técnica en la cuenca del Pérmico, en Estados Unidos. Estos proyectos han sido cuestionados por comunidades locales por sus impactos ambientales y también por su rentabilidad. Baudó analizó este tema en enero de este año en el artículo ¿Fracking sí, pero no aquí? Los negocios de Ecopetrol en Estados Unidos.

Entre las críticas a estos proyectos se encuentran las recopiladas por el ingeniero de petróleos Andrés Gómez en una columna publicada en la Revista Raya. Allí señala que, en 2022, la cuenca del Pérmico (donde operan Oxy y Ecopetrol) fue identificada como una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.  En una entrevista concedida posteriormente a Blu Radio, Gómez también expuso varios cuestionamientos ambientales y económicos al fracking, los cuales recopilamos a continuación.

P16. Para asumir la administración del Ambiente en Colombia alrededor de la minería y la protección de los defensores dle medio ambiente, Abelardo de la Espriella debería apegarse a las recomendaciones de expertos y ONGs vinculadas con el tema, para ello el próximo gobierno necesita:

1. Ciencia en la toma de decisiones 
2. Apoyar y concretar la trazabilidad total de oro y del ganado.
3. Fortalecer el control territorial con presencia integral del Estado, no solo con las armas, también con salud, educación y economía forestal y agrícola sostenible.
4. Concebir el Ambiente más allá de una fuente inagotable de recursos económicos, implementar una mirada sostenible que piense en el futuro.
5. Respetar y tener el cuenta la mirada de los pueblos indígenas y comunidades afectadas por los proyectos extractivos.
6. El patrimonio ambiental de Colombia es público. Su defensa en el contexto global de crisis climática para un país del trópico debe ser la prioridad.

Espera la parte dos de este informe donde hablaremos de deforestación, ganadería y biodiversidad.