Las fotos satelitales que presentamos aquí fueron captadas por los sistemas Landsat / Copernicus entre 1991 y 2022 en inmediaciones de Barrancón y Charco Hondo, dos pequeños caseríos en las selvas del sur del Chocó, sobre uno de afluentes que forman el río Sipí. Las manchas color tierra expandiéndose en medio del follaje verde corresponden a terrenos arrasados por la minería de oro.
La minería legal también contribuye a la deforestación, pese a que cuenta con permisos y licencias ambientales que le dan vía libre a su desarrollo. Un estudio de la Universidad del Rosario en cabeza de los investigadores Andrés González, Nicola Clerici y Benjamín Quesada encontró que se habían perdido 121.819 hectáreas de bosque en el país entre 2001 y 2018 por actividades relacionadas con entables y proyectos mineros legales.
De acuerdo con los investigadores, por cada gramo de oro extraído legalmente en Colombia se talan 20 árboles.
En el departamento de Antioquia, el mayor productor de oro legal de Colombia, se estima que en 2018 una cuarta parte de la deforestación ocurrió dentro de concesiones mineras formales como la que tiene la empresa Mineros S.A en la región del Bajo Cauca. Imágenes satelitales publicadas por el portal Rutas del Conflicto en la zona del río Nechí revelaron la magnitud de la devastación.
Otra investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, conocida por sus siglas “UNODC”, encontró que el 52% de las explotaciones de oro de aluvión ocurrían en 2021 dentro de áreas protegidas o Parques Naturales.
El oro de aluvión es el que se extrae del lecho de los ríos y las playas aledañas, una práctica que ahora está afectando también a los departamentos amazónicos como Putumayo, Caquetá y Guainía.
La investigación de Naciones Unidas encontró que para el año 2020 había evidencias de explotación de oro de aluvión en 405 hectáreas el Putumayo, 185 hectáreas del Guainía y 78 hectáreas del Caquetá.
Desde 2002, con el primer mandato de Álvaro Uribe, cinco gobiernos han impulsado la gran minería como motor de desarrollo económico en el país. Uribe entregó centenares de títulos mineros y permisos de explotación a multinacionales, sin importar que se traslaparan con tierras de comunidades indígenas, campesinas o afrocolombianas, incluso afectando importantes zonas de reserva natural.
Juan Manuel Santos impulsó la minería como la “locomotora” económica de sus dos gobiernos. Iván Duque continuó con la tendencia y ninguno de los gobiernos de los últimos 25 años ha conseguido frenar la minería ilegal, que se expande por todo el territorio nacional. Tampoco se han resuelto los conflictos sociales y medioambientales que acarrea la minería legal, autorizada y concesionada por el Estado. Ambas, la minería legal y la ilegal, están estrechamente relacionadas con la deforestación y degradación de las selvas colombianas.
