¿Para quién es la ciudad?

Esta pregunta ha aparecido pintada en muchos lugares de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, el segundo conglomerado urbano más grande e importante del país, a propósito de los despojos urbanos que han tenido lugar después de la entrada en marcha de megaproyectos urbanísticos, turísticos y económicos que han arrebatado a miles de personas el derecho a la ciudad.

Juliana Rivera, integrante de la organización Ciudad en Movimiento, conversó con Baudó durante la segunda cumbre urbana del Valle de Aburrá, donde confluyeron organizaciones sociales y representantes de diversos sectores para discutir sobre acceso a la vivienda, el espacio público y el transporte justo.

“Enfrentamos una crisis multidimensional del actual modelo de ciudad, un modelo marcado por la exclusión, el clasismo y el olvido sistemático de las trayectorias de nuestras luchas, tanto urbanas como rurales”, asegura el manifiesto de la cumbre.

“Esta crisis se materializa en el desigual acceso al suelo, a la educación, a la vivienda, a la salud, a sistemas de cuidado y servicios públicos […] la vulneración del derecho al trabajo, la emergencia nacional por Violencias Basadas en Género, la crisis alimentaria y climática, en las potencias criminales que nos exponen a múltiples violencias urbanas, como el desplazamiento, la zozobra, el acallamiento, la tortura física y psquica”.

De acuerdo con la organización Ciudad en Movimiento, en Medellín la actual alcaldía proyecta más de 60 mil operativos contra trabajadores y vendedores informales que dependen de la calle para su subsistencia.

Así mismo, calculan que alrededor de 233 mil familias no tienen una vivienda digna pues viven en comunas o barrios informales con acceso deficiente a servicios básicos como agua, alcantarillado o infraestructura.

Esto mientras Medellín se promociona como un destino ideal para extranjeros y nómadas digitales que llegan a la ciudad atraídos por el clima, la gran oferta de servicios y los relativos bajos costos en comparación con el costo de la vida en sus países de origen.

Pero los “bajos costos” son sólo para los foráneos, pues la inflación en Medellín es una de las más altas del país y se ubicó por encima del promedio nacional en la última medición del DANE, con el 5.03% en alzas al costo de la vida, golpeando el bolsillo de millones de personas.

La otra cara de esta realidad es la irrupción de Medellín y su área metropolitana como enclaves del turismo global, con la llegada masiva de extranjeros, muchos de ellos detrás del turismo ligado a la explotación sexual de niñas y mujeres. 

Como consecuencia de ello ocurre la gentrificación que, según explica Juliana Rivera, es sólo una expresión más del fenómeno de privatización de la ciudad.

Mientras tanto, la administración local no toma medidas para aliviar esta crisis, sino que busca profundizarla. 

El alcalde Federico Gutierrez anunció recientemente que invertirá cerca de 200.000 millones de pesos en la construcción de una playa artificial para Medellín, lo que sin duda atraerá aún más extranjeros convirtiendo a la capital paisa en una gran vitrina para el turismo global. 

“¿Cuánta gente hay Medellín que no ha tocado una playa? El proyecto es una belleza para todos” dijo Gutiérrez después de las críticas al proyecto que costará casi un cuarto de billón de pesos pero no tendrá ningún impacto real en las problemáticas urgentes de Medellín como lo son el acceso a la vivienda, la formalización del empleo o la adaptación al cambio climático.