La Jurisdicción Especial para la Paz, una entidad que nace del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP en 2016 ha destinado un caso específico para esclarecer y hacer justicia sobre el Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, este es conocido como el Caso 07 subcaso FARC-EP.

Ha circulado mucha desinformación que busca desacreditar este caso  llevado por la JEP, una de estas noticias falsas, como lo reportó el portal Colombiacheck, afirma que los miembros del secretariado de las FARC-EP fueron indultados. Esto es falso, los imputados en el Caso 07 siguen vinculados al proceso y esperan penas restaurativas una vez cumplan con los requisitos de reconocimiento y restauración. Por otro lado Iván Márquez es el único que ha sido retirado del caso luego de rearmarse en 2019, por esta razón es investigado por la justicia ordinaria por su presunta responsabilidad en el reclutamiento ilícito de 271 menores. 

Otra desinformación muy común vincula al presidente Gustavo Petro y al candidato presidencial Iván Cepeda con este proceso, en ambos casos los políticos de izquierda no tienen vinculación alguna comprobada con el caso, con las FARC-EP ni con el partido Comunes.

El trabajo que comprende 5 años de investigación y compilación de testimonios de la sala de reconocimiento de verdad de la JEP, obtuvo con máxima reserva los relatos de 1.000 víctimas entre sobrevivientes de reclutamiento forzado y familiares e integrantes de los pueblos indígenas, Cubeos, Hitnu, Barí, Koreguaje y Sikuani.

Se contrastaron 31 tablas de datos en las que se reportaron presuntos hechos de reclutamiento cometidos por las FARC-EP en diferentes periodos de tiempo en todo el territorio nacional. Fue así como se llegó a la cifra de 18.677 niños y niñas reclutados durante entre 1971 y 2016 en el marco del conflicto entre el Estado y las FARC-EP.

El Caso 07 también contempla la utilización de niños en otras labores transversales al conflicto: como cocineros, cargueros, mensajeros, acompañantes y explotación sexual y abusos. El trabajo de la JEP ha buscado además de reconocer el tamaño del daño, luchar contra la estigmatización y el temor que produce a estos niños ser revictimizados y revivir el daño en su regreso a la vida civil.

El reclutamiento de menores presentó cuatro picos en años en los que se intensificó su práctica: uno que comienza a crecer desde el año 1997 hasta llegar a su máximo punto en 2000 con 1.817 victimizaciones. El segundo pico se presentó en el año 2002 con 1201 victimizaciones. Y el tercer pico se dio hacia el año 2007 con 1.140 victimizaciones registradas.

Y el cuarto pico significativo se evidencia en el año 2013 con 1.766 victimizaciones.

El departamento del Meta es el que más concentra registros con un total de 5.132 que representan alrededor del 24% del total de victimizaciones identificadas, seguido de Antioquia que con 2.187 recoge un poco más del 10% de victimizaciones seguido de Guaviare y Caquetá con cerca del 8% cada uno.

Así están distribuidos los Bloques de las FARC-EP responsables de acuerdo a su zona de influencia y responsabilidad en los casos.

8.987 víctimas menores asociadas al Bloque Oriental (BORI); 2.669 asociadas al Bloque Sur (BSUR); 1.818 al Bloque Noroccidental (BNOR); 1.420 al Bloque Occidental (BOCC); 977 al Comando Conjunto Central “Adán Izquierdo” (CCCA); 727 al Bloque Magdalena Medio (BMME); 719 al Bloque Caribe (BCAR); y 114 al Bloque Móvil Arturo Ruiz (BMAR).
Por su parte, 3.476 víctimas no registran una asociación específica con un bloque. 

La siguiente gráfica muestra la asociación del número de víctimas por bloque.

El 54% de las víctimas, es decir, 10.004, corresponden a niños, el 22%, es decir, 4.102 corresponden a niñas, el 24%, es decir 4.566, no especifica el sexo y 5 registros que corresponden al 0.03% indicaron ser de sexo indeterminado.

Sin el trabajo de la JEP las voces de las víctimas de este crímen de guerra nunca hubieran encontrado un lugar en la discusión pública del país. Este subcaso le ha dado la importancia que merece a un problema que necesitamos reconocer y analizar como sociedad después de décadas de silencio e impunidad.

Para las víctimas del Caso 07 es muy importante que el trabajo de la JEP tenga garantías para continuar y llegar a buen término, desfinanciar la JEP o acabarla significa la impunidad para los 18.677 niños y niñas.   El caso está en una etapa de imputaciones clave. La Sala de Reconocimiento de Verdad emitió llamados de imputación de responsabilidad a 6 ex-comandantes y 20 exintegrantes de las FARC-EP. 

Los procesados tienen un plazo legal para aceptar o rechazar los cargos por estos crímenes de guerra conexos (como violencia sexual, abortos forzados y homicidios intrafilas) y en caso de no aceptar los cargos los imputados pasarán a un Juicio Ordinario, lo que abriría una ruta procesal paralela de carácter punitivo.