Abelardo de la Espriella revocó la resolución del gobierno anterior para proteger la Amazonía.

Sin ella se pueden otorgar nuevas autorizaciones mineras y contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esta decisión revela las intenciones del nuevo Gobierno sobre esta importante región del país, que además representa alrededor de la mitad del territorio continental de Colombia.

Y esto no es todo…

Tres días antes de finalizar su gobierno, Gustavo Petro dejó la Resolución 961 del 4 de agosto, mediante la cual se declaraba la Amazonía como reserva de los recursos naturales renovables y del ambiente con carácter definitivo. Sin embargo, el pasado 23 de octubre, el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, revocó esta declaración mediante la Resolución 1045, argumentando que no se había realizado la consulta previa a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

No obstante, el argumento con el que revocan la declaratoria se aprovecha de un vicio procedimental de la resolución del gobierno Petro para justificarse, pues la omisión de la consulta previa pudo haberse subsanado sin dejar sin efecto la declaración. En cambio, el nuevo ministro optó por eliminar la protección, en una decisión que parece responder más a las intenciones del nuevo Gobierno sobre la Amazonía que a la necesidad de corregir el procedimiento. Al mismo tiempo el Gobierno de Abelardo de la Espriella anuncia reformas en la consulta previa para reducir sus capacidades y alcances en contra de las comunidades.

En su momento, el exministro de Interior, Rodrigo Lara, anunció en sus cuentas digitales que los cambios en la consulta previa eran una importante noticia económica, dejando claro que el espíritu de esta decisión centra sus intereses en beneficiar los proyectos de inversión por encima de los intereses de las comunidades y el ambiente.

El Ministerio de Ambiente hizo una publicación en la que argumenta que la amazonía sigue estando protegida por leyes y reservas que continúan vigentes, pero esta publicación no habla del tema central al que apuntaba la resolución que revocaron: que no se autorice ni se haga minería en el Amazonas.

Otra acción reciente tiene que ver con las declaraciones del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, durante una Feria de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio Colombo Americana. En su intervención, Arjona buscó transmitir tranquilidad a los inversionistas extranjeros interesados en la Amazonía mediante una propuesta para eliminar impuestos y fomentar los bonos de carbono. Aunque mencionó proyectos forestales, no precisó qué entiende el nuevo Gobierno por bosque, una definición relevante si se tiene en cuenta que, en otros escenarios, ha planteado incluir dentro de esta categoría los monocultivos productivos.

En un cruce de comentarios en X entre Fabio Arjona y la exministra de Ambiente Irene Vélez, ésta le cuestionó la decisión de desproteger la amazonía y Arjona dijo que “las cosas hay que hacerlas bien” mientras presentó como un logro la declaración de 25 nuevas OMEC (Otras Medidas Efectivas de Conservación). 

El ministro se refiere a las 27 OMEC declaradas por el nuevo gobierno que oficializan nuevas áreas de protección. El 85 % de las nuevas OMEC corresponde a iniciativas privadas, el 11 % a mixtas y el 4 % a públicas, éstas operan en territorios por fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de manera menos estricta en cuanto a estándares y objetivos de conservación.

En su declaración Arjona afirma que de las nuevas OMEC “algunas [están] en la región amazónica”. 

En  las declaraciones oficiales todavía no se ha hecho público cuáles ni cuántas son esas nuevas OMEC, sin embargo el Ministerio de Ambiente publicó un mapa el 26 de Octubre de 2026 en el que incluso parecen cubrir menor territorio.

La visión de gobernanza ambiental que impulsan las diferentes carteras del Gobierno de la llamada Patria Milagro apunta a combatir la minería ilegal mediante un modelo que garantice estándares para la explotación legal de los recursos. Según el viceministro de Minas y Energía, Luis Madriñán, esta estrategia busca reemplazar la extracción ilegal, que aumentó un 28 % durante el gobierno anterior, por actividades reguladas. Así lo planteó durante una conferencia de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un estándar global que promueve la gestión abierta y la rendición de cuentas en los sectores del petróleo, el gas y los recursos minerales.

Un día antes de ser nombrado presidente de Ecopetrol, Carlos Suárez había sido nombrado en un cargo directivo de la minera Copper Giant, una multinacional que posee títulos de exploración de cobre y molibdeno en el departamento del Putumayo y que pretende hacer minería a cielo abierto en el Macizo Colombiano.

15 días después del nombramiento, Copper Giant declaró que Suárez ya no ocupaba el cargo por posible conflicto de interés. Suárez fue el estratega de campaña del presidente Abelardo, además el portal La Silla Vacía demostró recientemente la relación comercial de Suárez como socio de De la Espriella y el empresario hoy investigado por escándalos en el sector minero energético: Serafino Diácono, otro amigo y socio de De la Espriella.

El recién decretado presupuesto nacional registró reducciones superiores al 50 % con respecto a 2026 en programas clave de desempeño ambiental, gestión institucional y conservación de la biodiversidad, quitándole alrededor de medio billón de pesos.  En contraste, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de la Amazonía experimentaron incrementos, destacando la CDA con un crecimiento del 127 % ($7,9 mil millones) y aumentos más moderados en Corpoamazonía y Cormacarena, aunque este aumento es desproporcionadamente inferior a la reducción del presupuesto general.

En cuanto a presupuestos para los gobiernos locales, Amazonas y Putumayo lideran las alzas en los rubros asignados, pero esto se debe principalmente a proyectos obligados por vigencias futuras de la administración de Gustavo Petro, principalmente un millonario plan de fibra óptica que pasó de $110 mil millones a $388 mil millones.

Uno de los aspectos más cuestionados tiene que ver con los compromisos que el presidente De la Espriella asumió con el gobierno de Estados Unidos el 8 de septiembre de 2026 cuando se firmó en Barranquilla un memorando de entendimiento con el secretario de Estado Marco Rubio, éste trata sobre cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras.

El documento es declarado no vinculante, lo que no lo obliga a pasar por la Corte ni por el Congreso, las críticas advierten que impone compromisos para agilizar trámites, obligar a Colombia a contestar en plazos breves (10 días) las solicitudes del gobierno norteamericano, avisar a EEUU antes de cualquier inversión o venta de activos de minerales críticos y abordar operaciones sensibles de seguridad nacional que limitarían la soberanía de Colombia.

Esto responde a los intereses que Donald Trump ha mencionado públicamente sobre la máxima prioridad de ejercer control de minerales críticos, tierras raras (como el litio y el cobre) y fuentes hídricas en el bioma amazónico. 

El 28 de septiembre de 2026 la Agencia Nacional de Minería (ANM) expidió el Acuerdo 007 que sustituye lineamientos anteriores y elimina la mención explícita de la soberanía del Estado sobre los recursos del subsuelo como principio rector. 

Kevin Gómez Paz, Senador del Pacto Histórico, en un debate en Caracol Radio, habló sobre las implicaciones que tienen estas decisiones en la soberanía de Colombia sobre sus recursos naturales.