Desde El Salvador hasta  Argentina, mandatarios que se hacen llamar “libertarios” o son apoyados por este movimiento político han ocupado la presidencia o importantes cargos de poder con incidencia directa en la vida de millones de personas. 

El dictador Nayib Bukele en El Salvador, el autoritario Javier Milei en Argentina y ahora José Antonio Kast, recién electo presidente de Chile, pregonan aspectos de la llamada teoría libertaria como parte de sus programas.

El fundamento de esta doctrina es que el Estado debe reducirse a sus mínimas proporciones y que no debe interferir en la economía con impuestos, regulaciones o barreras.

Javier Milei es el exponente más claro de esta tendencia. 

Ídolo del movimiento libertario desde sus apariciones como tertuliano en televisión, irrumpió en la política con el movimiento La Libertad Avanza ganando la presidencia del país a finales de 2023.

Milei ha implantado el manual libertario al pie de la letra desmantelando el Estado y todos sus servicios sociales, con un enorme costo para los argentinos, en especial los más vulnerables. 

Durante el 2024, primer año de su presidencia, más de la mitad de la población vivió en la pobreza. Servicios esenciales como la salud y la educación fueron desfinanciados por los recortes de presupuesto, incluso la atención de los incendios, que ahora se propagan por la Patagonia, se ha visto afectada a causa de sus políticas libertarias que redujeron el presupuesto para sofocar los incendios forestales.

A la par, Milei ha propiciado el liberalismo económico reduciendo impuestos y regulaciones, con enormes beneficios para banqueros y grandes compañías. Una de sus últimas medidas, la llamada “ley de inocencia fiscal”, beneficia directamente a lavadores de activos y grandes capos de la droga que podrán blanquear enormes sumas de dinero en bancos argentinos sin explicar de dónde provienen los recursos. 

Dos colaboradores cercanos de Milei, los diputados José Luis Espert y Lorena Villaverde, enfrentan procesos penales por recibir financiación de narcotraficantes.

Mientras tanto Milei ha continuado en la senda de endeudamiento de su país al solicitar millones de dólares en créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del gobierno de los Estados Unidos.

Pese a llamarse “libertario”, el gobierno de Milei ha reprimido con brutalidad a sus críticos opositores, empezando por los ancianos jubilados que vieron cómo los recortes de presupuesto los dejaban sin pensiones para afrontar la vejez.

José Antonio Kast, el ultraderechista presidente electo de Chile sigue la misma senda. Hijo de un militante Nazi que se refugió en América del sur tras la segunda guerra mundial, Kast llegó al poder con una agenda xenófoba y antiderechos, alimentando un discurso en contra de los inmigrantes, muchos de ellos colombianos y venezolanos. Durante la campaña recibió el apoyo del Partido Libertario chileno, que ahora se ha desmarcado de su futuro gobierno.

Kast propone construir megacárceles para enfrentar la delincuencia, mientras reduce el tamaño del Estado a costa de sacrificar programas sociales. En campaña aseguró que iba a disminuir el gasto del Estado en seis mil millones de dólares durante sus primeros 18 meses de mandato.

Además, quiere quitarle impuestos a las grandes empresas con la excusa de que aquella es la única vía para generar crecimiento económico, una fórmula que ya se aplicó por décadas en América Latina sin que fuera efectiva para superar las brechas sociales, sólo sirvió para hacer más ricos a los ricos.

Finalmente, el dictador salvadoreño Nayib Bukele, quien comenzó su trayectoria política en la izquierda de su país, se hizo elegir con apoyo secreto de las pandillas mafiosas de El Salvador, que lo ayudaron con dinero y votos.

Una vez en el poder invadió con las Fuerzas Militares el Congreso y se reeligió violando la Constitución salvadoreña, que prohibía un segundo mandato.

Bukele traicionó a sus antiguos aliados pandilleros, instauró un régimen de excepción y desmanteló a las pandillas tras una ofensiva brutal de militarización, redadas y detenciones arbitrarias que tiene a más de 66 mil salvadoreños y extranjeros en las cárceles de ese país sin haber sido juzgados o procesados.

Su gobierno ha promovido las criptomonedas como moneda corriente en El Salvador, en una jugada aplaudida por teóricos libertarios, que rechazan el control estatal de la economía. 

A la par, el régimen de Bukele se ha convertido en uno de los principales violadores de los derechos humanos y la libertad en el continente, practicando la tortura sistemática contra miles de detenidos sin derecho a juicio, visitas de sus familias o asistencia legal, mientras persigue a periodistas y opositores con espionaje, hostigamientos y montajes judiciales.

Colombia no es ajena a esta tendencia y de hecho en nuestro país hay un lobby muy activo de las ideas libertarias que ha sido financiado por grandes corporaciones financieras para que hagan oposición a las reformas laboral y pensional del actual gobierno.

La cara más visible de ese lobby es la influenciadora Jerome Sanabria, conocida como “Soy Jerome”, pagada por Atlas Network, una red de centros de pensamiento ligadas a las mayores corporaciones financieras del planeta que se ha dedicado a esparcir la ideología neoliberal por todo el mundo.