Las cifras no mienten. De acuerdo con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 537 personas fueron enviadas a cárceles o centros de detención tras participar en las marchas y plantones del Paro Nacional de 2021, un masivo estallido social que tomó las calles contra el gobierno de Iván Duque y sus políticas.

La gran mayoría eran jóvenes de barrios populares o estudiantes universitarios. A muchos y muchas de ellos, la Fiscalía, siguiendo directrices de Francisco Barbosa, les imputó delitos como terrorismo, secuestro, concierto para delinquir, tortura, daño en bien ajeno e incluso rebelión. 

Muchos de los casos impulsados por la Fiscalía de Barbosa fueron montajes judiciales sin pruebas, orientados a criminalizar la protesta social. Por eso, tras meses de prisión, la mayoría de las personas detenidas ha ido recuperando su libertad por vencimiento de términos, aunque los procesos judiciales en su contra siguen abiertos.

Este fue el caso de Rolando Quintero, conocido como el “Profe Papas”, docente y líder social que participó en los bloqueos de Puerto Resistencia en Cali, donde coordinaba un restaurante comunitario.

Fue capturado en junio de 2022 bajo los cargos de secuestro, sedición e invasión de tierras.

Según la Fiscalía, había retenido a un policía durante las protestas. Sin embargo, el propio ente investigador desestimó los delitos de sedición e invasión de tierras por falta de pruebas, aunque mantuvo la acusación de secuestro, con la cual un juez ordenó su encarcelamiento.

El día de los hechos Quintero ni siquiera se encontraba en Puerto Resistencia, estaba en una reunión institucional con funcionarios de la Alcaldía de Cali. Rolando recuperó su libertad en octubre de 2023, después de pasar más de un año tras las rejas en las penitenciarías de Jamundí y Palmira.

Como él, cientos de jóvenes manifestantes acabaron empapelados enfrentándose al sistema judicial sin recursos, ni abogados que pudieran liderar su defensa. El presidente Gustavo Petro promovió un artículo incluido en la Ley de Paz Total con el propósito expreso de que estos jóvenes recuperaran la libertad.

Se trataba de la figura de ‘voceros de paz’, que permitía la excarcelación de presos del estallido social. Sin embargo, la Corte Constitucional derogó este apartado en noviembre de 2023, lo que en la práctica eliminó el beneficio jurídico.

David Bernal, estudiante de la Universidad Nacional y uno de los prisioneros del Paro Nacional con más tiempo en reclusión, intervino en mayo de este año en una audiencia pública del Congreso de la República que dio seguimiento a la situación de las y los presos políticos de la protesta social.

Bernal afirmó que en Colombia la represión oficial siempre ha buscado eliminar, amedrentar o encarcelar a los dirigentes de las movilizaciones sociales. Eso, según él, fue lo que ocurrió con los jóvenes que salieron a las calles en 2019, 2020 y 2021 durante los paros nacionales.

Bernal ha liderado varias huelgas de hambre y soportado los atropellos del sistema penitenciario, incluyendo atentados contra su vida en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca), donde Baudó AP conversó con él en noviembre de 2023.

Los presos del estallido social han padecido las torturas de la cárcel sin que la mayoría de la prensa ni el establecimiento político colombiano se haya preocupado por su situación. Una actitud que contrasta con el trato que los medios suelen dar a los presos políticos encarcelados injustamente en otros países de la región, como Venezuela, Nicaragua o Guatemala.

Hasta ahora el Gobierno Nacional ha sido incapaz de encontrar fórmulas que resuelvan la situación jurídica del medio millar de jóvenes encarcelados, procesados y perseguidos por la Fiscalía de Francisco Barbosa durante el Paro Nacional.

Mientras tanto, resuenan las palabras de Camila Botero, prisionera política recluida en la cárcel del Buen Pastor, quien también participó en la audiencia del Congreso de la República en mayo pasado. “La justicia es la propiedad de unos cuantos para torturar, castigar, aleccionar […] es una justicia con apellido y abolengo”.

Más allá de las libertades individuales, estos procesos dejan una marca inquietante en la justicia colombiana. Cuando la Fiscalía construye expedientes sin sustento y los jueces los avalan, se erosiona no solo la vida de quienes protestaron, también la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar derechos.

Un país que permite que la protesta se confunda con delito termina debilitando su democracia y normalizando el uso del derecho penal como herramienta de castigo político.