El 71% de los municipios del país tienen presencia de grupos ilegales, especialmente de grupos neoparamilitares como el Clan del Golfo, que delinque en más de 300 municipios del país.

La violencia se reconfigura con nuevos y viejos actores ilegales en regiones enteras como el Chocó, el Catatumbo y el Sur de Bolívar.

En los primeros ocho meses del tercer año de Gustavo Petro en el poder se registraron 385 atentados y agresiones contra defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC.

Estos son algunos de los datos que deja el tercer informe conjunto de las plataformas de derechos humanos en el país sobre la situación de violencia y derechos humanos durante el gobierno de Gustavo Petro.

El defensor y líder Alberto Yepes, quien hace parte de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), resumió este drama: en promedio en el país se registra un líder social asesinado cada dos días, un firmante del Acuerdo de Paz con las FARC asesinado cada diez días, o una masacre cada cuatro días.

El informe de las plataformas señala que aunque es cierto que ha habido una fuerte oposición del establecimiento colombiano a las propuestas de cambio planteadas por el actual gobierno, en lo que llaman “guerra jurídica o institucional”, también es cierto que muchos de las promesas no se han materializado por culpa del mismo ejecutivo: “Aun así, cabe responsabilidad directa al Gobierno, por razones programáticas o prácticas, ya sea inoperancia, equivocaciones, omisiones, desviaciones del propósito
inicial”.

Yepes agrega que el gobierno sacrificó su propuesta inicial de la Paz Total para apostarle a negociaciones locales y fragmentadas que desechan la idea de lograr una paz nacional. Eso, en su opinión, cierra la posibilidad de resolver el conflicto social y armado en el país.

El balance también implica cambios positivos reconocidos por las organizaciones. En el documento se señala que los avances en la reforma pensional y laboral significan un cambio sustancial en la situación de millones de personas, lo que permitirá aliviar la grave crisis social que repercute en la violencia del país.

Además, se indica que aunque ha habido tropiezos y no se ha cumplido con las expectativas iniciales, la reforma agraria supone una transformación significativa en la vida de millones de personas en las zonas rurales, históricamente marginadas.

“El rompimiento de la mesa con el ELN, las críticas de más de 500 organizaciones y el reconocimiento presidencial del fracaso reflejan que la política de Paz Total enfrenta serias debilidades en términos de legitimidad pública, coherencia institucional y sostenibilidad”, concluye el informe: “En términos generales, el avance ha sido limitado, persisten retos estructurales significativos y el margen para consolidar un Acuerdo Nacional de Paz como Política de Estado sigue siendo estrecho”.

Puedes consultar el informe completo en https://www.oidhaco.org/