A lo largo del 2024 los sistemas de monitoreo satelital del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) detectaron en la Amazonía colombiana 38.926 focos de calor. 

En palabras simples, cada foco es un indicador muy probable de que en ese lugar ocurrió un incendio forestal provocado para el desmonte de la selva. 

Los puntos más afectados, según el IDEAM, coinciden con algunos de los municipios que concrentan la mayor parte de la deforestación en el país. Se trata de La Macarena, Mapiripán y Puerto Gaitán en el Meta; Cumaribo en el Vichada; San José del Guaviare, Calamar y El Retorno en el Guaviare; San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira en el Caquetá y Puerto Guzmán en el Putumayo.

De hecho, parte de la Orinoquía y la Amazonía permaneció catalogada como en “alerta roja” por incendios forestales durante enero y abril del 2024 que es cuando se presenta la temporada seca en la que se producen la mayoría de incendios. El 98% de los incendios ocurrieron en ese lapso, según Luz Marina Mantilla, directora del IDEAM.

P.3

Esta catástrofe ambiental, que hemos reporteado y cubierto ampliamente en Baudó durante los últimos años, paradójicamente es una consecuencia negativa del Acuerdo de Paz de La Habana, suscrito entre la extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. 

Hay suficiente evidencia científica que demuestra cómo hasta el 2016, cuando la antigua guerrilla aún controlaba buena parte de estos territorios, se restringía la deforestación y se prohibía el ingreso de empresarios y acaparadores de tierras que invierten millonarios capitales en el desmonte de la selva. 

P.4

Una investigación de las científicas Dolors Armenteras, Tania Marisol Barreto y Sebastían Barreto, difundida por el Instituto Sinchi de Estudios Amazónicos, encontró un incremento significativo de los incendios y la deforestación en áreas protegidas después del año 2016.

Aseguran que el fenómeno se acentuó en 2018, con la reconfiguración del conflicto armado en la zona. “Estos incendios están asociados con el avance de actividades agrícolas y ganaderas y a la falta de claridad en la tenencia de la tierra, pero sobre todo al uso del fuego en la práctica de roza, tumba y quema y, a las malas prácticas de manejo del fuego que causan adicionalmente incendios forestales”.

P.5

La investigación se basa en datos satelitales de incendios forestales para sustentar su tesis. En las imágenes se aprecia la diferencia entre la densidad de focos de calor detectados entre 2012 y 2018.

La conclusión de las autoras sugiere que “el fin del conflicto [con las antiguas FARC] creó la oportunidad de adquirir y usar nuevas tierras para la agricultura, y los territorios protegidos tienen poco efecto en evitar la acaparación de tierras y la deforestación” lo que “ha intensificado la ocurrencia de incendios y la deforestación alrededor de las áreas protegidas, lo que puede explicar la densidad de fuego para el año 2018”.

Nuevos grupos criminales surgidos de pequeñas facciones disidentes de las FARC que no se plegaron al Acuerdo de Paz se han convertido en reguladores y promotores de la deforestación en el arco amazónico. 

No obstante, el fenómeno es más complejo y también involucra a especuladores, políticos, grandes inversionistas, narcotraficantes que lavan su dinero comprando tierras y ganado, y por supuesto, comunidades campesinas de colonos que son contratadas o instrumentalizadas para desmontar la selva. 

En 2019 el diario El Espectador reveló apartes de documentos judiciales que incriminan al terrateniente risaraldense Nebio Echeverry, exgobernador del Guaviare vinculado con grupos paramilitares y narcotraficantes, como uno de los máximos determinadores de la deforestación en ese departamento.