En la pasada legislatura el Congreso de la República archivó, una vez más, el proyecto de ley de democracia ambiental, que entre otras cosas se disponía a regular “el derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por el desarrollo de proyectos de exploración, explotación o producción de recursos naturales no renovables”.
Además, la ley se proponía crear “mecanismos de participación para deliberar y decidir sobre la ejecución y desarrollo de esos proyectos”.
Pero la historia oficial conserva hasta nuestros días un fuerte tinte de machismo. Hace un año varios de nuestros lectores nos llamaron la atención por omitir en el relato de la independencia a las mujeres que lucharon hombro a hombro junto a los próceres. Sus nombres quedaron olvidados en los anaqueles del pasado y hoy queremos recordarlas.
La ley de democracia ambiental es una deuda del Congreso de la República con las comunidades afectadas por grandes proyectos extractivos. También es una deuda del Congreso con la Corte Constitucional, que desde el 2018 ordenó a esta corporación aprobar una ley “para que defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio”.
Esto después de que la misma Corte Constitucional tumbara los efectos de las consultas populares que arrasaron en varios municipios del país con votaciones mayoritarias en contra de proyectos mineros y petroleros que afectan sus territorios.
Julián Castaño, de la organización Amar Es Más e integrante del Movimiento Nacional Ambiental, explicó a Baudó AP que durante esta legislatura será la quinta vez que se radique para discutirse el proyecto de ley de democracia ambiental, aunque asegura que tanto las comunidades como los movimientos ambientalistas se sienten abandonados por el Gobierno en medio de esta lucha.
La abogada Sara Sofía Moreno, coordinadora del Centro Sociojurídico SIEMBRA, fue una de las juristas que acompañó la elaboración del proyecto de ley, radicado en la legislatura pasada por el senador liberal Juan Carlos Losada. Moreno explicó a Baudó los alcances de la iniciativa.
Hay otros proyectos de ley cruciales para la agenda ambiental que tampoco han logrado la discusión necesaria en el Congreso.
Entre la agenda está la ley de prohibición del fracking, una técnica de perforación para explotar petróleo con graves consecuencias en el medio ambiente. También se discuten proyectos para frenar la extranjerización de la tierra en Colombia, la aprobación de un nuevo código minero y un proyecto de ley para la gestión comunitaria del agua, el más avanzado hasta el momento en el Congreso, al que le falta un debate para convertirse en ley de la República.
Si bien el Congreso de la República avanzó en temas clave como la ratificación del Acuerdo de Escazú, que protege los liderazgos ambientales y fortalece al país jurídicamente de cara a pleitos internacionales con grandes empresas y corporaciones, esta legislatura es la última oportunidad que tiene el actual Congreso para ratificar su compromiso con la agenda ambiental.
¿Estarán los parlamentarios a la altura de las circunstancias?
