El circo de la sopita de murciélago

Texto: Laura Camila Arévalo Domínguez
TW: @lauracamilaad
IG: @lcarevalodominguez

Ilustración: Ema Villalba
TW: @_utopia_
IG: @Emavillalbaj

El circo de la sopita de murciélago

Si algo ha sido puesto a prueba en esta pandemia es la solidadridad espontánea. Cuando todo indica que nada puede ser peor, siempre hay una persona o un grupo de personas que recuperan el sentido altruista y llevan la esperanza. La siguiente es la historia de cuatro artistas que, en vez de quedarse de brazos cruzados, optaron por construir ciudadanía.

Hay cuatro payasos cocinando “sopita de murciélago” en las calles de Bogotá. La preparan en una olla enorme, en la que cabe un persona sentada. La guisan con alimentos que algunos tenderos les donan después de verlos bailar y recitar poemas. Mazorcas, papas, yucas, plátanos, arroz, lentejas… El tipo de “sopita” depende de los ingredientes recibidos. Puede ser sancocho o sopa de pata o de pasta o ajiaco. Y la reparten entre las familias que colgaron trapos rojos en sus ventanas como forma de anunciar que tienen hambre.
       Hay cuatro payasos desempleados que salen a las calles gritando que vienen los malabares y la comida.

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Quedan convertidos en pavos reales de narices redondas brillantes que comienzan a gritar que salgan, pero con tapabocas. Que miren, pero a distancia. Que saluden, pero con “el piecito”.

Circo Encuentro nació hace once años en la localidad Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá. Comenzó como un grupo de cuatro jóvenes profesionales que decidieron ser cirqueros tiempo completo. Iván Pira, licenciado en artes y líder del grupo; Sergio Cubillos y Daniel Ceballos, que se graduaron en pedagogía en recursos humanos, y Alexandra Suárez, la contadora del equipo. Todos menores de 30 años. Además de participar en cuanta convocatoria anunciaba la alcaldía local, crearon un semillero de niños para enseñarles artes plásticas y arte circense.
          Desde sus inicios y hasta antes de la pandemia, su único sustento provenía de contratos que lograban con algunas empresas y de las clases que daban en la casa de Alexandra. Pero cuando empezó el contagio, los niños no pudieron volver a estas clases ni al colegio. “Quedaron encerrados con los problemas entre sus papás, con la densidad de la necesidad y la violencia. Con el hambre. Nosotros, que también quedamos encerrados y desempleados, nos preguntábamos qué podíamos hacer por ellos si tampoco teníamos dinero. La respuesta llegó más rápido que tarde: vamos a intercambiar arte por comida y vamos a compartirla”, dice Alexandra, que habla como si estuviera recitando. La entonación de sus palabras suuuuuuube y luego desciende lento. Como si quisiera que al conversar los demás también quedaran prendidos de sus anhelos.     
            Sin ingresos, la comida tenía que salir de donaciones así que planearon dos shows callejeros por semana. Uno para recolectar y otro para repartir. A su iniciativa la llamaron “Campaña anti COVID-19 acompañada de nuestra sopita de murciélago”.
           La semana de Pira, Ceballos, Cubillos y Suárez comienza ubicando los lugares para la colecta. Después de elegida la zona, fijan día y hora para encontrarse allá. Llegan vestidos de “civiles”, es decir, no disfrazados. “A lo que vinimos, muchachos”, se dicen, una frase convertida en empujón para encontrar el coraje. Antes de la función en la que saben que serán ignorados por algunos, se pegan palmaditas en la espalda, se miran, se endurecen para no quebrarse cuando el “querido público” los ignore y no duela tanto. Suspiran y se comienzan a maquillar.
          Se ponen un overol café con parches negros en las rodillas que combinan con una camisa de rayas blancas y rojas. Dos de ellos se pintan la cara de blanco y se dibujan ojos más grandes con rayas y puntos de color verde, más toquecitos de escarcha. Los otros dos se la pintan de rojo y adornan los ojos con plumas trazadas con delineadores de colores. Quedan convertidos en pavos reales de narices redondas brillantes que comienzan a gritar que salgan, pero con tapabocas. Que miren, pero a distancia. Que saluden, pero con “el piecito”.
          La presentación para la colecta inicia con un baile y aplausos. Ahí es cuando los tenderos que sí quisieron ser parte del público terminan moviendo las caderas y juntando las manos para lo que venga: las vueltas en el aire de los payasos y los días que restan de esta cuarentena interminable que, según algunos, pronto acabará.

Un murciélago se encontraba volando
y el hombre obsesionado se encontraba acechando
no se sabe bien si en laboratorio o en sopa
pero el coronavirus nos tiene en una encerrona
ahora depende de ti y de mí que esto mejore
porque con cuidado y tapabocas el cuidado se impone

          Esta estrofa la recitan fuerte, casi que a los gritos. Es un poema que debe llegar a todo el sector, así que las cuerdas vocales de estos cuatro payasos vibran con fuerza. Después ejecutan malabares con pelotas y dicen: “Así como las peloticas del payasito están en el aire, el coronavirus también. No debemos salir a la calle sin protección”. Sonríen, así no se les note. Así sepan que tienen que esforzarse más para sacar las arrugas que se forman en las esquinas de los ojos. Sus espectadores, que son los comerciantes y tenderos del lugar, les devuelven las sonrisas y las arrugas. Es la señal para pasar de puerta en puerta llenando los costales con las donaciones de comida.
          Previamente, en plazas de mercado y en las tiendas de los barrios han repartido “panfletos” —así dicen ellos— en los que explican en dónde terminará la comida que reciben. Van con sus redes sociales, números de contacto y una invitación para donar alimentos.

           Si los sectores en los que deciden presentarse no quedan muy lejos de la sede del grupo —que es la casa de Alexandra en Rafael Uribe Uribe—, se van a pie. Si la distancia es larga, usan bicicletas. Cargan las donaciones en la espalda o en los manubrios. De regreso en la sede, se ponen guantes, rocían los costales con decol y limpian cada cosa recibida. Toda la comida se queda en agua hasta el día siguiente que es el día de preparar la “sopita”.
          Los cuatro hablan con diminutivos y en una voz actuada. Achinan lo ojos y endulzan la mueca. Como si a todo quisieran imprimirle una ternura maternal. Así logran que al pedir, les regalen, y al ofrecer, les reciban.

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Después de repartir, comen los payasos, aunque a veces —la mayoría de las veces—, se quedan sin almuerzo.

En un artículo del periódico El Espectador, Xinia Navarro, secretaria de Integración Social, habla de 314 barrios pobres en Bogotá ubicados en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Engativá. Y añade que “se han atendido barrios que no aparecen en Google Maps”.
           Estos son los barrios que Circo Encuentro busca para llevar la “sopita de muerciélago”. Si un día eligen prepararla en Bosa, el recorrido lo hacen en bicicleta y es de dos horas y media. En cada biciclieta amarran una carreta en la que cargan la batea, una reja y la madera del fuego para cocinar la comida. Ahí también acomodan los disfraces, maquillaje y los implementos de trabajo que son los juguetes de circo: conos, monociclos, clavas y disfraces.
           Antes de la presentación cumplen una serie de pasos. Al llegar al punto en el que cocinarán la sopa, buscan a un líder de la zona para que les ayude a encontrar agua. Descargan toda la parafernalia de las bicicletas y de las carretas. Montan el fogón, lo prenden y dejan calentando el agua. Para que la olla no tenga contacto con el suelo, la ponen sobre la batea. Mientras el fuego hace su trabajo, ellos buscan un rincón para sentarse a pelar papas, picar cebollas, lavar carnes y dejar listo el cilantro: el único ingrediente que no negocian para ninguna de las versiones de la sopa de murciélago.
            Cuando la sopita está lista, se maquillan y se visten. El procedimiento y la indumentaria es la misma que usaron en el show que hicieron para la colecta.
          Comienza la función: BUUUUUAAAAAAA BUUUUUAAAAA, suena la alarma. Uno de los payasos agarra un megáfono y pide que se asomen por las ventanas. Suena un redoblante. Entre más caras sumen en las ventanas de las casas, mejor. Suena la música.
           “¡Noooooo podemos comenzar, payasitos! ¡Hay niños que noooo tienen tapaboooocaaaasss!”, gritan y así esperan a que los que siguen con la cara descubierta se protejan. Cuando el público está listo, separado y protegido, ejecutan las acrobacias, los poemas y los chistes. Esta función es más larga que la de la colecta porque les interesa que, sobre todo los niños, se olviden de que en la casa no hay comida o de que tal vez ya les cortaron el agua por falta de pago. Que se rían, que bailen, que encuentren vías para escaparse de estos tiempos surreales.
           Hacer malabares con tapabocas y guantes quirúrgicos no es fácil. Hay trucos que no salen. Tuvieron que ajustarlos. No es lo mismo agarrar una clava con las manos envueltas en latex porque se resbalan. Antes del virus, los payasos no le temían al suelo. Ahora cada juguete que se cae y vuelve a sus manos los expone a un contagio. Debieron crear actividades más limpias. Cuando uno de ellos se monta en los hombros del otro para hacer una acrobacia, debe hacerlo sobre una plantilla que evite el contacto de las suelas con la piel. Después se desinfectan con alcohol. Antes de cada presentación, entrenan con tapabocas. Cada vez se ahogan menos, pero el agotamiento se duplica.
           Después de 15 minutos de ver monociclos sobre las barbillas de los payasos o payasos sobre los payasos, llega la hora del almuerzo. Los cuatro cirqueros en zancos se acercan a cada ventana con un volante que le indica a cada vecino la hora para acercarse a recibir cinco porciones personales de la sopita. En cada presentación, Circo Encuentro entrega unas 15 boletas que son 75 platos de comida.
            El payaso que sirve la comida tiene guantes, cabello recogido y tapabocas. Hay vecinos que por la ansiedad de comer o la preocupación de que se acabe llegan antes de la hora indicada. Cada persona en la fila está a un metro de distancia. Después de repartir, comen los payasos, aunque a veces —la mayoría de las veces—, se quedan sin almuerzo. La comida no alcanza, ceden su plato y resuelven su hambre comprando mil pesos de banano.
            Al terminar, empacan la olla —sin lavar, claro—, limpian el espacio que habían ocupado y se regresan a la sede. Van con menos peso, pero la vuelta demora lo mismo: el cansancio y el hambre les roba la energía con la que comenzaron.

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          Hasta el pasado de 13 de julio, Circo Encuentro había completado 15 actividades en distintos barrios de la ciudad. No se quejan. No piden nada. Dicen que no entienden cómo es que en la capital del país, una ciudad llena de artistas ahora paralizados, no hay más apoyo estatal con el que ellos podrían servir y acompañar a la ciudadanía.
           Les gustaría sentirse más respaldados por un gobierno que habla de economía naranja, pero que los artistas desconocen. Dicen que con el arte, que con sus malabares, vuelan. Que no son médicos, pero su aporte es vital: comida para el cuerpo y el espíritu. Sueñan con que el contagio en cada actividad sea el artístico. Que la poesía, el teatro, la música, el baile, todas las artes sean, finalmente, un soporte. Guía y refugio.
          Circo Encuentro, que ya ha entregado 1.125 sopitas de murciélago en Bogotá, es la nueva cueva gratuita para explorar las virtudes de entregarse a las prácticas que se preguntan por lo esencial.

 

El descontrol militar en Guayabero deja civiles heridos y el Estado calla

Texto: La liga contra el silencio
Ilustración: Camilo Vargas
Fotos: Bladimir Sánchez, Voces del Guayabero.
 

El descontrol militar en Guayabero deja civiles heridos y el Estado calla


La campaña de erradicación de cultivos ilícitos que adelanta la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en la región del río Guayabero deja heridos, hambre y miedo. Ninguna institución ha querido responder por esta violencia oficial. Pobladores piden diálogo y respeto al PNIS mientras la prensa campesina, única en un área que abarca al menos cien veredas, denuncia agresiones directas de los soldados.

El 4 de junio pasado, efectivos de las fuerzas militares y del ESMAD intervinieron en una protesta iniciada el 20 de mayo por cientos de campesinos en la vereda Tercer Milenio de Vista Hermosa, Meta, para impedir la erradicación forzada de cultivos de coca. Varios de los manifestantes resultaron heridos y Fernando Montes Osorio, reportero gráfico de Voces del Guayabero y quien cubría la refriega con su chaleco de prensa, fue objeto de dos disparos de fusil: uno atravesó su cámara y el otro le voló dos dedos de una mano.

Pablo Parrado, uno de los cinco voceros elegidos por las comunidades campesinas de esa región, dice que el ataque al reportero fue “un intento claro de homicidio” y explica que al día siguiente “el plantón se dispersó porque estaban tirando a matar a la gente, por ello tenemos varios heridos y se puso tan compleja la situación que estaban detonando artefactos explosivos cerca a donde estaba concentrada la comunidad”.

Aunque estas comunidades pertenecen administrativamente al Meta, se identifican como una región conformada por ambos lados del río Guayabero, frontera natural entre Meta, Caquetá y Guaviare. La ciudad más cercana a Tercer Milenio es San José del Guaviare, a siete horas en lancha rápida a través del río. Luego del impacto de bala, el reportero Montes cruzó al otro lado, pero no llegó hasta la ciudad sino hasta el casco urbano del corregimiento El Capricho, donde lo atendieron en el puesto de salud. 

Bladimir Sánchez, otro de los reporteros, cuenta que ese día la comunidad lo sacó de allí por una ventana, pues el Ejército arribó con intención de judicializarlo. Desde entonces Montes no ha vuelto a recibir atención médica ni pudo volver a trabajar con su cámara.

Ese fue el episodio que dio inicio a la campaña de erradicación forzosa de cultivos ilícitos que adelanta la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad con integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea creada en 2003 con el objetivo de enfrentar militarmente a la entonces guerrilla de las FARC. Desde 2019, parte de la misión de la Fuerza Omega es “neutralizar grupos armados residuales” en 13 municipios de la zona del Guayabero, según consta en la página web del Ejército Nacional.

La operación de erradicación que la Fuerza Omega empezó en Tercer Milenio ya ha pasado por dos veredas más de Vista Hermosa: El Silencio y Caño San José. En esta última, el campesino Luis Fernando Valoy Potes resultó herido y perdió una pierna por un artefacto explosivo que se detonó mientras él y el presidente de la junta de acción comunal se acercaban a los militares para dialogar, antes de que iniciara el operativo. Esto ocurrió el 10 de julio y según Parrado, en días anteriores la comunidad transitaba tranquilamente por allí, sin amenaza de minas antipersonales.

Montes, el reportero herido en Tercer Milenio, le contó a La Liga vía telefónica y por Whatsapp que ese día Maritza Montoya, otra periodista de Voces del Guayabero, intentó cubrir la situación pero los militares no la dejaron: “Había hecho unas tomas y todas se las hicieron borrar, le iban a quitar la cámara y le tocó borrar todo lo que había grabado”. De ser confirmado, esto sería ilegal, una clara violación al artícul0 20 de la Constitución, que explicita que “no habrá censura”, al 37 que consagra el derecho a la protesta pacífica y al 73, que dice “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas se  refirieron recientemente a la violencia policial contra la prensa en escenarios de protesta, recordando que “desempeña una función esencial de control público en las sociedades democráticas”. En el caso del Guayabero, ningún otro medio de comunicación estaba cubriendo este operativo sobre el terreno. 

Sin embargo, para Montes, lo más grave es que desde entonces “los miembros de la fuerza pública han venido preguntando por ella”. Cuenta el reportero que ante la insistencia, la comunidad se acercó a las tropas para saber por qué preguntaban por ella y les respondieron que sólo era curiosidad, “que ellos en ningún momento sabían que ella hacía parte de una red de reporteros, que por eso no la habían dejado grabar”. En todo caso, el artículo 20 de la Constitución garantiza el derecho a cubrir asuntos de interés público a “toda persona”, sin distinguir si es o no periodista.

Por los incidentes del 4 de junio la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar “contra funcionarios por establecer de la fuerza pública y la policía”, según confirmó la oficina de prensa de esta institución. La indagación es por las heridas causadas a una persona, pero no se precisa si es el reportero o un manifestante. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó información a la fuerza pública sobre las acciones adelantadas en las veredas de la zona. El departamento de prensa de la entidad confirmó a La Liga que estos mensajes fueron remitidos a la Procuraduría junto a un comunicado del 14 de julio en el que Voces del Guayabero denunció “el presunto seguimiento de parte de miembros del Ejército a una reportera”, Maritza Montoya. 

Pedro Arenas, politólogo investigador de Corporación Viso Mutop y miembro del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos, resalta que los campesinos pidieron la presencia de organismos de derechos humanos para la protesta en Tercer Milenio, pero ninguno llegó. “Nos ha parecido alarmante el hecho de que la Defensoría del Pueblo sólo haya visitado esa región más de un mes después de iniciada la protesta, cuando ya se habían materializado todas las situaciones en materia de derechos humanos”, señala Arenas. La entidad no autorizó una entrevista con La Liga sobre esta situación.

El reportero Montes dice que el caso de los cinco periodistas de Voces del Guayabero se agravó desde que empezaron a cubrir las erradicaciones. Días antes de los disparos que recibió, cuenta que los señalamientos hacia él eran frecuentes: “Me estigmatizaban tratándome de disidente de las Farc. [Le decían] ‘ojalá algún día se deje coger y verá lo que le va a pasar”. “Uno no toma en cuenta eso porque uno como reportero no cree que la fuerza pública vaya a atentar contra la integridad de un periodista, pero sí lo hicieron”, afirma.

Voces del Guayabero es un medio de comunicación comunitario que nació hace tres años de la organización de los campesinos de la región. Hoy son ocho reporteros en distintas veredas que publican su trabajo en Facebook, Youtube y WhatsApp, además los distribuyen a una red de organizaciones sociales y de derechos humanos. También colaboran con Noticias Uno.

La necesidad de volverse periodistas surgió, según explican Bladimir Sánchez y Fernando Montes, de la falta de representación de los civiles que pueblan el Guayabero en los noticieros nacionales, donde -ambos coinciden- “nos estigmatizaban como guerrilleros”. “Dijimos: ‘Pues vamos a hacer un proyecto para visibilizar, para mostrarle a la opinión pública lo que de verdad sucede en esta región tan olvidada del Estado’”, cuenta Montes.

Cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) conoció la situación de Voces de Guayabero, rechazó en un comunicado los ataques denunciados y señaló que  “la falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa”.

Las heridas de bala que Montes recibió no lo desanimaron y quiere seguir trabajando y formándose como periodista de su comunidad. Ahora les falta una cámara y un trípode.

La llegada de los ‘sin tierra’ a La Macarena

La región occidental del río Guayabero, en límites del Meta, Caquetá y Guaviare es un santuario de la naturaleza, un punto que conecta los Andes, el Llano y la Amazonía: la Serranía de la Macarena. 

Esta zona fue declarada zona de Reserva Natural por el Gobierno en 1948. Un  intento de protección que para 1964 ya había sido olvidado, pues en ese año se inauguró el puente Guillermo León Valencia, en homenaje al entonces Presidente y que atravesó el río Ariari por primera vez. Gracias al puente inaugurado por el mandatario Conservador, los campesinos pudieron instalarse en San Juan de Arama, Mesetas, La Uribe y Vista Hermosa. 

Así fue descrito por el profesor de geografía de la Universidad Nacional de Colombia, Óscar Arcila, en la monografía ‘Coca, guerrilla, colonización y narcotráfico en la Macarena’. Desde que pasaron el puente, explica el docente, los colonos han hecho lo necesario para establecerse en esa región: de sembrar maíz y plátano pasaron a la marihuana y, finalmente, se dedicaron a la hoja de coca.

Al caer los precios del cultivo ilícito, se endeudaron con comerciantes que, tiempo después, se quedaron con las tierras y las emplearon para ganadería. Algunos cultivadores de hoja de coca invirtieron también en ganado, pero el negocio ilícito no desapareció totalmente de la zona. Tres generaciones después, según describe Pablo Parrado, uno de los voceros de los campesinos del Guayabero, a las veredas de Vista Hermosa tampoco llegaron nunca la electricidad, los puestos de salud, la conectividad con las ciudades ni siquiera un CAI de Policía. “Nuestros hijos no están quedando bien educados”, recalca.

Él reclama la presencia de un Estado que no puede llegar porque la zona que habitan está declarada área de especial protección ambiental. El dilema es monumental, ya que la lucha de los campesinos es principalmente por el “derecho a la tierra y al territorio”. Esta es una de las razones por las que las comunidades de Tercer Milenio, El Silencio y Caño San José, veredas de Vista Hermosa, no suscribieron los acuerdos colectivos para acceder al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que nació del acuerdo de paz de 2012 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Para Parrado, el PNIS es “una pequeña parte” del punto 4 de ese pacto, “pero primero el uno que el dos. ¿Por qué no se aplica primero todo el tema de la Reforma Rural Integral?”. El reclamo de titular estas tierras para los que las habitan es antiguo. Campesinos desplazados de otras zonas piden que se les reconozca su propiedad sobre el nuevo asentamiento donde se han instalado desde cero y aupados por gobernantes de turno, pero sin éxito.

Un funcionario del PNIS confirmó que a los colonos “nunca se les va a titular”, pero agregó que las comunidades de esta región del Guayabero que se acogieron al programa tienen proyectos de ecoturismo, abejas meliponas y proyectos con productos no maderables del bosque como asaí, camu camu y copoazú. 

“No se les va a sacar”, aclara, y explica que “básicamente es: sigan ahí, pero no afecten más el medio ambiente”. Esa fue la promesa para la comunidad de Bellavista, otra vereda del Guayabero donde la comunidad se suscribió al PNIS y erradicó el 100 % de la coca, como indica el informe de seguimiento de Naciones Unidas de 2019.

Lo que dijo Eliza Mancilla, lideresa de esa comunidad, en un panel de la Comisión de la Verdad es que no hay proyectos productivos viables para ellos porque están dentro del área protegida de La Macarena, “como si la gente de Parques no tuviera derecho a vivir dignamente, no tuviera derecho a comer”. Mancilla contó que en estos tiempos de pandemia los militares están arrancando “las pocas matas que quedaron para que la gente pueda subsistir” y que están utilizando fumigaciones, lo cual está prohibido dentro de los parques nacionales.

Para ella el PNIS es “una de las mentiras más grandes que ha tenido el gobierno colombiano”.

Este tipo de situaciones dan argumentos a la comunidad de Parrado para exigirle al Gobierno que no les pida erradicar sin una alternativa viable de sustitución. Dice el vocero de Vista Hermosa que los campesinos sí quieren dejar la coca, pero con garantías.

Erradicación con sabor a desplazamiento forzado

La semana pasada, casi dos meses después de iniciado el operativo, una comisión de 20 personas de organismos de derechos humanos recorrió las veredas de Vista Hermosa por donde ya pasaron las tropas. Parrado estuvo allí. Él dice que “más que venir a erradicar la coca aquí lo que se está viendo es un intento de desplazamiento forzado por parte del Estado a las comunidades campesinas de este territorio”.  

En Tercer Milenio, El Silencio y Caño San José, los soldados no se limitaron a su tarea de arrancar  los cultivos ilícitos, sino que también se llevaron por delante los de pancoger, precisamente los que garantizan la seguridad alimentaria de la población. También han desaparecido 50 reses y otras vacas tienen heridas de machete. Cuenta Parrado que la comunidad está instaurando las denuncias correspondientes. 

Para el vocero, “la destrucción es total, la miseria es total” y niños y adultos le están cogiendo terror a los soldados.

El experto Arenas expresa su preocupación porque “buena parte de las quejas o denuncias de derechos humanos se registran cuando el Ministerio Público no está presente. Es decir, si el Ministerio Público acompañara este tipo de operativos habría menos vulneraciones y por lo tanto menos quejas en todos lo órdenes”. Arenas explica así mismo que esto hace parte de los protocolos de erradicación y que los organismos de derechos humanos han usado la pandemia como excusa para no cumplirlos.

En el caso de la Procuraduría, el experto cree que aunque no estuvo presente ha sido más “diligente”. Esta institución indicó a La Liga, a través de su oficina de prensa, que existe una Mesa Regional de Diálogo Social y Ambiental para los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá organizada por el Procurador judicial, ambiental y agrario de Villavicencio, Hilmer Fino. La Liga intentó concretar una entrevista con Fino, pero no obtuvo autorización de sus superiores para esa conversación.

El área de prensa de la Procuraduría indicó, vía WhatsApp, que están planeando una audiencia virtual para los primeros días de agosto con los ministerios de Defensa, Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Tierras. Parrado explicó que esta audiencia ya se intentó a inicios de julio, cuando él y otros voceros se levantaron de la misma porque no tenían garantizada la electricidad ni el internet. “Esa es la desventaja que hay en hacer esas reuniones virtuales, que sólo con oprimir un botón, pues ya nos dejan sin voz”, agregó.

La reunión se reprogramó en Villavicencio para el 17 de julio, luego para el 24 y al momento de esta publicación la fecha prevista era el 5 de agosto, vía virtual. 

Presentimientos fatales

Mientras las comunidades esperan a que las instituciones se organicen para conversar, la campaña de erradicación avanza sin vigilancia como una estela de miedo y hambre entre la población del Guayabero. La idea de que sus vidas están en peligro no es sólo imaginación, lo presienten desde el 27 de junio pasado, cuando uno de sus líderes más visibles apareció muerto.

Yohanni Yeffer Vanegas, uno de los voceros más críticos del Guayabero, estuvo al frente en las movilizaciones de Tercer Milenio y el 10 de junio participó en una reunión con Mindefensa y altos mandos militares en el municipio de La Macarena. Su cuerpo apareció en zona rural de San José del Guaviare. En el comunicado donde Voces del Guayabero da cuenta del homicidio de este líder, el medio también tuvo que desmentir los señalamientos de políticos y militares que lo acusaron de guerrillero. 

Horas antes del asesinato de Vanegas, su hermano Yilmer Enrique Cardona había sido capturado por soldados de la Fuerza Omega que lo retuvieron hasta después de aparecido el cuerpo inerte de Yohanni. Luego, el Ejército explicó en un comunicado que habían sido casos aislados y que a Yilmer lo sometieron a una diligencia de verificación de identidad por considerarlo sospechoso durante la erradicación que se adelanta en el Guayabero.

Parrado y los reporteros Montes y Montoya están angustiados. “Desde el Ministerio de Defensa, los generales del Ejército y el gobernador del Meta lo que han hecho es sabotear e intentar callarnos y cerrar la brecha del diálogo entre comunidades e institución”, dice el vocero de las comunidades.

El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Privada publicó el 14 de julio una base de datos donde recopiló, desde 2016, 95 enfrentamientos o altercados de la fuerza pública con poblaciones rurales durante labores de erradicación manual. 51 de estos incidentes (que representan el 42 % del total) han ocurrido durante 2020 y suceden en zonas tan dispares como El Retorno, en Guaviare, o Catatumbo, en Norte de Santander.

El defensor del pueblo, Carlos Negret, recordó el 1 de junio que “la erradicación forzada es el último recurso” y antes de implementarla se deben agotar todas las posibilidades de sustitución. La comunidad del Guayabero espera con hambre esa oportunidad y el funcionario sabe que no son los únicos, por lo que instó a crear “una ruta para garantizar la estabilización socioeconómica urgente de las familias que hayan resultado o resulten afectadas por los operativos de erradicación forzosa”.

Desde el 17 de julio La Liga buscó la versión de la Fuerza Omega sobre los hechos expuestos en este reportaje pero, según el área de prensa, el brigadier general Raúl Hernando Flórez Cuervo no tuvo tiempo de responder las preguntas hasta la fecha de publicación de este reportaje.

Mientras tanto el reportero Montes cuenta que a pesar de que dos de sus colegas están atemorizados por la actuación de la fuerza pública, él los anima a seguir. “La demora es que yo pueda salir y vuelva a tener mi cámara”, dice. Su intención es contribuir desde Voces del Guayabero a narrar una región apartada que conoce más la represión del Estado que su inversión social.

Anatomía de un ‘lobbista’

Texto:  
La Liga Contra el Silencio 
Ilustración:
Jairo Guarnizo

Anatomía de un ‘lobbista’

 

El nombre del médico Mario Andrés Urán ha sido asociado a casos como el desfalco de Caprecom o el “carrusel de la contratación”. Al mismo tiempo su trabajo ha sido bandera para los intereses de grandes farmacéuticas como la suiza Roche y ahora la estadounidense Abbott. Algunas de sus estrategias, éticamente cuestionadas, han ido en contra de los intereses del país.

Es probable que durante la administración Santos haya estado muy cerca de ocupar el cargo de Ministro de Salud. Él mismo lo dejaba saber en restaurantes o juntas gremiales. Razones, quizás, no le faltaban. A un temperamento incisivo, el  gerente comercial del laboratorio Lafrancol, Mario Andrés Urán, ha sabido sumar padrinazgos políticos de distinto tipo, cargos públicos con asuntos aún por abordar por parte de la Fiscalía y una aceptable reputación dentro del mundo corporativo de las multinacionales farmacéuticas.

 Una de las palabras que más se repiten para describir a Urán es “estratégico”. Y quizás pocas posiciones conjuguen mejor con su perfil como la que hoy tiene en un puesto directivo de una empresa como Lafrancol, una de las grandes de medicamentos genéricos en Latinoamérica, que desde 2014 está en manos del gigante estadounidense Abbott.

 Esa dualidad le ha dado pie para hilar un doble discurso. Por un lado, en defensa de la industria colombiana; y por el otro, a favor de las directrices que llegan desde Chicago, donde está la casa matriz, y de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

 Un miembro del sector de la salud afirma que el de Urán es un ejercicio de “equilibrista”. Cuando el Gobierno discutía durante el segundo semestre de 2018 la más reciente inclusión de anticonceptivos dentro del sistema de regulación de precios de medicamentos, que supone siempre un alivio para el sistema y para los pacientes, Urán se mostraba sigiloso en las discusiones en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde es desde hace años miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Medicamentos. O en el gremio de laboratorios colombianos, del cual es hoy vicepresidente (ASINFAR).

 

La descripción es de una de las 20 fuentes -entre políticos, químicos farmacéuticos, dirigentes gremiales, exfuncionarios públicos, académicos y abogados- consultadas por La Liga y que pidieron no revelar sus nombres en esta investigación en aras de poder hablar con mayor libertad sobre una persona que conocen.

 Todo lo que tenga que ver con regulación de precios irrita a las multinacionales. “A Mario Andrés le gusta caminar sobre el filo de la cornisa”, asegura una fuente que pidió respetar su anonimato, al igual que las demás personas que con su voz nutren este reportaje. “En lo de los anticonceptivos él trataba de desmarcarse con el argumento de que no era necesariamente su postura, sino la de la empresa”. Decía que no compartía del todo una posición u otra. Pero como tenía que ir a la embajada de los Estados Unidos, al final la línea la demarcaban sus jefes. “A su vez, sus jefes le escribían al embajador. Y la embajada presionaba al ministro. Así funcionan estas cosas”, prosigue la fuente.

La pregunta que surgía era clara: ¿Cómo es posible que una empresa perteneciente al gremio de la producción local esté ejerciendo presión al gobierno colombiano a través de la embajada norteamericana?

 También cuentan que jugó un papel duro como lobbista en las negociaciones para el ingreso del país en la OCDE durante el primer semestre de 2018, al final del Gobierno Santos. “Azuzando”, recuerda una de las fuentes entrevistadas, “a que la industria farmacéutica se opusiera a la entrada de Colombia por la regulación de precios de los anticonceptivos que se venía. Él me trató de explicar con argumentos técnicos por qué la gente de Abbott estaba en desacuerdo”. (Margarita García, en ese entonces en Pfizer, hoy en Abbott, y la española Yolanda Alagón de Janssen, el laboratorio de Johnson & Johnson, fueron las estrategas con el gremio de multinacionales, AFIDRO, que comandaron el bloque en contra de la entrada de Colombia).

 Otro de los entrevistados opina que Mario Andrés Urán, de 48 años, ha sido precursor en Colombia de algunas estrategias de lobby corporativo. Tan debatibles éticamente como eficaces a la hora de maximizar el rendimiento financiero de las empresas. “Son formas de evadir a toda costa el sistema de regulación de precios”, explica una de las fuentes, “a través de campañas que hacen énfasis en la tragedia humana. A través del sufrimiento y los padecimientos del paciente introducen política y socialmente la idea de que ciertos medicamentos de alto costo son indispensables”.

 Urán también fue gerente de asuntos corporativos del laboratorio Roche entre 2006 y 2010. A través del empuje y complicidad del cirujano, la empresa suiza, una de las dos más poderosas del mundo, recibió en los tres últimos años del gobierno de Álvaro Uribe cerca de 400 mil millones de pesos en recobros de medicamentos del Fosyga, el desaparecido fondo administrador de salud.

 Entre la lista de los medicamentos más recobrados figuraban varios productos de la casa suiza. “Él en el fondo es un lobbista”, indica una persona que lo conoce.  Agrega que juega a su favor que entiende muy bien la ingeniería del sistema de salud. “Y tiene  la capacidad que tienen los farsantes de convencer en principio con la idea de que le preocupa algo que en este momento interesa a todo el mundo y es el bienestar de la gente. Pero rápidamente se revela como lo que es”.

 De la misma forma, y al frente de Roche, impulsó la compra por parte del Estado colombiano de 426 mil dosis, por 16 mil millones de pesos, de un medicamento llamado Tamiflu para amortiguar la gripa porcina, o A-H1N1. Se trataba de un producto de Gilead -empresa representada por Roche en Colombia- que hoy fabrica el remdesivir, un antiviral que ha mostrado leves beneficios terapéuticos para tratar a pacientes graves de COVID-19.

 Urán no abandonó las instalaciones del Ministerio de Salud hasta haber firmado el contrato del Tamiflu con el Gobierno. Una fuente que estuvo presente esa noche de finales de abril de 2009, recuerda el ambiente de incertidumbre: “Él llegó y dijo: ‘la compañía tiene asignada una cantidad de dosis para Colombia. Si ustedes no compran el medicamento, se lo entregamos a otros países que también lo necesitan. Entonces lo toman o lo dejan’. A mi juicio esa fue una posición bastante extorsiva”.

 Ese mismo abril de 2009 la declaración de desastre nacional para enfrentar el virus y las noticias que llegaban de México o Estados Unidos no eran alentadoras. La gravedad de la enfermedad en Colombia, sin embargo, no resultó ser la que se había presagiado y más de la mitad de las dosis adquiridas caducaron en un sótano en la calle 32, en las dependencias del Ministerio de Salud de Bogotá.

 Conviene recordar que Colombia no fue el único país que perdió dinero por cuenta del Tamiflu. Para varias fuentes la acción del ministro de Salud de entonces, Diego Palacio, hoy condenado a seis años de cárcel por otros asuntos, fue hasta cierto punto prudente dado el mal pronóstico que difundía la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para la fecha de la compra del medicamento el número de contagiados en Colombia no pasaba de cinco.

 Desde organizaciones médicas independientes como Observamed explican que en realidad se contaba con datos suficientes para haber tomado otros caminos. Así mismo complementan una parte opacada de esta historia: boletines del INVIMA ya alertaban desde 2006 que el uso del Tamiflu estaba asociado a “efectos neuro-psiquiátricos” y que no ofrecía mayores beneficios frente a otros fármacos similares. Otros análisis internacionales señalaban contraindicaciones como “arritmias cardíacas e incluso aumentar la tendencia suicida”.

 En 2014 se conoció que Roche había ocultado datos vitales sobre los ensayos clínicos con el Tamiflu durante cinco años. Una organización no gubernamental inglesa llamada Cochrane Collaboration, conformada por 14 mil académicos, obtuvo finalmente la información faltante y los resultados fueron contundentes: el Tamiflu no tenía impacto relevante sobre el virus respiratorio.

 

Aunque Mario Urán nació en Medellín, su infancia la pasó en Sincelejo y aún conserva el acento de la costa. A la pregunta de si el caso del Tamiflu no le planteó algún dilema por ir en contra de los intereses del país, responde por teléfono: “tajantemente, no”. Y se apoya sobre dos argumentos que en realidad no responden a la pregunta: que otros dos laboratorios vendieron más dosis que Roche; y que Roche en ese momento “permitió, por solicitud del Gobierno, ingresar otros Oseltamivir (el nombre de la molécula), a pesar de que tenía la patente vigente”.

 Un veterano dirigente gremial sentencia: “Eso fue un negocio que él hizo con el ministro Diego Palacio (2003-2010). Yo puse la queja en privado a nivel Gobierno y no pasó nada. Se sabía que esos medicamentos para gripas estacionales no aplicaban. Pero esos son los negocios que le gustan a él (Urán)”.

 

 

En el principio era la izquierda

 Todo parece indicar que la inclinación de Urán por el poder fue temprana. Graduado de médico cirujano de la Universidad del Norte en Barranquilla, sus primeros pinos fueron en el Seguro Social entre 1996 y 2004. Un empleado que se lo cruzó en la Vicepresidencia de Pensiones del Seguro cuenta que por entonces “su ambición de poder ya era evidente y él no la negaba. Recuerdo que decía: yo quiero ascender y entre más rápido mejor. Ahí lo que no quedaba claro era si ascender para servir o ascender solo para enriquecerse”.

 Su siguiente paso fue en la alcaldía de izquierda de Lucho Garzón (2004-2007), donde llegó a ser subsecretario de Salud. Dos fuentes sostienen que su entrada al Distrito fue producto de una cuota política del neurocirujano barranquillero y exsenador liberal Dieb Maloof, condenado en 2007 a siete años de cárcel por vínculos con paramilitares.

 En aquella época se “jactaba” de venir de una familia de izquierda: “muy progresista y por tanto con diversas conexiones con el frente social y político”, sostiene un funcionario. Su tío fue el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cercano a grupos de izquierda y víctima del Palacio de Justicia, de donde salió con vida y fue posteriormente desaparecido. Y su papá, Joaquín Mariano, llegó a ser, a principios de los ochenta, un diligente y apreciado secretario de Agricultura de Sucre, bajo la gobernación del ganadero liberal Miguel Ángel Nule Amín, condenado décadas después a 28 años de cárcel por la masacre de Macayepo (octubre del 2000).

 Pero lo que impresionaba a los más veteranos en aquella época era la habilidad del médico cirujano para moverse a través de los circuitos del Concejo de Bogotá. “Tenía una agilidad impresionante para hacer puentes”, afirma uno de ellos. Y añade: “Yo además tenía la impresión de que él siempre decía lo que el otro quería escuchar. Se acomodaba muy rápidamente y eso generaba una cierta sensación de eficiencia que sorprendía mucho”.

 El paso de Urán por la alcaldía del Polo duró dos años y no deja de resultar paradójico para más de una fuente. Durante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, la alcaldía de Garzón seguía de cerca el proceso a través de asesores de la Secretaría de Salud. Mario Andrés Urán asistía a esas discusiones, de las que salían publicaciones o informes a veces críticos con lo que consideraban “imposiciones” de los Estados Unidos.

 

El mismo Urán recuerda que en ese entonces defendía “varias banderas. Entre otras, en temas alrededor de los efectos que pudo tener el TLC sobre las empresas farmacéuticas nacionales y obviamente sobre el acceso a medicamentos en la ciudad”.

 Se trataba de una visión clásica de la izquierda, a favor de la salud pública. “Yo lo recuerdo siempre pendiente”, afirma uno de los participantes de esas reuniones, “atento a los temas sobre patentes de segundo uso, por ejemplo (es decir, una figura que permite prolongar la duración del monopolio sobre las patentes). Él no era muy beligerante. Pero me sorprendió que la siguiente vez que supe de él estaba en Roche”.

 

Puerta giratoria: modo de empleo

 Urán pasó de una alcaldía de izquierda a la segunda empresa farmacéutica más poderosa del mundo. Luego, en 2010, dos semanas después de salir de Roche, saltó de nuevo a la esfera pública como director de Caprecom, la EPS hoy en liquidación que llegó a ser la más grande del régimen subsidiado. Una empresa que llegó a acumular tanto poder como casos de corrupción.

 Esta vez llegó de la mano del ministro Mauricio Santamaría y del médico cirujano y senador del Partido de la U Roy Barreras. Esta vez aterrizó en una entidad cuya situación él mismo describió a un allegado como “terrible. Llena de incendios, tierreros y problemas”. Pero ese era el momento político preciso. Se podía tratar de una parcela abonada para llegar al tan anhelado Ministerio de Salud.

 ¿Cuál es el legado de Urán en Caprecom? El gerente comercial de Lafrancol/Abbott sostiene que “depuró” la entidad en dos frentes:  “el financiero, debido al problema de iliquidez tan grande”. Así como también insiste en que entregó “negocios que no eran misionales y que generaban problemas financieros adicionales”.

 

Cuenta un investigador, sin embargo, que en la etapa de Urán y de José Ricardo Rodríguez Doncel, el director que lo sucedió en la dirección de la EPS, “degradaron todos los requisitos de contratación. Le metieron mano al reglamento de contratación de Caprecom con el argumento de que era una entidad que estaba compitiendo con entidades del sector privado, relajaron los principios de selección objetiva y transparencia”.

 A los cuatro meses de entrar a la entidad, detalla otra fuente, Urán “elimina todos los soportes que debe tener un manual de contratación estatal en términos de la Ley 80. Eso da vía libre para que todo se adjudique a dedo y una serie de empresas como Distritodo y Farmared empiecen extrañamente a verse beneficiadas de manera repetida”.

 Otro investigador más remata que la maleza de contratos estaba “obviamente tras un esquema de delegaciones para eludir responsabilidades”.

 El desfalco, en ese periodo, también corrió por cuenta de un puñado de ocho o diez cooperativas agrupadas bajo el paraguas de una entidad fantasma bautizada como Cooperamos. “Toda la contratación se le entregaba a ese grupo”,  indica un investigador, “donde se encontró una nómina paralela de cientos de contratistas y servicios tercerizados por parte de Caprecom a Cooperamos. Era una dualidad significativa, teniendo en cuenta que se trataba de servicios que podían ser asumidos por la nómina de Caprecom. Pero todos los temas de papelería, de ambulancias, los temas logísticos y los temas administrativos se los entregaron en contratos directos”.

 

Urán sostiene que todas las investigaciones en su contra “fueron concluidas”. Y explica que fue un proceso que “tomó mucho rato, pero finalmente están con auto de terminación. Son temas que se demuestran con documentos, no con palabras”. 

 Las denuncias y quejas relacionadas con el manual de contratación se radicaron en 2012 ante la Fiscalía y la Contraloría. A día de hoy, según abogados enterados del caso, las investigaciones en Fiscalía no han sido “impulsadas”. Tampoco han sido citados para responder por su responsabilidad ni Mario Andrés Urán ni José Ricardo Rodríguez Doncel.

 

La Liga Contra el Silencio encontró en los servicios de información de la rama judicial que Urán también tiene una sanción por desacato de 2011. No fue posible averiguar en qué consiste el proceso radicado en un juzgado de Medellín pero asesores legales explican que el proceso “no registra ningún avance”. 

 Meses después de haber abandonado la dirección de Caprecom, el por entonces nuevo presidente del Senado Roy Barreras llevó personalmente a Urán hasta el presidente Juan Manuel Santos para ofrecerlo como candidato para asumir el Ministerio de Salud. 

 

Y aunque el cirujano nunca llegó al puesto, la ministra de entonces, Beatriz Londoño, estuvo solo hasta septiembre de ese año al frente de la cartera. Diversas fuentes señalan que su salida, entre otras, fue forzada por la presión de las multinacionales y de los mismos sectores de la U que se aferraban al control de la salud.

 Más de un entrevistado concluye que fue un “error” del presidente Santos haberle entregado a Dilian Francisca Toro, a Roy Barreras y a cierto sector de la U “un poder sin contrapesos” de algunas instituciones. A saber, la Superintendencia de Salud y Caprecom.

 

En marzo de 2013 diversos medios publicaron noticias donde el exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, condenado a 13 años de cárcel, vinculaba a Mario Urán como “supuesto enlace” entre Roy Barreras y toda la maraña de contratos dentro de la trama conocida como el “carrusel de la contratación”. “Ese es un tema muy particular, debo confesar”, explica Urán, “yo nunca supe el origen ni cómo ataron el tema de Caprecom con lo de Bogotá. De hecho, sepa usted que en Bogotá, Caprecom no tenía usuarios, o sea que no tiene razón de ser ese comentario. No tiene ninguna relación real, ni causal, ni ningún tipo de vínculo real”.

 

Inspirado por la industria

 De los últimos tiempos hay una escena que, quizás, refleja bien una de las tantas facetas del carácter de Mario Urán. Un viejo conocido se lo encontró durante un foro de candidatos de cara a las presidenciales de 2018.

 El conocido cuenta que Urán estaba allí “metido de lleno” en la campaña de Iván Duque. Del ‘santismo’ más puro daba un salto al ‘duquismo’. Esta vez desde el sector privado como gerente corporativo del centenario laboratorio Lafrancol.

 ¿Otra vez estás con las multinacionales? Le preguntó la fuente a Urán. “Yo primero tuve que joder a las nacionales, después fui en contra de las multinacionales y ahora otra vez a joder a las nacionales ¡Ya ni sé qué voy a hacer! Pero bueno, alguna cosa haré”, fue la respuesta de Urán, según el testimonio del viejo conocido.

 

El gerente comercial de Lafrancol/Abbott asegura: “Nunca he militado en política, ni he sido militante de ningún partido político ni he hecho política con ningún parlamentario”. Tampoco niega tener contactos con algunos políticos. Pero lo minimiza a una cuestión circunstancial de sus labores en el Congreso y a su etapa como funcionario público.

 

Así mismo explica que los tiempos de trabajo fuerte de “relacionamiento público” quedaron atrás en los días de Roche, ocho años atrás. La suya, según dice, es ahora una responsabilidad de ventas en su empresa y de apoyo técnico a nivel gremial. 

 

¿Cómo explica, entonces, esa versatilidad para saltar con tanta facilidad entre lo público y lo privado?: “Así como en su momento defendí con toda vehemencia el capítulo de la Secretaría de Salud, luego cuando me correspondió defender lo que es… Finalmente mi empleador, pues lo hago, obviamente. Pero sin pasar por encima, ni mucho menos, de los principios. Repito: en los escenarios en los que hemos estado básicamente lo que hemos hecho es en función de defender lo que representamos”.

 Una fuente del sector de la salud traza similitudes entre sus prácticas corporativas y ciertas prácticas entre los visitadores médicos. Cuenta que estudia bien a las personas con las que se va a relacionar. Averigua cuántos hijos tiene su interlocutor, cuáles son sus gustos, qué hobbies tiene, o dónde nació. Y otra fuente añade elementos en la misma línea: “Él no es el tipo de lobbista agresivo. Nunca va a llevarte la contraria con vehemencia. Todo lo contrario. Siempre va por el lado de la zalamería, de alabarte la corbata o el reloj”.

 Casado con la odontóloga monteriana Paola Mercado, alta funcionaria de la compañía estatal de seguros Positiva, la más grande del país, es padre de dos hijas. Practica el golf y el softball. Vive en un apartamento de varios cientos de metros cuadrados a escasas cuadras del exclusivo parque de la 93 en Bogotá y tiene un lujoso apartamento de descanso en la zona turística de Coveñitas (Sucre).

 Así mismo explican desde la industria que su cargo en Lafrancol/Abbott es de resultados. Y como señala una fuente: “Con los gringos no es tomando del pelo”. En Abbott ha tenido que asegurarse de que los trámites del laboratorio ante el INVIMA funcionen bien, que los registros salgan a tiempo, y según él en otros tiempos lejanos que las relaciones con los políticos sean fluidas. Pero esa presión y la forma como opera la industria farmacéutica sigue dejando una serie de cuestionamientos éticos importantes.

 “Al final uno no sabe”, valora un veterano del sector, “si es el personaje en sí, con su forma de ser tan sagaz y sus ambiciones de escalar, o es la industria y su ambiente la que explota a personajes con ese perfil. Es un tema de doble vía en un terreno muy delicado porque acá usted no está vendiendo zapatos o televisores, sino medicamentos para la salud de millones de personas”.

 Otros apuntan que se trata de un carácter “camaleónico” que se ha sabido acoplar a diversos intereses. Siempre, sostienen, en busca de “provecho propio sin importar el sentido de la causa. Donde más ganancias ha encontrado es defendiendo a las multinacionales. Y hoy lo puede hacer aparentando que sobrepone por encima de todo los intereses locales de Lafrancol”.

 Mario Andrés Urán ha intentado llegar a la presidencia de la junta de ASINFAR, como también a la de la Cámara de Medicamentos de la ANDI. Sus líos en Caprecom, sin embargo, han sido el gran dique de contención para lograr sus metas. Dicen que ha ganado en discreción, que ha perdido interés en el sector público y que ha sido exiliado de algunos círculos. Pero el gerente comercial de Lafrancol/Abbott no baja la guardia. Menos aún en estos tiempos en los que todas las grandes farmacéuticas han volcado sus esfuerzos en hallar la vacuna para una neumonía atípica causada por un virus que ha trastornado al planeta como el SARS-CoV-2. Y es justo en ese terreno donde el ejecutivo reconoce que se mueve como un halcón: “Yo conozco bien a la bestia por dentro”.